En noviembre pasado se concretó una visita oficial del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), luego de que durante casi 10 años se le solicitó al Estado mexicano. Por más de 10 días la comitiva del CED visitó 13 entidades de la nación, escuchando y constatando la presente crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Seguramente se conmovió con los dolores, historias y denuncias que cientos de familiares de personas desaparecidas expresaron en las reuniones que sostuvieron con ellas y ellos.
Por lo conocido de esos días de la visita, no cabe duda que México se dio cita con una de las situaciones más dolorosas, actuales y del pasado, la desaparición de personas. Situación que a partir de 2006 se agudizó y agravó por la implementación de la guerra contra el crimen organizado. Ese fatídico momento de estrategia de guerra, tal como lo ha expresado el CED en su Informe, trajo consigo una diversidad de perpetradores, modalidades y un sinfín de víctimas de desa-pariciones y de graves violaciones de derechos humanos.
Subrayo este aspecto, pues cobra relevancia que una instancia internacional de la ONU ponga el dedo en la llaga, al señalar, por un lado, que las constantes desapariciones son atribuibles a agentes del Estado y al sostener, por otro, y con toda certeza, que también son atribuibles a actores del crimen organizado, tan expandido por todo nuestro territorio. Asunto éste ineludible que hay que considerar al intentar dar cuenta de las constantes desapariciones de personas en la nación y que, bajo una lógica de prevención y de derechos humanos, debemos comprender mejor como sociedad para atender de fondo tal problemática y generar los cambios estructurales que erradiquen estas situaciones lastimosas para todas las personas y comunidades que habitan o transitan por el país.
El que sean violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por particulares, es decir, en su mayoría vinculados al crimen organizado, no exime bajo ningún motivo al Estado, ya que el CED consideró fundamental que las autoridades reconozcan las distintas formas de su responsabilidad en los casos de desaparición, incluidos los atribuibles a particulares. Con esto, el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz todas las causas de esta espiral de violencia y constantes desapariciones en la nación, sin menoscabo alguno.
Ahora conocemos una decena de recomendaciones, todas importantes, para prevenir y erradicar el flagelo de las desapariciones. Pueden consultarse a detalle en el Informe del CED (disponible: https://cutt.ly/PGzXoHg). Y de éstas, otro aspecto que pongo de relieve es el que tiene que ver con el llamado urgente que hace sobre la militarización del país. El Comité señala que es necesario mantener el carácter y las labores de seguridad en cuerpos civiles. De lo contrario se complica el avance en la erradicación de las desapariciones de las personas. Su dicho lo fundamenta en las constantes y documentadas violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, quienes integran este Comité nos recuerdan las reformas legales de 2019 sobre el tema de la Guardia Nacional, que por desgracia no generaron cambios que trascendieran al modelo de seguridad militarizado.
Dado que México requiere construir condiciones efectivas para que el Estado enfrente el problema de la desaparición, vale dar seguimiento a este problema que subraya el CED. Con la militarización creciente en la República, definitivamente no se obtendrán buenos resultados. Llama la atención que el CED se centre en la necesaria y urgente tarea de la implementación adecuada –que desde 2017 se ha venido dando–, en relación con los sistemas de búsqueda de personas y su efectiva coordinación con las instancias encargadas de la investigación.
Quedan grandes pendientes en temas de implementación de tal marco normativo, y se vuelve de inmediata atención el concluir con la construcción de las herramientas y sistemas que la ley y demás acuerdos de Estado mandatan para atender las desapariciones y la crisis forense en México.
Para revertir las desapariciones de personas, es necesario, como condición sine qua non, la efectiva y diligente participación de las familias afectadas. ¿Quiénes, si no, mejor que ellas para opinar en la implementación de las recomendaciones del CED, en aras de construir diversos programas y estrategias para prevenir y erradicar las desapariciones desde un enfoque diferenciado de derechos humanos, y bajo la debida diligencia? Y todo ello enmarcado en un proceso participativo con las familias, colectivos y sus organizaciones acompañantes. El Informe del CED se presenta como una oportunidad invaluable e inédita para todo el Estado mexicano para ayudarse en la ardua lucha para prevenir y erradicar todas las desapariciones en nuestra nación.
¿Justicia por mano propia?
Gustavo Gordillo
El sistema de justicia en México está colapsado.
No comenzó ayer el deterioro, pero en la última década ha sido evidente para muchos ciudadanos que lo mejor es no enredarse en las redes churriguerescas de lo que se llama justicia. Los sucedáneos a ésta son desde luego justicia por mano propia, que adopta en general la forma de manifestaciones ciudadanas: marchando, obstruyendo el libre tránsito u ocupando casetas de cobro e instalaciones pública o privadas. Se incurren en actos de ilegalidad, pero éstas resultan de una ilegalidad mayor que provoca la impunidad masiva que es la esencia misma del sistema de justicia. En el Índice Global de Impunidad 2020 México ocupa el lugar 60 entre 69 países analizados. De cada cien delitos, 92 quedan impunes.
La rabia. El signo de nuestros tiempos es la rabia y la frustración. Además de todos los signos externos continuos y constantes de protestas, hay quizás una actitud más penetrante, generalizada y destructiva de la convivencia social. Una especie de cinismo militante que pone en duda la capacidad y la voluntad del Estado para resolver los problemas que mas afectan a los ciudadanos en cualquier de los niveles de gobierno. El efecto combinado de protestas callejeras y desconfianza en las autoridades es la generación de un ambiente poco propicio para las acciones cooperativas y la participación cívica. Ésta es la verdadera polarización en el país. Como lo señala el informe Latinobarómetro del año pasado los ciudadanos creen que las leyes se cumplen poco o nada, 83 por ciento en México, y 84 por ciento el promedio latinoamericano.
Confianza. En el informe Latinobarómetro del año pasado aparecen datos claves respecto a la confianza en las instituciones. Así la confianza en las fuerzas armadas en un 48 por ciento en el país. En el gobierno la confianza alcanza un 28 por ciento en México. En el poder judicial la confianza apenas llega a un 24. En el congreso o parlamento alcanza un magro 22 por ciento. La confianza en los partidos políticos alcanza apenas un 13 por ciento de confianza.
La polarización en la cúpula. Si la polarización en la sociedad es entre los ciudadanos y las autoridades, la polarización entre las elites es entre dos visiones de democracia. Una minimalista que concibe a la democracia a partir de elecciones libres y confiables, competencia entre partidos y división de poderes. Otra una democracia plebiscitaria que desconfía de los cuerpos intermediarios y que favorece la centralización política y la relación directa entre el líder y el pueblo. Tanto Nadia Urbinati como Pierre Rosanvallon han profundizado en una democracia constitucional que va más allá de los ordenamientos electorales, favorece la participación cívica y la deliberación pública sin caer en las diversas trampas conceptuales de la democracia plebiscitaria.
Esta polarización es irresoluble porque está planteada, de ambos lados, como un juego suma cero.
El enforcement. Es curioso que no exista una traducción directa. La más cercana sería acatamiento, pero tendría que añadirse acatamiento de las leyes con la coerción del aparato estatal. Esto no ocurre en México porque las leyes cuando se aplican se hacen con enorme discrecionalidad y lo que impera, más bien, son un conjunto de convenciones y reglas informales. En realidad, como lo analizan Levitsky y Murillo un bajo nivel de acatamiento de las leyes permite que los poderes de facto, no ejerzan su poder de veto sobre las leyes aprobadas en los congresos sabiendo que éstas no se van a cumplir.
La desconexión. Las instituciones débiles son el resultado de una desconexión entre los procesos formales de elaboración de leyes y los detentadores del poder de facto. La desconexión no sólo existe entre las élites políticas y económicas, sino entre éstas y la polarización en la sociedad.
En ese sentido, las élites están desfondadas.
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