Carlos Fernández-Vega
▲ Los mercados en Asia-Pacífico comenzaron las operaciones este lunes con tendencia mixta, en medio de expectativas de un crecimiento económico ligado a las reaperturas. Las ganancias estuvieron encabezadas por el índice Nikkei 225 de Tokio, el cual sumó 0.82 por ciento. En Corea del Sur el KOSPI retrocedió 0.40 por ciento y el KOSPI 50 restó 0.42 por ciento. Por su parte, los referenciales petroleros extendieron las ganancias con que cerraron la semana pasada; el WTI sumó 0.30 centavos a 63.88 dólares el barril, mientras que el Brent avanzó 29 centavos a 66.73 dólares. (Con información de Reuters)Foto Ap
Como ha sucedido en prácticamente todas las crisis económicas registradas a lo largo de las últimas cuatro décadas, la solución mágica a todos los problemas por ellas generados fue y es que los gobiernos neoliberales se endeuden hasta la coronilla para inyectar liquidez a los mercados financieros y a los grandes corporativos, para de inmediato pasar la factura a los mortales que son obligados –les guste o no– a pagar el cada vez más oneroso costo económico y social de dicha práctica.
¿Resultado? Corporativos cada vez más ricos, bancos cada vez más poderosos y un mercado financiero que sólo responde a las directrices de esos grupos oligopólicos, mientras en la comunidad de naciones las arcas nacionales, la perspectiva de crecimiento y desarrollo, y el nivel de bienestar de la población, de por sí en la lona, se hunden crisis tras crisis.
¿Qué ha sucedido con la pandémica crisis que vive el planeta? Exactamente lo mismo que en las sacudidas previas, es decir, el nivel de la deuda crece como la espuma, mientras la economía y la población de los países –los subdesarrollados en primera línea– registran caída libre.
La Jornada lo reseñó así en su edición dominical: “la primera respuesta de política económica que predominó en el mundo para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 –inyectar liquidez a los mercados financieros y contratar deuda pública– terminó por beneficiar a los grandes capitales especulativos. Y, a la vez, fue el germen de una trampa cuyo efecto se verá en los próximos años, plantea Eric Toussaint, presidente del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, organización con sede en Lieja, Bélgica.
Las clases populares, ya afectadas por la pandemia, se enfrentan a cambios que las van a dañar más todavía, dice Toussaint. Es claro que la crisis de 2020 es diferente a la de 2007-2009, pero hay una repetición de políticas que fundamentalmente favorecen al gran capital y a las grandes corporaciones. En este caso no es solamente a los fondos de inversión y la banca privada. Hay que añadir esta vez a las grandes farmacéuticas (Roberto González Amador).
En efecto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que sólo en 2020 la deuda pública de América Latina y el Caribe aumentó 14 puntos porcentuales del producto interno bruto regional, al pasar de 58 por ciento en 2019 a 72 por ciento al cierre de diciembre de ese año (y la cuenta se mantiene al alza), y en un escenario central seguirá aumentando hasta llegar a 76 por ciento hacia 2023. Además, entre un año y otro los déficits fiscales totales se incrementaron, en promedio, 5.3 puntos porcentuales del PIB. Una preocupación natural es si los altos niveles de deuda pueden llevar a una repetición de los años 80, la llamada década perdida, subraya el organismo.
Y no es el único, porque la Cepal advierte que se ha acelerado la tendencia alcista de la deuda pública en América latina y el Caribe ante un escenario fiscal complejo. El débito aumentó considerablemente durante todo 2020, arrastrado por los déficits fiscales históricos que se registraron luego de la puesta en práctica de los paquetes de asistencia dirigidos a la población y las empresas. Al concluir ese año la deuda pública bruta del gobierno central alcanzó en promedio 56.3 por ciento del producto interno bruto en América Latina, cifra 10.7 puntos porcentuales superior (con relación al PIB) a la registrada al cierre de 2019.
En 2020, los niveles de endeudamiento público de América del Sur y el grupo de países compuesto por Centroamérica, México y la República Dominicana alcanzaron 59.3 y 53.2 por ciento del PIB, respectivamente. En Argentina (la herencia de Mauricio Macri contribuyó de forma brutal) llegó a 104.5 por ciento; Brasil, 89.3; Costa Rica, 67.9, y Uruguay, 61.5. Esa misma solución mágica neoliberal ha incrementado sostenidamente los de por sí elevadísimos niveles de pobreza, de tal suerte que esa ruta ha condenado a millones y millones de personas a la miseria permanente.
Las rebanadas del pastel
Bueno, de crisis en crisis, y gracias a la solución mágica, los barones mexicanos (marca Forbes) amasaron fortunas de ensueño, mientras el país se hundía cada vez. Por ejemplo, dos de ellos: el tóxico Germán Larrea la incrementó en más de 2 mil 400 por ciento y Carlos Slim en mil por ciento, y contando.
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Un caballo de Troya en el T-MEC
Manuel Pérez Rocha Loyo*
No tardó en llegar. Finley Resources Inc. MWS Management y Prize Permanent Holdings interpusieron el pasado 12 de mayo una demanda contra México por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial ( La Jornada, 16/5/21). Es la primera demanda contra México en respuesta a la contrarreforma energética de la 4T.
Los demandantes están invocando protecciones a inversionistas tanto bajo el TLCAN como el nuevo T-MEC, ya que, aunque el segundo sustituyó al primero en 2020, el anexo 14-C del T-MEC permite que se interpongan demandas inversionista-Estado bajo los términos del TLCAN con respecto a inversiones realizadas durante este último (llamadas inversiones de legado) por un periodo de hasta tres años; es decir, hasta el 1º de julio de 2023. ¡Qué bondad la de los negociadores del T-MEC con las voraces empresas extractivas!
Bajo advertencia no hay engaño. El American Petroleum Institute (API) había expresado una semana antes su preocupación por las políticas energéticas de la 4T y las contrarreformas a las leyes de hidrocarburos que, adujeron, favorecen a las compañías mexicanas de energía (Pemex y CFE) a expensas de otras (extranjeras). Según el API, el común denominador de ambas leyes es el entorpecer nuevas inversiones privadas en el sector energético, así como destruir el valor de activos privados ya operantes, en violación a los compromisos de México bajo el nuevo T-MEC.
Como explica John Saxe-Fernández ( La Jornada, 20/5/21), el éxito de Pemex puede, para instituciones como el mismo Banco Mundial, llegar a ser un mal ejemplo, pues una empresa tan exitosa podría ser un modelo para otros países que se inclinen por nacionalizar su petróleo.
Así, ante la amenaza que representa la soberanía energética y de los recursos naturales para los enormes intereses que han despojado a nuestro país y región desde la colonización, el Ciadi del mismo Banco Mundial opera como una de las herramientas neocoloniales más poderosas y punitivas. En entregas anteriores he destacado cómo México se enfrenta a demandas por miles de millones de dólares (La 4T y los derechos de los inversionistas, La Jornada, 1/4/21); tan sólo tres empresas mineras (Vulcan y Oddysey, de EU, y First Majestic, de Canadá) tienen demandado a México por 4 mil 540 millones de dólares.
Las compañías extractivas (petróleo, gas y minería) son las que más se benefician del sistema supranacional de arbitraje representando 24 por ciento del total de demandas registradas en el Ciadi (ICSID case load 2020-2), siendo las de energía las segundas con 17 por ciento. El sistema de arreglos de disputas inversionista-Estado (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés) se caracteriza por tribunales privados que operan a puertas cerradas y, de acuerdo con George Kahale III, abogado de arbitraje y presidente de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (despacho de abogados en Washington que representa sólo a estados), parece ser el salvaje viejo oeste del derecho y la práctica jurídica internacional. Según Kahale III, lo que estamos observando cada vez más con los casos ISDS no sólo son malas decisiones en materia básica de jurisdicción y responsabilidad, sino también demandas astronómicas. Hemos entrado verdaderamente en una era de megacasos, donde demandas de miles de millones de dólares se han vuelto muy frecuentes (trad. del autor).
De estas demandas astronómicas en el Ciadi, hay 14 cuyos laudos arbitrales o arreglos entre partes han sido ya a favor de empresas demandantes por más de mil millones de dólares (Unctad). Y de éstas, 11 corresponden a empresas extractivas (incluyendo tres demandas contra Venezuela por 9 mil 960 millones de dólares; dos contra Argentina por 6 mil 350 millones de dólares y una contra Ecuador por mil 750 millones de dólares).
Para ilustrar el carácter eminentemente neocolonial de este sistema de arbitraje supranacional, la demanda de Finley Resources y otros contra México se suma a las 76 demandas de empresas extractivas contra países de América Latina y el Caribe, cuando sólo ocho empresas demandantes tienen sede en nuestra región. En cambio, 74 empresas demandantes en este sector (a escala mundial) tienen sede en EU o Canadá, países que reciben sólo siete demandas, y 65 tienen sede en Europa Occidental, cuyos países han recibido sólo dos demandas de este sector.
Para salir del neoliberalismo neocolonial, y defender la soberanía nacional no hay otra opción para México que terminar y renegociar los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, incluyendo el T-MEC. Muchos países, desde Ecuador hasta Indonesia lo están haciendo. Recientemente, Pedro Castillo, candidato presidencial en las elecciones en Perú, ha prometido que retiraría a su país del Ciadi y de otros mecanismos de demandas inversionista-Estado y crearía un centro de arbitraje regional en América del Sur. Si Castilo gana, y cumple, ojalá México y países de Centroamérica y el Caribe se sumaran a este anhelo para abonar a la unidad latinoamericana y restarle un arma al destructivo extractivismo neocolonial.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
