Ángel Guerra Cabrera
A pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del 29 de mayo, todas las encuestas coinciden en que el centroizquierdista Gustavo Petro encabeza con un apoyo que ronda 40% de los votantes, mientras el candidato de la derecha Federico Fico Gutiérrez roza 22% de los apoyos, afirma Camilo Rengifo Marín en nota que resumimos.
Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar. Si ninguno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará en junio, cuando Petro podría imponerse con 47% de los votos, según la encuesta de Yanhaas.
Petro y la coalición Colombia Humana han protagonizado una campaña plagada de amenazas y atentados. A comienzos de mayo, denunció un plan de una banda de narcotraficantes para atentar contra su vida y debió suspender una gira por la región cafetera. Cuatro candidatos presidenciales han sido asesinados en Colombia desde 1980.
Desde el 13 de marzo de 2021 hasta al comienzo del año electoral se reportaron más de 179 hechos violentos, que han dejado 222 víctimas, sea de muerte, heridas, amenazas, según la Fundación Paz y Reconciliación.
En lo que va de 2022 ocurrieron 36 masacres de líderes sociales, campesinos e indígenas, con 133 víctimas. En el primer trimestre fueron asesinados 50 líderes sociales.
Mientras el tiempo de la larga campaña electoral se agota, la imagen es similar a la de un mes atrás. La prensa hegemónica insiste en que enviaría a ambos candidatos a segunda vuelta el 19 de junio, temerosa de que Petro gane en la primera.
Petro reafirma sus principales promesas al pueblo: la atención directa de la salud pública por parte del Estado, la pensión a 18 millones de personas y el cese de la exploración petrolera.
La llama de la indignación popular sólo ha crecido, pues ya estaba encendida desde hace décadas por problemas estructurales en sucesivos gobiernos que han favorecido únicamente a los grupos empresariales, en un país que es el principal productor de coca en el mundo, donde operan ocho bases militares de EU y grupos armados paramilitares (https://bit.ly/3sOdi73).
Twitter: @aguerraguerra
INE: ni rectificación ni autocrítica
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó el viernes que el instituto gaste 11.6 millones de pesos en contratar a despachos privados para que elaboren un informe sobre lo realizado durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, a fin de contar con un reporte externo e integral para la transición de mando en la institución, pues el mandato de Córdova, que comenzó en abril de 2014, concluye el año entrante. De acuerdo con altos funcionarios del INE, entre los propósitos de recurrir a instancias externas para la elaboración de este reporte están no caer en la autocomplacencia, tener una visión independiente imparcial, desde fuera y no distraer los recursos humanos del instituto.
Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva en que se intentó pasar el proyecto como un trámite que no requería de mayor discusión, el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, manifestó su oposición a que un organismo con una nómina de casi 18 mil trabajadores, 800 de ellos adscritos a las áreas de administración, deba contratar despachos para hacer un documento, y erogar para ello 13 millones de pesos (según la cifra que citó el auditor). Asimismo, indicó que no existe fundamento legal para autorizar recursos para ese proyecto, alertó sobre la posibilidad de que se infrinjan disposiciones presupuestales y administrativas y señaló que para cumplir con el deber de transparencia y rendición de cuentas bastaría con recopilar y sistematizar la información ya disponible.
Por último, George Zamora recordó que claramente existen otras necesidades institucionales más apremiantes y con mayor prioridad.
Por otra parte, entrevistado por este diario, Lorenzo Córdova sostuvo que una reducción presupuestal a ese organismo para el año entrante pondría en riesgo la elección de 2024, y sería una catástrofe en términos democráticos. Llamó a que “con humildad se reconozca el error que se cometió para 2022 –en referencia al proceso de revocación de mandato– y no se pongan en riesgo los procesos democráticos como la elección de 2024 que inicia en septiembre de 2023”.
De entrada, habría que recordar que la Cámara de Diputados no redujo el presupuesto del INE para el año en curso, simplemente le denegó la entrega de la cantidad injustificada y desproporcionada que solicitó. Asimismo, es necesario puntualizar que lo que puso en riesgo y redujo el alcance de la consulta de revocación de mandato no fue la asignación presupuestal del Congreso, sino el empecinamiento de la autoridad electoral en aferrarse a sus prácticas de derroche e ignorar las recomendaciones que en su momento le hicieron las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público para sacar adelante ese ejercicio en los términos que marca la ley mediante los recursos a su alcance.
La aprobación por unanimidad en el INE del denominado Informe de gestión y rendición de cuentas es la enésima demostración de que en la cúpula de ese organismo no existe la intención de apartarse del despilfarro de recursos públicos que ha sido su sello institucional, y de que su presidente no muestra asomo de la autocrítica que pide a otros actores. Es lamentable que la institución encargada de funciones vitales para la vida democrática del país exhiba semejante falta de sensibilidad en el uso de recursos que pertenecen a toda la nación, y que su actual presidencia desee despedirse con la misma frivolidad que la ha acompañado desde el inicio.
