Entre el 8 y el 15 de mayo pasados los agricultores maiceros de Sinaloa, con sus modestos y antiguos tractores, tomaron las plantas de Pemex en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán en demanda de un precio de 7 mil pesos por tonelada para su cosecha de maíz y de 8 mil para el trigo.
Son alrededor de 27 mil productores de maíz, de los cuales 85 por ciento siembran en tierras ejidales y el resto en pequeña propiedad; la mayoría son de riego, cultivan en otoño-invierno y, a partir de sus buenos rendimientos, cercanos a 12 toneladas por hectárea, aportan alrededor de 6 millones de toneladas de grano blanco no transgénico, que se utiliza para la elaboración de las tortillas en las ciudades.
La política agrícola del gobierno actual canceló la mayoría de los apoyos a la agricultura comercial de riego, como el financiamiento a tasas preferenciales, los programas de comercialización y los apoyos a la producción. Durante los tres años anteriores, los maiceros no tuvieron problemas gracias a los precios internacionales altos que, influidos por problemas climáticos en el cinturón maicero de Estados Unidos, o por la Guerra en Ucrania, superaron el precio objetivo y el mercado pagó a los agricultores sin que el gobierno tuviera que gastar en compensarlos.
Sin embargo, para el ciclo otoño-invierno en el que actualmente se cosecha, los costos de producción subieron en casi 35 por ciento, mientras los precios internacionales del cereal se redujeron y la apreciación del peso frente al dólar colocó el precio de mercado en 5 mil 625 pesos la tonelada, muy por abajo del precio del año pasado de 7 mil pesos, y que los productores requieren como mínimo para pagar sus créditos y tener algo de utilidad por su trabajo.
Desde 1996 y en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los maiceros mexicanos fueron colocados en el mercado abierto y deben competir con los de Estados Unidos y Canadá en condiciones de franca desventaja no sólo por el clima y la forma de producción, sino también por la política agrícola. Los agricultores estadunidenses cuentan con una red de seguridad que entra en operación cuando falla el mercado. Sin importar su tamaño o productividad, ellos tienen subsidios bajo distintos programas, por ejemplo, préstamos de ayuda a la comercialización, coberturas de pérdida de precios, precios objetivo, tasas de préstamo y muchos otros, fijados por ley y no sujetos a las prioridades de cada administración.
Aunque el gobierno mexicano actual definió la autosuficiencia alimentaria como uno de sus objetivos centrales, el Acuerdo para Contener la Inflación y la Carestía (Apecic) de octubre 2022 tuvo efectos contrarios al fomento de la producción agrícola que estallaron en los problemas de comercialización de la cosecha actual de Sinaloa.
El Apecic eliminó los aranceles y requisitos para 15 grandes empresas que pueden importar 24 productos desde cualquier país, independientemente de que tengan acuerdo comercial con México. El maíz es uno de estos productos y entre las firmas se encuentran Maseca y Minsa, las cuales controlan el mercado de la harina de maíz, además de siete compañías pecuarias que utilizan el maíz como insumo para la alimentación de puercos, pollos y reses, más otras tres de autoservicio que ofrecen tortillas a un precio sustancialmente más bajo que las tortillerías.
Las importadoras se apresuraron a comprar 400 mil toneladas de maíz blanco de Sudáfrica, que ingresó al país entre septiembre y abril pasados. Este grano debe ser transgénico, pues más de 80 por ciento de la producción sudafricana lo es, y aunque se destine al consumo humano, el Apecic exenta a las importadoras de revisiones sanitarias.
Además, durante los primeros tres meses de este año distintas empresas importaron 4.9 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos, 700 mil toneladas más que las importadas en el mismo periodo de 2022.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que México importó también más de 400 mil toneladas de maíz de Sudamérica y que las compras externas de maíz acumulan en estos cuatro meses cerca de 7 millones de toneladas, 18.2 por ciento más que el año anterior.
Después de alentar las importaciones, el gobierno mexicano busca quitar la presión al mercado de la gramínea y retirar un millón de toneladas a precio de garantía –cercano a 7 mil pesos la tonelada– que Segalmex comprará a los pequeños productores de menos de 10 hectáreas, con el fin de formar una reserva estratégica, y 300 mil toneladas para Diconsa, en tanto la administración estatal retirará del mercado 500 mil toneladas. No obstante, hay 4.2 millones de toneladas que no tienen mercado, lo que motivó la movilización de los agricultores. Los maiceros esperan una respuesta de parte del secretario de Gobernación, con el objetivo de construir un precio para el volumen restante.
La liberalización del mercado a fin de controlar la inflación y beneficiar a 15 empresas resultó contraria al fomento de la producción para la autosuficiencia alimentaria.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
Caso Roxana: llamado de atención
La Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) reconoció ayer que Roxana Ruiz Santiago actuó en legítima defensa cuando mató al hombre que la violó el 8 de mayo de 2021 y, por tanto, se desistió de ejercer acción penal contra ella. Con el retiro de los cargos por parte del ministerio público queda sin sustento la sentencia de la jueza Mónica Osorio Palomino, quien el lunes 15 condenó a Roxana a seis años y dos meses de prisión; así como al pago de siete mil 748 pesos de multa, 196 mil 267 pesos por reparación integral de daño, más 89 mil 620 pesos por daño moral tras declararla culpable de homicidio con la atenuante de uso excesivo de la legítima defensa.
La historia de Roxana Ruiz compendia las amenazas a que se ven expuestas las mujeres en una sociedad que está muy lejos de erradicar la violencia machista. Mujer indígena, cuando tenía 15 años Roxana migró desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, al municipio mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl, donde se ganó la vida como vendedora y padeció maltratos del padre de su hijo. También allí fue procesada penalmente sin consideración a los protocolos sobre víctimas de violencia sexual que debieron aplicarse en su caso, y pasó nueve meses en la cárcel pese a que los cargos que se le formularon no justificaban esa medida preventiva.
El calvario que ha sufrido la joven durante los pasados dos años puede leerse también como un recuento de las fallas del aparato de procuración de justicia en general, y del Poder Judicial en particular. En 2021, se le dictó prisión preventiva oficiosa de manera equivocada y, aunque su defensa demostró la imposibilidad de que se fugara, pusiera en riesgo a los testigos o a la familia de su violador, permaneció recluida porque un tribunal impugnó la resolución de un juez de control, quien ya previamente ordenó que siguiera su proceso en libertad. La aberrante sentencia de la jueza Osorio Palomino habría devuelto a Roxana a un centro penitenciario, con consecuencias devastadoras para su propia vida y la de su hijo de cuatro años.
La decisión de la fiscalía mexiquense de anular los cargos contra Ruiz Santiago se produjo gracias a la grave indignación social generada por la condena. Si bien cabe congratularse de que las autoridades hayan escuchado el clamor de justicia y revertido esta afrenta contra todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones misóginas, resulta injustificable que este proceso se prolongara por más de 24 meses de zozobra e incertidumbre para Roxana. Más inquietante todavía es la sospecha de que en las prisiones del país hay otras mujeres en situaciones análogas a la de la joven oaxaqueña, quienes hasta ahora carecen de perspectivas de escapar de tan terribles circunstancias porque sus casos no han alcanzado resonancia mediática y política.
Lo ocurrido con Roxana Ruiz no debe caer en el olvido, sino motivar a una revisión profunda del funcionamiento de fiscalías y juzgados, así como impulsar el urgente reforzamiento de las capacitaciones en materia de perspectiva de género para los funcionarios en cuyas manos se encuentra la libertad de miles de personas.
