En el reciente comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin), podemos constatar que el atraso que originaron los gobiernos anteriores continúa. Rezago, indolencia, desinterés e irresponsabilidad de las autoridades persisten. No se ha experimentado un avance de la ciencia ni de la tecnología en esta área, se sigue padeciendo un atraso importante.
Nuestra lucha sindical de hace más de tres décadas fue amplia y logramos la atención de compañeros de diferentes sindicatos.
Pero también hay que decirlo, el sindicato cayó en manos de gente a la que no le interesaba el presente ni el futuro de la base trabajadora, ni mucho menos el avance de la industria nuclear del país y, aun menos, el avance de la ciencia.
Es muy importante que el comunicado del Sutin llegue a manos del Presidente de la República, dado su interés por darle importancia a la industria nuclear. Se están buscando en esta administración todas las posibilidades de desarrollo de la energía limpia y es ésta, la nuclear, una de esas opciones.
Es también importante destacar, como lo manifiestan en el comunicado, que la actual pandemia ha venido a recrudecer la situación y no se ha avanzado gran cosa, como urge hacerlo, desde hace décadas. Los gobiernos neoliberales minimizaron el peso de la soberanía energética, al insistir en la dependencia hacia Estados Unidos, como hasta la fecha lo hacemos.
Ya anteriormente, en el libro México: sindicalismo y poder, la experiencia nuclear compartí mi punto de vista respecto de la experiencia como sindicalista del Sutin. Y, 34 años después, todavía no se hace justicia.
Como punto de partida importante, el sindicato de los nucleares, como se le decía, fue perseguido y sometido a fuertes presiones, incluso policiacas y militares. Fue especialmente señalado y acusado de subvertir el orden por el hecho de que el Sutin fue un referente para otras organizaciones de trabajadores. De hecho, nuestro sindicato fue uno de los más perseguidos.
El Congreso del Trabajo del año electoral de 1985 quería tener en sus filas a sindicatos obedientes y acríticos. “Un Congreso del Trabajo como el de mediados de 1984, en acercamiento con otras organizaciones sindicales al fijarse metas comunes y a veces acciones comunes…; con públicas diferencias con las posiciones gubernamentales en materia de precios y salarios, impuestos, sector estatal, etcétera, no era el que ellos querían para renegociar la llamada alianza entre el Estado y los sindicatos. Por un lado, se hostiga a todo sindicato que no acate las indicaciones oficiales en materia salarial. Pero en especial se golpea al Sutin como punto de contacto entre los sindicatos de dentro y fuera del Congreso del Trabajo, y como portavoz de la defensa y reorientación del sector estatal de la economía, además de su participación en la cuestión salarial.”
En efecto, hace décadas que el Sutin ha transitado en crisis constante. Ha faltado voluntad política por parte de los gobiernos anteriores. La investigación y la industria nuclear todavía no cuentan con el apoyo necesario. Dependemos de los recursos provenientes de Estados Unidos, básicamente. Contamos con el uranio suficiente, no necesitamos que nos lo envíen desde esa nación.
Sin embargo, existe la voluntad política, en el actual gobierno, para retomar el asunto del desarrollo de la industria nuclear, de la investigación científica que permita llegar a contar con alternativas para abastecernos de energía eléctrica a través de las fuentes y de los métodos más limpios posibles.
Y hoy, existe la oportunidad de fortalecer al Instituto Nacional de la Industria Nuclear, y como lo plantea el sindicato de los nucleares, sería una oportunidad para que avancemos en la ciencia y en la tecnología en esta materia. Este avance, nos incluiría también, a los esfuerzos del mundo para mejorar la calidad del ambiente.
Además, se aportaría conocimiento para retomar esa parte de la política internacional que promovía la paz mundial, condición sine qua non para el desarrollo de la humanidad. Con una opción energética más limpia los esfuerzos estarán dirigidos a la producción de los satisfactores principales de la población: alimentos, salud, vivienda digna, cultura y educación.
Para las exigencias de justicia, la huelga continúa siendo un derecho. Y, de acuerdo con el incremento salarial que se está solicitando, es lógico que, si hablamos de equidad, no sea posible aceptar un incremento de 2 por ciento. Bajo las condiciones actuales de deterioro económico, debido a la pérdida del poder adquisitivo y de la afectación social y de salud general a causa de la pandemia del SARS-CoV-2, la revisión salarial es, no sólo justa, sino urgente, sin plazos engañosos y tomando en cuenta que los salarios no deben estar por abajo del valor de la inflación.
Coincidimos que la contratación por honorarios y servicios profesionales y todas las irregularidades de contratación van en detrimento de la calidad de vida de la base trabajadora y sus familias.
Envío a la familia y amistades del General José Francisco Gallardo Rodríguez, nuestra más profunda solidaridad por esta pérdida sorpresiva y dolorosa. Hasta siempre, general Gallardo, compañerode lucha.
@AntonioGershenson
antonio.gershenson@gmail.com
Colombia: pandemia e incendio social
Miles de colombianos han salido a protestar desde el miércoles en las ciudades más importantes de ese país contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. Desafiando el toque de queda impuesto por el recrudecimiento de la pandemia, habitantes de Bogotá, Cali, Medellín, Pasto y otras urbes rechazaron la pretensión del mandatario derechista de gravar servicios básicos en zonas de clase media-alta, imponer tasas a los funerales y crear un impuesto sobre la renta para quienes ganen más de 656 dólares mensuales, entre otras medidas.
La iniciativa resulta desafortunada en un contexto en que la economía de Colombia registró una caída de 6.8 por ciento el año pasado por los efectos de la pandemia, la cual, además, disparó el desempleo hasta 18 por ciento, y la mitad de quienes conservan sus trabajos son del sector informal. Pero es una irresponsabilidad inaudita que una propuesta sabidamente impopular se presente cuando esa nación atraviesa la fase más dura de la emergencia sanitaria, al registrarse un récord de muertes en 24 horas y el sistema hospitalario al límite con apenas 17 por ciento de las unidades de cuidados intensivos disponibles.
Para colmo, el intento de apuntalar las finanzas gubernamentales presionando de manera desproporcionada a las clases medias se da por parte de un gobierno que ya arrastraba un marcado déficit de legitimidad, y que reaccionó ante las protestas con una represión desmedida en cuyo curso hubo centenares de heridos y detenidos, así como un menor de edad fallecido a causa de disparos de la policía, de acuerdo con la organización no gubernamental Temblores.
Más que una reacción espontánea ante el golpe tributario, el paro nacional de esta semana es la continuación de la huelga general convocada hace año y medio por sindicatos, indígenas y otros sectores de oposición para denunciar la violencia perpetrada o cobijada por el régimen de Duque. Debe recordarse que el mandatario, cuya desaprobación alcanza 70 por ciento, enfrentó un masivo movimiento de rechazo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, el cual sólo fue detenido por las medidas de confinamiento y distanciamiento social, pero cuyas causas permanecen vigentes e incluso han cobrado mayor urgencia.
Si la pandemia obligó a los descontentos a evitar las aglomeraciones durante varios meses del año pasado y el presente, en cambio dio rienda suelta a los distintos poderes fácticos que imponen sus intereses mediante la violencia: de los 904 líderes sociales asesinados entre el primero de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, 310 perdieron la vida el último año. Así se explica que en estos días millares de colombianos salgan a las calles, pese a al peligro de contagiarse, pues la desigualdad, la corrupción y la violencia suponen una amenaza equiparable a la del virus.
Está claro que no basta con la reformulación de la reforma tributaria anunciada el viernes por Duque, sino que se debe renunciar a ésa o a cualquier otra iniciativa que lesione la situación económica de las mayorías y las obligue a manifestarse de maneras que ponen en riesgo su vida.
