Le ordenan descongelar el gasto federal // Bloquean su decreto para negar ciudadanía estadunidense por nacimiento // Suspenden plazo para que renuncien los burócratas
▲ Jubilada de la Usaid sostiene un títere de bufón que representa al presidente Donald Trump, en una movilización en apoyo a trabajadores de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, ayer en Washington.Foto Ap
Ap, Afp, Reuters y The Independent
Periódico La Jornada Martes 11 de febrero de 2025, p. 21
Washington. Donald Trump sufrió ayer tres reveses judiciales. Un juez federal determinó que su gobierno no ha cumplido con su orden de descongelar el gasto federal y le ordenó desembolsar el dinero; otro bloqueó su orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía estadunidense por nacimiento, y un tercero suspendió el plazo para que renuncien voluntariamente los burócratas.
El juez John McConnell, de Providence, en el estado de Rhode Island, encontró evidencia de que algunas subvenciones y préstamos federales aún no se están entregando a los destinatarios y ordenó que se libere el efectivo.
La administración republicana ha dicho que la pausa era necesaria para asegurar que el gasto federal esté en línea con la agenda del presidente.
El juez aclaró que su fallo también impide al gobierno de Trump recortar miles de millones de dólares a los institutos nacionales de salud.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
La orden responde a una demanda de 23 fiscales generales estatales demócratas.
Un juez federal diferente en Washington emitió una orden de restricción temporal contra el plan de congelación de fondos y desde entonces ha expresado preocupación de que los grupos sin fines de lucro no estén recibiendo su financiamiento.
En Concord, Nueva Hampshire, el juez federal de distrito Joseph Laplante bloqueó la orden ejecutiva de Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos sin papeles.
La decisión surge después de dos fallos similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.
Laplante, quien fue nominado por el ex presidente republicano George W. Bush, dijo que no lo convencieron los argumentos de los abogados de la administración Trump.
Una demanda presentada por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostiene que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución e intenta subvertir uno de los valores constitucionales más fundamentales. Fue presentada en nombre de grupos defensores de los inmigrantes, incluidas embarazadas cuyos hijos podrían verse afectados.
En tanto, el juez federal George O’Toole suspendió el plazo dado por el gobierno federal para la dimisión voluntaria de funcionarios federales y prohibió que se emitan nuevas propuestas en este sentido.
Los trabajadores federales seleccionados tenían hasta el jueves para renunciar y recibirían los salarios correspondientes hasta finales de septiembre.
El sindicato que representa al personal de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB) demandó al jefe interino de la agencia, después de que el gobierno ordenó el cese de la actividad de este organismo.
El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro presentó dos demandas judiciales contra el director interino del CFPB, Russell Vought, acusándolo de intentar cerrar la agencia –creada por el Congreso– y de dar al Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, acceso a la información personal de los empleados.
Las medidas de Vought reflejan un intento ilegal de frustrar la decisión del Congreso de proteger a los consumidores, argumentan en una de las demandas.
La CFPB se creó a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y actúa como organismo de control en temas como las hipotecas, las tarjetas de crédito o el cobro de deudas.
En este contexto, funcionarios y policías federales impidieron la entrada a numerosos empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que se presentaron a trabajar en su sede de Washington, luego de que un tribunal bloqueó de manera temporal una orden del gobierno que habría retirado a casi todos los trabajadores de sus puestos a nivel mundial.
Hampton Dellinger, el recién destituido jefe de la Oficina del Asesor Legal Especial, agencia federal dedicada a proteger a los denunciantes, demandó a Trump, alegando que fue destituido de manera ilegal como parte de la masiva restructuración del gobierno.
Dellinger fue informado de su despido en un correo electrónico el viernes por la noche por el director de personal de la Casa Blanca, quien dijo que escribía en nombre del presidente.
El desmadre trumpiano
José Blanco
Trump no es una anomalía sino un síntoma. EU vive una crisis de consenso: no es más una fuerza hegemónica de dirección cultural sobre el mundo. Redujo sus instrumentos de dominio al desnudo poder económico de sus empresas y a su brutal fuerza militar. EU nació al mundo en el último tercio del siglo XIX como una fuerza arrolladora única, científica y tecnológica, que impulsaba el desarrollo industrial. Ese momento se volvió historia disuelta en la historia planetaria. Una gran parte del mundo accedió al conocimiento. La economía de EU es cada vez una fracción menor de la economía mundial. Su fuerza militar tiene rivales de poder similar. El mundo sabe que su nivel de ingreso en gran parte obedece a ventajas acaparadas al término de la Segunda Guerra Mundial, como imponer su propia moneda como el medio de intercambio universal.
Trump expresa de modo exacerbado las crudezas del poder menguante de EU y grita impotente su eslogan señero: MAGA, Make America great again. ¿Por qué hacer a EU grande otra vez? Justamente porque sabe, como todo el mundo, que EU se ha ido empequeñeciendo y le resulta intolerable. Por eso atiza golpes a diestra y siniestra con el fin de aterrorizar: soy el más cabrón del barrio y la razón me importa un carajo. Hacer a EU grande otra vez, no es ajeno a sus ásperas pulsiones de inversionista inmobiliario y de mercader enloquecido: qué bello vender de todo, gorras, camisetas, zapatos, biblias y más y más, incluido un librito sobre el intento de asesinarlo; cuesta 99 dólares, o 499 con su firma; y quiere más propiedades, quiere a Gaza y construir rascacielos ahí y crear la Costa Azul de Medio Oriente, y saltar echando piruetas como Rico McPato. En acumular más pondrá las mayores energías. Conocerlo mejor debe ser parte de las decisiones de cómo enfrentarlo.
En la última edición dominical del portal SinPermiso podemos hallar los siguientes títulos: Contra Trump, miedo o resistencia (Harold Meyerson); No le creas (a Trump) (Ezra Klein); Trump: el acoso como forma de gobernar (Adam Tooze); El teatro de la crueldad de Trump (Henry A. Giroux). En Project Syndicate, Dani Rodrik escribe: Cómo no responder a los aranceles de Trump. Va conformándose una línea discursiva que llama a justipreciar el poder y los alcances reales del lenguaraz.
Dice Giroux: “La relección de Donald Trump… marca un punto de inflexión político…, el ascenso de un orden cadavérico, una nación que se endurece bajo el peso de su propia decadencia. Su segundo arribo es menos una victoria que una marcha fúnebre, una procesión espectral de hombres huecos con corbata roja y andares rígidos”. Dani Rodrik, escribe: Todo el mundo sabe que un matón de patio de colegio debe ser enfrentado con una oposición decidida si se quiere disuadirlo. Pero cuando se trata de los desquiciados aranceles comerciales de Donald Trump, la mejor respuesta es mantener la calma, retroceder y dejar que el matón siga golpeándose a sí mismo. Ezra Klein resume unas tesis de Steve Bannon: “‘Si se abruma a los medios de comunicación, si se les da demasiados temas para examinar, todos a la vez, si se les mantiene moviéndose de una cosa a otra, no puede surgir una oposición coherente. Incluso pensar de manera coherente es difícil’. Las primeras dos semanas de Donald Trump en la Casa Blanca han seguido la estrategia de Bannon como un guion. El punto es la inundación. El objetivo es el agobio. El mensaje no está en una sola orden ejecutiva o anuncio. Está en el efecto acumulativo de todo”. Adam Tooze señala: El poder del acoso no es lo mismo que el autoritarismo, la tiranía, la dictadura o la represión. El acoso implica el uso del poder para humillar, así como para intimidar, herir o coaccionar. El acoso es transgresor y excesivo. Va más allá de la policía, el castigo o la coerción convencionales y, sin embargo, también es menos. Es menos intencional e instrumental que otras formas de poder. La prensa internacional contiene ya una larguísima lista de reflexiones para retratar al magnate maromero. No obstante, cuidado, el poder herido puede dar zarpazos horribles.
El debate en EU sobre los aranceles trumpianos está a todo lo que da. Algunos, como el propio Trump, imaginan que van a enriquecer a EU y a inaugurar una nueva época productiva. Las posturas van desde quienes creen que los aranceles le darán una nueva vida, hasta quienes ven claramente un autoflagelo. Debería ser evidente que EU no es una economía industrial emergente que necesita proteger a sus nuevas industrias de sus competidores poderosos. EU es una economía madura con una industria en declive que no se recuperará con aranceles a las importaciones chinas o alemanas. Los empresarios gringos no iniciarán el montaje de una industria en EU en el periodo de Trump, porque apenas durará cuatro años. Tiempo muy insuficiente para montar un nuevo proyecto de inversión. La industria de EU montada en territorio de EU no inagurará una nueva historia con la varita mágica arancelaria de Trump.
Archivos de Kennedy muestran colaboración entre México y la CIA
▲ Documento desclasificado sobre el asesinato del presidente estadunidense John F. Kennedy
Jim Cason y David Brooks / I Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 11 de febrero de 2025, p. 20
▲ Lee Harvey Oswald, asesino de John F. Kennedy, en imagen de noviembre de 1963, escoltado por policías de Dallas.Foto Ap
Washington y Nueva York., La orden del mandatario Donald Trump de abrir todo el archivo secreto del gobierno relacionado con el magnicidio del presidente John F. Kennedy en 1963 probablemente no ofrecerá pruebas de un complot de la CIA, pero entre otras cosas sí revelará más detalles sobre la colaboración entre la CIA y los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz para espiar a figuras de la oposición política mexicana, refugiados políticos de otros países, incluyendo estadunidenses y guatemaltecos, y sobre diplomáticos cubanos y soviéticos en México.
El gobierno mexicano hoy día podría expeditar la divulgación de estos documentos si llama públicamente a que Washington revele los detalles sobre esta colaboración en los años 60, coinciden un juez y dos expertos estadunidenses sobre estos archivos de la CIA entrevistados por La Jornada. Esto es también parte de la historia de México, señaló Jefferson Morley, ex periodista del Washington Post, quien se ha dedicado a la investigación del asesinato de Kennedy durante 30 años.
Explicó a La Jornada que fue la visita del supuesto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, a la Ciudad de México seis semanas antes del magnicidio y el espionaje de la CIA de sus movimientos que revelaron primero las dimensiones de la colaboración entre la agencia y el gobierno mexicano. La CIA, trabajando con López Mateos y el jefe de la Dirección Federal de Seguridad Rodolfo Echeverría, siguieron a Oswald, lo fotografiaron y grabaron sus conversaciones con funcionarios de las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en México. El solo hecho de que la CIA estaba monitoreando a Oswald en la Ciudad de México ha nutrido la especulación de que la agencia misma de alguna manera está involucrada en el asesinato de Kennedy, sea directamente o por su fracaso para evitarlo.
La CIA resistió revelar detalles de este espionaje aun en los años 90, comentó el juez John R. Tunheim, quien encabezó la llamada Junta de Evaluación sobre Asesinatos establecida por el Congreso en esa década para promover la divulgación de todos los documentos secretos oficiales sobre el asesinato. Más de 3 mil documentos no han sido totalmente divulgados hasta hoy, lo cual se ha justificado en parte por preocupación de que el gobierno mexicano podría oponerse o molestarse con la divulgación de estos archivos. El carácter de esa cooperación y los detalles de esa cooperación eran considerados sensibles en los 90. No veo ninguna razón por esa sensibilidad hoy, comentó el juez a La Jornada.
El investigador experto Morley señaló que el propio gobierno mexicano ha lanzado un proceso de desclasificación de documentos oficiales, notablemente sobre el periodo de la llamada guerra sucia de los 70. ¿Y si la presidenta Claudia Sheinbaum dijera queremos saber de esto; esta es nuestra historia también. Por favor podrían desclasificarlo?, pregunta. El juez Tunheim agregó que ya que la CIA trabajó y compartió información con esos gobiernos mexicanos, el país podría tener parte de esa información en sus propios archivos que podrían ser útiles en dar más pistas sobre el asesinato de Kennedy.
Lo que sabemos de los documentos ya divulgados es que el centro de intervención telefónica estaba ubicado en un edificio del gobierno mexicano, y la manera en que la CIA obtuvo la cooperación de los mexicanos fue que les dijeron que compartirían las grabaciones con ellos, explicó Morley.
Los mexicanos brindaron la infraestructura, el personal y la gente que estaba escuchando las comunicaciones (la CIA también tenía a su propia gente escuchando), pero había una sala grande de mexicanos transcribiendo las grabaciones, así de cercana era la relación.
La renuencia o fracaso del gobierno estadunidense en divulgar todos los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy ha llevado a comisiones de expertos, investigaciones legislativas y una industria de teorías y especulaciones sobre el magnicidio durante más de medio siglo. La película JFK, de Oliver Stone, obligó al Congreso a aprobar una ley en 1992 que resultó en la creación de la Junta de Evaluación sobre Asesinatos que encabezó Tunheim, y la divulgación de casi otro millón de documentos relacionados con el asesinato. Esa junta proclamó que la divulgación final de todos los documentos relacionados al caso Kennedy debería ocurrir para 2017, pero la CIA frenó esa divulgación final y/o divulgó documentos que estaban aun ampliamente censurados.
La decisión de Trump de divulgar el archivo completo sobre el asesinato de Kennedy, así como los relacionados con los asesinatos de su hermano Robert F. Kennedy y el reverendo Martin Luther King, supuestamente es resultado, en parte, de la presión de Robert Kennedy hijo, quien es un aliado del presidente y ha sido nominado para secretario de Salud y Servicios Humanos del nuevo gobierno. Otra voz cercana al mundo de Trump, el influyente conductor de televisión conservador Tucker Carlson, también ha cabildeado por la divulgación de todos los documentos secretos, pensando que se revelará que tiene la razón en pensar que la CIA asesinó a Kennedy.
Al preguntarle si estos documentos ofrecerán pruebas de algo así, Morley comentó: lo que hemos aprendido en los últimos 10 años es que la historia oficial no es la verdad. No tiene sentido ante la totalidad de las pruebas. Agregó: ¿Qué sucedió? Creo que el peso de la evidencia es que el presidente fue asesinado por enemigos dentro de su propio gobierno que tenían la capacidad para hacer que pareciera otra cosa, de trasladar la culpa sobre alguien más. Esa es una técnica clásica de la inteligencia. Yo no tengo una teoría, veamos los archivos.
Al leer algunos de los documentos hoy día es difícil evaluar qué tanto de estos informes son resultado de un agente buscando complacer a sus jefes y qué tanto es preciso. Fulton Armstrong, ex agente de inteligencia que trabajó, entre otras cosas, para la CIA y la Casa Blanca, advierte a La Jornada de que sólo porque algo está en un documento secreto oficial no necesariamente es verídico, sobre todo lo producido por una agencia que no siempre da prioridad máxima a la verdad cuando una mentira puede servirle mejor a sus intereses.
