La ley es un instrumento de la política. La invocación al imperio de la ley suele provenir de poderosos que oyen pasos en el tejado. Aunque son ellos quienes la violan impunemente. Cuando se invoca con vehemencia la Constitución, veamos el fondo, antes de deslumbrarnos. Las leyes son la cara jurídica del statu quo. Y están para mantenerlo. Y aun cuando las leyes impliquen excesos de indecencia, es muy difícil cambiarlas. AMLO ha empezado a introducir algunos cambios en las normas, en medio de la histeria de los de arriba.
Hans Kelsen, padre del iuspositivismo, define al derecho como un orden coactivo; un sistema de normas que motiva conductas mediante la amenaza de un castigo que debe imponerse institucionalmente. La norma jurídica no dispone directamente la conducta que el sistema quiere motivar, ordena una sanción contra la conducta contraria. La moral pide directamente: no matarás; la norma jurídica dispone: si matas vas a la cárcel.
Carlos Salinas eliminó el carácter de delito grave a la corrupción. Así, el poder neoliberal se sirvió a lo bestia, y no hubo norma que puniera sus actos impúdicos. El outsourcing, ahora atemperado, es uno de los medios por los cuales los capitalistas se ceban al máximo a costa de los trabajadores: el poder político neoliberal cuidó de que no hubiera sanción. Qué difícil fue mover esa rapacería. Abraham Nuncio nos enteró sobre los pormenores de la autoridad del poder económico sobre el político en Nuevo León; así el poder político se desdibuja y renuncia a su rol de servir a esa cuasi entelequia llamada interés general. No hay ley que castigue esa asociación perversa. Ha sido la pauta neoliberal.
El Presidente quiere una reforma del Poder Judicial. Un asunto fundamental es la sanción a los integrantes de esa instancia del Estado, que han nadado en un pantano hasta ahora inescrutable de corrupción. Un coro de 400 mil voces de trastornados, están en contra de tocar esa cínica venalidad.
Una forma elemental de atender el interés general, en una condición de inefable desigualdad, es implementar programas en beneficio de los desposeídos. El Presidente quiere hacerlo, pero el derecho también sirve para impedirlo mediante el uso y abuso sin medida de la figura del amparo. No hay norma que sancione esas canalladas. Los jueces contra el interés general.
Por si algo le hiciera falta a la realidad jurídica del país, tenemos zonas donde manda el crimen organizado: la ausencia total del Estado y de la ley; el crimen manda en sociedad con políticos de ayer agazapados.
Una de las tareas en pañales es hacer cumplir los derechos humanos de todos en todo el territorio. Cuánto ganaría la sociedad mexicana si camináramos en dirección de esa utopía. Tenemos a los jueces en contra y también a los de arriba, que se sirven con la cuchara grande. Y esos jueces son lo que aplican la norma, cuando la hay. La tarea de la 4T es inconmensurable.
Aun si los derechos humanos fueran observados, tendríamos encima la realidad propia de la brutalidad capitalista. En páginas memorables de El Capital, Karl Marx desveló lo que la relación de igualdad jurídica encubre. La relación entre capitalistas y asalariados “surge tan sólo cuando el poseedor de medios de producción y medios de subsistencia encuentra en el mercado al trabajador libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y esta condición histórica entraña una historia universal”.
“La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y por otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo. Esta relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni tampoco es una relación social común a todos los periodos históricos. Es en sí misma, ostensiblemente, el producto de un desarrollo histórico precedente, el producto de numerosos trastocamientos económicos, de la decadencia experimentada por toda una serie de formaciones más antiguas de la producción social.”
Ese trabajador libre, dueño de su fuerza de trabajo convertida en mercancía, “y el poseedor de dinero, se encuentran en el mercado y traban relaciones mutuas en calidad de poseedores de mercancías dotados de los mismos derechos, y… sólo se distinguen por ser el uno vendedor y el otro comprador: ambos, pues, son personas jurídicamente iguales”. Como lo demuestra Marx, en el mercado el trabajador entrega su fuerza de trabajo a cambio del salario,luego tendrá lugar el proceso de producción y ahí el valor de uso de la fuerza de trabajo entregará al capitalista un valor superior al valor del salario, un plusvalor. Es el fenómeno de la explotación laboral, piedra angular del capitalismo, perpetrada en condiciones de igualdad jurídica. El sistema expolia a los más con la ley en la mano. (Citas del tomo I, pp. 207, 206, 204, en ese orden, itálicas en el original, ed. Siglo XXI).
Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Salinas, entre otros, se hincha de dinero mal habido legalmente, manteniendo en la cárcel a los deshechos del sistema del que ellos son beneficiarios.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El tren Chihuahua-Pacífico, en imagen de archivo. Como en tantas otras privatizaciones la de los ferrocarriles mexicanos tuvo el mismo fin: pérdidas para el Estado y pingües ganancias para el grupúsculo de empresarios amigos del gobierno en turno.Foto Notimex
Como en tantas otras privatizaciones del régimen neoliberal, la de los ferroca-rriles mexicanos tuvo el mismo fin: pér-didas para el Estado y pingües ganancias para el grupúsculo de empresarios amigos del gobierno en turno (en este caso el de Ernesto Zedillo, quien terminó como empleado de una de las trasnacionales beneficiadas por su decisión). Han pasado 26 años desde el banderazo de salida y las grandes promesas de entonces (crecientes inversiones, competencia que estimulará la participación de otros actores, decidido impulso al crecimiento económico, vertiginoso avance de la red ferroviaria, empleo y mu cho más) siguen como asignatura pendiente.
A fin de cuentas, y tras algunos enjuagues en-tre los compradores originales, la competencia promovida por tal privatización terminó en lo previsible: Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea) y la trasnacional Kansas City Southern de México se quedaron con más de 90 por ciento del pastel de los ferrocarriles en el país y el Estado perdió dinero por doquier.
Ahora que en el Senado de la República promueven reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, vale la pena que los le-gisladores tengan a la mano la siguiente información: más allá del duopolio y la extranjerización que promovió la privatización, en los 26 años transcurridos desde la brillante decisión de Ernesto Zedillo, la longitud total de la red fe-rroviaria del país a duras penas aumentó 105 ki-lómetros, a razón anual promedio de 4.03 kiló-metros, al pasar de 26 mil 622 kilómetros en 1997 a 26 mil 727 kilómetros en 2018; o sea, un crecimiento de 0.4 por ciento en el periodo, lo que ni de lejos se puede considerar un gran beneficio para el país, amén de que todas las ganancias se quedan en el citado duopolio.
Sólo como referencia histórica: cuando Porfirio Díaz abordó el Ypiranga México contaba con 19 mil 528 kilómetros de longitud total de red ferroviaria. De entonces al gobierno de Zedillo dicha red creció casi 7 mil 100 kilómetros (que tampoco es para presumir), es decir, un alza de 36.3 por ciento en el periodo. En los siguientes 26 años los beneficiarios de la privatización la aumentaron 105 kilómetros. Vale señalar que sólo el proyecto del Tren Maya implica mil 500 kilómetros adicionales de red. En su informe de gobierno de 1909, Porfirio Díaz presumía que los ferrocarriles de jurisdicción federal han tenido en el semestre próximo pasado un aumento de 263 kilómetros en la construcción de nueva red; es decir, en sólo seis meses construyó 2.5 veces más que en 26 años de moderna privatización zedillista.
En fin, según información de La Jornada (Víctor Ballinas), ayer las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por mayoría un dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, el cual establece vigencia de 30 años para las construcciones ferroviarias, con posibilidad de prorrogarse en cuanto a las empresas den mejores resultados. Actualmente las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgan hasta por 50 años prorrogables por otras cinco décadas.
También contemplan sanciones y multas por el equivalente a de 5 a 10 por ciento de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario. En el dictamen aprobado se destaca que en México actualmente 95 por ciento de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa lo que en otros sec-tores económicos implicaría la existencia de duopolio en el mercado nacional (obviamente de esto la Comisión Federal de Competencia Económica no dice ni pío).
Entonces, he allí el beneficio concreto de pasar de un monopolio de Estado a un duopolio privado con tinte trasnacional. Como bien dice la senadora Jesusa Rodríguez, lo que hizo Ernesto Zedillo con los ferrocarriles es inaceptable y vergonzoso; una tragedia para México.
Las rebanadas del pastel
Ya entrados en gastos, ahora la trasnacional Canadian National Railway va tras la Kansas City Southern (matriz de la que opera en México), para lo cual ofreció la friolera de 33 mil millones de dólares. ¡Qué coincidencias! La firma canadiense también fue privatizada. ¿Beneficios para México? Ninguno.
cfvmexico_sa@hotmail.com
