Algunos términos cambian de sentido cuando cruzan el Atlántico. Es el caso del nacionalismo, que en el viejo continente suele estar asociado a corrientes conservadoras o reaccionarias, de las que el fascismo es el ejemplo extremo, y que en este lado se relacionan más con movimientos progresistas, impulsores de la soberanía y promotores de derechos humanos y sociales. Otro tanto ocurre con restauración, que se acuñó para referirse al regreso del absolutismo monárquico tras la descomposición de la revolución y la derrota del imperio napoleónico. En México, en cambio, república restaurada designa el triunfo del país sobre los invasores franceses y sus aliados locales. La república restaurada juarista significó el regreso a la Constitución de 1857, que se mantuvo suspendida, aunque no fuera formalmente derogada, durante la caricatura de imperio; a un país sin fueros ni privilegios de nacimiento, con el clero sometido a la autoridad del poder civil, con garantía individuales y, lo más importante, regida por los principios de que la soberanía nacional dimana del pueblo, que éste tiene el derecho inalienable de alterar la forma del gobierno.
El texto constitucional de 1857 fue puesto de lado durante la dictadura porfirista; sin realizarle cambios mayores, el tirano gobernó dando la espalda a la Carta Magna y su resistencia a reconocer el derecho del pueblo a cambiar de gobierno acabó por provocar la insurrección de 1910, la que a la postre desembocó en la demolición del orden social y político porfirista y en la redacción de una nueva Carta Magna, la que no sólo se preservó el artículo del principio citado –incluso con su numeral, el 39– , sino que dio cuerpo a los principios de justicia social de los Sentimientos de la Nación y de la Constitución de Apatzingán (1814); estableció derechos sociales y colectivos inéditos en el mundo de entonces y estipuló la primacía de la propiedad nacional y colectiva por sobre la individual.
Esta Constitución fue severamente desfigurada y pervertida por los gobiernos del ciclo neoliberal (1982-2018), los cuales introdujeron en ella disposiciones entreguistas, antidemocráticas, solapadoras de la corrupción y garantes de la perpetuación del saqueo tecnocrático. En 2018 empezó una larga batalla por el control efectivo, más allá de las formalidades representativas, del poder político, que estaba, en los hechos en manos de una camarilla político-delictiva-empresarial; en estos años la disputa se ha librado también en el escenario del texto constitucional: por el lado de la reacción, la defensa de un Carta Magna adulterada y falsificada, y por el de la 4T, la lucha por restituir los principios fundacionales del documento –que, como se ha dicho, se remontan a 1857 y aun a 1814–, por limpiarlo de las incrustaciones neoliberales y por adecuarlo al proyecto del país igualitario, democrático, justo y soberano que ha propugnado el movimiento.
La disputa llegó a un impasse en 2021, cuando las oposiciones oligárquicas decretaron un boicot legislativo y usaron su minoría para bloquear cualquier reforma constitucional. Hubo que esperar a las elecciones del año pasado para disponer de la mayoría calificada en ambas cámaras para emprender las reformas requeridas, empezando por la judicial. No exageró la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que la actual legislatura, por el volumen y el calado de las reformas en curso, equivale a un congreso constituyente.
Redactar una nueva Carta Magna es un proceso lento, complicado y plagado de incertidumbres. Basta con ver el anticlímax en que desembocó la esperanza chilena de una constitución que dejara atrás la heredada por la dictadura piochetista. Aunque la 4T se propuso regenerar la vida pública de México, y por más que en un escenario ideal la transformación habría debido contar con un nuevo marco constitucional, el de 1917 era y es susceptible de una redignificación como la que se está llevando a cabo. No menos importante, la Constitución de Querétaro ha sido durante décadas, e incluso a pesar de las adulteraciones, un instrumento inapreciable de luchas sociales y populares, un último refugio frente a los desmanes y atropellos de los gobernantes y, se le vea por donde se le vea, el documento más subversivo en la vida del país, porque de acuerdo con él, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Hoy, la Constitución es además una salvaguarda de la soberanía ante la desquiciada y rabiosa decadencia que experimenta el poder público en Estados Unidos, nuestro vecino poderoso.
Por todas esas razones, existe en el sentir popular un apego histórico y hasta afectivo a nuestra vieja Carta Magna que, renovada, merecía la restauración de su dignidad primigenia y una celebración de cumpleaños como la realizada el miércoles pasado en Querétaro. La República ha sido de nuevo restaurada.
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Panamá termina pacto de la Ruta de la Seda con Pekín
Mulino desmiente que navíos estadunidenses tengan paso gratis en el canal interoceánico
Afp y Europa Press Periódico La Jornada
Viernes 7 de febrero de 2025, p. 20
Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció ayer la cancelación del acuerdo económico de la Ruta dela Seda suscrito con China, y desmintió la exención de cobro depeaje a barcos del gobierno de Estados Unidos por el Canal de Panamá, como lo aseguró antier el departamento de Estado del país norteamericano.
Mulino aseguró que la embajada de Panamá en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación 90 días antes, como establece el acuerdo, así que, esa es una decisión que tomé, indicó en conferencia.
Yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso (el convenio) con China, declaró Mulino, que también inquirió en tono molesto: ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años? ¿Cuáles son las grandes cosas?
Un acuerdo firmado con Xi Jinping en 2013
El acuerdo de la Franja y la Ruta de la Seda incluye el financiamiento de proyectos de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina, en el que más de un centenar de países se adhirieron al tratado, proyecto del gobierno de Xi Jinping lanzado en 2013.
Tras reunirse con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, el domingo, Mulino adelantó que dejaría expirar el convenio firmado por Panamá en 2017 por el entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019); según la carta de entendimiento, el acuerdo se renueva cada tres años de manera automática (la siguiente para 2026), pero puede ser rescindido por cualquiera de las partes con tres meses de anticipación, de acuerdo con la agencia informativa Afp.
En la misma conferencia, Mulino, quien dijo sentirse sorprendido por el comunicado del departamento de Estado sobre el libre tránsito de buques de Estados Unidos por el Canal de Panamá, expuso que se trata de una falsedad que resulta intolerable, y explicó que existe una imposibilidad legal y constitucional para fijar, aumentar o retirar peajes en el canal.
También añadió que carece de dicha potestad como jefe de Estado dado que el artículo 76 de la ley que rige el paso naval y el artículo 319 de la Constitución panameña establecen que ni el gobierno ni la autoridad podrán exonerar del pago de estas tasas.
Presidente centroamericano critica falsedades de Rubio
En este sentido, mostró un rechazo absoluto a seguir explorando la vía de manejar la relaciones bilaterales sobre la base de mentiras y falsedades, al tiempo que expresó su pena dado que las conversaciones mantenidas con altos cargos del gobierno estadunidense fueron positivas.
Rubio consideró absurdo que buques de la marina estadunidense paguen por cruzar.
Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar una zona que estamos obligados a proteger en tiempo de conflicto. Esas son nuestras expectativas, declaró Rubio a la prensa durante su visita a República Dominicana, donde concluyó su primera gira por naciones latinoamericanas.
Abre Colombia conexión naval al comercio con China
Petro llama a legalizar la cocaína, “que no es más dañina que el whisky”
Afp y Prensa Latina Periódico La Jornada
Viernes 7 de febrero de 2025, p. 20
Bogotá. Colombia abrió una nueva ruta marítima comercial que une su principal puerto sobre el Pacífico con Shanghái, como muestra del fortalecimiento de las relaciones con China en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
Colombia y China pactan ruta marítima que conecta Shanghái con Buenaventura (suroeste), escribió ayer en la red X el ministerio de Comercio del país sudamericano. Se espera que la mercancía que parte desde Buenaventura haga una parada en el puerto peruano de Chancay, financiado por China, antes de viajar a Asia
El embajador de Pekín en Bogotá, Zhu Jingyang, celebró en X esta buena noticia para las relaciones comerciales. A cargo del proyecto está el titán del comercio marítimo mundial China Ocean Shipping Company.
El ministro de Comercio de Colombia, Luis Carlos Reyes, calificó el hecho de un gran paso en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
Colombia mantiene tensas relaciones con Estados Unidos. El 26 de enero, el presidente Gustavo Petro se negó a permitir la entrada de aviones militares estadunidenses que llevaban a bordo a colombianos deportados. El mandatario estadunidense, Donald Trump, respondió imponiendo aranceles de hasta e 50 por ciento a los productos colombianos. Petro aplicó la misma medida en medio de una crisis que duró algunas horas y se apaciguó tras un acuerdo entre la Casa Blanca y la diplomacia colombiana sobre aceptación del arribo vía aérea de migrantes irregulares deportados.
La presidencia informó que Petro y su canciller, Laura Sarabia, sostuvieron una reunión con el encargado de negocios de la embajada estadunidense en Bogotá, John McNamara. Entre otros, discutieron la relación bilateral y la cooperación, según un mensaje en la red X.
Petro acusó recientemente a Trump de defender una tesis fascista al criminalizar a los latinoamericanos sin documentos que llegan a Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está de visita en Centroamérica y uno de sus objetivos es frenar la influencia china en la región.
En este contexto, trascendió que durante la inédita reunión de gabinete televisada del martes, Petro dijo que el negocio de la cocaína en el mundo podría desmantelarse si se legalizara esa droga, porque sostuvo: “no es más mala que el whisky” y es considerada ilícita porque la hacen en América Latina.
En esa sesión, varios funcionarios se quejaron con Petro por la presencia en la administración de la canciller Laura Sarabia y del jefe de despacho Armando Benedetti, recién designados en medio de investigaciones y disputas políticas.
Además, la Corte Suprema acusó a Benedetti de cometer el delito de tráfico de influencias en una pesquisa relacionada con su intervención indebida en procesos de contratación en el estatal Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo entre 2016 y 2017, informó el alto tribunal en X.
