Ap y Afp Periódico La Jornada
Sábado 29 de octubre de 2022, p. 14
Pekín. Shanghái, la mayor ciudad de China, ordenó ayer pruebas masivas de detección de covid-19 para 1.3 millones de residentes del distrito central de Yangpu, que deberán quedarse en sus casas al menos hasta que se conozca el resultado del cribado.
La medida recuerda a las tomadas durante el verano que derivaron en un confinamiento de dos meses en toda la ciudad de 25 millones de personas que devastó la economía local y causó desabastecimiento de comida e inusuales enfrentamientos entre residentes y autoridades. Al principio, se dijo que el cierre duraría apenas unos días, pero luego se fue ampliando el plazo.
China no ha dado indicios de suavizar su estricta política de cero covid desde el congreso del gobernante Partido Comunista que terminó esta semana ortogándole a Xi Jinping un tercer mandato de cinco años y llenando los principales organismos con personas leales al mandatario.
Las medidas contra la pandemia se extienden desde Shanghái, en el extremo oriental del país, a Tíbet, en el occidental, donde también se han reportado protestas contra el confinamiento.
Cientos de tibetanos, así como de migrantes chinos, han salido a las calles de Lhasa para protestar contra un confinamiento que dura 74 días, según imágenes tomadas con celulares que fueron sacadas a escondidas de la región. Entre los manifestantes se hallan trabajadores migrantes que exigen autorización para dejar el Tíbet y retornar a sus respectivas provincias.
Muchos chinos esperaban una relajación del estricto protocolo contra el covid-19, que sigue vigente mientras el resto del mundo ha regresado a la normalidad. Las fronteras del país permanecen en su mayoría cerradas y los recién llegados deben pasar una cuarentena de 10 días en espacios designados para ello.
China reportó ayer mil 337 nuevos positivos, en su mayoría asintomáticos, y ningún deceso. En Shanghái se registraron 11 casos asintomáticos y Tíbet tenía un contagio con síntomas y cinco sin ellos.
El saldo global de la pandemia es de 6 millones 587 mil 818 muertes y 629 millones 740 mil 541 contagios, según la Universidad Johns Hopkins.
Democracia plebiscitaria
Gustavo Gordillo/II
La transición de un régimen autoritario a una democracia liberal condujo al desmadejamiento del régimen. Los resultados electorales de 2018, así como la manera de gobernar de AMLO emparentada con la democracia plebiscitaria, deben encuadrarse en el largo proceso que abrió la transición a partir de 1997 y las alternancias a partir del año 2000.
El ensamblaje del México profundo y el México moderno. Durante el régimen priísta se construyó desde un sistema político centralizado en la figura presidencial y articulado a través de la operación de grandes conglomerados –obreros, campesinos, burócratas–, que neutralizaba la participación política directa de otros actores y que transformaba la participación ciudadana en actos litúrgicos de confirmación plebiscitaria. En el centro discursivo se encontraban los conceptos clave de unidad nacional y de estabilidad.
Ciudadanía pasiva. Pero el ensamblaje funcionaba porque el discurso hegemónico reforzó los rasgos de una ciudadanía que aceptaba su marginación de los asuntos públicos por razones culturales, antigobiernismo estructural, pero sobre todo porque el régimen autoritario generaba desde todos esos ámbitos poderosos incentivos a favor del inmovilismo social.
La narrativa del régimen de las alternancias. Asumió tres aspiraciones ciudadanas: una democracia para todos, un desarrollo económico más equitativo y una relativa estabilidad social. Se trataba de democracia liberal más mercados competitivos más pluralismo inclusivo.
Debilidades e insuficiencias. Empero, las debilidades de la modernización económica se expresaron en la incapacidad de inclusión social y productiva para la mayoría de la población. En cuanto a las de la modernización política, ésta ocurrió porque, eficaz para desmantelar el tripié del régimen autoritario, fue incapaz de sustituirlo. El presidencialismo se transfiguró en un Ejecutivo acotado, pero por poderes fácticos. El partido hegemónico fue sustituido por un pacto partidista lubricado por los recursos públicos. Las reglas informales continuaron imperando junto al activismo legislativo que produce leyes aprobadas, pero no acatadas. Además, operó un conglomerado cuasipartidario que impregnaba el quehacer político: los tecnócratas anidados en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
La mayor derrota del Estado y la sociedad expresada en la cauda de muertes y desaparecidos fue la llamada guerra contra las drogas. Hasta nuestros días.
La narrativa de la 4T. La larga marcha de López Obrador se sustentó en una narrativa que opone frente a la oligarquía o la mafia en el poder, al pueblo. Este movimiento postulaba poner en el centro a los pobres de México y para operar esta transformación se comprometía a la separación del poder económico del poder político.
El centro de gravedad no es el centro político. Se pensaba que la narrativa de AMLO se movería al centro para ampliar su base social con quienes votaron por otras opciones, al tiempo que consolidaría su influencia sobre un electorado de clases medias, decisivo en la victoria electoral en 2018.
No fue así. AMLO ha buscado gobernar con la narrativa antisistémica y antielitista que condimentó a lo largo de 12 años en la oposición. Ha gobernado desde las conferencias mañaneras que le garantizan el contacto directo, sin intermediarios, con amplios sectores de la población.
Pasiones y emociones. El actual momento político mundial, acicateado por las redes sociales, las fortalecen. Pierre Rosanvallon (2020) habla de un régimen de emociones en donde distingue tres: emociones de posición (sentirse abandonados), emociones de intelección (visiones complotistas y fake news), y las emociones de acción (la desconfianza a los gobiernos establecidos, a las élites tradicionales).
Pasiones, emociones, polarización y perversión del lenguaje encuadran la democracia plebiscitaria.
http://gustavogordillo.blogspot.com/ http://twitter.com/gusto47
Principio precautorio frente a plaguicidas
Miguel Concha
He resaltado aquí cómo el campo mexicano ha padecido por décadas el acaparamiento de la agroindustria, nacional y trasnacional, que no sólo ha cooptado las formas de producir alimentos, imponiendo paquetes tecnológicos basados en monocultivos de semillas transgénicas y agroquímicos tóxicos, sino que además ha violentado los derechos humanos de personas productoras y consumidoras, y ocasionado graves afectaciones al ambiente y a la biodiversidad.
Asimismo, he destacado acciones y políticas públicas que, impulsadas originalmente desde movimientos y luchas campesinas y sociales, representan avances importantes en la transición hacia una agricultura sostenible, que devuelva los campos y las semillas mismas a las comunidades que han resistido tales embates, con un sistema económico y gobiernos en complicidad. Por ejemplo, el decreto presidencial de sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíces transgénicos o la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que, aun cuando ya ha sido aprobada, hasta ahora no se ha implementado adecuadamente.
Hoy toca reflexionar sobre un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, presentado en una reunión extraordinaria el pasado 29 de septiembre, que plantea propuestas de reformas a la Ley General de Salud (LGS), para establecer un programa nacional de restricción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), aplicando el principio precautorio y una regulación específica sobre bioinsumos.
En la Declaración de Río, surgida en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, los estados miembros de la ONU establecieron el principio de precaución, que dicta su aplicación cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Así, se buscaría aplicar este principio en la LGS.
Múltiples organismos internacionales, como la Red Internacional de Plaguicidas, han documentado los peligros de los PAP; también tratados internacionales como el Protocolo de Montreal (1987), los Convenios de Rótterdam (1998) y de Estocolmo (2001), han prohibido el uso de muchos de estos plaguicidas. Resalto que, a pesar de que el Estado mexicano ha ratificado tales tratados, en el país aún se comercializan plaguicidas que contienen sustancias activas prohibidas en otros países, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación Nº 82/2018, sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de los PAP.
Así, los esfuerzos reflejados en estas propuestas no son menores. Ya lo ha declarado Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos: el derecho a un medio ambiente no tóxico y el de toda persona a no estar expuesta a sustancias peligrosas son elementos claves del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (https://bit.ly/3gbIaLa). En adición, contar con una reglamentación específica para los bioinsumos será un aliciente para transitar hacia sistemas agroecológicos y reducir de manera paralela la dependencia de los insumos agrotóxicos en los campos.
De nueva cuenta, son las empresas agroindustriales de México y el extranjero las que, enriquecidas a costa de los derechos humanos de mexicanas y mexicanos, continúan obstaculizando estas iniciativas, actuando en contra del interés común. Retomando el pronunciamiento de la campaña nacional Sin Maíz no hay País, la agroindustria no tiene como finalidad alimentar al mundo, sino producir insumos industriales, muchas veces nocivos para nuestra salud (https://bit.ly/3VmDiTN). El pasado miércoles 26 se llevó a cabo el primer parlamento abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes, ejercicio convocado por el Senado de la República y que reunió opiniones íntegras a favor de las propuestas de reforma, por parte de organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas y apícolas de diversas geografías de la República, directamente afectadas por los PAP.
Así, también se evidenció la representación de los intereses de la agroindustria y sus esfuerzos por mantener su hegemonía y control en la producción de los alimentos. En consecuencia, el próximo lunes las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, deberán votar dicho dictamen en estricto apego a los más altos estándares internacionales, para garantizar nuestro derecho en México a contar con alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y, sobre todo, a disponer de alimentos que no dañen la salud de las personas ni el ambiente.
