▲ Actualmente el municipio de Escobedo, en Nuevo León, se ha convertido en ejemplo de la crisis del agua. Desde hace semanas no se les bombea el líquido.Foto Cuartoscuro
De La Redacción /I Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2022, p. 16
El acceso y el control del agua se ha convertido en una fuente de poder y conflicto. Es, en ese sentido, un asunto de seguridad nacional. En una serie de trabajos elaborados por las secciones de Estados y Economía se busca identificar algunos de los perfiles relacionados con el problema de la falta de agua, en unas regiones, o la forma en que ha sido concentrada por algunos sectores y estratos económicos .
Gran negocio del futuro, que hoy crece a un mayor ritmo que el conjunto de la economía, la venta de agua es ahora el blanco de la ambición de grandes bancos y empresas, pero aún falta en un tercio de los hogares del país, en un momento en que prácticamente uno de cada cinco acuíferos del territorio nacional se agota rápidamente.
Los datos parecen un río de contradicciones. La información oficial más fresca, proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) habla de que sólo 64 por ciento de mexicanos recibe diariamente agua entubada en sus hogares, pero al mismo tiempo el crecimiento del negocio del líquido embotellado se incrementó hasta 26 por ciento de 2016 a 2020, dato que no ha pasado inadvertido para los bancos, sí, las instituciones financieras que ya tienen concesiones para explotar el líquido.
De acuerdo con la consultora Grand View Research, en 2021 el tamaño del mercado global del agua fue de 283 mil millones de dólares y anticipa crecimientos anuales, de 2022 a 2030, en torno a 7 por ciento. México, el mayor consumidor de agua embotellada del mundo, rondará tasas similares.
Las autoridades de meteorología aseguran que este, como el anterior, es un año con pocas precipitaciones pluviales, es decir, la sequía se agudiza, hace más evidentes las desigualdades que han establecido en torno al agua, y así mientras en Nuevo León hay colonias que pasan semanas sin recibir el líquido en sus hogares, en la casa de algunos ex funcionarios de alto nivel se tienen pozos para abastecer sólo a las familias de esos hombres poderosos.
Tamaulipas tendrá que importar agua de Veracruz porque sus posibilidades de abastecer a la población son muy pocas, y las bajas californias viven problemas severos de escasez como en muchos puntos de la frontera con Estados Unidos.
Esta situación también pone al líquido como un factor de la geopolítica, ya que en Chihuahua el control del agua entre empresarios tanto de México como de Estados Unidos ha involucrado planes de desarrollo de los gobiernos de los dos países.
Y si para los bancos el agua es un negocio que no se les puede ir, comentan expertos, para los empresarios de la construcción, el líquido es vital y de su suficiencia dependen los proyectos que se han planteado en la frontera de uno y otro lado.
Bien se podría decir que aquella vieja amenaza de privatizar el agua en el país se convirtió, gota a gota, en una realidad que dentro de poco empezará a pesar en el futuro de los planes de gobierno en todo el país.
Una buena parte de la discusión sobre el futuro se centra en la importancia de los acuíferos del país, porque 70 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas se abastecen de los acuíferos según advierte Ramón Aguirre, ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México encargado del sistema de agua.
La advertencia de Aguirre se apoya en datos contundentes, porque asegura que de los 653 acuíferos que se tienen en el país, 115 se están agotando rápidamente por sobrexplotación y otros 90 no tienen disponibilidad para nuevas concesiones.
Y no es todo. La disputa por el negocio, y de muchas formas el descuido de las autoridades que no han establecido las reglas para lograr una mejor distribución del agua, han levantado un muro que divide económica y socialmente a la población del país.
Los datos dicen que en ciudades como la de México, en Guadalajara y Monterrey más de 90 por ciento de la población tiene una toma de agua en sus casas –estos datos no hablan de la disposición del líquido, o de su calidad–, mientras que en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, la gente tiene que caminar, muchas veces hasta horas para conseguir el agua para llevar a sus casas.
Las diferencias se acentúan cuando se tiene en consideración que quienes no pueden tener agua en sus hogares, tienen que gastar en agua embotellada.
El gasto en agua embotellada llega, cuando menos, a 58 pesos mensuales por hogar, según fuentes oficiales, pero esa cifra sigue en aumento, y como ya se dijo quienes gastan más son los habitantes de zonas de mayor marginación.
Hay datos que no parecen ciertos: México exporta agua, indica la información obtenida. La cerveza, los aguacates y las bayas (fresas, arándanos o zarzamoras, entre otras) son las formas de enviar una gran cantidad de líquido más allá de nuestras fronteras.
Por otro lado, aunque no se tienen datos actualizados, se estableció en el Atlas del Agua, publicado en 2016, que seis de cada 10 ríos tienen diferentes grados graves de contaminación, la mayor parte por desechos de las empresas.
Los empresarios de Nuevo León, que enfrentan también la escasez, han dicho que están dispuestos a ceder 20 millones de metros cúbicos, lo que fue calificado como una infamia puesto que el líquido, en términos legales, no es precisamente de esos industriales.
Las determinaciones políticas han llevado a ciertos grados de desastre a algunas comunidades. En Tamaulipas, donde la sequía lleva ya una década, se trazó un proyecto para construir un acueducto por el cual se aseguraría el abasto para Ciudad Victoria, la Secretaría de Hacienda lo tenía previsto y presupuestado pero el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca lo canceló y la crisis aumenta.
Por lo pronto desde la autoridad de Conagua se prepara un programa nacional de medición para conseguir los datos que apoyen las tarifas justas que deberán pagar quienes más consumen.
Se trata también de medir la sobrexplotación de los acuíferos y hacer que las tarifas de pago estén acordes a ese aprovechamiento, pero sobre todo medir y saber en qué se esta utilizando el líquido que requieren muchos lugares en diferentes entidades de la República.
Habrá también una serie de entrevistas y posibles acuerdos con los empresarios responsables de la contaminación de los ríos. Se aplicarán multas que sirvan para tratar de inhibir las acciones que hasta hoy tienen a muchos ríos, como dijimos antes, muy contaminados.
Las acciones del gobierno, señalan los especialistas, pueden ser remedios de momento, pero la exigencia es que desde las leyes se impida que el negocio del agua se tenga que mantener como otro elemento de marginación en contra de las entidades más pobres del país.
Agua: crisis en curso
En México, el acceso al agua potable es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero en los hechos presenta todo el aspecto de un privilegio del cual quedan excluidos millones de personas.
Por ejemplo, se estima que 90 por ciento de los habitantes del país cuenta con una toma de agua en sus domicilios, pero apenas 64 por ciento recibe líquido diariamente, sin mencionar que en muchos casos llega hasta los hogares con una calidad muy deficiente para su consumo o incluso para su uso en otras actividades.
Si bien la cobertura de 90 por ciento puede parecer muy amplia, implica que 13 millones de mexicanos deben abastecerse fuera de casa, en ocasiones en recorridos extenuantes que suelen recaer en las mujeres.
El escenario amenaza con empeorar de manera inminente. El 70 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas se abastecen de los acuíferos, pero 115 de las 653 capas subterráneas existentes se están agotando rápidamente por sobrexplotación, y otras 90 ya no tienen disponibilidad para recibir nuevas concesiones.
En algunas regiones la situación es crítica; así, en Nuevo León se alertó a finales de marzo pasado que el nivel de las presas únicamente permitiría distribuir agua durante 60 días, y eso considerando que algunas colonias ya padecen semanas sin recibir el líquido.
Una parte del problema responde a factores fuera del control de las autoridades, como la sequía (que en Tamaulipas ya se prolongó por una década) o el crecimiento de la población; pero otra parte se explica por decisiones políticas y empresariales lesivas para el Estado y para las mayorías sociales.
El núcleo de este abuso de los recursos hídricos se encuentra en la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde a los intereses privados y que convierte el agua en un objeto de lucro sin tomar en cuenta las necesidades humanas.
Debido a esa ley, durante las últimas tres décadas un puñado de individuos y de corporaciones se ha apoderado del agua mediante esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad y, al obtener el recurso a precios irrisorios, lo emplean sin ninguna sostenibilidad ni consideración de que el agua que ellos desperdician se les niega a quienes más lo necesitan.
Por retomar el caso de Nuevo León, ahí se ha detectado que prominentes ex funcionarios y residentes de las zonas más pudientes tienen pozos a su disposición, los más desfavorecidos sufren una carencia crónica del líquido.
El espíritu de rapiña de la legislación salinista es tal que entre 1995 y 2019 se incrementaron en 3 mil 191 por ciento las asignaciones y concesiones para la explotación del agua, con una dinámica de acaparamiento que llevó a que 1.1 por ciento de los concesionarios aprovechen más de una quinta parte del recurso.
Se ha dado pie a despropósitos tales como que las industrias usen agua potable en procesos que podrían –y deberían– llevarse a cabo con aguas tratadas o reutilizadas, o que en algunas comunidades falte el agua, pero haya refrescos embotellados.
Ante la crisis existente y su inminente agudización, es necesario tomar medidas con la finalidad de que el agua disponible se use de manera racional y acorde con los derechos humanos.
Un paso ineludible en esa dirección pasa por dejar atrás la legislación vigente y concretar la aprobación del proyecto de Ley General de Aguas que se encuentra en el Congreso, y cuyo texto retoma el trabajo realizado en centenares de foros a lo largo de más de nueve años, con aspectos innovadores como instancias democráticas de gestión hídrica, instrumentos de defensa del agua, regulación del régimen de concesiones, impulso del uso sustentable y respeto a pueblos originarios, ejidos y comunidades.
