La agenda de Trump es como un campo minado: no sabemos en dónde puede explotar la bomba, ya sea la del negacionismo sobre el colapso climático, la guerra de los aranceles, la disputa que quiere lanzar sobre Groenlandia contra Dinamarca, pero que en el caso de México (Panamá parece haber capitulado) se convierten en amenazas territoriales al pretender vincular a las autoridades actuales con el narcotráfico y calificar a los narcotraficantes como terroristas, posición que sorprende que Canadá apoye, porque justificaría combatirlos militar y extraterritorialmente, por cierto, también en Canadá.
Estos últimos días se han concentrado en el intento del presidente Trump de iniciar una guerra comercial a gran escala, con especial dedicación a nuestro país que, junto con Canadá, tiene aún vigente el tratado que conocemos como T-MEC y que entró en vigor en 2020 para sustituir, a instancias de Trump, al TLCAN, el peor acuerdo comercial jamás hecho, segun él.
Como señala Julián Bilmes, “Trump lograba su objetivo estratégico de reformar el TLCAN, e incluso de cambiarle el nombre, en una hábil maniobra de marketing político (Julian Bilmes, T-MEC, un Nafta 2.0 XXI jornadas de Geografía, UNLP, del 9 al 11 de octubre de 2019).
Aunque Trump promete una vez más salvar la industria manufacturera estadunidense y recuperar empleos rescribiendo un acuerdo comercial con México y Canadá (Katie Lobosco, Trump quiere renegociar su propio acuerdo comercial con México y Canadá, CNN, 14/10/24), la imposición de aranceles sería el fin de ese tratado, por lo que habría que preguntarse si su deseo profundo es deshacerse del mismo.
Tratados de libre comercio asimétricos son parte de una añeja práctica imperial elaborada bajo el fuerte impacto de la abundante y exasperante hipocresía británica, un viejo artilugio que forma parte de la diplomacia imperialista inglesa para conservar su hegemonía, ofreciendo tratados comerciales a las ex colonias con un leve favoritismo para mantenerlas bajo su control.
El TLCAN y el T-MEC son creados por las élites financieras, económicas y políticas, e impuestos a las clases dirigentes subordinadas, en este caso de Canadá y México.
Como lo expresé en un artículo para la revista Nueva Sociedad, conceptos como presidencia imperial y su relación con el capital monopólico, o la noción de imperio resultan más adecuados para describir y explicar estos mecanismos de integración comercial y energética… Después de todo, ¿qué es lo que distingue a un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? La inequidad de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una alianza –aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para una estructura imperial o llanamente imperialista– (ver Saxe-Fernández, México-EU: seguridad y colonialidad energética Nueva Sociedad, #204, julio-agosto de 2006 ).
Utilizo el concepto de Presidencia Imperial en el sentido que le da el historiador Arthur Schlesinger Jr. ( The Imperial Presidency, Houghton Mifflin, 1973) para referirse a la enorme la enorme concentración del poder en la presidencia excediendo sus límites constitucionales , invocando poderes de guerra que son prioridad del Congreso.
En su excelente texto La derrota de Occidente (Ediciones Akal, México, junio de 2024), Emmanuel Todd señala que EU se está jugando mucho en la actual coyuntura: Su dependencia económica del resto del mundo se ha tornado inmensa; su sociedad se está desintegrando. Estos dos fenómenos están relacionados. EU es el único país avanzado que experimenta un descenso general de la esperanza de vida, mientras aumenta la mortalidad entre los blancos de 45 a 54 años debido al alcoholismo, el suicidio y la adición a los opiáceos.
En 1928, su producción industrial representaba 44.8 por ciento de la producción mundial, para 2019 había caído a 16.8 por ciento.
También, señala Todd, el declive estadunidense en la producción de bienes tangibles tiene su reflejo en la agricultura, pues tras la entrada en vigor del TLCAN este rubro sufrió un proceso de concentración, especialización y deterioro.
Opositores al tratado dentro de Estados Unidos argumentan que se han perdido cerca de un tercio de los empleos manufactureros en los estados de la región del Medio Oeste, fenómeno que se ha denominado Rust Belt (Cinturón del óxido), a raíz de la desindustrialización, producto de la deslocalización productiva de crecientes segmentos de las cadenas industriales tradicionales. (Bilmes)
Este tipo de propuestas son presentadas por Trump con la idea de rescatar a los trabajadores estadunidenses, pero como dice en entrevista el sociólogo William I. Robinson: “Trump no puede representar los intereses de los trabajadores y del capital al mismo tiempo… El trumpismo elimina las barreras restantes a la acumulación desenfrenada de capital, culminando la contrarrevolución neoliberal ( Periódico Epohi, 29/1/25, Rebelión.org).
La coalición de Trump se desintegrará
William I. Robinson*
El trumpismo es una respuesta neofascista de extrema derecha a la crisis social y económica de la clase trabajadora y a la crisis de legitimidad del Estado que esta crisis socioeconómica ha producido. La clase trabajadora estadunidense ha experimentado una desestabilización continua de sus condiciones de vida durante este último medio siglo de globalización capitalista y neoliberalismo, con un deterioro particularmente agudo desde el colapso financiero de 2008 y a raíz de la pandemia de covid-19. Se enfrenta a una precariedad creciente, inestabilidad laboral, desempleo y subempleo generalizados y en aumento, salarios miserables, marginalización y descomposición social, inseguridad alimentaria y crisis de atención médica, infravivienda y sinhogarismo.
En 2023, más de 100 mil personas murieron por sobredosis de opioides por tercer año consecutivo y las cifras crecieron, reflejo de una crisis explosiva de salud mental que refleja a su vez la crisis social y económica. Desde 2021, la inseguridad alimentaria aumentó 40 por ciento y, durante ese lapso, la pobreza creció 67 por ciento. Más de la mitad de los hogares de clase trabajadora viven en la pobreza o justo por encima de la línea de pobreza, aunque los datos oficiales disfrazan el alcance de la pobreza al establecer un nivel ridículamente bajo. Según el gobierno federal, 38 por ciento de hogares carecen de dinero suficiente para cubrir un gasto de emergencia de 400 dólares, frente a 32 por ciento en 2021. Más de la mitad de los hogares estadunidenses no reciben un ingreso estable y dependen de oportunidades de trabajo contingentes a medida que se presentan, mientras 80 por ciento informa que vive de sueldo a sueldo.
El Partido Demócrata abandonó a la clase trabajadora multiétnica hace muchos años. Desde la era Clinton ha sido un partido del neoliberalismo, de los multimillonarios de Wall Street, del complejo militar-industrial y de la guerra. Trump presentó un discurso populista que hablaba de la creciente inseguridad socioeconómica y la ansiedad social generalizada. Se las arregló para proyectarse como outsider político dispuesto a luchar contra la élite de Washington en defensa del hombre común. Manipuló el descontento masivo con este discurso populista, racista, nacionalista y neofascista con falsas promesas de resolver los problemas socioeconómicos de las masas. Convirtió a los inmigrantes en chivos expiatorios y cosechó el descontento masivo con los demócratas y el establishment.
El trumpismo 2.0 no representa una ruptura con lo que ocurrido en el último medio siglo, sino su punto final lógico, eliminando cualquier barrera restante a la acumulación desenfrenada de capital y culminando la contrarrevolución neoliberal. El equipo de Trump ha prometido eliminar cualquier regulación restante sobre el capital, recortar masivamente el gasto social, incluida la seguridad social (pensiones), reducir los impuestos al capital y a los ricos, expandir el aparato estatal de represión y vigilancia, y anular los pocos mecanismos restantes de rendición de cuentas democrática.
Este gobierno propone lograr esto restructurando el poder estatal para ponerlo bajo el control más directo del capital, es decir, consolidando la dictadura del capital trasnacional mediante nuevas dispensaciones políticas, incluida una vasta expansión de los poderes de la presidencia. Sin embargo, hay una enorme brecha entre la intención de Trump y su capacidad real para lograr sus objetivos. La crisis política de legitimidad del Estado y la crisis social de la clase trabajadora deben verse, más allá de EU, en el contexto de la crisis general del capitalismo global y en particular en su dimensión estructural, la sobreacumulación. El estancamiento crónico ejerce una creciente presión sobre los agentes políticos y militares del capital trasnacional para que abran espacios de acumulación. La clase capitalista trasnacional (CCT) y sus agentes deben emprender búsquedas cada vez más desesperadas de salidas para descargar el capital sobreacumulado. Esto hace que el sistema se vuelva cada vez más peligroso.
Los estadunidenses de la CCT han tomado un control más directo del Estado. Trump ha elegido a 13 multimillonarios para su gabinete. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, actúa de copresidente no electo. Las corporaciones y los multimillonarios, especialmente de los sectores de la alta tecnología, financiero y energético, canalizaron millones sin precedentes al Comité Inaugural de Trump para garantizar que sus intereses estuvieran representados. El bloque hegemónico emergente del capital reúne a la tecnología y las finanzas con el complejo militar-industrial y el capital farmacéutico, las grandes petroleras y el sector inmobiliario también representados, con el capital financiero trasnacional en la cúspide.
Esto ocurre junto con una rápida polarización política a medida que el centro se derrumba, con la insurgencia de la extrema derecha neofascista y en control del Partido Republicano y de los tres poderes del gobierno. Trump no puede representar los intereses de los trabajadores y del capital y no tiene intención de abandonar el capital. Aparte de la extrema derecha organizada en milicias racistas y neofascistas como las que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, Trump tiene una base de masas en un sector de la clase trabajadora. Estos trabajadores esperan que Trump mejore su situación económica, pero no sucederá. Por el contrario, en la medida en que Trump tenga éxito, la situación de los trabajadores se deteriorará más. La coalición de Trump se desintegrará. La desilusión se instalará y, al final, su base de masas se desintegrará. Estas son las condiciones para que se desarrolle una opción popular de izquierda, pero también son condiciones bajo las cuales la tendencia fascista podría consolidarse en un abierto fascismo del siglo XXI.
Las clases dominantes temen levantamientos populares de masa y se han preparado para ello. Es casi inevitable que la fiesta del capital se derrumbe. Cuando eso ocurra, y cuando las protestas masivas se intensifiquen, se desatará aún más el estado policial global. Pasaremos muy rápido a una escalada del conflicto social y político. Trump prometió durante toda su campaña tomar medidas enérgicas contra el disenso político. La brutalidad absoluta del capitalismo global, como se exhibe ahora en todo el mundo, acabará saliendo a la luz y en EU nos pasará la factura.
*Distinguido profesor de sociología. Universidad de California en Santa Bárbara
Miles protestan en EU contra Trump; en redes, llaman a rechazar el fascismo
La Casa Blanca pausará el financiamiento a la Usaid // La fiscal general ordena suspender la entrega de recursos federales a ciudades santuarios // El repudio de manifestantes alcanza a Elon Musk
▲ Estudiantes se manifestaron ayer afuera del ayuntamiento de Los Ángeles contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.Foto Afp
Ap, Afp, Reuters y The Independent
Periódico La Jornada Jueves 6 de febrero de 2025, p. 22
Washington. Miles de personas protestaron ayer en Estados Unidos contra las primeras acciones del presidente, Donald Trump, en momentos en que su administración anunció que pausará el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), encargada de gestionar la ayuda internacional para el desarrollo y la asistencia humanitaria; además, el magnate sufrió un nuevo revés judicial, cuando una jueza bloqueo su orden ejecutiva que niega la nacionalidad por nacimiento a hijos de indocumentados, estudiantes y turistas.
Las protestas fueron resultado de un movimiento que se organizó en línea bajo las etiquetas #buildtheresistance y #50501, cifra que representa 50 protestas, 50 estados, un día, y cuyo propósito era denunciar las medidas contra la migración, la reversión de los derechos de las personas transgénero y su propuesta para desplazar por la fuerza a los palestinos de la franja de Gaza.
Múltiples sitios web y cuentas en redes sociales emitieron llamados a la acción, con mensajes como rechazar el fascismo y defender nuestra democracia.
Afuera del Capitolio estatal en Lansing, Michigan, se reunieron cientos de personas aun con temperaturas bajo cero, mientras en Alabama, centenares se congregaron afuera del Capitolio estatal para protestar contra acciones dirigidas a personas LGBT+.
En Filadelfia y en los capitolios estatales de California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin e Indiana, los manifestantes sostenían carteles denunciando a Trump; al multimillonario Elon Musk, líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, y al Proyecto 2025, manual de extrema derecha para el gobierno y la sociedad estadunidenses.
La Casa Blanca anunció que retirará a casi todos los trabajadores de la Usaid de sus funciones y del campo a nivel mundial, poniendo fin a una misión de 60 años para reforzar la seguridad del país luchando contra la hambruna, las epidemias, y financiando la educación.
Marco Rubio, secretario de Estado, indicó que la decisión se tomó debido a la insubordinación de empleados que se negaron a cumplir con las demandas de justificar su presupuesto y sus programas.
Agregó que los miles de millones de dólares en ayuda extranjera que no estén alineados con los intereses actuales en política exterior de Washington serían un regalo para nuestros rivales geopolíticos.
En tanto, una jueza federal de Maryland se convirtió ayer en la segunda a nivel nacional en bloquear la aplicación del decreto de Trump, que busca a restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos de padres que se encuentren en el país de manera irregular, así como estudiantes y turistas.
La magistrada de distrito en Greenbelt, Deborah Boardman, se puso del lado de dos grupos de derechos de los migrantes y cinco embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara de manera inconstitucional la ciudadanía estadunidense basándose en el estatus migratorio de sus padres.
La jueza, designada por el ex presidente Joe Biden, emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional que bloquea la entrada en vigor del decreto de Trump en todo el país el 19 de febrero, como estaba previsto.
En tanto, horas después de rendir juramento, la fiscal general, Pam Bondi, ordenó al Departamento de Justicia que suspenda todo el financiamiento federal para las ciudades santuarios, informó CBS News.
También encargó al departamento investigar los casos en que las jurisdicciones santuarios obstruyan la aplicación de la ley y ordenar que se les procese cuando sea necesario, reportó el medio.
Varias oficinas del Departamento de Justicia proporcionaron 1.56 mil millones de dólares en subvenciones a ciudades santuarios en 2023, según el grupo de expertos Centro de Estudios de Inmigración.
Bondi ordenó revisar los dos casos federales contra Trump que presentó el ex fiscal especial Jack Smith, y que se examinaran los procesos judiciales de quienes irrumpieron en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.
Evade EU hablar de su compromiso de combatir el tráfico de armas a México
▲ Oficiales de la Guardia Nacional realizan acciones de vigilancia junto al muro fronterizo entre México y Estados Unidos en Playas de Tijuana. Hasta el momento no han reportado decomisos o arrestos.Foto Afp
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Jueves 6 de febrero de 2025, p. 5
Washington y Nueva York. Donald Trump y su administración festejan lo que califican de triunfo en el acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, mediante el cual suspendieron imponer aranceles por un plazo de 30 días a cambio de que se trasladen tropas a la frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo, pero ni el mandatario ni sus funcionarios más cercanos han confirmado públicamente el compromiso estadunidense anunciado por la Presidenta de trabajar para atacar el tráfico de armas de fuego de alto poder a los cárteles mexicanos.
Un experto estadunidense en el tráfico de armas a México señaló que Washington debe empezar a tomar medidas en este plazo de 30 días y demostrar que está dispuesto a cumplir su compromiso.
En respuesta a la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles, México y Canadá ordenaron acciones inmediatas para aliviar la migración de extranjeros indocumentados y erradicar el flujo de drogas mortales, particularmente fentanilo, a nuestro país, reiteró la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt este miércoles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó brindar permanentemente 10 mil soldados mexicanos en la frontera estadunidense. Pero no dijo más sobre el asunto ni se refirió al tráfico de armas de alto poder a su vecino.
Vacío al asunto de los artefactos de fuego
En el Departamento de Estado por primera vez se reconoció que el titular de esa instancia, Marco Rubio, conversó con su par mexicano, el canciller Juan Ramón de la Fuente. El secretario Rubio agradeció a México por su envío de 10 mil agentes a nuestra frontera. Rubio y De la Fuente afirmaron un compromiso mutuo de trabajar, como vecinos y socios, comentó la vocera Tammy Bruce en una declaración por escrito difundida a los medios. Agregó que la conversación incluyó acciones concretas para asegurar la frontera Estados Unidos-México, desmantelar las organizaciones criminales trasnacionales, frenar la migración irregular y reducir el flujo de fentanilo y químicos precursores de China. Nada más.
Aunque un tuit de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el secretario Rubio se refirió al reforzamiento fronterizo acordado con 10 mil elementos de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de fentanilo y EU trabajará para evitar el tráfico de armas, esta última frase no aparece en ninguna comunicación oficial del gobierno estadunidense aquí.
Desde el lunes, cuando se anunció el acuerdo, Trump no ha mencionado el compromiso que hizo sobre el control del tráfico de armas a México en sus comentarios a medios, mensajes por redes sociales o en declaraciones oficiales de la Casa Blanca, aunque ha festejado su logro de convencer a México y Canadá de tomar medidas para fortalecer las fronteras contra migrantes indocumentados y drogas.
La Jornada solicitó comentarios y mayor información al Departamento de Estado y a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pero hasta el cierre de este edición no se recibió respuesta.
Trump debe demostrar que cumplirá con el compromiso que hizo a la presidenta Sheinbaum de trabajar para frenar el tráfico de armas de fuego de alto poder de su país a México, señaló John Lindsay-Poland, experto en el tráfico de arsenales entre Estados Unidos y México.
Debemos estar atentos sobre cuántas armas de fuego son confiscadas por Estados Unidos, cuántos comerciantes involucrados en el tráfico son inspeccionados, y cuánta gente es detenida por el ilícito durante este periodo. Los números deberían de ser altos, para demostrar que el lado estadunidense está cumpliendo con el acuerdo inicial, argumentó Lindsay-Poland.
El director del plan Detener el envío de armas estadunidenses a México de Global Exchange, en entrevista con La Jornada, también sugirió otros pasos para que el gobierno de Trump demuestre su voluntad de cumplir ese compromiso. Entre éstos: debe apoyar el proyecto de ley introducido en el Congreso el martes para prohibir la venta comercial de rifles de calibre .50, unos de los favoritos de los cárteles de droga.
Puede emitir una orden ejecutiva para prohibir la venta comercial de rifles de asalto con alta capacidad de municiones. Si los cárteles son candidatos para ser declarados organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de Trump debería hacer todo lo posible para evitar que les lleguen armas mortales. Si no quieren emitir una orden ejecutiva, debe apoyar el proyecto de ley con el mismo efecto.
Debe también inspeccionar a todo comerciante de armas que ha sido implicado en la venta de artefactos de fuego traficados a México en por lo menos los pasados dos años para asegurar que no están facilitando el tráfico a los cárteles.
Es necesario frenar la importación por Estados Unidos de rifles de asalto, muchos de los cuales son traficados después a México.
Y, finalmente, apoyar la legislación que requiere una verificación de historial de compradores en la venta de armas, sobre todo en estados con el nivel más alto de tráfico de armas a México: Arizona, Texas y Florida.
Y eso sería sólo un inicio, concluye Lindsay-Poland.
