Carlos Fernández-Vega
▲ Mina Buenavista del Cobre, de Grupo Méxi-co. Gracias al régimen neoliberal y su política de-predadora, los barones autóctonos de la minería (Bailleres, Larrea y Slim), más los corporativos foráneos (sobre todo canadienses), se convir-tieron en neolatifundistas.Foto Cristina Gómez
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –siempre al servicio de la mafia neoliberal– otorgaron concesiones mineras que ampararon alrededor de 44 millones de hectáreas, algo así como 22 por ciento del territorio nacional (si se suman las autorizadas de Salinas a EPN, entonces el acumulado es de 120 millones y 60 por ciento, respectivamente). En esta depredadora práctica, contraria al interés nacional, que sólo hizo más ricos a los barones de la minería y más pobres a los municipios de donde extraen la riqueza, el tal Borolas ocupa la primera posición, a Ernesto Zedillo le corresponde la medalla de plata y a Vicente Fox la de bronce. Saqueo garantizado desde Los Pinos.
Lo anterior viene a colación, porque La Jornada (Braulio Carbajal) documenta un capítulo de actualidad: la concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en el estado de Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. La recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, a la firma Bacanora Lithium, según información oficial, que indica que el Proyecto de Litio de Sonora, que pertenece a la inglesa Bacanora Lithium y próximamente a la china Ganfeng Lithium, cuenta con siete concesiones mineras en el municipio de Bacadéhuachi, las cuales tienen un alcance de unas 8 mil hectáreas; la mayoría de estas licencias tienen vigencia de 50 años, lo que significa que vencerán en 2065 (renovables por medio siglo adicional).
Por cierto, en aquellos años fueron secretarios de Economía (institución responsable de las concesiones mineras) Gerardo Ruiz Mateos (compañero de fiestas de Calderón), Bruno Ferrari García de Alba (antes director del elefante blanco llamado Proméxico y servicial amigo de Alfonso Romo) e Ildefonso Guajardo Villarreal, ahora diputado tricolor, sobre quien pesa una denuncia por enriquecimiento inexplicable.
Ese es el panorama, aunque hay que considerar dos elementos: el primero, el ente dedicado (oficialmente) a evitar las concentraciones en la economía mexicana, es decir, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó… la concentración entre una empresa británica (que por esta operación obtuvo 400 millones de dólares) y otra china (que los pagó para quedarse con la mayoría accionaria), am-bas operativas en México, dedicadas a la minería, con los ojos puestos en la explotación del litio mexicano y sin concesión gubernamental para hacerlo. Sin duda, un éxito rotundo de la autoridad antimonopolio. El segundo, que la semana pasada el Congreso mexicano aprobó la iniciativa presidencial para modificar la ley minera, por medio de la cual se declara como de utilidad pública el litio y se reserva para el Estado mexicano su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento. Ello refuerza el anuncio presidencial de que no se otorgarán más concesiones mineras a particulares.
Gracias al régimen neoliberal y su política depredadora, el grupúsculo de barones autóctonos de la minería (Bailleres, Larrea y Slim), más los corporativos foráneos (especialmente los canadienses), se convirtieron en neolatifundistas, con extensiones mucho mayores a las registradas durante el porfiriato, al concentrar millones y millones de hectáreas para su beneficio y ninguno para el país y los mexicanos. A la par, en connivencia con el régimen prianista, se institucionalizó un descarado cuan redituable mercado negro de concesiones mineras (aunque el esquema también aplica en sectores como el petrolero y el eléctrico, por lo menos) no siempre explotadas con ese fin.
Los barones pagan centavos, si en realidad lo hacen, por millones de hectáreas de territorio nacional y las revenden a precios multimillonarios. De tiempo atrás, el dirigente minero y ahora senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, ha denunciado que muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras; es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado.
Por ello, urge una nueva ley minera integral y no sólo que incluya del ya resuelto tema del litio.
Las rebanadas del pastel
La buena: perdió la ultraderechista Marine Le Pen; la mala: repite el derechista Emmanuel Macron.
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La ley de las mineras
Iván Restrepo
Gracias especialmente a las organizaciones de la sociedad, cada vez se sabe más sobre los problemas que causan en México las empresas mineras nacionales y extranjeras, así como la forma en que han sido favorecidas por el gobierno. Los datos que ofrecen dichas organizaciones son alarmantes. Por ejemplo, tienen preferencia sobre las comunidades en el uso del agua, describen la contaminación y daños a la salud que ocasionan a quienes viven cerca de los yacimientos, y el severo efecto negativo al medio ambiente.
Según datos oficiales, hay vigentes 25 mil 267 concesiones mineras. La gran feria comenzó en el sexenio de Carlos Salinas, que otorgó 17 mil 267; el de Ernesto Zedillo, 11 mil 524; el de Vicente Fox, 15 mil 753; Felipe Calderón, 12 mil 864, y Enrique Peña, 5 mil 396. Por esas concesiones, las mineras imponen su ley en 21.3 millones de hectáreas, casi 11 por ciento de la superficie del país. La actual administración no ha autorizado ninguna en aras de conservar el medio ambiente.
La semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la ley minera que declara al litio mineral estratégico. Su explotación, expropiación y aprovechamiento queda en manos del Estado. Se trata del oro blanco, muy preciado por su uso en las telecomunicaciones y el transporte, por ejemplo. Quedan pendientes por aprobar las que eviten que las demás explotaciones mineras no sean más causa de daños a la población y la naturaleza.
Precisamente esos dos temas se analizan detalladamente en La Jornada Ecológica de este mes. Gracias al apoyo de Leticia Merino y Cecilia Navarro, fue posible reunir el sentir de varias de las comunidades afectadas y mostrar el otro lado de la historia de ese próspero negocio en México. Se trata de grupos humanos que padecen sus efectos nocivos y no fueron informados ni consultados sobre su presencia en sus territorios. Ellos se movilizan y acuden a las instancias judiciales en busca de protección, en largos procesos que exigen recursos monetarios. Además, luchan contra el aparato gubernamental, cómplice de las mineras, y enfrentan el poder de los despachos de abogados a su servicio.
En el suplemento se describen casos emblemáticos de esa lucha: el de la comunidad nahua y ejido Tecoltemi, además de otras de la Sierra Norte de Puebla; la de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca; de San Juan Huinzontla, en Michoacán; de Santa María Zapotitlán y las ocho comunidades que integraron la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, en la Sierra Sur de Oaxaca; de los pueblos Mè’phàà y Na’savi, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; del Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica.
Se describen también algunos extremos, como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte del complejo minero Cananea, de Grupo México, uno en Coahuila, donde los cuerpos de 63 mineros permanecen abandonados después de 16 años en Pasta de Conchos, también de ese grupo, así como en los valles centrales de Oaxaca, donde la minera Cuzcatlán causa estragos ambientales y sociales. O en Mazapil, sede del proyecto Peñasquito, de Newmont, que agotó el agua y desplazó comunidades que tienen graves problemas de salud y violencia.
La razón central de estos procesos de destrucción, despojo y violencia que se exponen en el suplemento es la ley que establece que la minería es una actividad de utilidad pública, con acceso preferente al agua y la tierra. Son ocho los mayores abusos que propicia dicha ley y que generan los desplazamientos forzados por la inseguridad y la violencia. Eso ocurre en regiones de los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Otro tema es el de la minería clandestina de mercurio en Querétaro. En resumen, la minería no es la panacea en los lugares donde se lleva a cabo. Por el contrario, ahonda la desigualdad y la pobreza de la gente y causa severos daños a los recursos naturales, en especial el agua.
Por si no fueran pocos todos los males que las mineras ocasionan y que los lectores pueden consultar en https://ecologica.jornada.commx/, agreguemos otros: son beneficiadas por el fisco a través de subsidios multimillonarios; recurren a ingenierías fiscales para reducir el pago del impuesto sobre la renta y, gracias a ello, por este concepto pagan una cuarta parte en comparación con una persona física y apenas la mitad que el promedio de los asalariados del país.
México, el paraíso de las mineras. Infierno para las comunidades agrarias.
