▲ El mandatario estadunidense confirmó la muerte de la integrante de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom, de 20 años, en la emboscada de un tirador; su compañero, Andrew Wolfe, sigue hospitalizado.Foto Ap
Ap, Afp y Reuters
Periódico La Jornada Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 25
Washington. El sospechoso de disparar contra dos guardias nacionales –la agente Sarah Beckstrom falleció ayer– en Washington, el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwa, trabajó con unidades militares de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por su siglas en inglés) durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán y emigró al país en 2021 gracias al programa operación Bienvenidos Aliados de la administración del ex presidente demócrata, Joe Biden.
El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que antes de su llegada al país, Lakanwa, de 29 años, trabajó con esa agencia “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, sin especificar qué funciones realizó. Apuntó que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadunidense de Afganistán, ordenada por Biden en 2021 tras 20 años de ocupación.
El atacante y su hermano trabajaron en un grupo especial del ejército afgano, conocido como Unidades Cero, respaldadas por la CIA y desempeñaron un papel clave en la retirada de Washington al proporcionar seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul.
Lakanwal ingresó al país bajo el cobijo de la operación Bienvenidos Aliados, un programa que trasladó y reasentó a cerca de 76 mil personas. Solicitó asilo durante el gobierno demócrata, pero el proceso fue aprobado bajo el mandato del presidente Donald Trump, informó #AfghanEvac.
El presidente anunció en sus redes sociales que “pausará permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”.
Tras señalar que en su país viven 53 millones de extranjeros, la mayoría de los cuales reciben asistencia social, anunció que se “desnaturalizará a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportará a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.
El jefe de la Casa Blanca sugirió que el atacante estaba mentalmente inestable después de la guerra y la salida de Afganistán. “Se volvió loco. Quiero decir, se volvió loco”, enfatizó. “Sucede con demasiada frecuencia con estas personas”.
El presidente lanza ofensa contra periodista
El magnate arremetió de nuevo arremetió contra una representante de la prensa. “¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?”, ofendió a una periodista que le preguntó si Lakanwa fue investigado exhaustivamente, y por qué culpa a Biden del tiroteo de antier.
Trump anunció la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional, herida antier en el ataque.
Horas antes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inició una investigación por terrorismo tras el tiroteo, que describió como una “emboscada” contra los efectivos cerca de la Casa Blanca.
El implicado enfrentará cargos por asesinato en primer grado tras el fallecimiento de Beckstrom, adelantó en rueda de prensa la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jean Pirro.
Dan 11 años de prisión a ex presidente de Perú Pedro Castillo por rebelión
Ap, Afp, Xinhua, Europa Press y Prensa Latina
Periódico La Jornada Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 25
Lima. La justicia peruana condenó ayer a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión al depuesto presidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien declaró culpable de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público tras su fallido intento de cerrar el Congreso en diciembre de 2022, que culminó con un golpe de Estado parlamentario en su contra.
Al conocer el fallo, Castillo afirmó que tarde o temprano se impondrá la verdad.
También fue condenada por el mismo lapso la ex primera ministra, Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima desde el pasado día 3, considerada coautora del delito de conspiración para la rebelión, para quien se emitió una orden de detención a escala nacional e internacional.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la fiscalía de “un intento de quiebre del orden constitucional”. La policía detuvo al ex mandatario ese mismo día, cuando se dirigía a la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial.
Maestro rural y sindicalista, Castillo ganó la elección de 2021. Durante los 16 meses que estuvo en el gobierno modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna; sobrevivió a dos intentos previos de remoción. Su caída provocó el ascenso de facto al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte, y desató violentas protestas que dejaron más de 50 muertos.
Castillo está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para ex mandatarios, donde estuvo Fujimori por más de 15 años hasta su liberación en 2023. Se encuentra con Alejandro Toledo (2001-2006) condenado a 20 años por lavado de activos de la constructora Odebrecht; Ollanta Humala (2011-2016), sentenciado a 15 años de cárcel por lavado de dinero de esa firma brasileña; y Martín Viscarra (2018-2020) sentenciado antier a 14 años de prisión por recibir sobornos.
Perú y la tragedia andina
El ex presidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado a 11 años de prisión por los cargos de rebelión y conspiración, con los cuales los tribunales denominan sus maniobras desesperadas para evitar el golpe de Estado consumado por los personeros de la oligarquía en los poderes Legislativo y Judicial en diciembre de 2022. Antier, su antecesor Martín Vizcarra recibió una sentencia de 14 años por aceptar sobornos de empresas constructoras a cambio de otorgar obras públicas cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).
Además de representar una nueva demostración de la saña con que las élites peruanas se han vengado de Castillo por ser la primera persona de extracción humilde, rural e indígena que ha dirigido al país en su historia moderna, los fallos judiciales referidos profundizan el deterioro institucional que padece esa nación hace casi cuatro décadas. Lima no ha podido consolidar su democracia desde 1990, pues tras la sanguinaria dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) se han sucedido administraciones inestables y casi siempre carentes de legitimidad. Luego de la huida del autócrata, el signo de la vida política peruana ha sido un Congreso que aúna un poder excesivo con una flagrante carencia de representatividad, como muestra el hecho de que las encuestas que más le favorecen le atribuyen 90 por ciento de rechazo ciudadano.
Un repaso a los ciclos presidenciales da cuenta de la inestabilidad extrema de la vida institucional peruana y del papel parlamentario en la crisis: Fujimori fue destituido por “incapacidad moral permanente” y cumplió condena por corrupción y crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006) está encarcelado por corrupción; Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía iba a arrestarlo por cargos de corrupción; Ollanta Humala (2011-2016) está preso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció en vísperas de que el Congreso lo destituyera por “incapacidad moral”, y se encuentra en prisión domiciliaria por lavado de activos y corrupción; Martín Vizcarra (2018-2020) fue “vacado” por el Congreso por “incapacidad moral permanente”, y se encuentra recluido desde el 13 de agosto pasado; Castillo corrió la suerte mencionada y la golpista Dina Boluarte (2022-2025) fue destituida por sus cómplices en la conjura para derrocar a Castillo. De la lista, el último presidente en concluir su mandato fue Humala Tasso, hace ya casi una década, y la última vez que los peruanos tuvieron un Ejecutivo elegido en las urnas fue el 7 de diciembre de 2021.
Aunque enfrenta múltiples señalamientos de corrupción y debería encarar los procesos más severos por ordenar ejecuciones extrajudiciales calificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como masacres étnico-raciales, Boluarte se halla libre por una combinación de las leyes de amnistía que ella misma promulgó para favorecer a los genocidas del fujimorato y de los pactos con las derechas y ultraderechas que se han apoderado de Perú y mantienen suspendida la democracia.
Más allá de Perú, la condena a Castillo y la consolidación del régimen de José Jerí (quien amenaza con invadir la embajada de México en Lima, lo cual constituye un acto de guerra), estos acontecimientos se inscriben en la trágica involución de los países andinos, con Bolivia, Ecuador y el propio Perú en manos de fuerzas antidemocráticas de derecha o ultraderecha serviles a Washington, con Chile en las puertas de elegir a un fascista por una abrumadora mayoría que fácilmente rebasará 60 por ciento, de acuerdo con las encuestas más recientes.
