Jesús Murillo Karam en imagen de archivo. Foto José Antonio López
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, vinculadas a un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destacan como socios su sobrino, yerno e hijos resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando él ocupaba su cargo.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) se debe a que, derivado de la filtraciones de los Pandora Papers, en los que destacaba el ex procurador, se identificó que en 2017 la Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por retornos de inversión provenientes del extranjero y entre 2020 a 2021 colocó fuera del país 26.5 millones de pesos en cuentas propias, sin declararlo al fisco.
Sumado a ello, la unidad detalló que entre 2013 a 2015, la empresa familiar vinculada al exprocurador obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ahora Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Una vez desglosados estos vínculos, la UIF, que depende de Hacienda, presume que “posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
Agregó que la empresa familiar “presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”.
A la par, la UIF identificó que la empresa envió y recibió recursos con empresas simuladoras de operaciones, “lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”.
La unidad a cargo de Pablo Gómez detalló que llegó a estos hallazgos una vez que realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre los que destaca el exprocurador.
Justificó que, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que no se podían ignorar.
Murillo Karam está preso desde agosto y es señalado por fabricar la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa.
Zerón gestó la obstrucción en indagatoria de caso Ayoztinapa: Arosemena
La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, en entrevista con 'La Jornada'. Foto Pablo Ramos
La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, guarda el recorte de un periódico del sexenio pasado con una declaración en la que Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), declara: “La señora Arosemena no sabe nada del caso Ayotzinapa”.
Hoy, el ex jefe policiaco está prófugo en Israel, con una orden de captura pendiente ya formalizada por el gobierno mexicano. Y la comisionada, que además es coordinadora del seguimiento del organismo interamericano sobre la investigación de la noche de Iguala desde los primeros momentos de la intervención de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, argumenta: “Zerón fue un gestor de las fórmulas que se dieron para obstruir la investigación. Por lo tanto, su extradición a México es clave” para el esclarecimiento de los hechos.
Por ello, en las recomendaciones emitidas hoy por la CIDH al Estado Mexicano, se incluye el seguimiento “a la puesta en disposición de la justicia del extitular de la AIC”. Y aunque reconoce las dificultades que representa la inexistencia de un tratado de extradición entre Israel y México, la Comisión “urge al Estado de concentrar sus esfuerzos para evitar la dilación excesiva en la conducción de este procedimiento internacional y el cumplimiento oportuno de las órdenes de aprehensión” en su contra.
“Y lo menciono a él –agrega-- porque dirigía la unidad” que se encargó del encubrimiento. “Tenemos que asegurar que todos los responsables, Zerón y todos los funcionarios que utilizaron estos mecanismos de desconstruir, para engañar a las víctimas, madres y padres, sean juzgados. El análisis científico se exige para asegurar respuestas técnicas que nos permiten decir: ¿43 cuerpos quemados, en el basurero de Cocula? Imposible. En esa construcción ya está probado que hubo un operativo para obstaculizar las investigaciones y precisar qué había pasado con esos jóvenes”.
En entrevista con este diario, en víspera de la asamblea que se realizó esta mañana en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Arosemena también se refiere a la reunión que tuvo anteriormente con el nuevo fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, quien asumió el cargo sin experiencia previa en la investigación. “Le expresé la complejidad de este caso; que es conveniente tener a su alcance todos los recursos necesarios; que tiene que rodearse de personas que realmente puedan contribuir para que el manejo de la información tenga toda la utilidad indispensable”.
Explicó que la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con su nuevo titular, tendrá hasta diciembre el apoyo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por ahora solo dos de los cuatro expertos que conformaron originalmente el grupo aún permanecen asignados al caso, Ángela Buitrago y Carlos Beristain.
La decisión de reducir a dos especialistas la misión del GIEI se tomó el mes pasado a raíz de que el Grupo Interdisciplinario denunció la “intromisión indebida” de la Fiscalía General de la República. A lo anterior, la relatora explicó que “esa extensión de tiempo hasta diciembre es un tiempo importante para esta fase final, porque termina de recabar, evaluar y verificar la información que faltaba por hacer. Ese es el compromiso que se asume”.
En una visita anterior, en marzo de 2019, la relatora de la CIDH –que fue jueza de la Suprema Corte en su país, Panamá-- recomendó al gobierno mexicano establecer “una nueva narrativa como punto de partida” de la investigación, que dejara atrás la mal llamada “verdad histórica”, del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy preso.
Y Arosemana subraya que esto “es un logro del GIEI. Hay que decir que no fue un trabajo simple, fue un trabajo de mucha coordinación, de muchas exigencias de parte del propio GIEI para tener acceso a la información, para hacer contacto con documentación que había sido muy difícil de obtener. Eso fortaleció las líneas de investigación necesarias”.
Interrogada sobre la posibilidad real de que el proceso de investigación culmine con la judicialización de los señalados como responsables, respondió que es necesario “sustentar todas las órdenes de aprehensión que están en proceso” por parte del nuevo fiscal. “Lo que planteamos como comisión al Estado mexicano es que cumpla con nuestras recomendaciones y las del GIEI. Hay que asegurar que las instituciones responsables de la investigación tengan todos los elementos, los recursos y las facilidades para asegurar que ese material probatorio tenga la suficiente fuerza para asegurar una judicialización efectiva”.
En su informe, la CIDH recomienda fortalecer la independencia de los poderes. En México con frecuencia hasta el mismo Presidente lamenta la falta de independencia del poder judicial. A ello, la comisionada responde: “Yo he sido jueza, como juzgadora tu tienes que hacer valer frente a todos los poderes tu independencia, pero ¿quién investiga? No son los jueces. Quien investiga es el ministerio público, las fiscalías. La independencia tiene que estar también en las otras autoridades para la efectividad de un proceso. Porque si como fiscal no se hacen bien las cosas ¿qué pasó con las autoinculpaciones, las torturas? ¿Cuál es la consecuencia?, sencillamente el juez no puede ignorar eso. Por eso se debe cuidar el debido proceso, la debida diligencia. Se tiene que cuidar al juez pero también investigador”.
