Periódico La Jornada Sábado 7 de mayo de 2022, p. 6
Pekín. La política de cero covid, que implica confinamientos y pruebas masivas a la población, es costosa para la economía, advirtieron expertos en China después de que el presidente Xi Jinping llamó a continuar la medida.
Los resguardos de la gente penalizan a la economía, y si se generalizara en todo el país hacer pruebas cada 48 horas, como se lleva a cabo en algunas ciudades, podría costar a China hasta 2.3 puntos de crecimiento este año, según el banco Nomura.
En tanto, el gobierno se felicita por la estrategia sanitaria, pues le atribuye un número reducido de fallecimientos, en comparación con los millones de decesos que ha dejado la pandemia en el resto del mundo.
Las autoridades de China informaron que los colegios en Pekín, la capital, seguirán cerrados una semana más en un intento por contener el último brote registrado en la ciudad.
Por otra parte, las autoridades de Shanghái declararon ayer el fin del peor brote de coronavirus del país e indicaron que la situación se encuentra bajo control efectivo, luego de que desde el 28 de marzo los 25 millones de habitantes de la capital económica de China estuvieron sometidos a restricciones y confinamientos estrictos.
Actualmente las medidas de prevención y control de la epidemia han mejorado, y la situación se encuentra bajo control, aseveró el número dos de la alcaldía, Wu Wing, en declaraciones a la cadena de televisión CNA.
Prevén apertura de supermercados
Otros medios informaron que comenzará la reapertura de supermercados y plantas automotrices.
Wu explicó que desde el pasado 22 de abril la incidencia de contagios ha disminuido paulatinamente en la ciudad, que aporta 4 por ciento del producto interno bruto de todo el país, si bien alertó que existe la posibilidad de que se produzca un nuevo brote, por lo que la ciudad no puede aún bajar la guardia.
En un inicio se intentó dividir a la urbe en dos y confinar sólo uno u otro lado, pero el incremento de contagios obligó a aplicar una cuarentena total en la que se ordenó a los 27 millones de habitantes de Shanghái a permanecer en sus casas mientras los hospitales se llenaban de infectados. Las autoridades se toparon con dificultades al entregar alimentos.
El cierre de Shanghái ha repercutido, además, en el mercado global debido al cierre de las fábricas de la zona y la falta de suministros.
La pandemia ha dejado 516 millones 512 mil 677 casos confirmados y 6 millones 248 mil 932 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.
Calica: amenaza a la selva
El gobierno federal clausuró el jueves las operaciones de la empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección durante la cual se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.
En respuesta, la compañía calificó de arbitrario el cierre e informó que tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales. Para la empresa con sede en Birmingham, Alabama, la acción del gobierno mexicano es ilegal, toda vez que Calica tiene los permisos necesarios para operar, además de que cumple y siempre ha cumplido con la legislación mexicana, incluidas las leyes y permisos que regulan sus operaciones.
El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país al constatar que la compañía continúa extrayendo material, pese a que existía un acuerdo con el gobierno para detener las actividades extractivas. Desde finales de 2018, México y Vulcan Materials participan en un arbitraje bajo las reglas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el rechazo del gobierno de un acuerdo para desbloquear una parte de las reservas de agregados de la empresa en la nación, y el cierre de una parte de las operaciones de extracción en la zona de la península de Yucatán.
Más allá del desencuentro entre la multinacional y el titular del Ejecutivo, lo cierto es que las actividades de Calica levantan serias preocupaciones en materia ambiental: no sólo se lleva a cabo una operación minera en la selva, sino que ésta tiene un componente subterráneo que amenaza el delicado equilibrio hídrico de una región caracterizada por su vasto sistema de aguas bajo la superficie. Para colmo, la cantera se encuentra en las inmediaciones de Playa del Carmen, uno de los destinos turísticos más importantes no sólo de la Riviera Maya, sino de todo México.
Ante este panorama, lo sorprendente –como ha señalado el propio mandatario– es que voces que se presentan como adalides del ambientalismo al criticar las obras impulsadas por la actual administración federal, y en particular en lo que respecta al Tren Maya, guardaran silencio absoluto en torno a esta amenaza contra el ecosistema. Cabe esperar que este episodio encuentre un desenlace favorable a la conservación del medio ambiente, y que sirva también para llamar la atención sobre los riesgos ecológicos que no reciben la publicidad debida, sea por ignorancia o por la falta de incentivos partidistas.
