Sputnik Periódico La Jornada
Domingo 24 de abril de 2022, p. 18
Moscú. Estados Unidos planea ataques de bandera falsa con armas químicas, bacteriológicas o nucleares en Ucrania para atribuirlos a Rusia, reveló ayer el general Ígor Kirílov, jefe de las fuerzas rusas de protección radiactiva, química y biológica.
El mando militar subrayó que los estadunidenses cuentan con tres distintos guiones. El primero es un incidente montado de bandera falsa, el cual es el más probable, y alertó de que puede implicar el uso real de arsenal bioquímico contra civiles.
La otra posibilidad, abundó, es que lleven a cabo un sabotaje en las instalaciones donde desarrollan armas de destrucción masiva en las ciudades de Járkov y Kiev.
El envío de antídotos de sustancias tóxicas a Ucrania confirma que es alta la probabilidad de que tenga lugar un montaje de ataque químico. Sólo en 2022 Estados Unidos envió más de 220 mil ampollas de atropina, señaló Kirílov, un medicamento que se usa en el tratamiento de envenenamiento.
Reiteró que este hecho evidencia que se prepara una provocación con, probablemente, agentes nerviosos. Kirílov destacó que a pesar de que Washington es la única nación que se adhirió a la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, posee grandes arsenales de agentes tóxicos de uso militar y es, hasta la fecha, el único país que ha empleado los tres tipos de instrumentos de destrucción masiva.
Rusia, por su parte, destruyó completamente su arsenal químico en septiembre de 2017, lo cual fue confirmado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, aseguró el mando castrense.
Al respecto, María Zajárova, vocera de la cancillería rusa, comentó que la Casa Blanca planean utilizar armas de destrucción masiva para presionar a su gobierno, debido al fracaso de su política de sanciones económicas.
La diplomática informó que el jueves las tropas ucranias trataron de bombardear las posiciones de las fuerzas armadas rusas con drones que llevaban ampollas con productos químicos, para provocar una explosión y un incendio, acompañado de una ola de sustancias tóxicas prohibidas en el marco de la Convención sobre Armas Químicas.
Es evidente que el plan original era presionar económicamente a Rusia para que reconsiderara sus legítimos intereses de seguridad. Actualmente, el Pentágono avanza hacia el uso de armas de destrucción masiva, señaló Zajárova en Telegram.
Señaló que Ucrania posee 50 drones para dispersar en el aire armas químicas y biológicas.
En manos extranjeras hasta 2115, el mayor yacimiento de litio con que cuenta el país
Agotar el mineral disponible en Bacadéhuachi, Sonora, requiere 250 años, indica estudio
Braulio Carbajal
Periódico La Jornada Domingo 24 de abril de 2022, p. 14
La concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en el estado de Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. La recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, a la firma Bacanora Lithium, según información oficial.
A partir de la aprobación de la Ley Minera la semana pasada, que reserva para el Estado la propiedad sobre ese recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión que, en este caso, involucra a una empresa china que tiene derechos sobre su explotación, de acuerdo con los datos oficiales.
El mayor yacimiento de litio en México conocido hasta el momento y catalogado como el prospecto con el mayor depósito de mineral del mundo, será explotado por compañías extranjeras hasta el año 2115. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que con la aprobación de la reforma a la Ley Minera se realizarán revisiones a las concesiones entregadas a particulares.
Datos oficiales indican que el Proyecto de Litio de Sonora, que pertenece a la inglesa Bacanora Lithium y próximamente a la china Ganfeng Lithium, cuenta con siete concesiones mineras en el municipio de Bacadéhuachi, las cuales tienen un alcance de alrededor de 8 mil hectáreas. La mayoría de estas licencias tienen vigencia de 50 años, lo que significa que vencerán en 2065.
No obstante, la Ley Minera establece que toda concesión puede extenderse por otro periodo similar, lo que significa que, de solicitarlo, la explotación de ese yacimiento podría ser controlado por la empresa china o por alguna otra que pague por ella, dado que las concesiones pueden ser traspasadas, hasta el año 2115.
No obstante, ese tiempo sería insuficiente para terminar de extraer el litio que se presume contiene el yacimiento sonorense, pues de acuerdo con un estudio de viabilidad distribuido entre sus inversionistas, Ganfeng Lithium estima que los recursos de carbonato de litio de esa mina ascienden a 8.8 millones de toneladas, por lo que se necesitarían 250 años para agotarlos por completo.
Más de lo esperado
Dicha cifra supera la divulgada en 2019 por Mining Technology, que al declarar al yacimiento de Sonora como el depósito de litio más grande del mundo reveló que éste contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables, mismas que tenían 4.5 millones de carbonato de litio equivalente, es decir, el mineral que realmente se puede aprovechar para comercializarlo.
Estimaciones de Bacanora Lithium (actual propietaria del yacimiento), indican que su planta en Sonora tendrá la capacidad de procesar inicialmente alrededor de 1.1 millones de toneladas de mineral por año, para en una segunda etapa llegar a 2.2 millones. Esto arrojará una producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio en la primera fase (segundo semestre de 2024) y de 35 mil en la segunda (no especifica fecha).
Diversos especialistas y organismos como la Cámara Minera de México han señalado la dificultades del proyecto, pues el litio que contiene el yacimiento se encuentra en arcilla y por el momento no es posible extraerlo de una manera viable; no obstante, Ganfeng ha señalado que el de México es su proyecto más importante y tiene la capacidad de producir el mineral en poco tiempo a un costo bajo.
Lo anterior, enfatizó Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, da la impresión de que dicha empresa ya cuenta con la tecnología necesaria, o está cercana a ella, que es, quizá, la razón por la que decidió ingresar a México.
La entrada de esta empresa asiática se debe a los cálculos que tiene sobre la riqueza de litio en México. Tan sólo del Proyecto de Litio de Sonora, Ganfeng indica que es uno de los proyectos de recursos de litio más grandes del mundo. Lo que evidencia el gran potencial del país, aunque claro, también se deben sumar las diversas condiciones que han permitido un intenso extractivismo en México, entre ellas la Ley Minera vigente, que da un poder absoluto a las empresas mineras, apuntó.
SAT: huachicoleo de datos
El miércoles de la semana pasada, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que durante dos o tres lustros varias instituciones no gubernamentales y unas 40 mil personas, entre ellas cerca de 250 funcionarios de gobiernos estatales o de dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, de vez en cuando, hace muchos años, el Instituto Nacional Electoral, tuvieron acceso a los sistemas informáticos de esa dependencia fiscal, ya fuera por medio de cuentas de usuario indebidamente otorgadas o incluso por conexiones cableadas. Estos hechos recuerdan inevitablemente el robo de combustibles de Pemex –sistemático y regular hasta el inicio del actual sexenio– mediante tomas clandestinas en sus ductos, en muchos casos con la complicidad de empleados de esa empresa.
El viernes, senadores de Morena señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben investigar a fondo esta situación anómala, a la que consideraron un asunto de seguridad nacional, además de que pone en riesgo la seguridad de los contribuyentes, sean personas físicas o morales, pues la información sustraída puede usarse para delinquir.
En efecto, la gravedad de esta circunstancia es insoslayable porque es indicativa de la existencia de un esquema de delincuencia organizada en la que confluyen las responsabilidades y complicidades de funcionarios del SAT que ordenaron o permitieron tan copiosas fugas de información, de proveedores informáticos que realizaron las instalaciones para la ordeña de datos –uno de ellos incluso había programado una conexión segura para acceder a las bases de datos del organismo– y de organizaciones e individuos que accedieron de manera ilícita a los registros hacendarios de los contribuyentes.
Sobra decir que semejante robo de información sólo pudo llevarse a cabo con propósitos delincuenciales: extorsión, chantaje, secuestro o robo, así como para efectos de desacreditación pública de personas u organizaciones o, en el menos peor de los casos, para campañas de mercadeo.
Aunque son desconocidas las dimensiones de los daños que pudieron causarse, resulta imperativo que la FGR y la UIF realicen un esclarecimiento y un deslinde exhaustivo de responsabilidades, que identifiquen a los culpables y que finquen contra ellos los cargos a que haya lugar. La jefa del SAT se abstuvo de informar los nombres de las instituciones no gubernamentales que participaron en el saqueo de datos –posiblemente, para no entorpecer la obligada investigación penal del hecho– y señaló la dificultad de encontrar las identidades de los usuarios indebidos, pero a las instancias referidas corresponde presentar las denuncias correspondientes y señalar, en consecuencia, a los grupos que se beneficiaron de esta suerte de huachicoleo de información confidencial, así como conocer el uso que le dieron a los datos robados.
Más allá de resarcir los perjuicios que esta actividad delictiva haya podido generar a personas y empresas, es indispensable restaurar la confianza de los causantes en el organismo encargado de la recaudación.
