lunes, 23 de marzo de 2026

Viven en EU con temor medio millón de indígenas y 63 mil afromexicanos.

Estas comunidades enfrentan en ese país obstáculos para tener acceso a servicios y ejercer sus derechos. Foto Jair Cabrera   Foto autor
Arturo Sánchez Jiménez
22 de marzo de 2026 08:59
En Estados Unidos residen al menos 491 mil 575 indígenas mexicanos y 63 mil 491 afromexicanos, que a consecuencia de la política migratoria del presidente Donald Trump experimentan incremento en el temor o desconfianza hacia las autoridades, así como arrestos, deportaciones y faltas al debido proceso en centros de detención, entre ellas la ausencia de intérpretes y traductores, señala un informe fechado en marzo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El diagnóstico, titulado Primer informe de actividades de la Mesa Institucional “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, elaborado con información de 49 de los 53 consulados de México en ese país, advierte que estas comunidades enfrentan obstáculos persistentes para tener acceso a servicios y ejercer plenamente sus derechos debido a barreras lingüísticas, falta de documentación personal y desconocimiento de los mecanismos de protección consular. La cancillería subrayó que la población indígena y afromexicana tiene “presencia activa y significativa” en aquel país y requiere atención institucional con enfoque intercultural.
El reporte indica que en 43 circunscripciones consulares se identificó la presencia de comunidades indígenas y afromexicanas pertenecientes al menos a 29 pueblos originarios, entre ellos mixtecos, nahuas, zapotecos, tsotsiles y purépechas. California concentra la mayor población, con más de 211 mil personas, seguida de Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey.
De acuerdo con la información, 31 representaciones señalaron la necesidad de contar con materiales informativos en lenguas indígenas, mientras 27 reportaron la urgencia de disponer de intérpretes especializados. El informe advierte que estas carencias afectan el acceso a la justicia y a servicios básicos, especialmente en contextos de detención migratoria.
Asimismo, el documento señala que una parte importante de esta población labora en sectores como agricultura, construcción, servicios de limpieza, preparación de alimentos, comercio y trabajo doméstico, actividades que suelen implicar “condiciones laborales precarias” y limitadas oportunidades de acceso a seguridad social.
En el plano educativo, el diagnóstico muestra que una proporción relevante cuenta con estudios de secundaria o primaria, mientras un porcentaje menor llega a niveles de preparatoria o superiores, lo que también incide en sus oportunidades laborales y acceso a servicios.
La SRE destacó que la instalación de la mesa institucional en 2025 busca “consolidar una agenda de trabajo” para fortalecer la atención consular, ampliar la coordinación con organizaciones comunitarias y mejorar los mecanismos de registro e identificación de estas poblaciones en el exterior.
El informe subraya que el objetivo es avanzar hacia una política de atención con enfoque intercultural que permita garantizar sus derechos y mejorar los servicios consulares ante los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y afromexicanas mexicanas en Estados Unidos.

México eleva el tono en segunda carta a EU por muerte de migrante
Participantes en la protesta nacional contra las acciones del ICE, en Austin, Texas. En el segundo mandato de Trump, 46 personas han muerto en custodia de esa agencia. Ap
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Dora Villanueva, Roberto González Amador y Julio Gutiérrez, enviados
21 de marzo de 2026 08:01
Cancún, QR., El gobierno de México envió una segunda carta diplomática a Estados Unidos por el caso de Royer Pérez Jiménez, el mexicano de 19 años que falleció esta semana cuando estaba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La misiva, en un tono “mucho más fuerte”, llama a una investigación profunda, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó. Sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda, y además no puede ser que esté ocurriendo esto”, dijo la Presidenta en su conferencia matutina en Quintana Roo.
Pérez Jiménez falleció el 16 de marzo en una cárcel de Florida, la cual alberga a presos migratorios. ICE aseguró que se trata de un “presunto suicidio”, pero el caso sigue bajo investigación.
“Muy lamentable”, condenó la Presidenta al ser consultada al respecto. “Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y apoyar a la familia en todo lo que requiera”, agregó.
De acuerdo con recuentos de agencias, el joven de origen mexicano no sólo es la segunda persona que fallece en resguardo del ICE esta semana. Desde que Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, 46 personas han fallecido bajo custodia del ICE.
Cobran trámites a $40 mil en frontera sur: ONG
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció que los trámites de regularización para migrantes en esta zona de México –muchos de los cuales deberían ser gratuitos– pueden costar hasta 40 mil pesos debido a la corrupción y mercantilización de los derechos.
La agrupación –que integra a organizaciones defensoras de derechos humanos– emitió una alerta y también acusó que la mayor presencia militar y policial en los dos lados de la frontera de México y Guatemala han provocado que se vulneren los derechos de los migrantes y la región se convierta en “un campo de batalla, en el que la dignidad y la vida de miles de personas está en permanente riesgo”.
Añadió que según testimonios de extranjeros y medios de comunicación, existe una red de corrupción en las instituciones gubernamentales responsables de atender a este grupo vulnerable.
Aunque el reporte no las menciona, las denuncias públicas han sido contra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración.
“La proliferación de despachos privados de abogados ha convertido herramientas legales –como los amparos– en paso casi obligatorio para acceder a derechos. Hemos documentado cómo se utilizan para obtener tarjetas por razones humanitarias, citas para entrevistas de elegibilidad e incluso por el cobro para la revalidación de estudios, con costos inaccesibles que pueden superar 40 mil pesos”, advierte.
Precisó que esas irregularidades generan entre los propios migrantes condiciones de desigualdad y afectan su salud física y emocional.
Además, detalla el reporte, han documentado que a la frontera sur están llegando extranjeros deportados por Estados Unidos, principalmente cubanos y venezolanos, incluidos niños y adolescentes, que llevaban años de residencia, lo que ha causado separación familiar, y en Tapachula no cuenten con representación consular.
El colectivo agregó que el envío de migrantes de otros países al sur de México los deja en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.
(Con información de Édgar H. Clemente, corresponsal)

El peligro de un mal perdedor
Arturo Balderas Rodríguez
Un mal perdedor puede ser la persona más peligrosa y vengativa. Su incapacidad para salir adelante en cualquiera de sus metas lo puede volver propenso a recuperar terreno y ganarlo con todos los medios a su alcance. Debido a la característica de mal perdedor que distingue a Donald Trump, no ha sorprendido a nadie el alcance de su agenda vengativa. Pero, su gesto al expresar el gusto que le causó la muerte de Robert Mueller, a quien legisladores, comentaristas políticos y la sociedad estadunidense en su conjunto consideraban un funcionario respetable y fuera de serie, habla de una más de las características del presidente de Estados Unidos: la mezquindad.
Donald Trump no es capaz de distinguir a un adversario político o una persona que piensa diferente; para él todos son sus enemigos acérrimos y como tal los trata. Si eso ya es grave, lo es mucho más por ser huésped de la Casa Blanca. Así lo ha demostrado no sólo en el plano interno, sino también en el internacional, donde trata de imponer caprichosamente su política.
Los aliados históricos de Estados Unidos se han convertido en enemigos. Los ha insultado cuando han discrepado de su atrabiliaria manera de resolver conflictos con algunos de ellos. Primero regañó a la Unión Europea por no replicar las normas de gobierno que él ha impuesto en Estados Unidos, y recientemente reprendió a la OTAN por no acceder a su petición de intervenir en el estrecho de Ormuz.
Un reciente artículo de la revista The Economist da cuenta de algunas de las frecuentes e irracionales apuestas en las que Trump ha embarcado a su país. Salir airoso de ellas dependerá, en parte, del poder que tenga sobre su partido. Pero, el incumplimiento de algunas de sus promesas, como evitar más guerras y combatir la inflación y la carestía, pudiera revertir ese apoyo.
Por lo pronto, 13 soldados estadunidenses han perdido la vida en una guerra por la que él optó sin mediar objetivo ni estrategia clara. Derivado de esa guerra, el aumento en el precio de los energéticos y su errática política arancelaria, la inflación persiste y amenaza con iniciar un ciclo que agravará aún más la precaria situación de millones de personas.
Por todo ello, sorprende que 75 por ciento de los republicanos aún lo apoyen. Sin embargo, criticando su aventurerismo, algunos ya han empezado a saltar del barco, entre ellos connotados líderes de su partido y comentaristas políticos afines a su causa.
Ante la probabilidad de que la guerra con Irán se extienda, no sería extraño que decidiera atacar a Cuba, que con sus limitados recursos militares sería una presa a la mano para que el maestro de la distracción demostrara a su rebaño su grandeza. Es difícil que Trump salga airoso de su aventura en Irán, por tanto, habrá que tener cuidado, ya que es un mal perdedor, concluye The Economist.

Argentina y el último golpe de Estado: 50 años son nada
Fotografías de personas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983) se exhiben en el antiguo centro clandestino de detención de la Escuela Naval Europea, en Buenos Aires. 
Foto Afp   Foto autor
Héctor Alejandro Quintanar*
23 de marzo de 2026 00:01
Reza el tango de Le Pera que Veinte años no es nada,/ que febril la mirada,/ errante en las sombras, te busca y te nombra…”, poema que resuena mientras se piensa que para ciertos desgarros el paso del tiempo a veces no resulta en sanación. Así, este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado en Argentina, que devino en la dictadura encabezada por una Junta Militar, primero liderada por Videla, de 1976 a 1983.
A medio siglo de ese hecho, es importante resaltar sus rasgos y efectos centrales. Ahí destaca lo siguiente: la asonada militar contra Estela Martínez de Perón no fue singular, sino que profundizó una inercia iniciada en 1954 con el golpe a Árbenz, en Guatemala, donde élites latinoamericanas, en consonancia con la política de contención anticomunista de Estados Unidos buscaron replegar proyectos desarrollistas, aunque no fueran comunistas. También, el golpe en Argentina consolidó otra etapa en ese proceso, porque con el pinochetismo –que había tenido vínculo con grupos violentos de ultraderecha argentinos previos a 1976, como la Triple A– dieron pábulo a la Operación Cóndor, que formalizó coordinación entre varias dictaduras para efectuar una represión selectiva trasnacional. La brutalidad de Pinochet y de la Junta argentina –que se ensañó incluso contra adolescentes y recién nacidos– acumuló el mayor número de muertos, desaparecidos y crímenes en los sangrientos registros de los regímenes militares del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX, lo que contribuyó a su desprestigio internacional. 
El rasgo ideológico de esa dictadura argentina –vinculado al anticomunismo geopolítico de la guerra fría– fue, como señala Ernesto Semán, contener una “agresión marxista y populista”, que implicó validar una persecución contra izquierdistas y debilitar a los sindicatos. La violencia inadmisible se buscó justificar principalmente con dos mentiras: que no era represión, sino “guerra” entre fuerzas simétricas, donde la “subversión” izquierdista inició todo. 
En ese sentido, a diferencia de otras dictaduras del Cóndor, Argentina sí llevó a juicio y castigó a varios de sus represores, hecho histórico en la región que incluyó a varios militares encerrados (Videla murió en la cárcel mientras Pinochet como senador vitalicio en Chile, por ejemplo) y el singular caso de un jerarca eclesiástico castigado por su participación en crímenes dictatoriales, como el capellán policial Christian Von Wernich, el cura del diablo, que justificaba el desaparecer “zurdos” (así los llamaba) para que “no se mataran entre sí”. El efecto de este hecho histórico fue el consenso del “nunca más”, gestado tras los juicios a la Junta en 1985 y fortalecido por el kirchnerismo en 2004, cuya política de memoria deslegitimó los residuos pro dictadura y reabrió causas contra sus miembros. 
Hoy que se conmemora el quincuagésimo aniversario del comienzo de una etapa oscura, Argentina debería ser vanguardia de la memoria por su excepcional proceso de justicia. En vez de ello, encabeza el país Javier Milei, representante de una derecha “libertaria” cuya esquizofrenia política asegura que antes de él su país vivió “100 años de socialismo” (¡incluida la dictadura!) que destrozaron su riqueza. 
Milei es la envoltura estridente que explotó la fragilidad económica y emocional de muchos votantes en el duro proceso pospandemia. Su corrimiento al centro de la política argentina y su entorno son más relevantes, porque en ellos hay un protagonismo esencial: un grupúsculo abiertamente negacionista vinculado a los crímenes de la última dictadura argentina, donde sobresalen la vicepresidenta Victoria Villarruel, pionera de la farsa de la “memoria completa” (reacción contra la política de memoria de Kirchner y que reivindica a los represores porque estaban “en guerra”); ideólogos fascistoides como Agustín Laje (que blanquea a la Junta y asume que sus crímenes son justificables, o, acaso, excesos), o alienta a que, de plano, descendientes de represores, como Ricardo Bussi en Tucumán, se sumen a la imagen de Milei (por algo será). 
A este grave retroceso se le suma la incontinencia verbal de Milei, donde brilla su lacayuna dependencia electoral de Trump y su postura que reivindica no al plural judaísmo, sino al genocidio que comete un ente, Israel, gobernado por fanáticos. Aquí destaca una paradoja: la ultraderecha del nacionalismo católico argentino –donde se formó Von Wernich– fue siempre judeófoba rabiosa. Hoy, la derecha radical de Milei se postra ante el sionismo religioso, acaso por coincidir con su supremacismo violento, que el segundo ejerce contra Palestina y el primero, en sus múltiples complejos personales, cree ostentar. Mientras un respaldo a la dictadura de 1976 se exigía formación en sótanos del oscurantismo religioso, la autocomplaciente hinchada de Milei se deforma en la posverdad dañina de cloacas de Internet. 
Milei nos recuerda algo. En 2022 el historiador Rafael Poch alertó con razón de cómo la rusofobia de Occidente –más allá de la válida crítica a Putin– tenía como efecto (deseado o no) romper el consenso antifascista de la posguerra en 1945. Hoy Milei y su coro contra “zurdos de mierda” rompen el vital consenso del “nunca más” y tuercen la historia, como si los victimarios de 1976 fueran los agraviados por una herida abierta por ellos mismos hace 50 años que, como decía el tango, no son nada, mientras la febril mirada del gobierno argentino busca, en las sombras de la mentira, cómo redimir una dictadura que nunca hallará justificación en la realidad. 
*Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional