▲ Integrantes de Fridays for Future, Campact y otros grupos se manifestaron ayer contra la política energética del gobierno alemán en Berlín.Foto Afp
Dpa
Periódico La Jornada Domingo 19 de abril de 2026, p. 23
Berlín. Decenas de miles se manifestaron ayer en calles de las cuatro ciudades más grandes de Alemania contra la política energética del gobierno y con demandas de impulsar las energías renovables e imponer a los conductores límites de velocidad, entre otras medidas, “hacia una política climática socialmente justa”.
Convocados por una alianza de organizaciones ecologistas encabezadas por Greenpeace, la protesta reunió en Berlín a unas 9 mil personas, según estimación de la policía. La alianza organizadora calculó 24 mil participantes en la marcha en la capital alemana, 12 mil en Múnich y 80 mil en Colonia y Hamburgo.
En Múnich, los manifestantes acusaron a la ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, de poner en peligro el éxito de la transición energética y de favorecer las fuentes fósiles.
“La escalada de los precios de la energía, las crisis geopolíticas y los regímenes autoritarios nos muestran lo arriesgadas que son las energías fósiles”, expresaron los organizadores y subrayaron la necesidad de acelerar la expansión de los métodos solar y eólico.
Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania, criticó la política energética del canciller conservador Friedrich Merz. Aseguró que éste ignora la medida “más sencilla, rápida y económica para hacer frente a la crisis de los precios de la energía”, que es imponer límites de velocidad: “Reduciría las emisiones, aumentaría la seguridad y supondría un ahorro inmediato para los consumidores.
“La respuesta del gobierno de Merz a la crisis de los precios de los combustibles fósiles es una política zigzagueante sin rumbo fijo: recortes fiscales a los combustibles fósiles, impulso a nuevas perforaciones de gas y frenazos en la expansión de la energía eólica y solar”, declaró Kaiser.
La Federación Alemana para el Medio Ambiente y la Protección de la Naturaleza puso el foco en la postura de Reiche en la cuestión energética, al afirmar que en plena crisis, la ministra “frena la expansión de las energías renovables y cumple la lista de deseos del lobby del gas (...) Basta ya de esta política retrógrada, que dispara los precios, arruina el clima y nos mantiene dependientes de los combustibles fósiles”, afirmó su directora ejecutiva, Verena Graichen.
Para seguir siendo sostenibles, subrayó, hay que dejar atrás la era de los combustibles fósiles y apostar por alternativas sostenibles.
Quienes salen a la calle, según Graichen, “no sólo defienden el clima, sino también la seguridad del suministro y precios energéticos asequibles para todos”.
Abaratan acceso a datos robados; bases completas, desde $3,500
Se han hecho más asequibles por proliferación de traficantes en la dark web
Julio Gutiérrez
Periódico La Jornada Domingo 19 de abril de 2026, p. 15
En los rincones menos visibles de Internet, donde la compraventa ocurre lejos de cualquier regulación, una base de datos con información personal (nombres, direcciones, correos electrónicos e incluso credenciales financieras) cambia de manos por apenas 3 mil 500 pesos.
La cifra, que podría parecer menor para un conjunto de información capaz de abrir la puerta a fraudes o suplantaciones de identidad, deja claro que nunca había sido tan sencillo adquirir la vida digital de otra persona, según especialistas en ciberseguridad.
Ese monto equivale, por ejemplo, al precio de una playera oficial de la Selección Mexicana de futbol, en pleno furor mundialista. En otras palabras, el costo de una prenda deportiva de alta gama coincide con el de una base de datos que puede contener la identidad completa de miles o millones de usuarios.
De acuerdo con la firma de ciberseguridad ESET, este abaratamiento no implica que la información haya perdido utilidad, sino que se ha vuelto excesiva. Las filtraciones masivas, los ataques constantes y la reventa sistemática de datos han saturado la oferta en la red oscura (dark web), donde los registros robados se acumulan con rapidez y pierden valor en la misma medida en que se replican.
En la práctica, los datos personales han dejado de ser un bien escaso. Cada nueva brecha alimenta un mercado que opera bajo lógica de volumen: más información disponible, menor precio por registro.
Para los usuarios, sin embargo, el riesgo persiste e incluso crece, pues la facilidad de acceso permite que más actores participen en esquemas de fraude, extorsión o robo de identidad.
El resultado es un ecosistema que se alimenta a sí mismo. En la Internet oscura, los datos robados no sólo circulan: se reciclan. Son los propios ciberdelincuentes quienes compran, fragmentan y revenden la información a otros actores, en una cadena donde cada transacción amplía el alcance del daño. Así, una misma base de datos puede pasar por múltiples manos, multiplicar su uso ilícito y extender su vida útil en un mercado ilegal que encuentra en la reventa su principal motor de expansión.
El costo de los datos
De acuerdo con ESET, para los ciberdelincuentes, las bases de datos son atractivas debido a su volumen, ya que la información personal de multitudes de usuarios puede ser utilizada en campañas masivas de correos electrónicos o llamadas no deseadas (spam), cadenas de phishing –robo de información por medio de mensajes o correos falsos– e incluso fraudes financieros.
“Estos datos son comercializados en foros clandestinos o en la dark web a precios muy bajos. Recientemente se informó que una base de información de más de 228 mil clientes de una empresa de servicios financieros fue ofertada en estos foros clandestinos por apenas 3 mil 500 pesos, lo que deja en evidencia la facilidad con que esta información puede ser adquirida por ciberdelincuentes.”
Ese monto alcanza para pagar, por ejemplo, los servicios esenciales de un hogar (agua, luz y gas) o quizá un boleto de avión de ida y vuelta a Cancún, Quintana Roo.
La comparación no es menor: mientras en la economía cotidiana 3 mil 500 pesos representan un gasto relevante, en el mercado ilegal de la Internet oscura bastan para adquirir información sensible de cientos de personas
¿Quiénes los compran?
De acuerdo con David González, investigador de seguridad informática de ESET, los principales interesados en comprar datos filtrados en la Internet oscura son otros ciberdelincuentes, pues la compraventa de información robada funciona como un mercado secundario del cibercrimen, donde aquellos que cometen el robo no siempre son quienes los utilizan.
“En estos espacios las bases de datos se revelan para ser aprovechadas en distintas actividades ilícitas como fraudes financieros, robos de identidad o campañas de phishing personalizadas. También participan grupos criminales organizados que buscan grandes volúmenes de información para realizar ataques masivos, así como estafadores que utilizan datos reales para dar credibilidad a engaños digitales”, dijo el especialista en entrevista.
Precisó que, debido a los bajos precios y la mayor disponibilidad, personas con escaso conocimiento técnico pueden adquirir información robada y usarla para delinquir.
Si bien los datos personales son extremadamente valiosos, su bajo precio se debe principalmente a la sobreoferta de la información robada, apuntó el experto.
“Tras años de filtraciones, ataques y violaciones de seguridad, el volumen de datos disponibles en foros clandestinos es tan grande que el precio por registro individual se desploma o disminuye. Además, muchas bases de datos contienen información duplicada, incompleta o antigua, lo que reduce su valor comercial.
“Por eso los ciberdelincuentes optan por vender paquetes completos a bajo costo, priorizando la cantidad sobre el precio unitario. Se han documentado casos en que las bases de datos con cientos de miles de registros se ofrecen a precios muy asequibles, lo que facilita que actores maliciosos puedan explotarlos.”
¿Qué pueden hacer los internautas?
Aunque en el mundo de la tecnología todo es cambiante y da virajes en cuestión de segundos, los consumidores tienen opciones para proteger su información, comentó González, de ESET.
“Aunque muchas filtraciones ocurren en servicios externos y no dependen directamente del usuario final, las buenas prácticas digitales son claves para reducir el impacto. Entre las principales recomendaciones están no reutilizar contraseñas, utilizar gestores de contraseñas y activar la autenticación de dos factores en todas las cuentas que sean posible.
“También se recomienda mantener los dispositivos actualizados, desconfiar de mensajes que soliciten información personal y prestar atención a las señales de actividad sospechosa en las cuentas”, refirió.
Además, la concientización es fundamental “porque entender cómo comercializan los datos los cibercriminales ayuda a que los usuarios dimensionen el riesgo y tomen mejores decisiones sobre su información personal”.
Chile: proyecto de Kast que recorta impuestos a ricos causa controversia
▲ El mandatario de Chile, José Antonio Kast, durante una conferencia de prensa el jueves pasado en el palacio presidencial de La Moneda.Foto Afp
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 19 de abril de 2026, p. 17
Santiago. El proyecto de ley de “reconstrucción nacional” que esta semana anunció el presidente de Chile, José Antonio Kast, orientado a reimpulsar la economía con 43 medidas que incluyen bajar el impuesto corporativo de 27 a 23 por ciento, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad por 25 años para grandes inversiones, originó controversia por su impacto en sectores medios y bajos, y por el riesgo de que agrave la desigualdad.
Mientras el oficialismo lo defiende a rajatabla como necesario para el crecimiento y el empleo, desde la oposición se destaca que enriquecerá aún más a 0.1 por ciento de los más pudientes, incluidos tres ministros de Kast, cuya riqueza personal está entre 60 y 100 millones de dólares, según sus declaraciones patrimoniales.
El proyecto, aún no ingresado a trámite legislativo, enfrenta críticas por ser una ley miscelánea, es decir, combina materias que van mucho más allá de lo tributario. Por ejemplo, busca restringir la gratuidad de la educación superior a estudiantes menores de 30 años, una norma que sería discriminatoria.
El jurista Javier Couso expresó que el plan de Kast “es de dudosa constitucionalidad”, porque legislaría en materias como seguridad, reconstrucción, reforma tributaria y trámites administrativos.
“Las leyes misceláneas son de técnica legislativa defectuosa; existe consenso en la doctrina constitucional sobre los riesgos de este tipo de iniciativas”, advirtió en el medio El Mostrador, y recordó que la Constitución prohíbe incluir un articulado distinto a la matriz de un proyecto, para evitar iniciativas “tipo árbol de Navidad”, cargados de materias no vinculadas, lo que “impide una deliberación informada, atenta, profunda, técnicamente eficaz”.
En lo impositivo, cuestiones como la reintegración del sistema –es decir, que el gravamen a la renta pagado por las empresas sea 100 por ciento deducible como crédito al tributo personal de sus dueños, lo que disminuiría la carga– o una norma para repatriar capitales sacados ilegalmente del país, a cambio de pagar una tasa de sólo 7 por ciento, están en el centro del debate.
“Kast pone en cuestión la afirmación de que sus medidas castigan a las clases medias y populares y benefician a los más ricos, en particular al 0.001 por ciento. Como el presidente, un empresario de las cuatro familias más ricas, que ha montado una ONG para defender sus intereses, sostiene que es ‘maniqueísmo trasnochado’ oponer empresas versus ciudadanos, eludiendo reconocer que quienes son favorecidos por las políticas de (ministro de Hacienda, Jorge) Quiroz son los propietarios de esas empresas que, por ejemplo, con la reintegración tributaria van a reducir sustancialmente sus pagos de impuestos”, publicó el economista Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Fundación La Casa Común.
Según estimaciones –se desconocen detalles del plan–, el costo fiscal ronda 4 mil millones de dólares, que no serían compensados desde otras fuentes e impactarían las finanzas, estatales cuyo déficit estructural es de 3.5 por ciento del producto interno bruto.
Otra propuesta polémica es eliminar el impuesto predial, del cual están liberadas 80 por ciento de ellas porque tienen una tasa inferior a la mínima estipulada. La idea de Kast es que los propietarios del 20 por ciento restante mayores de 65 años queden exentos del gravamen, con un costo de 200 millones de dólares.
Alcaldes opositores se manifestaron en contra, porque 60 por ciento de la recaudación de ese impuesto (unos 2 mil 800 millones de dólares) van a un fondo común que financia a los municipios con más carencias.
En una declaración, 59 alcaldes “planteamos nuestra sorpresa y decepción ante los temas abordados por el presidente Kast, los cuales están completamente desconectados de la actualidad de Chile. Esta administración opta por dar beneficios tributarios a grandes empresas y familias de mayores recursos en lugar de anunciar apoyos directos que alivien a millones de familias afectadas por el aumento del costo de la vida. Cuando hay que proteger a los que menos tienen, el gobierno opta por el camino contrario”.
El gobierno buscará la aprobación en ambas cámaras a más tardar en agosto, pero pese a tener mayoría relativa, necesita el respaldo de parlamentarios que teóricamente no son oficialistas. La oposición ha advertido que el asunto podría llegar al Tribunal Constitucional.
