Carlos Fernández-Vega
¿Por qué otorgar concesiones a la banca que opera en el país para que explote miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente? De entrada, porque es especialista en especular y enriquecerse con dinero ajeno y bienes de la nación, amén de que no pocos de sus accionistas son, a la vez, dueños de corporativos que utilizan enormes cuan crecientes volúmenes del líquido para sus fines productivos, sin importar que comunidades enteras permanezcan sedientas.
El régimen neoliberal también privatizó el agua y lo decidió (Carlos Salinas de Gortari, Ley de Aguas Nacionales, 1992, es decir, otra ley a modo para consolidar a los barones) bajo su premisa de que los beneficiarios deben ser unos (los corporativos) u otras” (las comunidades), y sin más eligió a los primeros.
La Jornada (Braulio Carbajal) documenta: los grandes bancos que operan en el país, principalmente extranjeros, han comenzado a extender su poder de alcance a un recurso esencial: el agua. De acuerdo con datos oficiales, varios de ellos son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que de acuerdo con especialistas, abre la puerta a la especulación. Información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, Banco Azteca, Invex, HSBC, Mifel, Autofin, Banco del Bajío, Monex, Bansí, CI Banco, Deutsche Bank y Scotiabank tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente.
El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, y el 27 señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Pero los neoliberales lo entendieron al revés.
Pues bien, de acuerdo con la información disponible, uno por ciento de los usuarios del agua en México (léase grandes corporativos) acapara cerca del 25 por ciento de los recursos hídricos del país (Dulce Olvera, Sin Embargo, con base en Los millonarios del agua, de Wilfrido A. Gómez-Arias y Andrea Moctezuma). Además, el uso y abuso en las zonas de altísimo poder adquisitivo que roban el líquido a las comunidades. Por ejemplo, en Valle de Bravo: lagos ilegales que los privados hacen en sus residencias ( La Jornada Estado de México ha documentado este atraco).
¿Beneficiarios de la decisión salinista y de sus sucesores en Los Pinos?: además de la banca, Claudio X. González, con Kimberly Clark; Ricardo Salinas Pliego, Banco Azteca; José Antonio El Diablo Fernández (Femsa: Coca-Cola México, Oxxo); familia Robinson Bours (Bachoco; de ahí sale Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, incendio en la guardería ABC, salvador de los grandes corporativos en el Fobaproa y tantas otras desgracias), Grupo Herdez (de los Hernández Pons) y la trasnacional suiza Nestlé.
Además, Eduardo Tricio (Grupo Lala), que se ha dedicado a secar los mantos acuíferos de la zona lagunera y otras áreas de la República para que sus vacas se sientan a gusto (para producir un litro de leche, utiliza mil litros de agua en invierno y 10 mil en verano); Grupo Santos (su propietario fue el priísta Alberto Santos de Hoyos, dueño de nueve ingenios azucareros privatizados por Salinas); Cementos Apasco, de la trasnacional suiza Holcim y Copamex (maderera y papelera); en el inventario hay empresas privadas de energía eléctrica, automotrices, agroindustrias y otras.
No podían faltar los tóxicos corporativos mineros, con el de Germán Larrea a la cabeza, Grupo México; Minera del Norte, de Alonso Ancira, y canadienses como GoldCorp. También la trasnacional ArcelorMittal, que finalmente se quedó con lo que fue una gran paraestatal (Siderúrgica Lázaro Cárdenas), y Ternium, de la trasnacional italiana Techint.
Las rebanadas del pastel
Pero tranquilos: privatizamos por necesidad, no por obedecer a una posición ideológica (Carlos Salinas de Gortari dixit).
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Actualidad
Luis Linares Zapata
Estaban previstos, pero, al alinearse en este alebrestado tiempo de definiciones, alteraron el imaginario nacional. Fueron sucesos de distinta naturaleza, pero al coincidir, casi de manera simultánea, dieron forma, contenido y ruta a la ansiosa actualidad del país. La crucial determinación de la SCJN afirmando la constitucionalidad de la reciente ley eléctrica, cuestionada con controversias, marcó el piso futuro de la industria eléctrica. La votación que refrendó la continuidad del gobierno del presidente López Obrador, revalora la ruta seguida, hasta hoy, por su administración. Le da, también, ánimos apara proseguir las tareas emprendidas desde el inicio de su administración. Los polémicos cambios, tan combatidos por la oposición, deben, por tanto, seguir esparciendo sus derivaciones sobre el régimen heredado. Y, por último, la reforma eléctrica, que pretendía asentar la soberana e independiente conducción del Estado de tan vital industria, sucumbió dentro de una beligerante y alocada Cámara de Diputados. La férrea y concertada postura opositora detuvo el intento oficial por darle el nivel constitucional necesario.
El eficaz bloqueo de la alianza opositora evitó también el sano e indispensable propósito de rescatar, de su actual y complejo deterioro, a la gran empresa eléctrica de México (CFE). Tal tendencia, aún en proceso, tendrá que ser parada y revertida por medio de un elaborado e imaginativo uso de las facultades, en efecto constitucionales, de la nueva ley. Es urgente poner en marcha todo un esfuerzo que permita eliminar el elevado costo para el erario, empujado a conveniencia por la contrarreforma de 2013 (Peña Nieto). Es impostergable poner un alto al ilegal mercado paralelo que succiona inmensos recursos para funcionar. Existen, ahora y por fortuna, varias opciones al alcance del gobierno para lograr tan crucial objetivo. La existencia del dañino y tramposo ensamble de empresas extranjeras, que ambicionan adueñarse de tan valiosa y vital industria, tendrá entonces los días contados.
La nueva armadura de votos (15 millones) con que cuenta ahora el Presidente es parte del mismo fenómeno que exige mayor participación de una multitud en búsqueda de justicia. Esa irrupción popular, reconocida en 2018, aparece, de nueva cuenta, para dar su palabra de apoyo a la transformación en marcha. Bien se sabe que la alianza de partidos opositores no encaja dentro de este enorme movimiento de progreso social. Nunca han dirigido su mirada hacia abajo porque temen las pulsiones que ahí se engendran. Sólo voltean hacia arriba e impulsan la defensa de los intereses de unos cuantos, sus mentores y financieros. Y, al fijarse, como único propósito, detener el cambio, se insertan, con alegre y torpe voluntad, en la corriente, minoritaria, por cierto, que todavía propugna por una vuelta al modelo concentrador. Es esto, en efecto, ¿trabajar para el desarrollo nacional o es una manera de obstaculizarlo, sin importar el daño que se causa con su celebrada negativa? Puede, o no, tal postura ser catalogada como traición o es, únicamente, un alegato entreguista, disidente de la mayoría. Esto debe ser escudriñado, con mayor atención a las extremas consecuencias factibles y a los humanos derechos de las personas opositoras. Lo cierto, es que, la ciudadanía debe enterarse puntualmente de lo que estaba en juego y quiénes de sus debidos representantes no honoraron su compromiso como tales.
Las ya muy cercanas elecciones donde estarán en juego importantes gubernaturas serán las aduanas dictaminadoras de la ya próxima sucesión. No habrá escape a las consecuencias de haber votado contra la reforma. El expreso y abierto apoyo ciudadano para elevarla al rango constitucional fue ignorado por la oposición. El costo no se hará esperar. El PRI, que pudo asirse a una tabla de salvación, no lo hizo. Optó por darle la espalda al pueblo y, con ello, profundizará su declive, que parece indetenible. Perderá las pocas gubernaturas que todavía están dirigidas por sus militantes. Si bien le va, retendrá apenas la de Coahuila que, al menos por ahora, no estará en juego. El PAN también resentirá, en su médula norteña, las pasiones electorales de aquellos a los que desprecia con clasista empeño. Tendrá que refugiarse en Querétaro, Chihuahua y Guanajuato para curarse las heridas de perder Tamaulipas y Durango. En cambio, Morena, contrariando todo deseo crítico de condena a perder en 2024, llegará acuerpado y fuerte. Tendrá, sin duda, masivo apoyo de electores agrupados, territorialmente, en dos docenas de estados. Los pronósticos de crisis terminales que airea, con fingido o abierto entusiasmo la oposición crítica, no son más que eso, vientos ligeros. Confundir análisis con cuentos alegres o desesperados enojos vuelven, simplemente retóricas sus posturas.
