Europa Press
21 de abril de 2026 20:16
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que su Departamento seguirá presionando sobre las capacidades iraníes para generar y recuperar fondos, tras el anuncio de que la Marina estadunidense continuará con el bloqueo de los puertos en Irán.
Tras el anuncio de la extensión del alto al fuego anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario remarcó la importancia de presionar y asfixiar económicamente a “las principales fuentes de ingresos” de Teherán, aprovechando la restricción del comercio marítimo llevada a cabo por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
“Tal y como ha declarado el presidente, la Armada mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes. En cuestión de días, las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark estarán llenas y los frágiles pozos de petróleo iraníes quedarán cerrados. Limitar el comercio marítimo de Irán supone un golpe directo a las principales fuentes de ingresos del régimen”, declaró Bessent en una publicación en sus redes sociales.
De esta manera, Tesoro asume el protagonismo con la operación “Furia Económica”, una arquitectura de sanciones que busca cerrar a Irán el acceso a bancos, seguros y pagos internacionales. “Seguiremos ejerciendo la máxima presión mediante para mermar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos. Cualquier persona o buque que facilite estos flujos a través de actividades comerciales y financieras encubiertas se expone a sanciones por parte de Estados Unidos”, ha advertido.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Dos oficiales de Estados Unidos, el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes murieron el sábado cuando el vehículo en que se trasladaban cayó a un barranco. En la imagen, el funeral de los mexicanos.Foto La Jornada
De conocimiento público es su limitada capacidad de raciocinio, dada su formación terraplanista, pero de cualquier suerte ello no exime de responsabilidad penal a la impresentable gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (quien se dice abogada, como su fiscal), pues descaradamente violó la Ley de Seguridad Nacional; es decir, la misma que puntualmente advierte que su inobservancia podría llevarla a dormir en un reclusorio por traición.
Es la clásica tonta útil, gringa nacida en Chihuahua que presume sus fuertes ligas con Estados Unidos y sus agencias, desde su formación académica (Harvard y Georgetown) hasta su cercanía con organizaciones ultraderechistas de membrete (por ejemplo, la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y similares) que siempre han servido de tapadera a las operaciones “encubiertas” de la CIA, sin olvidar que de 2004 a 2006 fue representante del comité ejecutivo nacional del PAN en Washington, de la mano de Santiago Creel.
De ahí el “servicio” y las “facilidades” de la panista Maru Campos al gobierno estadunidense, a sus agencias de “inteligencia” y a sus actividades “ocultas” en México, las cuales fueron constitucionalmente canceladas a partir de diciembre de 2020, aunque a la Casa Blanca y sus cipayos de este lado de la frontera nada les importó. Entonces, para ella los “arreglos” con la embajada gringa en nuestro país, o directamente con Washington, son peccata minuta.
¿Qué dispone la Ley de Seguridad Nacional? Entre otras obligaciones: “los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos dotados de autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito. Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el grupo de alto nivel de seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
Además, “deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional”.
¿Y los agentes extranjeros?: “sólo podrán desarrollar actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades (federales) mexicanas; no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional; deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional (…); tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales (…); no tendrán inmunidad”.
La presidenta Sheinbaum informó que “cuenta con información para señalar que los dos agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua –tras un operativo contra el crimen organizado– trabajaban conjuntamente, vamos a decirlo así, con autoridades estatales (léase Maru Campos). Las autoridades federales no fueron notificadas de las “actividades” de los “empleados” de la legación estadunidense.
Y desde la capital estadunidense se informa: los dos “funcionarios” gringos que fallecieron en Chihuahua “regresaban de una operación antidrogas en el norte del país y trabajaban para la CIA” ( The Washington Post).
Entonces, titiritero (gobierno gringo) y marionetas (Maru Campos y el fiscal Jáuregui) deben aclarar la presencia y actividades de los dos agentes estadunidenses y la complicidad de la parte “mexicana”.
Las rebanadas del pastel
Mientras el adefesio Javier Milei lame las botas del genocida Netanyahu y “canta” en Tel Aviv, los argentinos mueren de hambre.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Chihuahua: mucho que explicar
La muerte de dos agentes estadunidenses en la zona serrana del estado de Chihuahua, ocurrida el domingo pasado, despierta cada vez más dudas acerca de la magnitud de las operaciones de espionaje e injerencismo de Washington en nuestro país y de la posible connivencia del gobierno estatal, de origen panista, en los intentos de vulnerar la soberanía nacional.
En un principio, el fiscal general de la entidad, César Jáuregui Moreno, coincidió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en que los fallecidos eran “oficiales adscritos” a la legación diplomática que regresaban de un operativo en el cual fueron desmantelados seis presuntos narcolaboratorios cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco. En el incidente de tránsito también murieron el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes. Sin embargo, el lunes Jáuregui cambió su versión por una mucho más embrollada, según la cual el citado operativo se llevó a cabo los días 16 y 17 sin participación alguna de los agentes estadunidenses.
Posteriormente, éstos habrían pedido a Oseguera Cervantes ayuda para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, donde debían tomar un vuelo a las 10 de la mañana, y perdieron la vida mientras recibían “aventón” del titular de la AEI. Para justificar la confusión inicial, adujo que los estadunidenses llevaban a cabo capacitaciones de uso de drones en una localidad ubicada a 54 kilómetros del sitio donde se efectuó el operativo y que la cercanía geográfica indujo a error. En esta cadena de explicaciones defectuosas, aseguró que en realidad los agentes de Wa-shington no pudieron tener involucramiento alguno porque, debido a lo intrincado que es el camino en esa región, se requieren de “ocho o nueve horas” para recorrer esos 54 kilómetros por tierra. El fiscal no lo dijo, pero ese cálculo implica que automóviles todo terreno avancen a una velocidad de 6.7 kilómetros por hora, es decir, al ritmo de una caminata.
En este punto es necesario recordar que la convivencia, de cualquier tipo, entre agentes extranjeros y miembros de un gobierno o un organismo estatal a espaldas de la Federación transgrede la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La creciente dificultad de la fiscalía chihuahuense para justificar lo que con los elementos de juicio disponibles no puede entenderse sino como una violación constitucional se complicó de manera grave ayer, cuando The Washington Post publicó que los supuestos funcionarios de la embajada en realidad trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “como parte de una función más amplia en el combate al tráfico de estupefacientes en el hemisferio occidental”. Cabe señalar que su pertenencia a la CIA no excluye una simultánea adscripción a la embajada: pudo tratarse de espías a quienes se asignaron labores diplomáticas como fachada para ocultar sus verdaderas misiones. De comprobarse que cobijó a una agencia dedicada a la desestabilización de los países donde opera, la oficina que encabeza Ronald Johnson habrá perdido credibilidad ante el Estado mexicano.
Hasta el momento, la gobernadora panista María Eugenia Campos no ha ofrecido ninguna explicación ni a la sociedad mexicana ni al gobierno federal, aunque la Constitución la obliga a reportar y pedir autorización a Palacio Nacional para relacionarse con agentes extranjeros. A quienes sí ha mantenido informados es a sus correligionarios en el Senado de la República, como el coordinador de la bancada blanquiazul, Ricardo Anaya, quien ha contribuido a incrementar la opacidad en torno al episodio.
Más allá de los detalles truculentos, lo central es que no se trata de un episodio aislado, sino que ocurre en el contexto de permanentes amenazas contra México por parte de Donald Trump y su equipo. Por ello, es obligado investigar si lo que dicen el rotativo estadunidense y otros medios es cierto, establecer las responsabilidades penales del fiscal Jáuregui y la gobernadora Campos, y revaluar por completo la cooperación con Washington en materia de seguridad.
¿Estamos preparados para “China 2.0”?
Enrique Dussel Peters*
Hemos insistido en este espacio en el significativo escalamiento tecnológico por parte de la República Popular China en el transcurso del siglo XXI y la intención de profundizar este proceso en el mediano plazo y largo plazos, también suscrito en el último Plan Quinquenal para 2026-2030 ( La Jornada, 1/4/26). El tema es de la mayor relevancia en las “nuevas relaciones triangulares” ante la confrontación sistémica entre Estados Unidos y China, abiertamente desde 2017, y considerando las medidas defensivas y hacia el continente americano por parte de Estados Unidos con base en su seguridad nacional desde 2022-2023 ( security shoring). Al menos desde mediados de 2025 se ha suscitado un interesante debate global en torno a “China 2.0”, con enormes implicaciones para América Latina y el Caribe.
El artículo de Autor y Hanson en The New York Times (14/7/25) destacaba la importancia de la “China barata” (1999-2007) y “China 1.0” vs. el escalamiento tecnológico que China ha logrado en el transcurso del siglo XXI, particularmente en la tercera década del siglo XXI. Los más de 100 millones de trabajadores en la manufactura china inicialmente lograron integrarse en cadenas globales de bajo valor agregado –hilo-textil-confección, electrónica y autopartes–, con dramáticos procesos posteriores en innovaciones disruptivas en la actualidad: aviación, inteligencia artificial, telecomunicaciones, microprocesadores, robótica, energía nuclear, computación cuántica, biotecnología y baterías eléctricas. Empresas “occidentales” como Boeing, Bosch, General Motors, Intel y Siemens, entre muchas otras, han visto “mejores épocas” según Autor y Hanson. Si Estados Unidos apenas se ha recuperado en la actualidad del primer “choque” con China, y particularmente mediante la generación de nuevos empleos en manufacturas de bajos salarios, el impacto de “China 2.0” será mucho más significativo, tanto en las manufacturas de alto valor agregado (y salarios), así como en los servicios, por mucho el sector más significativo en términos del PIB y del empleo.
Para Autor y Hanson, el “nuevo modelo chino” es muy diferente al de “China 1.0”. En la actualidad las empresas privadas chinas, conjuntamente con el sector público chino, son el motor innovador y exportador, sin necesariamente contar con coinversiones de empresas multinacionales, como fue el caso en la historia reciente. El resto del mundo, particularmente Estados Unidos, parecieran no estar en condiciones de competir con un creciente grupo de empresas chinas en cientos de cadenas globales de valor. La principal respuesta de Estados Unidos, los aranceles, no permite generar incentivos para invertir e innovar siquiera en ese país. Los autores culminan señalando que Washington debiera crear una red con países aliados, incluyendo países asiáticos y México, para hacer frente a los retos socioeconómicos de China, particularmente mediante financiamiento masivo y políticas industriales hacia nuevas tecnologías para la creación de nuevos ecosistemas e impedir los potenciales devastadores efectos en el empleo que pudieran resultar de “China 2.0”. De otra forma, “estaremos atrapados en la mediocridad nacional”.
Del 13 al 19 de abril de 2026 el Financial Times también publicó un grupo de artículos sobre “China 2.0”, ahora para el caso de la Unión Europea. Los diversos análisis resaltan, por un lado, el potencial de inversiones chinas en cadenas globales de valor de interés para la Unión Europea y, por otro, que las nuevas plantas chinas no conviertan a Europa en mera “ensambladora”; el reto de una efectiva transferencia tecnológica sería sustantivo para la región en el corto y mediano plazos. Debates sobre proteccionismo, aranceles y coinversiones en la Unión Europea son semejantes a los destacados para Estados Unidos por Autor y Hanson.
Los análisis para Estados Unidos y la Unión Europea son críticos para América Latina y el Caribe, incluso en las renegociaciones actuales del T-MEC. México, en su relación con Canadá y Estados Unidos, debiera examinar y enfrentar explícitamente los retos socioeconómicos de “China 2.0”. Una perspectiva meramente proteccionista en aras de buscar cancelar la presencia china no es ni realista ni estratégica; las empresas chinas ya se encuentran masivamente presentes en la región y crecientemente como líder tecnológico tanto en el comercio como en las inversiones en Estados Unidos y en México. Las expectativas de los impactos de “China 2.0” bien pudieran ser mucho más significativas que las experimentadas hasta ahora, particularmente en la manufactura de alto valor agregado (intensiva en capital) y el sector servicios (intensivo en empleos).
Lo anterior implica, entre otras prioridades, que América del Norte establezca explícitamente una agenda específica sobre y con China y, por ejemplo, definir coinversiones con empresas chinas en cadenas globales de valor específicas con el objetivo de lograr procesos de aprendizaje y cerrar las crecientes brechas tecnológicas con China. Aranceles, aumentos de las reglas de origen y sustituciones de importaciones del creciente líder tecnológico claramente no serán suficientes para la región. Medidas unilaterales, a diferencia de regionales de los tres países (y coaliciones con otros “aliados”) tampoco auguran mucho éxito.
La amenaza de caer en una “mediocridad regional” es significativa si no se consideran los aspectos anteriores. ¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com
