La Defensoría del Pueblo y ONG reportan hasta 37 muertos y 471 desaparecidos
▲ Integrantes del pueblo misak derribaron ayer en Bogotá la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada.Foto Afp
Europa Press, Reuters, Afp y Prensa Latina
Periódico La Jornada Sábado 8 de mayo de 2021, p. 18
Bogotá. La Inspección General de la Policía de Colombia abrió ayer cerca de 50 investigaciones internas por abuso de autoridad, agresiones y violencia policial durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace 10 días, pero la campaña Defender la Libertad, miembro de varias organizaciones civiles, aseguró que ha recibido un total de 569 denuncias con las mismas características.
Según datos de la Defensoría del Pueblo publicados desde el miércoles pasado, la represión ha dejado 24 muertos, más de 800 heridos y 89 desaparecidos. La ONG Temblores aseveró que van 37 decesos, mientras la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia aseveró que van 471 desaparecidos desde el 28 de abril.
La dependencia aclaró que la procuraduría general tomó 10 de los 47 casos reportados, que llegan a incluir, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias de abusos sexuales perpetrados por los agentes, como reportó el diario El Tiempo. La procuraduría ya asumió, por poder preferente, 10 casos que habían comenzado como investigaciones disciplinarias en la policía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicaron en un comunicado su preocupación ante la gravedad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia e instaron a las autoridades a investigar los hechos.
La fiscalía indicó que investiga la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones, si bien se ha descartado la vinculación de ocho decesos. Defender la Libertad aseguró que del total de denuncias que recibió, 381 personas habrían resultado heridas por el uso desproporcionado de la fuerza.
De los 11 homicidios que la fiscalía relaciona con las protestas, ya hay tres policías imputados. Además, el jueves fue detenido el jefe de la policía, Carlos Javier Arenas Niño, por el presunto asesinato a manos de uniformados del joven Brayan Fernando Niño Araque durante las manifestaciones del 1º de mayo en el municipio de Madrid, Cundinamarca.
En Colombia, los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son, en principio, llevados ante la justicia penal militar. Esto no impide, no obstante, que la fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.
Tan sólo en el décimo día de protestas, dos personas murieron y 47 resultaron heridas, 14 de ellas graves, en la ciudad occidental de Cali, indicó la secretaria de Salud de esa urbe, capital del departamento de Valle del Cauca, Miyerlandi Torres.
Además, indígenas colombianos derribaron ayer en Bogotá una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador español del siglo XVI y fundador de la capital.
El sistema de la Organización de Naciones Unidas en Colombia llamó al gobierno a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos.
La institución apeló en un comunicado a la calma en el país para evitar una escalada de violencia en relación a las protestas sociales y valoró de forma positiva la oferta de diálogo del presidente Duque, en espera de que sirva para lograr una solución pacífica a la actual crisis.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden, pero llamó también a respetar los derechos de quienes no protestan y exhortó a un cese de los bloqueos.
Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria, respondió la cancillería colombiana a las recientes críticas.
Duque tuiteó ayer que sostuvo una reunión productiva con la Coalición de La Esperanza, como parte de los diálogos para sacar al país de la crisis, pero la agrupación aseguró que falta mucho trabajo del gobierno para solucionar los reclamos de los manifestantes e instaron al mandatario a reunirse con los organizadores de las marchas.
El presidente cuestionó el bloqueo de varias carreteras del país, lo que ha causado escasez de alimentos, gasolina y medicamentos, y pidió que las vías sean despejadas ya que, aseguró, está abierto al diálogo con los diferentes actores que integran la protesta social.
La coalición entró como oposición a hablar con el presidente Iván Duque y salimos como oposición. Nosotros fijamos nuestros puntos de vista y él fijó los suyos, dijo el senador Jorge Robledo, del partido Dignidad.
Las protestas, convocadas la semana pasada inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal ya retirado por Duque, se transformaron en exigencia de acciones que reduzcan la histórica desigualdad social con una renta básica para las familias más pobres y mejoras a los sistemas de salud y educación.
El gobierno prevé reunirse el próximo lunes con el Comité Nacional de Paro, uno de los principales convocantes a las marchas y que incluye a grandes sindicatos, pero ha dicho que está dispuesto a adelantar el encuentro.
Los líderes de las protestas se sentarán a la mesa con reclamos diversos: mejorar las condiciones de empleo, el sistema de pensiones, la seguridad y la salud; el cese de asesinatos de defensores de derechos humanos y la celeridad en la aplicación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Asociaciones médicas y autoridades gubernamentales colombianas advierten serias dificultades de abastecimiento de oxígeno de uso médico por los bloqueos en las principales vías de acceso durante las protestas de la semana anterior. Según el Ministerio de Salud, el país necesita 450 toneladas por día y algunos hospitales requieren suministro diario, cuando antes lo necesitaban cada 15 días. Colombia atraviesa el tercer pico de contagios de Covid-19 con 2.9 millones de casos y 76 mil 867 muertes, cuando sus unidades de cuidados intensivos están al tope de su capacidad.
Colombia y México; ley de por medio
Hugo Aboites*
En Colombia, jóvenes desafían cada noche al mortífero gobierno de Duque gritando, nos quitaron la salud, nos quitaron la universidad, y ahora nos quitan el salario y, a pesar del peligro, se organizan para salir a la calle, porque están desesperados. Su grito cuenta una historia, la de agresiones que se acumulan y de que basta entonces cualquier cosa para el desbordamiento. Y mientras, acá, en México, la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) (DOF 20/04/2021) y los que la propusieron, diseñaron y aprobaron, hacen su pequeña gran contribución a la desesperanza de los y las jóvenes mexicanos y dan un paso a la disolución del carácter autónomo de nuestras universidades; borrándoles identidad, sometiéndolas a un control cupular a manos de funcionarios federales, gobernadores y hasta rectores privados.
El recuento: se prometió el derecho a la educación superior, la gratuidad y la obligación del Estado de abrir lugares. Pero en la LGES ni lo uno ni lo otro, y tampoco lo tercero. No habrá derecho a la educación porque pese a la insistencia de estudiantes, académicos y sindicatos universitarios, la ley deja en manos de las autoridades universitarias mantener, reforzar y añadir, incluso, más requisitos para el ingreso a sus instituciones. Con apoyo legal, ellas regularán ahora el alcance que tendrá un derecho humano tan básico como la educación. Cuidan su hermoso jardín, pero cierran la puerta en un país que tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de América Latina.
Se prometió, además, gratuidad, simple y llana, pero lo que se aprobó garantiza que pasarán muchos inviernos antes de que se haga algo notorio en este tema. Siendo literales, en la LGES no se aprobó la gratuidad, sino el movimiento perpetuo hacia la gratuidad, habrá una transición gradual a la gratuidad (artículo 66). Pero, ¿quién decide qué tan gradual es gradual? En la autónoma, será la autoridad universitaria. Escucharemos en los años venideros la frase “seguimos transitando…”. Y el lenguaje es todavía más desesperanzador en el caso de la obligación del Estado de proveer de lugares suficientes: “se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar… a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior” (artículo 64).
Y, por otro lado, en contradicción con el anuncio del fin de los exámenes de selección que hizo AMLO en la campaña y ya en la Presidencia, ahora se decide darle a la evaluación (y acreditación) lo que durante 30 años de neoliberalismo nunca tuvo: legalidad (artícu-los 58 y 59). Por otro lado, profesores, estudiantes y sindicatos solicitaron una y otra vez democracia en las instituciones y ampliación de derechos. Pero ahora se refuerzan más las autoridades locales al crearse un Sistema Nacional de Educación Superior (artículo 47), que integra absolutamente a todas las más de 5 mil instituciones –incluyendo autónomas– bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En ese sistema “corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa las atribuciones siguientes: (…) III.- Coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior…” (artículo 47 y II). Pero, además, se crea un super consejo universitario, una especie de cúpula directiva –como en Canacintra y Concanaco– el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se encarga de acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior (artículo 52). La composición de esta cúpula muestra su tendencia autoritaria y vertical, pues quienes lo conforman serán funcionarios de la SEP, y 32 gobernadores, y más de 100 rectores de universidades públicas y privadas. En total, casi 180 integrantes de los cuáles sólo 18 serán estudiantes y académicos. Y en otra parte se dice que son los actores más importantes del Sistema (artículo 22, I).
De esta manera, después de 100 años de lucha por la autonomía el frente de rectores (Anuies), una SEP más papista que Milton Friedman con un Congreso dócil, ganan por todo lo ancho la batalla, y ahora tenemos una autonomía confinada. “Estamos satisfechos….” declaró el titular de la UNAM y, claro, es un paso que fortalece secularmente a las autoridades individuales. Sin embargo, falta hacerlo funcionar y, lo más importante, falta la respuesta que nacerá de la misma semilla que se ha sembrado. Crear un sistema nacional abre el terreno a una unidad más amplia –con el tiempo, hasta nacional– que recobre el esfuerzo de 1920-1930, de una Federación Nacional de Estudiantes y el de 1979-1980 de un Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, incluyendo a los precarios, que hoy, son los que luchan. Un sistema educativo rígido, excluyente y dominado por la autoridad genera persecución, y también rebelión. Y, como se ha dicho, pierden el miedo, por eso les tienen miedo.
* UAM-Xochimilco
