El ataque con 150 aviones, ejecutado y celebrado como una maniobra limpia y quirúrgica para secuestrar al presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en realidad no se sostiene como tal salvo por los medios corporativos.
Hubo muchas víctimas militares, pero sobre todo civiles, y 32 cubanos del círculo de protección presidencial que se suman a las más de 100 personas asesinadas extrajudicialmente, además de la guerra sicológica con el despliegue de una flota tan poderosa para amenazar e intimidar a un país latinoamericano acosando a su presidente con acusaciones a cual más delirantes.
Con tanta parafernalia y arrogancia no se logró concretar el cambio de régimen, instrumento de política exterior al margen de la legalidad que en combinación con golpes de Estado e imposición de dictaduras militares o gobiernos afines ha resultado tan efectivo para derrocar gobiernos legítimos, ni se pudo imponer a la señora Machado como gobernante, ella que ha sido leal hasta la ignominia a Trump, quien la descartó. Asumió en su lugar la presidencia Delcy Rodríguez para garantizar la continuidad del poder político, la paz y el funcionamiento del gobierno como quedó definido no por Trump, sino por el presidente Maduro, al tiempo que la mandataria encargada calificaba la acción de “violación flagrante, descarada, bárbara y salvaje de la ley internacional. Ellos quieren imponer la ley de la selva con poderío militar y robarse nuestro petróleo”.
Como opina el coronel Douglas Macgregor, en entrevista con Glenn Diesen, además de ilegal, en este operativo “no había ningún marco estratégico coherente ninguna Grand estrategia, sino un improvisado ¿y ahora qué? Por su parte, el analista Jorge Luis Sierra señaló que Trump demostró fuerza abrumadora y miopía estratégica: La historia militar demuestra que Estados Unidos suele retirarse de conflictos que no puede resolver cuando enfrenta movilización popular, guerra irregular y escenarios geográficos que favorecen emboscadas y desgaste continuo (Diario Red, 07/01/26, Sinsonte).
Trump improvisó y señaló a quien estaba en su espalda, Marco Rubio, como Virrey encargado, “vamos a dirigir un tiempo a este país”. Un país “del tamaño de Alemania, Francia y Austria juntos y con entre 28 y 30 millones de habitantes”, señaló con ironía Macgregor. “Todo se mueve por impulsos”. Y es que en medio del cuestionamiento sobre la legalidad de tal ataque contra Venezuela, Trump y su coordinador de gabinete, Stephen Miller, y su esposa, quien publicó un mapa de Groenlandia con la bandera estadunidense, al parecer han tomado la batuta en este nuevo frente de conflicto con Europa.
Como señaló el analista Pepe Escobar, el pasado lunes marcó un momento de inflexión geopolítica sin precedente cuando Nicolás Maduro compareció ante el Tribunal Federal de Manhattan declarándose inocente. Y manteniendo que seguía siendo el presidente de su país, mientras simultáneamente emergía una nueva crisis hemisférica con las amenazas de Trump hacia Groenlandia, que revelan la verdadera extensión del proyecto imperial estadunidense pos-Venezuela, y como esta crisis muestra las fracturas que atraviesan la Alianza Atlántica, después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declarara que cualquier ataque estadunidense contra Groenlandia significaría el fin de la OTAN, la pregunta es ¿hasta donde estaría Europa dispuesta a responderle Trump la amenaza de tomar Groenlandia, si es necesario por la fuerza?
El caso contra el presidente Maduro se está desmoronando en la Corte de Estados Unidos (el Departamento de Justicia tuvo que excluir de las acusaciones al cártel de los Soles que lideraría Maduro, porque no se puede probar su existencia), donde se ha pasado de preguntarse si la acción fue legal o ilegal a sentarse también en el banquillo de los acusados: ¿hasta donde van a permitir que Trump siga violando con tanto descaro el derecho internacional, aunque es cierto que siempre lo han hecho, pero llegando a un momento de crisis por la violación constante a la legalidad interna que prohíbe acciones de guerra sin la autorización del Congreso.
En su comparecencia frente al Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas sobre la agresión a Venezuela, Jeffrey Sachs preguntó ¿hasta dónde un Estado miembro puede por fuerza, coerción o estrangulamiento económico, determinar el futuro político de otro y amenazar su integridad territorial e independencia política? Las operaciones encubiertas y el cambio de régimen tienen una larga trayectoria en Estados Unidos, durante la guerra fría y después en Irak, 2003; Libia, 2011; Siria, desde 2011; Honduras, 2009; Ucrania, 2014, y Venezuela, desde 2002.
Sólo el año pasado, Estados Unidos bombardeo siete países, incluyendo a Irán, Siria y Yemen, y ahora Venezuela, amenazando a otros países como Colombia, Dinamarca, Canadá, Panamá, Nigeria y México, llevando estas políticas a una situación límite. Como lo ha advertido John Mearsheimer, la anarquía en las relaciones exteriores ha sido y es una tragedia entre la política de las grandes potencias.
Venezuela: poner los derechos al centro
Hay quienes condenan la intervención militar y se expresan en términos indulgentes sobre el régimen autoritario venezolano. Foto Afp / archivo Foto autor
Mario Patrón
08 de enero de 2026 00:02
El arranque de 2026 en el escenario internacional ha estado marcado por la incursión militar estadunidense en territorio venezolano que devino en la captura del presidente Nicolás Maduro. Desde las primeras horas que se difundiera la noticia, han proliferado en la opinión pública posturas, análisis e hipótesis de lo más diversas sobre los motivos de la intervención, las implicaciones para el sistema político venezolano, los efectos en la relación entre Estados Unidos y América Latina y la reconfiguración geopolítica mundial que podría detonarse dado el poderío e intereses de otras potencias político-militares, especialmente Rusia y China.
En el marco de polarización política y social que desde hace varios años se ha convertido en el estado de ánimo y de pensamiento generalizado en todo el mundo, algunas discusiones en medios y redes sociales no escapan a la tentación de plantear la circunstancia actual en términos dicotómicos al estilo de la antigua bipolaridad política mundial vigente durante la segunda mitad del siglo pasado. Hay quienes condenan la intervención militar y se expresan en términos indulgentes sobre el régimen autoritario venezolano, del mismo modo que hay opiniones que celebran la caída de un presidente autoritario y justifican sin matices la intervención militar extranjera.
Por eso, si se desea elaborar un análisis político que pretenda ser serio es necesario evitar los reduccionismos y dicotomías y mirar los diversos factores a través de una lente que privilegie dos principios que pueden garantizar la dignidad de la convivencia humana e internacional, más allá de las diversidades, asimetrías e intereses característicos de nuestra época, es decir: los derechos humanos y la calidad democrática. Con dicha brújula en mano es no sólo posible sino necesario comenzar por validar dos afirmaciones que en el debate público se han llegado a plantear como contradictorias: el gobierno de Nicolás Maduro es autoritario e ilegítimo y la intervención militar es una clara violación al derecho internacional.
La compatibilidad de ambas afirmaciones nos coloca frente a un debate de fondo que permanece vigente desde la guerra fría: ¿puede vulnerarse el derecho internacional en aras de salvaguardar los derechos humanos? En un sentido estrictamente teórico, podemos estar de acuerdo en que la autodeterminación de los pueblos no puede estar por encima de graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, no podemos tomar como irrefutable esta premisa sin analizar cada caso en su debido contexto.
Estados Unidos tiene un largo historial de intervencionismo militar en países extranjeros. La Doctrina Monroe o la Operación Cóndor son ejemplos históricos del intervencionismo estadunidense inspirado principalmente por intereses económicos. La propia narrativa actual del gobierno estadunidense, junto a los hechos que han seguido a la incursión de sus fuerzas especiales el pasado fin de semana, respaldan la presunción de que los intereses que animaron la intervención en Venezuela no son ni los derechos humanos ni a la democracia, sino el petróleo, que sigue siendo motor de la economía global.
Si asumimos que el objetivo de la intervención militar es el control sobre las mayores reservas petroleras del mundo, no queda forma alguna de justificar estas acciones, por más que la bandera de la democracia y los derechos humanos se haya instrumentalizado numerosas veces en la historia como cortina de humo mediático.
En este sentido, lo que se evidencia con el caso venezolano es que el multilateralismo, una vez más, ha fracasado y que el marco legal y la institucionalidad en la que se afincan la gobernanza y la cooperación internacional es a todas luces ineficaz, pues no ha logrado dar salidas plausibles a los recientes conflictos políticos en el mundo, como Ucrania, Palestina, Sudán, como tampoco lo hizo años antes en los casos de Siria, Libia, Afganistán e Irak, entre muchos otros.
El orden internacional le ha fallado a Venezuela en la intervención militar, pero le había fallado desde antes al no proporcionar soluciones viables al autoritarismo del régimen en el poder. En otras palabras, el orden internacional ha permitido la vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos y ha sido incapaz de incentivar cambios en el sistema político de la mano del propio pueblo venezolano, lo que no hace sino oscurecer aún más la sombra de la duda que desde hace años se cierne sobre los alcances reales del multilateralismo.
La duda, al final de todo, es qué sigue para Venezuela, para América Latina y para el mundo entero. La moneda está en el aire: o se abre paso a salidas democráticas y a la protección de los derechos humanos o se reproduce la permisividad frente al retorno de viejas prácticas imperialistas que actúan sin escrúpulos ni contrapesos. Hoy es Venezuela, pero en la fila del riesgo están Ucrania, Palestina, Taiwán, Groenlandia y hasta el propio México.
Frente a la incertidumbre que persiste, hoy más que nunca urge reivindicar la perspectiva de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático como clave de lectura pertinente para el análisis de los conflictos internacionales y las nuevas prácticas imperiales. Sólo mediante esta mirada crítica podremos encontrar no sólo claridad interpretativa, sino también alternativas de solución que pongan en el centro a las víctimas de los abusos de poder perpetrados tanto por gobiernos nacionales como extranjeros.
Departamento de Justicia de EU niega existencia del cártel de los Soles
Funcionarios federales del Departamento de Justicia se encuentran frente a la Oficina Federal de Prisiones del Departamento de Justicia el sábado 3 de enero de 2026 en Nueva York.
Foto: Ap Foto autor
La Jornada Online
06 de enero de 2026 09:56
Ciudad de México. En un giro inesperado en la trama que inició con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para ser llevados a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró su afirmación de que el cártel de los Soles de Venezuela sea un grupo real, así lo dio a conocer The New York Times.
Cabe recordar que en 2025, la administración de Donald Trump designó al cártel de los Soles como una organización terrorista y afirmó en aquel entonces que Nicolás Maduro la encabezaba.
Lo que sale a relucir en todo esta historia es que ni la Administración para el Control de Drogas (DEA), ni el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nunca han mencionado la existencia del cártel de los Soles.