Carlos Fernández-Vega
▲ El presidente López Obrador informó sobre las reuniones que ha sostenido con Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y Arturo Zaldívar, integrantes de la SCJN, para exponer los beneficios de los cambios a la ley eléctrica. Es muy importante que se dé esta comunicación, pertenecemos a poderes autónomos, pero formamos parte del Estado mexicano y hay asuntos que requieren de una atención de Estado.Foto Notimex
Caló hondo la denuncia del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien subrayó que para decomisar precursores de drogas y otras menudencias (concretamente en el puerto de Manzanillo, Colima), hay que hacerlo paso a paso, bien fiscalizado y judicializado, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, se nos van. Y fue más allá: hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención.
De inmediato brincó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, quien aseguró que la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia.
Qué bueno, pero si bien el almirante Ojeda Durán no descubre el hilo negro, el posicionamiento del ministro Zaldívar no responde a la denuncia del secretario de Marina. Lo primero, porque es de todos conocido y padecido cómo, de siempre, no pocos jueces dejan en libertad a todo tipo de fauna relacionada con el crimen organizado (incluido el de cuello blanco). Además, hasta donde se sabe, el tráfico de drogas y de precursores para elaborarlas no forman parte precisamente de los derechos humanos.
Peor aún, el mensaje del ministro Zaldívar ni lejanamente responde al señalamiento concreto de Ojeda Durán de que hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención.
De hecho, en la mañanera de ayer, en la que el titular de Marina se pronunció en el sentido referido, el presidente López Obrador subrayó la necesidad de que México cuente con una Suprema Corte de Justicia, no de una Suprema Corte del Cohecho o de lo chueco (tampoco desmintió al almirante Ojeda Durán), e informó sobre las reuniones que ha sostenido con integrantes de la SCJN (concretamente con los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y el propio Arturo Zaldívar), porque es muy importante que se dé esta comunicación; pertenecemos a poderes autónomos, pero formamos parte del Estado mexicano y hay asuntos que requieren de una atención de Estado, como en el caso Ayotzinapa en el que trabajamos de manera conjunta fiscalía, Poder Judicial y Poder Ejecutivo.
Pero esa comunicación también incluye otro caso que a nosotros (Presidencia de la República) nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa; por ejemplo, nos importa mucho que sepan por qué la ley eléctrica o la de hidrocarburos. Nos rechazaron (dos jueces: Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) una ley para la seguridad de las líneas de transmisión (eléctrica) y lo hicieron sin tener todos los elementos, yo diría beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado.
Con la reforma energética de Peña Nieto, detalló López Obrador, se elevó a rango supremo el interés privado y no puede ser así, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública y encargada de la distribución de la energía eléctrica. Un ministro de los que no nos ven con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta de dar seguridad a las líneas garantizando el interés general, pero como en los últimos tiempos predominó la política neoliberal y no les importaba el interés público, sino los intereses particulares, pues por eso yo prefiero informarles (a los integrantes de la SCJN) de qué se trata; no vamos a defender facciosamente intereses particulares que afecten el interés público.
Entonces, muy lejos está el Poder Judicial de la perfección que presume.
Las rebanadas del pastel
A partir del primer día de 2022 un altísimo funcionario del mundillo financiero del sector público deberá buscar chamba, porque entre los planes presidenciales no está el de promoverlo para un nuevo periodo al frente de la institución que aún encabeza. Se trata del itamita Alejandro Díaz de León, quien en tan solo dos años registró un meteórico ascenso: director general del Bancomext, subgobernador y gobernador del Banco de México. Sin demeritar sus conocimientos, lo anterior sólo fue posible por un factor: su cercanía con Enrique Peña Nieto.
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México y el Acuerdo de Escazú
Miguel Concha
En las décadas recientes se han evidenciado graves efectos de la crisis por el cambio climático, considerado como la mayor amenaza a la vida tal como la conocemos hasta hoy. Sin obviar el grado de responsabilidad que tenemos todas las personas, las empresas y los Estados juegan un papel fundamental, ya que sus acciones u omisiones llegan a impactar en la agudización del cambio climático, incluso a escala global.
En este sentido, resulta relevante la reciente entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Como su nombre lo sugiere, el acuerdo tiene como propósito garantizar la implementación plena y efectiva de derechos medioambientales: acceso a la información de manera oportuna y adecuada; rendición de cuentas y transparencia; toma de decisiones informada, participativa e inclusiva, así como a la justicia en asuntos medioambientales.
Todo esto a través de la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación regional entre los países de América Latina y el Caribe. En palabras de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú también busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y, a la vez, garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Especialmente los derechos de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El artículo tres del acuerdo enuncia los principios que guiarán su implementación. Uno de ellos, el precautorio, el cual es igualmente contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del que México es parte. Su aplicación se materializó en nuestra nación mediante el decreto para la eliminación progresiva del glifosato y la prohibición del maíz transgénico, con lo cual se pretende prevenir daños graves o irreversibles.
El artículo seis aborda la generación y divulgación de información ambiental. Sobre la producción de semillas transgénicas y el uso de agroquímicos tóxicos; el acuerdo servirá de apoyo para garantizar a la población el acceso a información verídica, suficiente y cercana sobre sus efectos negativos en la salud de las comunidades campesinas e indígenas y en el medio ambiente. Por ejemplo, en qué grado están presentes agrotóxicos como el glifosato y el glufosinato de sodio; cuáles han sido las afectaciones en los mantos acuíferos y en la biodiversidad por el uso de estas sustancias, y cómo se establecen las sanciones administrativas para la reparación de los daños ocasionados.
Durante años se ha denunciado la producción de maíz y soya transgénicos en distintas regiones de México, a pesar de que existe una medida cautelar que la prohíbe, impulsada por la Demanda de Acción Colectiva contra los Transgénicos. Sin embargo, contamos con escasa información pública acerca de cuáles han sido las sanciones aplicadas a las empresas agroindustriales que no han respetado dicha medida.
Según el Acuerdo de Escazú, esta información debería ser difundida por las instancias gubernamentales correspondientes, como la Secretaría de Salud, la Semarnat y la Sader.
El alcance de la soberanía, autosuficiencia y autonomía alimentarias también implica un acceso a la justicia con garantías del debido proceso, expresado en el artículo ocho del acuerdo. Las afectaciones provocadas por el uso de paquetes tecnológicos agroindustriales, el cambio climático derivado de la contaminación, las emisiones de carbono y la erosión acelerada de los suelos obstaculizan la producción de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad para las comunidades, sean de consumo local, regional o a gran escala. Por lo que deberán ser consideradas violatorias de derechos, como el derecho a la salud, la alimentación y a un medio ambiente sano.
Finalmente, el acuerdo también representa la adquisición de obligaciones internacionales para garantizar la protección de personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio, así como para evitar el uso de mecanismos contra los defensores del medioambiente. Lo que se refleja en el artículo nueve. Un claro ejemplo son quienes durante años han denunciado los daños a la salud derivados del uso de transgénicos en el campo.
De igual manera, acciones como el fallido recurso de suspensión provisional contra el decreto deben analizarse bajo las obligaciones adquiridas con la firma y reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano, ya que ponen en cuestionamiento la lucha por la protección plena de las comunidades campesinas e indígenas, y de quienes defienden los derechos medioambientales.
