Carlos Fernández-Vega
▲ El director de la CIA, John Ratcliffe, juega sus cartas luego de que se descubriera que tenía dos agentes en Chihuahua, donde Maru Campos se quiere lavar las manos.Foto Ap
Como al jefe de estación de la CIA en México –que trabaja encubierto como “embajador” de Estados Unidos en nuestro país– y a sus titiriteros en Langley les enfureció que agarraran con las manos en la masa a una de sus infiltradas (disfrazada de “gobernadora” de Chihuahua), ahora, en venganza, intentan desviar la atención no sólo para “enterrar” el ilegal operativo en la Sierra Tarahumara (en el que murió un par de sus muchachos), sino con el fin de salvarle el pellejo a su paisana Maru Campos, quien es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), en vías de ser desaforada y juzgada por traición a la patria.
De entrada, tanto Ronald Johnson como sus jefes en Langley resultan ser culpables del mugrero que dejaron en Chihuahua, amén de violar la ley de terceras naciones. Derraparon feamente al designar a Maru Campos como su agente encargada del operativo (desde el plano político) y abrir la puerta al citado par para que hicieran lo que les viniera en gana (con la complicidad de las “autoridades” policiales y aquellas que dicen “procurar justicia” en la entidad), a sabiendas que violaban la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Su agente encargada de todas patinó en todas y en cuestión de horas se destapó el mierdero de la CIA en territorio mexicano. Peor aún fue el intento de “defensa” de Maru Campos, pues entre las patas se llevó a todos y lo único que logró hundirse más, a grado tal que la FGR inició dos carpetas de investigación (mientras la “unidad especializada de investigación” por ella creada sólo hizo el ridículo), el Senado de la República se apresta para iniciar el juicio de procedencia, dada la “brutal crisis institucional en Chihuahua” (Ignacio Mier dixit) y ha recibido el apercebimiento de la Presidenta de la República por traición a la patria.
Ese resultado provocó un ataque hepático en el jefe de estación de la CIA en México y en sus jefes en Langley, quienes históricamente se han especializado en dejar todas las huellas marcadas en sus “operaciones encubiertas”, de tal suerte que la de la Sierra Tarahumara no será la primera ni la única en la aparecen embarrados.
Dado que la gringa Maru Campos ya fue quemada como agente de la CIA, entonces no les queda de otra que intentar desviar la mirada para alejarla de Chihuahua, del Partido Acción Nacional (repleto de operadores de dicha agencia y rebosante de traidores a la patria), de la embajada de Estados Unidos en México y, desde luego, de la central en Langley, Virginia.
Y como son muy creativos, echaron a caminar el aparato, y al Departamento estadunidense de Justicia se le ocurrió la mejor idea: presentar cargos contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios “por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa” y “conspirar con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos; los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de ese estado mexicano, incluido el actual gobernador”. La notificación de todo esto corrió a cargo del fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, y asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Y listo. Con esta inteligente cuan novedosa maniobra distractiva, más un jarrito de atole, de inmediato todos voltearán la mirada a Sinaloa, a Rocha, y a sus funcionarios y ex funcionarios (alrededor de 30 en total), mientras los panistas ladran en redes, los medios de comunicación que hicieron mutis en el caso de la Tarahumara y ahora va con todo contra el gobernador y la palmípeda salvaje Maru Campos cree que ya salvó el pellejo. Y con ello, colorín colorado la “operación encubierta” de la CIA en Chihuahua se ha acabado. Brillante.
Ahora bien, si en realidad Rubén Rocha estuviera vinculado al cártel de Sinaloa, la FGR debe actuar de inmediato, investigar a fondo, proceder en consecuencia y clarificar el caso en México, no para satisfacer las urgencias mediáticas y chantajistas de los gringos, sino porque así debe ser en un estado de derecho. No a la impunidad, sin importar colores partidarios. Caso contrario, hay que taparle la boca a los vecinos del norte, quienes dan cátedra sobre impunidad, intervencionismo, golpismo, connivencia, ilegalidad, narcotráfico, negocios sucios y mucho más.
Las rebanadas del pastel
Mientras el gobierno nacional deja de fingir demencia en el caso de la minera Camino Rojo, va un enorme abrazo para la dueña de mi sistema cardiaco por una velita más en su pastel.
X: @cafevega. cfvmexico_sa@hotmail.com
La intervención de baja intensidad y sus colaboradores
Víctor M. Quintana S.
30 de abril de 2026 00:04
Más allá de las contradicciones internas y de las intrigas palaciegas en Chihuahua, emergen con claridad tres conclusiones del “Affaire CIA en Chihuahua”: la primera, que en el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal hubo presencia de cuatro agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés). La segunda, que esa presencia se da en el marco de colaboración del gobierno del estado con esta agencia y otras de Estados Unidos durante al menos cuatro años. Tercera, que el gobierno de María Eugenia Campos Galván no informó al gobierno federal, ni en lo general ni en lo particular, de esa cooperación. Cuarta, que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, estaba perfectamente enterado de las actividades de los agentes de la CIA en Chihuahua (por lo menos), aunque no lo reconozca explícitamente.
Luego de la declaración de la licenciada Wendy Chávez, titular de la Unidad Especial de Investigación sobre lo sucedido el 18 y 19 de abril en los municipios de Morelos y Batopilas, se reconoce plenamente la presencia de los cuatro agentes de la CIA en el operativo, aunque se le carga toda la responsabilidad al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, pues él no habría reportado a sus superiores de la presencia de los agentes estadunidenses.
Desgraciadamente, Oseguera ya no podrá corroborar el hecho, pues falleció en el accidente de la madrugada del domingo 19. El hasta el lunes 27 fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia luego que el informe de Chávez contradijo las dos versiones, a su vez también contradictorias, que él mismo ofreció sobre la presencia de los agentes de la CIA en el convoy del operativo y reconoció las fallas y omisiones en el control de la información.
Todo este montaje es para concentrar la responsabilidad de la intromisión de la CIA en el director, ahora occiso, y hacer control de daños sobre todo para la gobernadora, y en menor medida para el fiscal. Sin embargo, la colaboración del gobierno de Chihuahua con agencias estadunidenses data cuando menos de abril de 2022, cuando la titular del ejecutivo chihuahuense firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador de Texas, Gregg Abbot, para poner a su disposición los datos que recabe el costoso –para los contribuyentes chihuahuenses– dispositivo de la Plataforma Centinela sobre el tránsito de migrantes indocumentados de Chihuahua a Texas.
Esto se reafirmó la semana pasada, cuando el Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, dijo que en la Torre Centinela de Ciudad Juárez habrá un piso completo para las agencias estadunidenses como la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras. El periodista Steven Fisher de Los Ángeles Times reportó el 22 de abril que en lo que va del año, agentes de la CIA ya han participado en tres operativos en la entidad norteña. El gobierno de Chihuahua nunca informó de esta colaboración con las agencias estadunidenses en las reuniones semanales de la Mesa de Seguridad con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.
Es muy entendible el interés de la CIA por Chihuahua: es una entidad con 760 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con vasto espacio para el cruce y tráfico de migrantes. Es de los pocos estados donde, además del trasiego de drogas a través de la frontera, hay producción de mariguana, amapola y ahora, drogas sintéticas. Es el asiento del cártel de Juárez o La Línea, que, aunque no ha sido declarado como “terrorista” por el gobierno de Trump, es de las organizaciones criminales más fuertes de México, con una cabeza desconocida desde que falleció Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, en 1997. Además, Chihuahua está gobernado por el PAN y su gobierno varias veces ha mostrado distancia o desacuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es muy explicable que al darle Trump más protagonismo a la CIA en el combate a los cárteles de droga haya nombrado a un ex miembro de la agencia, Ronald Johnson, como embajador en México, y se integren a la embajada varios agentes sin pedir la autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto lo sabía Johnson, quien reconoció que los dos estadunidenses fallecidos estaban adscritos a la embajada. Su actitud en este asunto, y las veladas amenazas que vertió la semana pasada refiriéndose a la corrupción en México, revelan que la estrategia de Trump es realizar una “intervención de baja intensidad” para conformar nuestro país a sus planes.
Ante la firme defensa de la soberanía nacional que realiza la presidenta Sheinbaum, Trump y su fuerza subrepticia de intervención buscan –y encuentran– quien colabore en otros órdenes de gobierno ligados a la oposición. El que ahora tengan que tratar comedidamente a Claudia Sheinbaum no les impide ir preparando una “Mexican Corina” o alguien por el estilo que se pliegue a sus intereses y acciones intervencionistas (ver el tuit de Federal Investigation International https://n9.cl/vvvgc).
Por eso es crucial que todo este asunto no quede impune. No se defiende la soberanía conformándose con explicaciones rabonas y tramposas.
Rocha Moya: injerencia disfrazada de imputación
Por la forma, el contenido y el momento en que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó los cargos contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y ex funcionarios de la entidad, así como las correspondientes solicitudes de detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, no pueden considerarse simples medidas judiciales; son, en cambio, acciones de injerencia política cargadas, para colmo, con una amenaza implícita.
Según el alegato estadunidense, los Chapitos –hijos de Joaquín El Chapo Guzmán– habrían contribuido a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos y, una vez en el cargo, el gobernador sinaloense habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. En ausencia de pruebas mínimamente verosímiles, resulta imposible manifestarse sobre la veracidad de los cargos; pero es inocultable que la manera en que éstos fueron dados a conocer –con bombo mediático y al margen de las vías establecidas para la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico– deja en evidencia la intención de colocar al gobierno de nuestro país en una situación incómoda y de proporcionar un poco embozado respaldo a la campaña opositora que recurre al uso del prefijo narco para desacreditar todo lo relacionado con la Cuarta Transformación.
La acusación contra el mandatario sinaloense y otros servidores públicos es improcedente en forma y fondo. En lo formal, porque, como indicaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, los tratados internacionales en la materia contienen disposiciones específicas de confidencialidad sobre este tipo de procedimientos, confidencialidad que fue violada de manera flagrante por la fiscalía neoyorquina, el DOJ y la embajada; en lo sustancial, porque las imputaciones no fueron acompañadas de pruebas suficientes, un requisito establecido en el tratado bilateral de extradición. En otro sentido, el gobierno de Washington pretende desconocer que, de acuerdo con las leyes mexicanas, en el caso de acusaciones a gobernadores y senadores, es indispensable realizar, antes de cualquier trámite judicial, un juicio político. Por lo demás, la intención desestabilizadora y vengativa de las instancias estadunidenses no podría ser más obvia, pues la embestida se produce días después de que en México se destapara la conspiración del gobierno panista de Chihuahua para hacer de la entidad una base de operaciones del espionaje de Washington.
No debe omitirse la paradoja de que el embajador de Washington en México, Ronald Johnson, afirmó que la presentación de cargos penales en contra de los funcionarios referidos es un ejemplo de la prioridad compartida entre ambos países para combatir la corrupción y la actividad criminal trasnacional, cuando en realidad es ejemplo de lo contrario: del afán del trumpismo por dinamitar la colaboración en esos asuntos y destruir la confianza mutua. En su comunicado, el embajador Johnson pone a la opinión pública ante la disyuntiva de elegir si lo considera parte de un complot golpista, o alguien que no entiende nada de las leyes mexicanas ni de las responsabilidades que conlleva su cargo.
Si al coronel Johnson le preocupa la corrupción, podría comenzar por denunciar a su jefe, el mandatario más manifiestamente corrupto en la historia de Estados Unidos: además de aceptar que una monarquía autoritaria le “regale” un avión de más de 400 millones de dólares, apropiarse fondos federales para su fársica “Junta de Paz”, exigir sobornos a conglomerados de medios de comunicación y echar a andar una criptoestafa, Trump convirtió los indultos presidenciales en una industria sin precedente. Entre sus dos mandatos, ha dejado libres al ex presidente de Honduras y notorio narcotraficante Juan Orlando Hernández; a cinco ex jugadores de la NFL que cumplían condenas por narcotráfico y perjurio; a Glen Casada, ex presidente de la Cámara de Representantes de Tenesí, condenado por corrupción pública, soborno y conspiración para defraudar; a su ex abogado y ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani; al billonario Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y es señalado por facilitar transacciones vinculadas a grupos extremistas y organizaciones criminales; a Trevor Milton, condenado por fraude de valores y fraude electrónico tras engañar a inversores. La lista de criminales tocados por la gracia del perdón presidencial se extiende a decenas más, muchos de los cuales han donado millones a campañas u otros proyectos de Trump y su familia.
En este contexto de golpeteo por parte de la Casa Blanca, es muy significativa la manera en que las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas en México llaman al linchamiento contra una persona sobre la que no pesa prueba alguna de culpabilidad, al mismo tiempo que justifican el esquema de invasión de espías extranjeros organizado a la luz del día por Maru Campos en Chihuahua.
Finalmente, la inocencia o la culpabilidad de los señalados por Washington debe ser establecida, en primera instancia, en México y por instituciones mexicanas, y en los próximos días se confirmará quién defiende el estado de derecho y quién justifica las transgresiones a la Constitución; quién cierra filas por la soberanía nacional y quién busca la dudosa justicia de manos extranjeras.
Minería en México: vulneraciones sistemáticas
Foto Coordinación Nacional de Protección Civil. Foto autor
Mario Patrón
30 de abril de 2026 00:02
Después de 33 días del accidente en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, equipos de búsqueda encontraron sin vida al último minero que permanecía atrapado bajo los escombros desde el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior de la mina. De los 25 mineros que se encontraban a 300 metros de profundidad al momento del derrumbe, 23 salieron con vida.
La tragedia ha golpeado una vez más a un sector que históricamente ha sido vulnerado no sólo por las precarias condiciones laborales, sino por su altísima exposición a riesgos de trabajo, salud y seguridad. De acuerdo con el informe Carbón Rojo, de la Organización Familia Pasta de Conchos, 3 mil 103 mineros murieron en México dentro de minas de carbón en 310 siniestros ocurridos entre 1883 y 2017.
Por rememorar algunos de los incidentes ocurridos en las últimas dos décadas, tenemos el caso emblemático de Pasta de Conchos, cuando 65 mineros quedaron atrapados por una explosión de gas metano acumulado el 19 de febrero de 2006. Sólo 26 cuerpos han sido recuperados desde entonces; el último de ellos recién hace un par de semanas. También están los casos de Sabinas, Coahuila donde en los años 2011, 2022 y 2023 murieron 30 mineros en 4 incidentes distintos; así como los casos de Múzquiz, también en Coahuila, donde en 2012 y 2020 fallecieron 20 mineros en 3 incidentes distintos.
Esto sólo por referir incidentes letales, pues como ha documentado Familia Pasta de Conchos, por cada muerte que ocurre en una mina, existen 10 lesiones graves, 600 incidentes de riesgo y 3 mil condiciones inseguras de trabajo, las cuales repercuten en la salud de los mineros a largo plazo por inhalación, exposición y contacto con sustancias dañinas. Se trata pues de siniestros asociados a condiciones de trabajo que distan mucho de los estándares de seguridad que normativamente deberían existir al interior de las minas.
Dicho de otro modo, no se trata de personas fallecidas por accidentes en el sentido estricto de la palabra, sino por siniestros evitables si otras fueran las condiciones de trabajo. Sin embargo, como ha quedado documentado en muchos de los casos donde ocurren este tipo de incidentes, existe una débil supervisión de las autoridades en materia laboral para garantizar la seguridad en las minas, además de que existen casos en donde los centros de trabajo en donde se emplean los mineros son ilegales, por lo que operan fuera de la mirada de las autoridades y, por lo tanto, sin supervisión alguna.
Sin embargo, los riesgos para las personas trabajadoras del sector minero ya no sólo se limitan a los riesgos propios de su labor, sino que desde hace décadas están también expuestos a la acción del crimen organizado. El 23 de enero del presente año, 10 mineros fueron secuestrados y desaparecidos en el municipio de La Concordia, Sinaloa. Hasta hoy, se han encontrado los cuerpos de 9 de ellos.
Así, la violencia macrocriminal se ha sumado a los factores de riesgo de por sí muy altos del trabajo minero en nuestro país, donde se han documentado numerosos casos de explotación mineral ilegal a cargo de grupos criminales en territorios como el occidente del país. La minera Vizsla Silver Corp, empleadora de los 10 mineros desaparecidos, había reanudado actividades meses atrás tras una suspensión temporal por no existir condiciones de seguridad adecuadas, dada la presencia de grupos criminales en la zona.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el portal A dónde van los desaparecidos, extrabajadores de estas minas refirieron haber sido testigos de balaceras, sobrevuelo de drones, rondines de personas armadas, así como extorsiones y acuerdos entre grupos criminales y representantes de la minera desde hace por lo menos un año.
Todos estos casos en su conjunto son muestra de la vulneración sistemática que el Estado mexicano permite contra el sector minero. Las condiciones infrahumanas de trabajo, las nulas garantías de protección, salud e higiene, la inexistencia de controles de impacto ambiental, la impunidad con la que siguen operando las mineras responsables de incidentes letales, y la incapacidad de proteger a los trabajadores en entornos de violencia, son aspectos del abandono institucional en el que se encuentra la industria minera, misma que aporta poco más de 2 por ciento del PIB en México.
En diversas regiones, para quienes se emplean como mineros, este trabajo no es en ningún sentido una opción, sino la única forma de ganarse la vida en contextos de oportunidades nulas. Ante la alarmante reincidencia de siniestros que cobran la vida de trabajadores mineros a lo largo y ancho del territorio nacional, se esperaría que el Estado se ocupara en fortalecer las regulaciones de operación de las mineras, la supervisión de condiciones laborales dignas y seguras, y las garantías de acceso a la justicia, la reparación de los daños y condiciones de no repetición para las víctimas y sus familiares.
La historia recuerda las huelgas de los trabajadores mineros de Cananea y Río Blanco y su represión a comienzos del siglo pasado como un punto de inflexión que precipitaría el inicio la Revolución Mexicana. Hoy, más de un siglo después, resulta vergonzoso advertir cuan poco hemos avanzado en satisfacer las exigencias de justicia de este importante sector de trabajadores de nuestro país.
