▲ Fieles palestinos se reunieron en la plaza Al-Saraya, en la ciudad de Gaza, para orar en el fin del Ramadán.Foto Afp
Europa Press, Afp, Ap, Xinhua y Sputnik
Periódico La Jornada Sábado 21 de marzo de 2026, p. 22
Jerusalén. La Junta de Paz para Gaza busca un acuerdo entre “todos los mediadores” para la reconstrucción del enclave palestino, condicionado al desmantelamiento del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y otros grupos armados del enclave, informó el director ejecutivo del organismo, Nickolai Mladenov.
Mladenov, diplomático búlgaro y ex enviado de Naciones Unidas para Medio Oriente, señaló que el acuerdo “está ahora sobre la mesa” y “requiere una elección clara: el desmantelamiento completo por parte de Hamas y de todos los grupos armados, sin excepciones ni concesiones”.
El director de la Junta de Paz, creada por el presidente estadunidense, Donald Trump, para realizar el seguimiento al alto el fuego y la reconstrucción de la franja, instó a quienes tienen la responsabilidad a que “tomen la decisión correcta para el pueblo palestino”.
En tanto, las celebraciones del Eid al-Fitr, que marcan el fin del Ramadán, se ven ensombrecidas para los palestinos debido a la crisis económica provocada por la guerra de Israel contra el territorio costero.
Las familias palestinas buscan maneras para mantener las tradiciones, a pesar de las dificultades y carencias, y preparan los alimentos y dulces para el Eid al-Fitr, o fiesta de ruptura del ayuno, que marca el fin de las celebraciones en el mes sagrado de los musulmanes.
Samira Touman, de 60 años y madre de siete hijos, se mueve entre bandejas de galletas kaak y maamoul, dándoles los últimos toques antes de hornearlas. La madre amasa y su hija forma bolitas con pasta de dátiles mezclada con sésamo para rellenarla. Luego introducen las piezas en un horno encendido con leña; afirman que esta es la parte más difícil debido a la falta de gas.
“Es cierto que no estamos celebrando a lo grande como antes de la guerra, cuando solía trabajar y hornear hasta el amanecer el día del Eid”, asegura Samira al medio Al Jazeera.
Tel Aviv prohíbe el acceso de palestinos a Jerusalén
En Jerusalén, por primera vez desde 1967, las autoridades israelíes prohibieron el acceso de los palestinos a la vieja ciudad donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam. El líder islámico palestino, Ekrima Sa’id Sabri, quien también es predicador de la mezquita, emitió una fatua en la que instó a que las oraciones del Eid se realicen fuera de Al-Aqsa, en el lugar más cercano posible al sitio.
Khaled Zabarqa, abogado de Sabri, manifestó que esta restricción es parte de la estrategia israelí “para impulsar sus planes de judaización en la mezquita de Al-Aqsa”, en declaraciones al medio Middle East Eye.
La mezquita de Al-Aqsa, que los judíos consideran el Monte del Templo y el lugar más sagrado del judaísmo, ha sido durante mucho tiempo un punto álgido de tensión en Jerusalén Este ocupado.
La ONG Human Rights Watch solicitó a Hungría que arreste al primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, quien podría visitar ese país hoy, con el argumento de que las autoridades húngaras están obligadas a detenerlo pese a que hayan anunciado su retirada de la corte en abril del año pasado.
Impulsa España dos planes de ayuda fiscal para paliar estragos de la guerra en Irán
Las iniciativas pretenden reducir el IVA a la gasolina y la energía // El apoyo, también al sector de la vivienda
▲ El socialista Pedro Sánchez aseveró desde el Palacio de la Moncloa que los efectos del conflicto pueden transformarse en una grave crisis.Foto Afp
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 21 de marzo de 2026, p. 22
Madrid. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, encabezó ayer un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobó dos decretos ley que buscan paliar los efectos económicos de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado una crisis de precios en la energía y el petróleo que derivan en una espiral al alza del costo de la vida.
Uno de los dos planes de ayuda incluye ayudas fiscales de casi cinco mil millones de euros, entre ellas la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la gasolina y la energía, una de las peticiones más reiteradas.
El gobierno español decidió dividir en dos el plan de ayudas que tenía previsto por la guerra, ya que al ser un gobierno sin mayoría parlamentaria, depende de otras fuerzas políticas para impulsar sus iniciativas.
Uno de los decretos establece medidas específicas sobre el costo de la energía y el aumento de la inflación; el otro, exigido por el socio minoritario del Ejecutivo, la coalición Sumar, cuyos ministros retrasaron más de dos horas la reunión hasta que no les garantizaran que se incluyeran las medidas de ayuda a la vivienda, como finalmente se hizo, aunque todavía no cuenta con el apoyo parlamentario necesario para su aprobación.
El paquete principal de ayudas, podría contar con los apoyos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos de izquierda y derecha al momento de la votación; incluso se baraja que lo apoye el derechista Partido Popular (PP). El plan de choque tiene hasta 80 medidas contra lo que Sánchez calificó como un “terremoto económico de escala global”.
Grave crisis
“No sabemos si el conflicto va a durar días, semanas o años, pero sus efectos pueden transformarse en una grave crisis”, señaló Sánchez.
La iniciativa incluye la reducción de 60 por ciento de la carga fiscal del recibo de la luz, mediante 'una rebaja de 21 a 10 por ciento del tipo de IVA aplicable al mismo, del recorte a 0.5 del tipo del impuesto especial sobre la electricidad, que en la actualidad es de 5.11; y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
También habrá reducciones fiscales al gas y a otros combustibles de uso doméstico como los pellets o la leña, que pasarán de estar gravados de 21 por ciento a 10.
Este plan es similar al que se aprobó cuando estalló la guerra en Ucrania y Europa sufrió el desabasto de energía y el incremento de los precios. También está inspirado en el plan global que se impulsó durante la pandemia de covid-19, si bien ese fue integral y afectó a todos los sectores productivos.
En cuanto al segundo decreto sobre la vivienda, el presidente explicó que tendrá una “congelación temporal de los precios del alquiler similar al que aplicamos en crisis previas”, es decir, al plan que se activó durante la pandemia y que supuso limitar durante varios años a 2 y 3 por ciento las renovaciones anuales de los contratos de arrendamiento.
Sánchez reconoció, hasta en tres ocasiones, que esta plan de acción no cuenta actualmente con una mayoría parlamentaria que lo respalde, con lo que su entrada en vigor dependerá de las negociaciones que se inicien con el resto de formaciones políticas.
ICE: letalidad impune
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno envió una segunda carta diplomática, en un tono “mucho más fuerte”, a Estados Unidos por el caso de Royer Pérez Jiménez, mexicano de 19 años que falleció esta semana mientras estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mandataria resaltó que su administración pide una investigación profunda y repudia las muertes de connacionales a manos de las autoridades migratorias estadunidenses.
Los decesos de extranjeros bajo custodia del ICE se han multiplicado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De los 11 registrados en 2024, se pasó a 31 en 2025, un incremento de 182 por ciento. Sólo en los primeros 74 días de este año, van 13 muertes, por lo que de continuar la tendencia se llegaría a una escalofriante cifra de 65 vidas perdidas en los campos de concentración que el trumpismo ha abierto o ampliado.
La letalidad se ha cebado sobre la comunidad mexicana, pues de una muerte en 2024 se saltó a ocho en el periodo siguiente, y en 2026 ha habido un deceso por mes. El panorama empeora al considerar que estos registros sólo hablan de quienes ya estaban en poder de ICE, no de las personas masacradas en las calles, como el mexicano Silverio Villegas y los estadunidenses Renée Good y Alex Pretti, todos ellos baleados por agentes uniformados y armados de paramilitares.
Más allá de los números, las causas de muerte reportadas por ICE dicen mucho de lo que ocurre en las cacerías humanas desatadas por Trump. “Cayó enfermo tras ser arrestado y murió al día siguiente”, “padecía varios problemas crónicos de salud; murió de un paro cardiaco”, “falleció a causa de un diente infectado”, “su salud estaba afectada por diabetes y colesterol alto”, “tenía un largo historial de severas complicaciones médicas y estaba enfermo cuando fue arrestado; colapsó de manera inesperada”, “insuficiencia cardiaca relacionada con problemas respiratorios, hepáticos y renales crónicos”, “expiró tras meses de hospitalización, debido, entre otras cosas, a complicaciones como neumonía, hipoxia y dificultad para respirar”. Varios casos, incluido el de Royer Pérez, se clasificaron como suicidios después de que se encontrara a los detenidos “inconscientes en sus celdas”. Estas historias, que muchas veces parecen encubrir episodios de brutalidad policial, permiten asomarse a la realidad de la política xenófoba: ICE no está arrestando a “lo peor de lo peor” ni a personas que amenacen a la seguridad pública –mucho menos a la seguridad nacional–. Está arrestando a moribundos.
Por otra parte, el incremento en la letalidad de los operativos y las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podría deberse a las carencias formativas de sus elementos. Para acelerar las contrataciones de personal y cumplir sus cuotas autoimpuestas de deportaciones, la administración republicana redujo de 20 a seis semanas el periodo de entrenamiento de los reclutas, con la eliminación de lecciones acerca de protocolos para el uso de la fuerza y derechos constitucionales. También es significativo que esta dependencia del Departamento de Seguridad Nacional actualmente contrate 10 veces más agentes de deportación que los enfocados en contrarrestar amenazas a la seguridad nacional.
En suma, policías cada vez menos capacitados son enviados a secuestrar cada vez más personas bajo un esquema de cuotas que no contempla si las víctimas cometieron o no alguna falta, sea penal o administrativa, por lo que las muertes a manos de ICE son el resultado previsible de una fórmula diseñada para el desastre. Está a la vista el doble rasero de gran parte de la comunidad internacional, medios de comunicación y presuntos defensores de derechos humanos, pues si lo relatado ocurriera en otros países merecería la más dura condena, pero todo se normaliza cuando Estados Unidos es el perpetrador de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, durante la más reciente convención del gremio en Cancún, Quintana Roo.Foto ABM
En mayo de 1990, Carlos Salinas de Gortari, entonces inquilino de Los Pinos, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para privatizar la banca comercial, con el fin, dijo, de “democratizar el capital”. Fue aprobada por la mayoría prianista y entre 1991 y 1992 se vendieron las instituciones resultantes de la expropiación lópezportillista de 1982. El resultado de esa “democratización” fue el mismo que garantizó el régimen neoliberal al gran capital: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Así de sencillo.
Antes de esa iniciativa, la propiedad de la banca era mayoritariamente del Estado; tras ella, se entregó a un grupúsculo de barones nacionales sólo para que la exprimieran, la quebraran y, tras el “rescate” con cargo al erario, la extranjerizaran (libre de impuestos), en el circuito eterno del régimen neoliberal: las ganancias para unos pocos y las pérdidas para los millones de mexicanos que más tres décadas después siguen pagando los platos rotos de los barones del dinero, amén de la hiperconcentración de la actividad sectorial. Ése es, en esencia, el resultado de la “democratización” salinista del capital bancario, refrendado por los siguientes gobiernos prianistas e intocado por la 4-T.
A 34 años de tal iniciativa, el balance es el siguiente: cerca de 3 billones de pesos en utilidades netas acumuladas por la banca privada, y el eterno saldo de los pasivos del Fobaproa-IPAB, que al cierre de enero pasado sumaban un billón 152 mil 412 millones de pesos, con todo y que –hasta ahora– los mexicanos han pagado más de 2 billones de pesos sólo por intereses, de tal suerte que las ganancias de los barones han sido 1.6 veces superiores a la deuda del “rescate” zedillista, sin considerar los intereses ya cubiertos.
Y el cuento de hadas, cinismo incluido, continúa: dice el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, que las instituciones del sector privado “tienen una rentabilidad razonable” que les permite “tener las condiciones para financiar los proyectos del país y continuar creciendo en paz”. En los hechos, sus utilidades crecen como la espuma y el financiamiento se mantiene como asignatura pendiente. Sólo en 2025, las ganancias “razonables” sumaron 305 mil millones de pesos, mientras en materia de crédito productivo México ocupa una de las últimas posiciones a nivel global (incluso por debajo de Perú y Colombia), lo que no es novedad, pues ha sido la norma desde la reprivatización salinista de 1991-1992.
Sólo como ejemplo, según información difundida por la Presidencia de la República en enero pasado, el crédito de la banca comercial que opera en el país es por demás insuficiente, por no decir raquítico. Al cierre de 2024, como proporción del producto interno bruto (PIB) Japón otorgaba el equivalente a 196 por ciento; Estados Unidos, 192; Corea, 176; Francia, 113; Chile, 110; Alemania, 82; Brasil, 72; Italia, 64; Turquía, 50; Perú, 46; Colombia, 42 y México, 33. “México es el segundo país con menor crédito total al sector no financiero, el tercero en menor crédito a los hogares y el duodécimo con menor crédito al sector no privado”.
No es casual ni novedoso que en una convención tras otra (como la más reciente, la número 89, en Cancún) la “atenta solicitud” del gobierno en turno haya sido, es, “aumenten el crédito” productivo, porque “la banca mexicana (es un decir) todavía tiene mucho que dar al país; le ha dado, pero necesitamos que le dé más” (presidenta Sheinbaum dixit).
Eso sí, por promesas la banca no para. Ahora, en la reciente convención en Cancún, el propio Emilio Romano se “comprometió” a lo siguiente: “Estamos preparados, listos y dispuestos a llevar el crédito como proporción del PIB a 45 por ciento; eso es invertir más de 5 billones de pesos de aquí a 2030 y potenciar y acelerar el desarrollo del plan de inversiones, que tiene un efecto multiplicador muy grande”.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum dijo: “La mejor noticia con la que nos podemos ir hoy ( de la convención) es que van a aumentar el crédito a 45 por ciento del PIB. Ése es el compromiso de la banca en México”, es decir, el mismo que año tras año incumple.
Y colorín colorado, este cuento salinista de hadas no ha acabado, porque en la siguiente convención bancaria se repetirán solicitudes y “compromisos” (tradicionalmente desoídas e incumplidos), mientras los barones se hinchan de utilidades y los mexicanos no dejan de pagar el “rescate”.
Las rebanadas del pastel
El esperpéntico Javier Milei no sólo mata de hambre a los argentinos, sino que ahora los involucra en la guerra contra Irán. Un asco.
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