Cabe saludar que finalmente arriben a México las inmunizaciones adquiridas mediante este mecanismo de acceso al que se han sumado 159 países, entre los cuales los de menores recursos obtendrán precios preferenciales o subsidiados.
Sin embargo, la lentitud con que avanza el reparto de los biológicos resulta exasperante; ante todo, para aquellas naciones que no han podido acceder a ninguno de los fármacos mediante las lógicas de mercado: como señaló el miércoles el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, Covax se propone repartir 2 mil millones de dosis antes de que acabe el año, pero hasta ahora ha canalizado menos de 10 por ciento de los 938 millones de vacunas distribuidas en el mundo.
Los problemas que enfrenta Covax se traducen en disparidades brutales de acceso, de acuerdo con las rentas nacionales. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, denunció que existe una discrepancia de 163 veces (16 mil 300 por ciento) en el número de vacunas recibidas por cada 100 personas entre los países ricos y los pobres. Para decirlo en términos simples, mientras las naciones más ricas ya reservan las existencias futuras de inmunizaciones de segunda generación, que harán frente a las variantes del virus surgidas en los meses recientes, al menos una veintena de países no ha registrado una sola aplicación de los biológicos actuales, y en 46 naciones el suministro ha sido meramente testimonial, con menos de uno por ciento de su población inmunizada.
Ante este panorama desolador, no queda sino renovar el exhorto a los Estados de mayores recursos para que colaboren de manera creíble en el cumplimiento de las metas y objetivos de Covax, única manera de que naciones sin recursos accedan a la inoculación.
Proceder en este sentido es un imperativo ético, pero también una cuestión de interés sanitario general, en tanto la propagación del coronavirus, el surgimiento de variantes potencialmente más dañinas y los estragos que la pandemia causa a la economía global sólo podrán detenerse cuando todos estemos a salvo de la enfermedad.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ De 18 Centros Federales de Readaptación Social, ocho son de gestión privada. En la imagen,el anexo construido en 2014 al Reclusorio Norte capitalino.Foto Roberto García
Tres meses después de que el presidente López Obrador denunciara uno de los más descarados y sucios negocios que el Borolas armó para sus amigos de la minoría rapaz, el gobierno federal reporta avances en contra de tales prácticas, informa sobre los procesos penales en contra de los servidores públicos que promovieron y permitieron tales enjuagues y detalla que, hasta ahora, la hacienda pública ha recuperado 2 mil 390 millones de pesos, con la perspectiva de que se incremente a 10 mil millones en lo que resta del sexenio.
Se trata de lo que en enero pasado el mandatario documentó: durante su estancia en Los Pinos, el nefasto Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, organizó un nuevo y jugoso negocio para sus amigos: la privatización de ocho centros penitenciarios, contratos leoninos incluidos, todos por adjudicación directa.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló lo siguiente en aquella ocasión: los contratos se firmaron en la época de Calderón. En los pasados nueve años, de las arcas nacionales salieron 75 mil 661 millones de pesos para tal fin; el monto pendiente por pagar en los años siguientes suma 190 mil 638 millones (los contratos estarán vigentes, en algunos casos, hasta 2032, 2036 y 2037). El costo total proyectado a 20 años es cercano a 266 mil 300 millones. Además, esos contratos obligaban al gobierno federal a pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados, aunque no hubiera internos; es decir, como si los centros penitenciarios registraran lleno total, amén de que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia contractual (20 años renovables), se mantendrían como propiedad privada.
¿Quiénes se beneficiaron? Entre otros, Hipólito Gerard Rivero (cuñado de Carlos Salinas de Gortari), Carlos Slim, Exi Quantium (representado por Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Energía de Felipe Calderón; también aparece Francisco Gil Díaz, secretario foxista de Hacienda), Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, y Black Rock, el de los fondos buitre.
Pues bien, en la mañanera de ayer, Rosa Icela detalló algunos avances concretos en este tema. Indicó que esos contratos representaban una sangría para el erario, pues se pagaba una cantidad equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas, o más, por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno (aunque el penal estuviera vacío). Por ejemplo, en 2020 el gasto resultó tan grande que 68 por ciento del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social se destinó al pago de los ocho contratos.
En los reclusorios privatizados hay casos en los que el volumen de ocupación es de 32 por ciento (como el Femenil de Morelos, de Carlos Slim), pero se pagaba como si estuvieran llenos. En promedio, el número de personas privadas de la libertad en los ocho centros penitenciario es de 61 por ciento.
El gasto por presidiario (exista o no) varía según el contrato, por ejemplo, en el penal de Sonora (de Exi Quantium, ahora manejado por ICA) el promedio es de 2 mil 640 pesos diarios, pero en el femenil de Morelos (de Carlos Slim) es de 6 mil 634. A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es de casi de 16 mil millones de pesos, pero gracias a los acuerdos establecidos, que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13 mil 543 millones en 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, de acuerdo con cálculos, al finalizar la contratación el gasto se reducirá alrededor de 41 mil 496 millones.
Además, declaró Rosa Icela Rodríguez, los centros penitenciarios se incorporarán a los bienes de la nación al concluir los contratos. Aún hay procesos penales para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han causado un daño al patrimonio de México.
Entonces, Felipe Calderón y Genaro García Luna deben ser reclusos en cualquiera de los ocho centros penitenciarios que privatizaron. Una sopa de su propio chocolate.
Las rebanadas del pastel
Luz verde en el Senado para la Ley de Hidrocarburos que combatirá la corrupción en distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos, y sancionará a las empresas privadas que incurran en contrabando y robo de combustibles… Pero tranquilos: el siempre veloz juez Juan Pablo Gómez Fierro ya tiene los machotes para actuar en consecuencia.
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