El presidente Milei amenaza con imponer dos jueces en la Corte Suprema y con sacar del Mercosur al país
▲ Jubilados, a quienes el gobierno ha quitado beneficios, mantienen sus protestas contra Javier Milei frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.Foto Afp
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 23
Buenos Aires., El gobierno del ultraderechista Javier Milei amenazó con nombrar por decreto a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombres envió al Congreso, lo que colisiona con el Senado y genera fuertes debates, mientras la situación general de Argentina se agrava como nunca antes.
Además, a días de la reunión de los presidentes del Mercado Común del Sur, en Uruguay, el 6 de diciembre cuando Argentina debe asumir la presidencia pro tempore, Milei sugirió que podría romper con esta alianza para firmar un Tratado de Libre Comercio con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Próximo a cumplirse un año del actual gobierno, el 10 de diciembre, Milei enfrentará su periodo más difícil, ya que abrió demasiados frentes polémicos en todos los ámbitos, y el tumultuoso debate de ayer en la Cámara de Diputados, en la que hubo llantos, gritos, insultos y acusaciones, demostró que, como alertan dirigentes sindicales, economistas y analistas, se ha llegado a una situación similar, o más grave, de la que produjo la rebelión popular del 19-20 de diciembre de 2001, la cual llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
Difícil es entender el laberinto político argentino ya que ayer el gobierno de la Libertad Avanza no logró quorum para votar la llamada Ley de ficha limpia, presentada por la Unión Cívica Radical y la derechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza su socio el ex presidente Mauricio Macri, sin los cuales Milei nunca hubiera ganado en la segunda vuelta cuando enfrentó a la Unión por la Patria (peronista) en noviembre de 2023.
Macri impulsó dicha legislación para impedir que compitan electoralmente los políticos que tuvieran causas por corrupción y malversación de fondos, entre otras, por lo que los destinatarios de ficha limpia son la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o algunos de sus ex funcionarios, a los que con la complicidad de la justicia inventaron causas falsas, entre ellas la llamada de vialidad, por la cual la Cámara de Casación ha pedido la detención de Fernández (seis años de prisión) y se la proscribe de por vida para ocupar un cargo público.
Esta cámara está conformada por jueces pertenecientes al llamado Partido judicial, surgido de un plan entre Macri y la embajada de Estados Unidos, que utilizó el lawfare, juidicializando la política con la complicidad de los medios masivos de comunicación, los servicios de inteligencia y las derechas para denigrar, matar moralmente a los mandatarios y funcionarios que no son sumisos a los poderes hegemónicos, como se ve en toda la región.
Por otra parte, se preparan grandes movilizaciones para los próximos días. Las dos centrales de trabajadores argentinos organizan una movilización para el 5 de diciembre bajo la consigna “La Patria no se vende», para protestar contra el ajuste económico que continúa sobre la clase asalariada.
En un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil, se demostró que existe una pérdida brutal de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios (…) el retroceso histórico es tan grande que el valor real del salario mínimo ya es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990”. Nota completa en https://bit.ly/3B5OpuX.
Bolsonaro admite que en 2022 buscó declarar el estado de sitio en Brasil
Sputnik y Europa Press Periódico La Jornada
Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 23
Río de Janeiro., El ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro admitió en una entrevista haber discutido con mandos militares la opción de declarar el estado de sitio, un mecanismo legal previsto en la Constitución para casos excepcionales (como una guerra o invasión armada extranjera) que anula las garantías individuales y otorga al presidente de la república poderes plenos, tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
“¿Debatir uno de los artículos de la Constitución es delito? ¿Se llevó a cabo alguna de esas posibles propuestas? El comandante del ejército habló sobre eso (…) y no fue una discusión muy acalorada, porque rápidamente expresé, ‘mire, olvídese, lo correcto es presentar una petición al Tribunal Superior Electoral (TSE)’”, expuso Bolsonaro, acusado por la policía federal –junto con otras 36 personas– de haber planeado un golpe de Estado e incluso el asesinato de Lula y otras autoridades.
En entrevista con el portal de noticias UOL, admitió la existencia de la minuta del golpe que presentó a las Fuerzas Armadas. “La minuta del golpe está basada en la Constitución (…) si hay una solución ahí, ¿por qué no discutirla?”, añadió que justifica esos movimientos porque, en su opinión, el Tribunal Superior Electoral era arbitrario.
El ex presidente aseguró ser víctima de una persecución y no descartó refugiarse en una embajada; en febrero ya estuvo dos noches en la sede diplomática húngara cuando se le retiró el pasaporte en el marco de la investigación. Afirmó que si debiese algo no habría vuelto de Estados Unidos donde pasó tres meses tras su derrota: no estuvo en la toma de posesión de Lula, ni en el ataque a los edificios de los tres poderes que sus seguidores perpetraron en Brasilia.
Ahora no puedo ir a dormir sin preocuparme de que la policía puede entrar en mi casa en cualquier momento, protestó.
Bolsonaro tiene una condena de inhabilitación electoral hasta 2030 por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación del Estado. No obstante, reiteró que será candidato a presidente en 2026.
Transición y ajustes
Pedro Miguel
Qué rápido se ha olvidado el caos –por no decir desmadre– intersexenal que imperaba en el aparato de gobierno en cada cambio de administración durante, cuando menos, el primer semestre de una presidencia entrante; los movimientos masivos de personal; los virajes radicales y hasta disparatados de políticas públicas –siempre, claro, dentro del canon cleptocrático neoliberal–; las montañas de dinero tiradas a la basura por la no conclusión de obras y proyectos y la sensación de zozobra que se contagiaba de las filas de los empleados públicos a sus familias y de allí, a sus entornos sociales. Vista en esa perspectiva, la transición entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el de Claudia Sheinbaum ha resultado una de las más tersas y ordenadas de la historia.
Pero el cambio explícito entre dos etapas del mismo proceso transformador –por eso el actual mandato se ha dado a sí mismo el nombre de segundo piso– conlleva, a fin de cuentas, un relevo presidencial y los ajustes son inevitables. No se trata únicamente de un cambio de personalidades y estilos en la figura presidencial y las de su equipo, sino de una actualización del proyecto de gobierno, necesaria por la simple razón de que el país y el mundo no son los mismos que los de 2018.
Hay cosas que en aquel año no parecían posibles o, cuando menos, no parecían resultar urgentes, como la sanitización del Poder Judicial, y que a lo largo del sexenio lopezobradorista se revelaron como indispensables para quitar un grave lastre a la transformación, el combate a la corrupción y la lucha contra la frivolidad y el dispendio en el sector público. Pero ya el año pasado resultaba evidente que el cártel de la toga haría todo lo que estuviera a su alcance para preservar privilegios y corruptelas, y en este 2024, con la obtención de mayorías legislativas calificadas en los comicios del 2 de junio, se dieron las condiciones necesarias para emprender esa tarea.
Otro tanto ocurrió con los organismos autónomos, bastiones del régimen oligárquico que si sirvieron de contrapeso fue sólo al esfuerzo por dejar atrás el viejo orden.
Más allá de eso, es claro que las prioridades tácticas en el sexenio de AMLO no necesariamente fueron las mismas que las que se ha fijado el gobierno de Sheinbaum, por más que ambas administraciones compartan objetivos estratégicos.
Por ello los movimientos, los ajustes y los cambios efectuados en estos casi dos meses de la nueva presidencia resultan necesarios. En ese marco tiene lugar, por ejemplo, la suspensión temporal de contrataciones y convenios por parte de Pemex, lo que ha llevado a un retraso en los pagos a proveedores y a las consiguientes protestas que algunas empresas y sus trabajadores han realizado esta semana en Tabasco. Y en diversos ámbitos del gobierno federal se han producido entre empleados temporales, de confianza y por honorarios, despidos y reubicaciones que causan incertidumbre a muchas personas; cómo no, si la pérdida del empleo es una de las circunstancias más estresantes, seguida por el cambio brusco de las condiciones laborales. Es lamentable, desde luego –y cabe esperar que muy pronto cambie para bien el panorama de los afectados–, pero se trata de un fenómeno consustancial a todo cambio de gobierno, tanto en México como en cualquier otro país.
En contrapartida, en esta segunda etapa de la 4T se consolidan los programas sociales y se extienden a nuevos segmentos de la población, se opera la mejoría de los servicios públicos en general, hay mejores condiciones para enfrentar la violencia delictiva, se continúa la obra de infraestructura –como las líneas de ferrocarril de pasajeros que irán desde la capital hasta Nogales y Nuevo Laredo, que conectarán más de una docena de ciudades y cuya planificación se anunció ayer– y se impulsa un ciclo de crecimiento económico que habrá de traducirse, a fin de cuentas, en la generación de empleos.
El sexenio apenas está empezando y falta mucho por ver. En lo inmediato, la Presidenta de México se ve bien en el cargo y lo desempeña mejor, como lo demuestra la forma serena, pero firme, con la que ha venido manejando los aspavientos trumpianos. No menos importante, en cosa de dos meses ha probado que una presidenta con principios puede hacer más por el país que una docena de presidentes prianistas juntos, y eso es un aporte fundamental al avance de la revolución de las conciencias, que es la tarea de más largo aliento de la 4T.
Con todo y sus ajustes que no llegan ni de lejos a turbulencia, esta transición ha resultado mucho más fluida y armónica que las que solía haber en el viejo régimen y parece ser que está por concluir. Cuando el gobierno cumpla sus primeros 100 días habrá oportunidad para un nuevo examen.
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