Es indudable que la aparición de esos modelos de negocio digitales ha transformado en buena medida las economías en el mundo, México incluido. De entrada, tales compañías han logrado maximizar sus tasas de ganancia porque sus inversiones son mínimas si se les compara con empresas restauranteras o con el negocio de los taxis convencionales: Uber y Didi no son propietarias de un solo vehículo, en tanto, Rappi no posee un solo restaurante o cocina.
Las plataformas digitales se presentan como simples intermediarias entre los clientes y los proveedores del servicio y, en el caso de las transportadoras de alimentos preparados y otras mercancías, como trianguladoras entre compradores, proveedores y transportadores.
Cierto es que las plataformas digitales –entre las que habría que incluir también a las de alojamiento, como Booking y Airbnb, y a otras– han permitido incrementar las ventas a numerosos negocios, muchos de ellos correspondientes al rubro de pequeñas y micro empresas, y han significado una creciente fuente de ingresos para millones de personas que no habían logrado encontrar empleo. Esto último fue particularmente notable durante el periodo de reclusión y distanciamiento social a que obligó la pandemia de coronavirus, cuando los servicios de aplicación permitieron, además, aminorar los contagios.
Por otro lado, estas corporaciones han de-sarticulado severamente las relaciones laborales, en la medida en que sus únicos empleados son los que laboran en los centros de cómputo, administración y, a lo sumo, atención a clientes. El resto –conductores y repartidores, que son los que aportan más valor al negocio– son clasificados como socios, con lo que las plataformas digitales se desentienden de toda obligación laboral, lo que se traduce en una precarización sin precedente del empleo: los trabajadores de las entregas y los traslados laboran a destajo y se ven obligados a explotarse a sí mismos, carentes de seguridad social, prestaciones y el resto de los derechos laborales, como el de la sindicación.
Un dato indignante es que, según un repre-sentante del colectivo Ni un Repartidor Me-nos, entre marzo de 2020 y el presente han muerto en accidentes viales al menos 69 repartidores, sin que las empresas ni las autoridades hayan hecho algo por dar, cuando menos, seguridad social a las familias de las víctimas. Es atendible, por ello, la propuesta presentada en el foro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas para que se establezca un paquete básico de protección social para los trabajadores de plataformas, con la contribución tripartita del trabajador, del gobierno y de la plataforma para la que labora.
Más allá de esa propuesta, quienes laboran para las aplicaciones tienen ante sí el desafío de remontar la atomización y la dispersión característica de su trabajo y organizarse para defender sus derechos. De las empresas que operan las plataformas cabe esperar, en cambio, la sensibilidad y la responsabilidad necesaria para asumir que quienes hacen posibles sus ganancias no son socios, sino trabajadores.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Se cumplirán 24 años de que Felipe Calderón, entonces presidente del Partido Acción Nacional, prometió una explicación pública de las razones de que el blanquiazul decidió apoyar la aprobación del Fobaproa.Foto María Meléndez Parada
Muy quitado de la pena, el presidente López Obrador llama ternuritas a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, aunque no dejó pasar la oportunidad para ubicar a ese par en su exacta dimensión: son de caricatura, hipócritas, peleles, títeres y mentirosos al servicio de la minoría rapaz. Cómo olvidar que el primero prometió bienestar para la familia y el segundo dijo trabajar para que los mexicanos vivan mejor. Y lo lograron, aunque sólo para los de hasta arriba –que incrementaron su poder y sus fortunas de forma verdaderamente alucinante–, mientras en sus gobiernos, entre otras realidades espeluznantes, se incrementó en seis y 15 millones, respectivamente, el de por sí grueso ejército de pobres.
Entre otros elementos, López Obrador recordó que Ernesto Zedillo afirmó que el Fobaproa sería benéfico para el pueblo de México y estimó que el costo del rescate rondaría los 125 mil millones de pesos. Poco antes de esa tomadura de pelo, el entonces gobernador del banco de México, Miguel Mancera Aguayo, afirmó que el apoyo a la banca sería temporal y no superaría los 50 millones de dólares. ¿Resultado? Deuda ilegal (disfrazada de legalidad por el Congreso prianista) con un costo que, hasta ahora, supera los 2 billones de pesos, y contando.
En este tenor, el mandatario sacó a relucir la negativa –falsa, desde luego– de Felipe Calderón –en ese entonces presidente nacional del Partido Acción Nacional– para legalizar el Fobaproa. Días después, con el voto blanquiazul –sin el cual no se hubiera aprobado– la deuda del rescate bancario pasó a ser, oficialmente, parte del débito público.
En este espacio se ha reseñado aquel negro capítulo de la política y las finanzas nacionales, siempre al servicio de la minoría rapaz, y la actitud del par de peleles que aventaron ajos y cebollas durante su participación en un foro ultraderechista (20 años de la Fundación Internacional para la Libertad), recientemente realizado en la capital española.
Por ello, la memoria siempre activa y aceitada: el 9 de diciembre de 1998 Felipe Calderón aseguraba que su partido “no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa. Ese día la directiva panista sostuvo dos reuniones –en una estuvo presente el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, y el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos– con los dirigentes de sus fracciones parlamentarias, en las que determinaron no aprobar ni un centavo para el servicio de la deuda del Fobaproa.
Un día después, por la mañana, Felipillo reiteraba que su partido no votará en la Cámara de Diputados el Fobaproa. El problema bancario y financiero es producto de la ineptitud gubernamental (...) que ahora implica causar un daño irreversible para muchas generaciones; se desecha por improcedente la iniciativa y pretensión del Ejecutivo (Ernesto Zedillo) de convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa. ¡No al Fobaproa!
Por la noche de ese mismo 10 de diciembre de 1998 se conoció que los panistas (léase Felipe Calderón) “llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en torno al Fobaproa, lo que (...) fue negado tajantemente por el PAN. Sin embargo, en la crónica del día se subrayó que “los priístas apuestan a que Carlos Medina Plascencia (entonces pastor de la borregada blanquiazul en San Lázaro) maneje bien la situación al interior de su bancada, y el dictamen que crea el IPAB se apruebe el 12 de diciembre. Parte del acuerdo PAN-gobierno fue no difundir la concertacesión, pero un gobierno presionado y un PRI desesperado se encargaron de filtrar el convenio, negociado en el Club de Banqueros”. Además, el PRI y Zedillo aceptaron algunas propuestas panistas, entre ellas las reformas para que el capital extranjero participara al 100 por ciento en los tres grandes bancos del país (Banamex, Bancomer y Serfin). El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez, anunció: tenemos Fobaproa este fin de semana.
Y lo tuvieron el 12 de diciembre de 1998, el entonces secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Germán Martínez (¿se acuerdan de él?), presumía: ha quedado cerrada la herida, pues se terminó el debate del Fobaproa... ya no podrán seguir lucrando con el Fobaproa... los panistas seguiremos cerrando las heridas de los problemas nacionales, mientras Felipe Calderón se comprometía a dar una explicación pública a los mexicanos del porqué el PAN aprobó la iniciativa (sí al Fobaproa).
Las rebanadas del pastel
Veinticuatro años después, Borolas sigue sin dar su explicación pública, mientras el saldo del Fobaproa no deja de crecer.
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