Los economistas que se formaban en la década de los 70 del siglo pasado disponían de un importante acervo intelectual latinoamericano que constituía una interpretación completa de la naturaleza del sistema capitalista. A diferencia del planteamiento neoclásico, la concepción centro-periferia, planteada por primera vez por Prebisch en el documento fundacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 1949, permitía entender que la naturaleza del proceso de crecimiento era diferente en los dos polos del sistema. Por ello, era indispensable que los actores políticos decisivos en nuestros países dispusieran de propuestas de política económica que hicieran posible que en la periferia del sistema se tomaran decisiones fundamentales, como la de industrializarnos, mismas que tenían que acompañarse de instrumentos de protección industrial.
En las décadas de los 70 del siglo pasado hubo una importante expansión de la literatura sobre el crecimiento producida por economistas latinoamericanos que, primero, desarrollaron el planteamiento de Cepal y, luego, elaboraron la teoría de la dependencia desde una perspectiva marxista. En general, se produjo una verdadera revolución teórica, conocida genéricamente como el estructuralismo latinoamericano. Pero no fue sólo un asunto teórico. Se trató de un asunto que interesó a muchos responsables de políticas públicas, convirtiéndose en una palanca decisiva para impulsar el desarrollo autónomo de nuestros países.
En la década de los 80 se impuso una contrarrevolución teórica, que terminó con el Estado benefactor en los países desarrollados y con el Estado desarrollista en los países periféricos. Terminó también con el estudio de los procesos de desarrollo y con el reconocimiento de la especificidad de la situación de un amplio grupo de países, a los que empezó a denominarse en desarrollo, ya no periféricos, mucho menos países dependientes. Los gobiernos abandonaron sus responsabilidades sociales, comprometiéndose con las llamadas reformas de mercado. Reformas que retiraban el papel rector del Estado en el proceso de crecimiento, para dejar que los mercados operasen libremente.
Sesenta años después del manifiesto de los subdesarrollados, la Cepal encaró otra vez la tarea de producir un conjunto de análisis y propuestas de política que permitieran que nuestros países transitaran a un desarrollo sostenible basado en un enfoque de derechos. En el centro de este proceso está la lucha por la igualdad. Igualdad que, como dice Alicia Bárcena, es crucial para el fortalecimiento de un estilo de desarrollo que reúna crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. La consecución de estos propósitos está fuertemente ligada a la crisis del capitalismo neoliberal que en 2008, con el estallido de las hipotecas subprime llevó a un colapso crediticio y, por ello, a una recesión cuya magnitud recordaba la de 1929.
Durante los pasados 14 años la Cepal recuperó vitalidad. La lectura de sus aportes analíticos y de sus propuestas de política –de nuevo, como en los años 70 del siglo pasado– se volvió necesaria e incluso gratificante. Otra vez remitirse a los aportes de la Comisión y discutir sus planteamientos se hizo parte de las deliberaciones de actores políticos interesados en un desarrollo autónomo, sostenible, incluyente y equitativo. En las universidades, sin embargo, este rencuentro con las ideas cepalinas no se ha extendido suficientemente. La penetración del pensamiento neoclásico en las aulas y en las revistas académicas persiste, aunque esté cada vez más claro que las propuestas de política sostenidas en este paradigma han demostrado su incapacidad para producir un desarrollo sostenido y sustentable.
Por esta razón, el Trimestre Económico decidió reconocer la relevancia del aporte actual de la Cepal publicando un número especial dedicado a revisar contribuciones centrales en aspectos sustantivos para la región. En este número, correspondiente al primer trimestre de este 2022, escribieron los propios economistas de la Cepal, entregando materiales específicamente preparados para esta edición de la revista. Los temas tratados son indudablemente centrales: macroeconomía del desarrollo, desarrollo productivo, comercio e inserción internacional, dimensiones ambientales del desarrollo, desarrollo social incluyendo género y cuestiones demográficas.
A los trabajos inéditos presentados, se agregó un artículo de 1981 de Raúl Prebisch publicado en la Revista de la Cepal titulado La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo.
La revisión del trabajo actual de la Comisión da cuenta de la importancia de sus aportes para la comprensión del desarrollo, de su capacidad para reconocer las nuevas características del sistema capitalista que queda de la hiperglobalización, al tiempo que permanecen, incluso exacerbadas, las profundas asimetrías que caracterizan al sistema capitalista. Por eso, conviene recalcarlo, las nuevas propuestas para lograr el desarrollo tienen que estar sostenidas en el objetivo de la igualdad. Este propósito se convierte en una fuerza impulsora de un desarrollo sustentable, inclusivo y equitativo.
odselley@gmail.com
La marcha wixárika en defensa de su territorio
Francisco López Bárcenas
Eran las 11 de la mañana del pasado 25 de abril cuando decenas de indígenas wixárika pertenecientes a la comunidad de Waut+a –San Sebastián Teponahuaxtlán– y Kuruxi Manuwe –Tuxpan–, pertenecientes a los municipios de Mezquitic y Bolaños, estado de Jalisco, iniciaron una marcha desde la primera comunidad mencionada, rumbo a la Ciudad de México, en busca de una audiencia con el Presidente de la República, para plantearle el añejo problema que sufren, derivado de la invasión de 10 mil 700 hectáreas en Huajimic y 800 en Puente de Camotlán, llevada a cabo por ganaderos de los municipios del municipio de La Yesca, Nayarit. No quieren dialogar con ningún enviado o representante del titular del Ejecutivo, porque por décadas lo han hecho y lo único que han logrado es que le den largas a su asunto. Tampoco pueden suspender su periplo, pues es un mandato de su asamblea general celebrada del 5 al 7 de marzo, refrendada con una ceremonia a Tatei Yurienaka, la madre tierra, y la promesa de que la defenderán.
Los marchistas traen su historia a cuestas para demostrar lo justo de sus demandas y que nadie les diga que piden algo que no les pertenece, o que quieren apropiarse de bienes ajenos. Las tierras que reclaman están amparadas por un título virreinal que en 1718 les extendió la corona española, es decir, que las tierras que reclaman son suyas desde antes que se formara el Estado mexicano. Siglos después, el título fue refrendado por las autoridades mexicanas competentes y con base en él se dictó una resolución presidencial el 15 de julio de 1953, reconociendo a Waut+a y Kuruxi Manuwe una superficie de 240 mil 447 hectáreas, misma que fue ejecutada el 2 de noviembre del mismo año. Pero había un problema: desde 1906 familias de ganaderos habían invadido las tierras amparadas en el titulo virreinal sin que ninguno de los invasores hiciera valer algún derecho durante la titulación de las tierras y tampoco ninguna autoridad hizo algo por que desalojaran las tierras que ocupaban y que se titularon a los wixárikas.
El asunto se ha enredado entre juicios agrarios, la mayoría ganados por los wixárikas, cuyas sentencias difícilmente se ejecutan, y planes del gobierno federal para resolver conflictos agrarios que amenazan con convertirse en problemas sociales y desbordar la gobernabilidad. Desde 2007 los afectados por la invasión han instaurado 54 juicios agrarios demandando la restitución de sus tierras invadidas por los ganaderos, nueve iniciados en febrero de este año, contra los herederos de Francisco Quintanilla por casi 2 mil 500 hectáreas, previa negociación con esta familia en la lógica de llegar a convenios en un plazo próximo. Los invasores, por su parte, en una estrategia de defensa, en 2014 demandaron la nulidad de la resolución presidencial del 15 de julio de 1953, que reconoció y tituló las tierras de los wixárikas, juicio que a la fecha continúa en trámite. El tribunal agrario que conoce de los casos ha dictado 16 sentencias firmes, de las cuales sólo ha sido posible ejecutar cuatro que amparan menos de 300 hectáreas.
Las 12 sentencias firmes restantes no ha sido posible de ejecutarlas por la oposición violenta de los invasores y la omisión de las autoridades estatales para hacer valer la ley. En esa situación, desde 2012 los representantes agrarios de Waut+a y Kuruxi Manuwe han buscado soluciones alternas al problema. Una fue solicitud de incorporación del caso al Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para que se pagara a los ganaderos y acepten la ejecución de las sentencias dictadas en su contra, pero el asunto pereció entre las redes burocráticas. Los últimos esfuerzos se realizaron el 27 de diciembre de 2018, cuando los representantes agrarios de Waut+a y Kuruxi Manuwe se reunieron con el procurador agrario y el vocero presidencial, entre otros funcionarios, acordando la instalación de una mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Sin embargo, los resultados de esta mesa han sido insatisfactorios, pues sólo se ha logrado la ejecución de dos sentencias que amparan 41 hectáreas de las más de 10 mil 700 que se demandan.
Todo esto cuentan los wixárikas mientras caminan rumbo a la Ciudad de México, con la esperanza que el Presidente los reciba y escuche lo que tienen que decirle. Sería bueno que el mandatario lo hiciera, como ya lo hizo el 17 de noviembre pasado con otro grupo de ellos que le demandó otra atención para otros problemas, donde incluso aprovechó para mandatar al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la implementación de un plan que atienda los problemas. Obviamente, la solución requiere voluntad política, pues se trata de trascender las visiones burocráticas para la atención de estos temas, que no son sólo de los wixarikas, sino de muchos pueblos indígenas del país. Una cosa es segura: sus demandas tienen legitimidad y el derecho les asiste; tanto, que los tribunales ya han fallado en su favor. Lo que hace falta es destrabar la red de intereses que impiden que el derecho se aplique.
La marcha wixárika en defensa de su territorio sucede mientras en otras latitudes del país luchas similares son sometidas o reprimidas por redes de interés económicos y políticos. Al parecer los pueblos indígenas están despertando de tres años de un gobierno que les prometió cambios profundos que a la mitad del camino no ven. Y se mueven para provocar que éstos sucedan.
Veremos qué ocurre.
Y muy pronto.
