De la Redacción
Periódico La Jornada Jueves 9 de abril de 2026, p. 20
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, denunció ayer que “a medida que entra en vigor la pausa en la agresión militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, Tel Aviv intensifica sus crímenes de guerra en Líbano, con la misma saña que ha utilizado durante décadas contra los habitantes de Cisjordania reocupada y la franja de Gaza”.
Al renviar un video en X sobre los bombardeos de las fuerzas armadas de Tel Aviv contra Líbano, resaltó que “los crímenes israelíes siguen siendo una amenaza para la paz en la región y más allá. Deben ser detenidos y castigados”.
En otra publicación acusó que el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, “ya rompió el alto el fuego, como siempre. ¿Cuándo van a ejercer la ONU/Unión Europea alguna presión significativa contra Israel –que comenzó esta guerra ilegal–. Es verdaderamente repugnante que nuestros líderes se nieguen a sancionar a ese país por los genocidios en Gaza y Líbano”.
En la misma red social aseveró que “el mundo finalmente ve la verdadera naturaleza de un estado de apartheid que ha aterrorizado, desplazado, ejecutado, encarcelado y torturado a millones de palestinos durante décadas. Israel no se detendrá hasta que los estados y los pueblos lo obliguen”.
Ciudades de EU prohíben que sus policías apoyen a agentes del ICE
▲ Dibujo de una niña colombiana de 13 años detenida en el centro Dilley, en Texas.Foto Ap
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Jueves 9 de abril de 2026, p. 25
Washington y Nueva York. Crece el coro de oposición a las políticas del gobierno de Donald Trump contra personas sin documentos, al que se sumaron ciudades que están ordenando a sus departamentos de policía romper relaciones con agencias federales de control migratorio, así como condados que prohibieron la instalación de centros de detención y miles de personas –ciudadanos ordinarios y personajes famosos– que exigen la liberación de niños encarcelados.
Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto principal de las severas políticas antimigrantes de la actual administración federal, ha insistido en que se avanza con el plan de deportar a millones de personas, pero el desplome en el apoyo público para esta campaña ha obligado a la Casa Blanca ha reducir el número y el tono de las declaraciones oficiales sobre el tema.
Desde granjeros republicanos en Wisconsin, quienes dependen de la mano de obra migrante, a votantes latinos pro Trump en Florida, la Casa Blanca reconoce que enfrenta críticas aún entre sus bases más fieles en este tema.
El martes, el concilio municipal de Pittsburgh, Pensilvania, votó de manera unánime a favor de prohibir que la policía local otorgue a agentes federales de migración acceso a personas detenidas por autoridades de esa localidad.
También prohibió que la ciudad firmara cualquier acuerdo con autoridades federales para arrestar inmigrantes.
Este miércoles, el gobierno municipal de Houston aprobó una medida que limita la cooperación de su Departamento de Policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque esa medida era más limitada que la de Pittsburgh.
Por otro lado, más de 218 mil personas, entre ellas figuras famosas como la musica Janelle Monas, el director de cine, Spike Lee, y la actriz Jody Foster, junto con decenas de pediatras, se sumaron a una campaña para clausurar el Centro de Detención de Inmigrantes Dilley, cerca de El Paso, Texas –instalación operada de manera privada por la empresa CoreCivic, y que ahora es la instalación de arresto de familias más grande del país.
“Instamos al gobierno federal y a CoreCivic a cerrar la instalación de Dilley inmediatamente, regresar a los niños y familias a los hogares y comunidades de las cuales fueron tomados y poner fin al encarcelamiento de menores ahora.”
Casi 4 mil niños migrantes han sido encarcelados por periodos en Dilley y otros centros desde el inicio del gobierno de Trump (https://www.jornada.com.mx/2026/03/02/mundo/025n1mun).
Después de que funcionarios federales adquirieron terrenos cerca de Salt Lake City, en Utah, para construir un centro de detención de migrantes, organizadores locales se movilizaron para frenar el proyecto. “Estamos haciendo todo lo que se pueda –desde todo ángulo posible– para expresar porqué éste no es un lugar apropiado para una instalación de ICE”, declaró la alcalde de la ciudad, Erin Mendenhall, a Utah News Dispatch a principios de este mes.
En la región occidental del estado de Pensilvania, una agrupación local llamada Frontline Dignity ha capacitado a más de mil activistas para proteger a inmigrantes en sus comunidades –algo que se repite en grandes ciudades y pueblos alrededor del país– y a principios de abril iniciaron una marcha de ocho días para protestar contra un centro de detención.
“Durante ocho días participantes caminarán por el suroeste de Pensilvania hacia el centro de procesamiento del Valle Moshannon, la instalación de detención de ICE más grande del noreste, para llamar la atención de las realidades de los arrestos de inmigrantes y la crisis más amplia que enfrentan esas minorías”, declararon los organizadores en un boletín de prensa.
Las severas tácticas del gobierno estadunidense han tenido un enorme efecto en el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. En los pasados seis meses, un promedio mensual de sólo 6 mil 897 personas fueron detenidas cruzando la frontera, la cifra mensual más baja desde 1966, según cálculos del Washington Office on Latin America.
En otro frente, el gobierno de Trump ha dejado de admitir refugiados de otros países, al reducir dramáticamente el límite anual a sólo 7 mil 500 por año, bajo la administración anterior esa cantidad era de 125 mil. Pero la excepción más notable es para sudafricanos blancos Afrikáners; en lo que va de este año fiscal, 99.9 por ciento de todos los refugiados admitidos eran de esta minoría con sólo tres de los 4 mil 449 refugiados hasta la fecha de otro país, reportó el Christian Science Monitor.
Trump y su a veces aliado Elon Musk –quien nació en Sudáfrica– han afirmado que hay un “genocidio blanco” de granjeros en aquel país africano. Pero en los hechos, varios miles de estos “refugiados” que llegaron a Estados Unidos han regresado a su país porque encontraron que el costo de la vida, incluyendo el de salud, era demasiado alto, y que les daba miedo los tiroteos masivos en su nueva nación.
“Nada de esto suena como el comportamiento de gente huyendo de una exterminación real”, escribe el periodista Stacey Patton.
“Históricamente las víctimas de genocidio no suelen regresar a su lugar de origen porque el estilo de vida y los costos son mejores.”
Bondi no comparecerá ante el Congreso la próxima semana para hablar sobre investigación de Epstein
Foto: Xinhua Foto autor
AP
08 de abril de 2026 13:38
Washington. La ex secretaria de Justicia, Pam Bondi, no comparecerá la próxima semana ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga cómo el gobierno manejó las pesquisas sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein porque fue citada en su calidad de Fiscal General, un cargo que ya no ocupa.
Jessica Collins, portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara, informó este miércoles que el departamento avisó que Bondi, quien fue destituida por el presidente Donald Trump la semana pasada, no comparecerá a la declaración del 14 de abril “ya que ya no es secretaria de Justicia y fue citada en su calidad de secretaria de Justicia”.
El comité se comunicará con el abogado personal de Bondi para hablar sobre los próximos pasos para programar la entrevista, manifestó.
Bondi ha sido objeto de escrutinio por la forma en que el Departamento de Justicia manejó lo que se conoce como los archivos de Epstein, y el comité, liderado por republicanos, la citó mediante una votación bipartidista el mes pasado. La publicación por parte del departamento de millones de archivos del caso sobre Epstein, el fallecido financista que abusó sexualmente de niñas, contenía múltiples errores y se retrasó respecto de un plazo fijado por el Congreso.
Trump anunció la destitución de Bondi el 2 de abril, y Bondi anunció en redes sociales que durante el próximo mes estaría “trabajando incansablemente" para la transición. Pero el entonces subsecretario Todd Blanche fue ascendido al puesto principal, al menos de manera interina, y está desempeñando las funciones del máximo funcionario del departamento.
Mientras tanto, algunos republicanos que se habían unido a los demócratas para citar a Bondi aseguraron que insistirán en que comparezca ante el comité.
Los Precriterios y la marcha de la economía
Orlando Delgado Selley
El gobierno federal, al entregar los Precriterios de Política Económica para 2027, presenta sus estimaciones sobre el desempeño de la economía y el comportamiento de sus finanzas. Examinar sus previsiones permite conocer lo que el gobierno se compromete a hacer y cómo piensa que afectará a la economía. Se trata de variables claves: crecimiento del PIB, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, precio del petróleo y volumen de exportación de crudo. Presenta también sus metas en las finanzas públicas: ingresos, gasto, balance presupuestario, deuda pública. Con este conjunto elabora el paquete económico anual, que comprende el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y la Ley de Deuda Pública.
Los Precriterios presentan la estimación de que el PIB crecerá en 2027 entre 1.9 y 2.9, es decir, 2.4 por ciento real, prácticamente lo mismo que en 2026, cuando se espera que crezca 2.3. El año pasado terminó con un incremento del PIB de 0.8 por ciento. En los siete años de gobierno de Morena, que incluyen los de la pandemia, el crecimiento fue en promedio de apenas 0.9 por ciento, lo que indica que el PIB per cápita no ha crecido. Si consideramos el comportamiento del PIB en el sexenio de Peña Nieto, que fue en promedio de 1.96 por ciento anual, tenemos que entre 2013 y 2025 el crecimiento promedio ha sido de un magro 1.4 por ciento.
Agregando los dos años hacia adelante que nos proponen los Precriterios, tendremos que en 15 años habremos crecido 1.5 por ciento anual. Es evidente que en el periodo considerado el país ha enfrentado situaciones extraordinariamente difíciles, como los años de la pandemia y ahora los de Trump. Pero también es evidente que, si pretendemos alcanzar una situación en la que haya bienestar social, el crecimiento logrado y el que se espera en este año y el siguiente es absolutamente insuficiente.
Considerando esta estimación, en los Precriterios se informa cómo se comportarán las finanzas públicas en un contexto económico complejo. Por eso, importan las metas fundamentales de nuestras finanzas públicas. De entrada, los agregados mayores muestran disminuciones. Para los ingresos presupuestarios, que incluyen los petroleros y los no petroleros, el gobierno expresa que crecerán casi 2 por ciento respecto a 2026. El gasto neto pagado, por su parte, se mantendrá prácticamente en el mismo monto que en 2026. En términos de su peso en el PIB, los ingresos se reducirán de 23.2 a 22.2 por ciento y el gasto de 26.8 a 25.2. La propuesta de los Precriterios es que se reducirá la presencia estatal en la economía.
El ingreso y el gasto público se ajustaron para cumplir con la meta de consolidación fiscal, lo que indica, de nuevo, que el gobierno decidió reducir su presencia económica. El balance público amplio, los requerimientos financieros del sector público (RFSP), la medida más amplia del déficit, que en 2024 terminó en 5.8 por ciento del PIB, se redujo en 2025 a 4.9 del PIB, se estima que en 2026 se reduzca a 4.1 y en 2027 llegue a 3.5 por ciento del PIB. Se trata de un esfuerzo de consolidación fiscal extraordinario que se ha logrado gracias a un manejo ordenado de los ingresos y gastos, sustentado en mejoras en la eficiencia fiscal y disciplina en el gasto. Es evidente que para lograr esto ha habido reducciones en la inversión física, e incluso en los rubros de salud y educación, como lo señaló acertadamente BBVA.
Para el gobierno, se ha podido avanzar en la meta de reducción de los RFSP porque se ha mantenido un balance primario cercano al equilibrio y un nivel de deuda pública moderado, que se ubicó en 53.2 por ciento del PIB en 2025, con una composición predominantemente en moneda nacional y a plazos relativamente largos. Sin embargo, alcanzar un balance primario casi en equilibrio tiene impactos sobre la actividad económica y los magros resultados de crecimiento lo prueban.
Por esta razón es importante advertir que se requiere una reforma fiscal para lograr la inversión en infraestructura, salud y educación, áreas señaladas en el plan de infraestructura propuesto por el gobierno. Esta reforma fiscal permitiría salir de “la trampa del bajo crecimiento económico” en la que hemos caído desde hace muchos años. El gobierno ha insistido en que no se requiere una reforma fiscal para mantener unas finanzas públicas ordenadas y sustentables. Y, efectivamente, hasta ahora ha habido sustentabilidad fiscal. Pero es indiscutible que crecemos muy lejos de lo que se requiere para producir bienestar.
En 2026 y 2027 el gobierno mantendrá los niveles de ingresos y de gasto muy cerca de lo comprometido, pese a las dificultades de un entorno externo extremadamente complicado. Pero los márgenes de maniobra ante choques externos, que sin duda ocurrirán, se están reduciendo y la meta del bienestar se alejará irremediablemente.
odselley@gmail.com
La geopolítica de los medicamentos
El consumo global de medicamentos crece de forma sostenida, impulsado por el envejecimiento, las enfermedades crónicas y la medicalización de la vida.
Foto X @IMSS_Bienestar Foto autor
Alejandro Svarch* y Federico Tobar**
09 de abril de 2026 00:04
La disponibilidad de medicamentos podría convertirse en una de las grandes disputas estratégicas del siglo XXI. El 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea. Aquel Día D abrió el frente occidental y aceleró el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. El próximo “día D”, sin embargo, probablemente no será un evento espectacular ni militar. Podría manifestarse como una disrupción logística en el suministro de insumos estratégicos. En ese escenario, asegurar la disponibilidad de medicamentos se convierte en un factor decisivo para la seguridad y la estabilidad de las naciones.
La amenaza que no vimos venir
Todo indica que una de las disputas geopolíticas más relevantes del siglo XXI se jugará en torno a la disponibilidad de medicamentos. A diferencia de insumos como los semiconductores, el sector farmacéutico ha sido abordado durante décadas como un problema técnico o comercial, más que como un eje de poder global. Sin embargo, detrás de su producción, regulación y circulación se configuran dependencias, asimetrías de poder e instrumentos de influencia. Pensar una geopolítica de los medicamentos implica analizar precisamente esas dinámicas. Este enfoque conecta tres planos que casi nunca se analizan juntos: la economía política que define las reglas del juego, la selección racional que obliga a priorizar los fármacos que realmente importan y la logística territorial que determina si esos medicamentos llegan o no a quienes los necesitan.
La geopolítica contemporánea de los medicamentos se estructura en torno a una paradoja: mientras los genéricos sostienen el acceso cotidiano a tratamientos, su producción depende de cadenas globales cada vez más concentradas. Mientras los sanitaristas nos preocupamos por el impacto de medicamentos nuevos de alto costo, la mayor amenaza radica en una posible disrupción del suministro de fármacos antiguos y baratos. Sostenemos dos hipótesis para analizar esta amenaza creciente. Primera hipótesis: La disponibilidad de medicamentos como punto decisivo para la sostenibilidad de los gobiernos. El consumo global de medicamentos crece de forma sostenida, impulsado por el envejecimiento, las enfermedades crónicas y la medicalización de la vida. La interrupción de tratamientos ya no es un problema clínico individual, sino un factor de inestabilidad colectiva. En países de ingresos medios y bajos, el desabastecimiento ha debilitado gobiernos, como en Sudáfrica con los antirretrovirales o en Venezuela con la escasez de insulina. En naciones de altos ingresos, como Francia y el Reino Unido, el desabastecimiento también se ha politizado, afectando la gobernabilidad. El medicamento se ha convertido en un bien políticamente no sustituible.
Segunda hipótesis: la hegemonía de China en la producción de los principios activos que sustentan la salud global. Los sistemas de salud se han centrado en cómo financiar medicamentos monopólicos, mientras la provisión de genéricos se tercerizó a Oriente. Aunque India es el mayor productor de genéricos terminados (14% del total mundial), 40% de la oferta global depende de principios activos (APIs) chinos, proporción que alcanza 80% en antibióticos clave. Este control de los insumos críticos confiere a China un poder estructural inmenso. Occidente enfrenta una vulnerabilidad estratégica: si China restringiera las exportaciones de APIs para antibióticos, en pocas semanas se registraría un desabastecimiento en mercados como el estadunidense, donde siete de cada diez personas utilizaron antibióticos en 2022. En ese punto, la salud global deja de depender únicamente de médicos y hospitales y pasa a depender también de quién controla los insumos invisibles de la química farmacéutica.
El campo de batalla logístico: cuando la guerra lejana golpea su farmacia
Esta vulnerabilidad no es teórica. Un conflicto como el que involucra a Irán demuestra cómo la geopolítica repercute en la salud pública incluso en regiones lejanas como América Latina. La interrupción de rutas comerciales en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte marítimo, retrasa y encarece el flujo de productos farmacéuticos. Muchos medicamentos genéricos fabricados en India dependen de APIs y rutas que atraviesan esa región. Las consecuencias directas, según reportes de prensa y análisis de organizaciones como Direct Relief, son retrasos en las entregas, aumento de costos de transporte y seguros, y una presión financiera insostenible para los sistemas de salud. La guerra eleva el precio del petróleo, encareciendo fertilizantes y otros derivados químicos esenciales para la industria farmacéutica. Esto no sólo afecta la ayuda humanitaria y las campañas de vacunación, sino que amenaza con interrumpir la producción de antibióticos, analgésicos y tratamientos cardiovasculares de los que dependen millones de personas. Para América Latina, el impacto es indirecto pero real: mayor costo y posible escasez si el conflicto se prolonga.
El poder, la salud y el territorio
Así como ocurrió con el carbón en el siglo XIX o con el petróleo en el XX, el carácter estratégico de los medicamentos sólo se percibe cuando su provisión deja de darse por sentada. La geopolítica de los medicamentos revela una profunda transformación del poder. El acceso a la salud ya no depende únicamente de la innovación o del gasto, sino de arquitecturas productivas concentradas y frágiles. Los estados han centrado su atención en controlar el gasto en productos monopólicos, mientras delegan en el mercado global la provisión de insumos básicos. Sin embargo, el verdadero talón de Aquiles sanitario puede estar en la disponibilidad de esos componentes críticos que, aunque baratos y antiguos, sostienen la mayor parte del acceso cotidiano a la salud. La seguridad sanitaria del siglo XXI exige una nueva cartografía del poder, una que entienda que la soberanía también se defiende en las rutas marítimas, en las plantas de producción de APIs y en la capacidad de garantizar que el tratamiento correcto llegue a la persona correcta, en el momento oportuno.
*Director general del IMSS-Bienestar. México. Ciudad de México
**Asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas. Kenia. Nairobi
