Reuters y Afp Periódico La Jornada
Martes 11 de mayo de 2021, p. 14
Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este lunes a un grupo de piratas informáticos con sede en Rusia del ciberataque a Colonial Pipeline, el sistema de tuberías de productos refinados más grande de EU, reportado el 7 de mayo, si bien señaló que por el momento no hay pruebas de que el gobierno ruso de Vladimir Putin esté implicado.
En tanto, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) indicó que fue DarkSide el grupo que produjo el ransomware utilizado en el ataque cibernético, esto es, un programa que aprovecha agujeros de seguridad para cifrar los sistemas informáticos y exigir un pago a cambio de desbloquearlos.
“La FBI confirma que el ransomware de DarkSide es responsable de comprometer las redes de Colonial Pipeline. Seguimos trabajando con la empresa y nuestros socios gubernamentales en la investigación”, señaló.
Biden, quien planea reunirse con Putin, sostuvo que “hasta ahora no hay evidencia, de parte de nuestro personal de inteligencia, de que Rusia esté involucrada, aunque hay pruebas de que los actores, el ransomware, está en Rusia. Tienen cierta responsabilidad”.
Además, el mandatario destacó que “las agencias de todo el gobierno han actuado rápidamente para mitigar cualquier impacto en nuestro suministro de combustible. Estamos preparados para tomar medidas adicionales en función de la rapidez con la que la empresa pueda recuperar su capacidad de producción, aseguró.
Por su parte, la asesora adjunta de Seguridad Interior de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, aseguró en rueda de prensa que “no hay escasez de suministros.
Colonial nos ha dicho que no ha sufrido daños y que puede volver a estar en marcha con relativa rapidez, agregó.
En un comunicado, la empresa aseguró que si bien la situación sigue siendo fluctuante y continúa evolucionando, tiene el objetivo de restaurar sustancialmente el servicio operativo para el final de la semana.
Colonial Pipeline, que envía combustible desde la costa del Golfo de Texas a la costa este estadunidense a través de 8 mil 850 kilómetros de oleoductos, y atiende a 50 millones de consumidores, anunció el sábado pasado haber sido víctima de un ataque de ciberseguridad.
Los responsables del oleoducto detuvieron todas las operaciones informáticas para contener la amenaza y el domingo anunciaron que están desarrollando un plan de reinicio del sistema.
Colonial opera el sistema de oleoductos de productos refinados más grande del país, transporta más de 100 millones de galones de combustible diariamente desde Houston, en Texas hasta Nueva York.
Los precios del petróleo se estabilizaron luego de que Colonial Pipeline anunciara su reapertura progresiva, cerrando con pequeñas alzas marginales en Londres y Nueva York.
El Brent subió 4 centavos a 68.32 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ganó 2 centavos a 64.92 dólares. La mezcla mexicana de exportación siguió la tendencia y sumó 10 centavos a 62.38 dólares.
Familiares de víctimas piden a la ONU investigue abusos policiales en EU
Foto archivo de las protestas en 2020 tras el asesinato del afroestadunidense George Floy a manos de un policía de EU.
Nueva York. Familiares de víctimas de violencia policiaca apoyados por organizaciones defensoras de derechos y libertades civiles en Estados Unidos y de otros 40 países enviaron una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas solicitando una investigación internacional independiente sobre el uso de fuerza letal por policías y represión oficial de protestas en Estados Unidos.
A un año del asesinato del afroestadunidense George Floyd por policías, evento que detonó protestas masivas sin precedente en demanda de justicia racial, en la carta enviada este lunes firmada por 171 familiares de violencia policiaca (incluyendo los de Floyd) y 270 organizaciones de derechos humanos y civiles, religiosas y anti-racistas de más de 40 países se exigen acciones para combatir la impunidad y obligar el rendimiento de cuentas en Estados Unidos.
La carta llama al Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecer una comisión independiente de investigación sobre asesinatos de afroestadunidenses por la policía como también las respuestas violentas de fuerzas de seguridad a las protestas en Estados Unidos, incluyendo contra periodistas.
En la carta dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, se solicita que se formulen recomendaciones para que Estados Unidos formule un plan nacional de acción para eliminar el racismo sistémico y la discriminación racial en Estados Unidos.
La carta recuerda que “la policía en Estados Unidos mata casi mil personas cada año. La epidemia de violencia policiaca se ha enfocado directa y desproporcionadamente sobre gente de color. Personas indigenas y de descendencia africana padecen las tasas más altas de tiroteos policiacos, seguidos por latinos”.
Ofreciendo indicadores de impunidad, la carta afirma que 98.3 por ciento de asesinatos de la policía entre 2013 a 2020 no han resultado en cargos criminales contra los oficiales.
Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las principales organizaciones que impulsa esta iniciativa, declaró que “la violencia policiaca no es un problema únicamente estadunidense, la impunidad y asesinato desproporcionado de personas afroestadunidenses, latinas e indígenas a manos de las fuerzas de seguridad pública sí lo son, y se requiere que toda la comunidad internacional actué”. Agregó que el gobierno de Joe Biden debería responder a las solicitudes de los familiares de las víctimas de “establecer una comisión de indagación de la ONU para obligar a que Estados Unidos rinda cuentas por el sistema desenfrenado de racismo sistémico que promueve la violencia de las fuerzas de seguridad pública”.
“Los asesinatos extrajudiciales de afroestadunidenses por policías en Estados Unidos es uno de los ejemplos más de las violaciones de derechos humanos registrados en la historia”, declaró Collete Flanagan, fundadora de Madres contra la Brutalidad Policiaca, otra de las organizaciones encabezando esta iniciativa.
La carta es en seguimiento a una primera solicitud ante la misma instancia presentada en 2020, de la cual se espera un primer informe. Sin embargo, después de una intensa presión de el gobierno de Donald Trump, la ONU amplió el enfoque de esa investigación a varios países, y no atender en exclusivo al caso de Estados Unidos.
Entre los otros organizadores de esta iniciativa está la influyente Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, las familias de víctimas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Robert F. Kennedy.
[La carta y La lista completa de las firmas: https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/21.05.10_public_joint_ngo_letter_to_the_hc_on_follow_up_to_resolution_43.1.pdf].
