Carlos Fernández-Vega
▲ Automóviless hacen fila para cargar gasolina en una estación de La Habana, días después de que la estatal Unión Cuba-Petróleo anunciara un déficit de la disponibilidad de combustible y las dificultades en su transporte.Foto Afp
Y exige credibilidad y respeto, por ser garante, dice, de la democracia, la transparencia y el servicio a la ciudadanía: la jerarquía del Instituto Nacional Electoral (INE) ocultó los resultados de una encuesta –organizada y pagada por ella misma, recursos públicos de por medio– cuyos resultados favorecen a la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador. Así es de inteligente la derecha, aquí y allá, pues Lorenzo Córdova y su pandilla se asemejan al gobierno estadunidense y sus títeres en la Unión Europea: toman decisiones que en cuestión de minutos les revientan en su propia cara.
Se llena la boca con el discurso del derecho a la información, la nitidez y la defensa de las instituciones, cuando resulta ser la primera en violar esos principios, siempre con el coro de la derecha (curas e intelectuales orgánicos incluidos) que denuncia, duro que te dale, que la citada reforma sería un retroceso y sinónimo de un oscuro futuro para el país si ella es aprobada, aunque en realidad lo único que defienden son sus prebendas y el goce del grueso presupuesto público del que gozan.
Por cierto, los señores de las sotanas son los menos calificados para denunciar que la citada reforma presidencial es regresiva y un agravio de la democracia, porque si hay algo totalmente alejada de ella es la Iglesia católica, sus finanzas y la selección del mando (sin olvidar la pederastia), por citar sólo algunas de sus gracias. ¿Imaginan cómo defienden la democracia los que históricamente han estado al lado del poder o al frente de él, a los creadores de la Inquisición, a quienes han avalado las barbaridades de conquistadores, golpistas y dictadores? Son una suerte de neoliberales de la fe. El colmo del cinismo.
Con la encuesta citada, la jerarquía del INE pretendía que la ciudadanía descalificara la iniciativa de Andrés Manuel, pero, hábil que es, lo único que logró fue darse un tiro en el pie y exhibirse aún más, porque las respuestas obtenidas resultaron ser mayoritariamente favorables a la propuesta presidencial. ¿Qué hacer?, se preguntó la pandilla, y encontró una solución muy inteligente: en nombre del derecho a la información y la transparencia –de los que dice ser garante– cínicamente ocultó los resultados y dejó que otros medios publicaran encuestas a modo en su vano intento por darle vuelta a la realidad.
Y ahora que se conoció públicamente el resultado de la encuesta organizada y pagada por el INE desde septiembre pasado, esa jerarquía ya no sabe qué inventar en su pretensión de justificarse, y como no sabe decir otra cosa recurre a la desgastada cantinela: es una campaña para acabar con las instituciones democráticas, con el consabido coro celestial, empresarial y de los jilgueros mediáticos. Así, el consejero electoral Jaime Rivera salió a denunciar los ataques al INE; es un hecho innegable, y en ese contexto se puede entender que la confianza en el INE pueda bajar en algunos sectores cuando todos los días le dicen que el INE hace fraude. Y se quedó tan tranquilo.
¿Cuáles son los resultados de la encuesta perdediza? Entre otros: 51 por ciento de los participantes se manifestó en favor de la reforma electoral (de Andrés Manuel); 78 por ciento se mostró de acuerdo en que consejeros y magistrados sean elegidos mediante voto popular; 87 por ciento se pronunció por reducir diputaciones y senadurías; 72 por ciento opina que los partidos políticos reciben mucho dinero; 96 por ciento está de acuerdo en destinarles menos recursos; 52 por ciento en que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (estos puntos son parte de la iniciativa del cambio constitucional en la materia enviada en abril al Congreso por el Ejecutivo). En cuanto al organismo en sí, revela que la opinión positiva hacia el organismo disminuyó 11 puntos de 2021 (67 por ciento) a septiembre de 2022 (56) y en el mismo periodo la negativa aumentó 5 puntos: de 17 a 22; 43 por ciento cree que el instituto gasta demasiado, y 85 por ciento que la reducción presupuestal al INE no afectaría su derecho a votar ( La Jornada, Fabiola Martínez).
Las rebanadas del pastel
En la Asamblea General de la ONU, México condenó enérgicamente el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba por ser violatorio del derecho internacional. El embajador Juan Ramón de la Fuente subrayó que el gobierno estadunidense debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición; el desacato, resulta simplemente inaceptable.
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Lorenzo Córdova: opacidad y cinismo
El Instituto Nacional Electoral (INE) ocultó los resultados de una encuesta, encargada por este mismo organismo (y financiada con recursos públicos), en la cual se revela el abrumador apoyo ciudadano a las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma en materia electoral impulsada por el partido gobernante. De acuerdo con el sondeo efectuado entre el 9 y el 10 de septiembre pasado, 87 por ciento de los encuestados están a favor de reducir el número de diputados y senadores, 78 por ciento apoyan que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por el voto popular y 74 por ciento dan su aval a reducir el presupuesto del instituto (85 por ciento de los cuales consideran que ello no afectaría su derecho a votar). Asimismo, 72 por ciento opinan que los partidos políticos reciben mucho dinero y 96 de cada cien piden entregarles menos recursos.
Otros dos puntos del proyecto de renovación tienen menos respaldo, pero aun así son claramente preferidos sobre el estado actual de las cosas: la sustitución del INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) tiene 52 por ciento de opiniones a favor frente a 40 por ciento en contra, mientras la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales recibe 53 frente a 43 por ciento, respectivamente.
Estos datos sólo se divulgaron porque la representación de Morena ante el organismo exigió que se le entregaran los archivos del ejercicio demoscópico, lo cual supone una muestra más de la discrecionalidad y opacidad con que se conducen el consejero presidente Lorenzo Córdova y sus colegas. La errática actuación de la dirigencia del INE no pasa desapercibida a los ciudadanos, cuya opinión positiva hacia el instituto se desplomó en 11 por ciento de 2021 a septiembre de 2022, pasando de 67 a 56 por ciento, siempre según la encuesta referida.
Así pues, las cifras son contundentes: los mexicanos quieren que las autoridades electorales y los partidos políticos se ciñan a un presupuesto racional y sensible con la realidad del país, quieren que la designación de consejeros y magistrados se rija por métodos democráticos en vez de pactos cupulares, quieren una composición más ajustada del Congreso y cerrar la llave del erario al dispendio de los partidos políticos. Los porcentajes de adhesión a estas posturas dan cuenta de un amplio consenso ciudadano, principal criterio que debe guiar a las democracias. Por ello, resulta cínico el mensaje publicado por Córdova el domingo pasado, en el cual reclama que una reforma político-electoral requiere siempre del máximo consenso posible en momentos en que tenía en sus manos la prueba irrefutable de que ese acuerdo ya existe y no es necesario buscarlo en los pactos elitistas a los que apela.
El consejero presidente debe entender que su función es organizar los comicios, no tratar de imponerle al Legislativo los contenidos de una iniciativa de reforma ni los procedimientos para tramitarla, pues ni él ni mucho menos la Comisión de Venecia (órgano al que el INE invitó a interferir en los asuntos internos de México) pueden dictar cómo se procesan las leyes de nuestro país.
Con sus posicionamientos, Córdova se extralimita en sus atribuciones y deja la impresión de poseer un afán desbocado por asumir funciones que no le corresponden. En este camino, vulnera el principio de que la soberanía dimana del pueblo, no de él ni de los conciliábulos entre fuerzas políticas que dieron forma a los consejos del INE y su antecesor, el IFE, a fin de asignarse prebendas insultantes y convertir los procesos electorales en jugosos negocios para encuestadoras, asesores, despachos de imagen, publicidad y mercadotecnia y otras entidades y personas orientadas a reducir el voto a una mercancía y suplantar al demos con una tecnocracia frívola, devoradora de presupuestos y repelente al sentir mayoritario.
