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Nueva York, 19 de abril .-- Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas causas de fondo en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.
Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales causas de fondo del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de seguridad estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.
Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.
Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.
Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el comunismo y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la democracia y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.
Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado consenso de Washington, incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.
También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.
No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las causas de fondo del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.
Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277
Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q
Suprema Corte de EU duda sobre conceder residencia legal a "ilegales"
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Washington, 20 de abril .-- Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron el lunes reacios a permitir que las personas a las que se les ha permitido permanecer en Estados Unidos por motivos humanitarios puedan solicitar la residencia permanente si entraron en el país de forma ilegal.
Los jueces escucharon los argumentos de una apelación presentada por un matrimonio de El Salvador, al que se le concedió el llamado Estatus de Protección Temporal, contra un fallo de un tribunal inferior que prohibía su solicitud de residencia permanente -también conocida como tarjeta verde- debido a su entrada ilegal.
El caso podría afectar a miles de inmigrantes, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden se opone a los inmigrantes en el caso. La disputa pone a Biden, que ha tratado de revertir muchas de las políticas de línea dura de su predecesor republicano Donald Trump, en desacuerdo con los grupos de defensa de la inmigración y algunos de sus compañeros demócratas.
Una ley federal llamada Ley de Inmigración y Nacionalidad generalmente requiere que las personas que buscan convertirse en residentes permanentes hayan sido "inspeccionadas y admitidas" en Estados Unidos. Lo que se discute en este caso es si la concesión del Estatus de Protección Temporal, que otorga al beneficiario un "estatus legal", cumple esos requisitos.
Algunos jueces sugirieron que podría ser una exageración interpretar la ley como si los demandantes fueron "admitidos".
"Está claro que no fueron admitidos en las fronteras, así que ¿es una ficción, es metafísico, qué es? No lo sé", preguntó el juez conservador Clarence Thomas.
La jueza progresista Elena Kagan también puso en duda que la ley considere de manera amplia a las personas que el gobierno categoriza como "no inmigrantes", incluyendo a los que tienen el Estatus de Protección Temporal, como si hubieran sido admitidos legalmente.
Algunos jueces sugirieron que el significado de la ley no es tan claro.
La jueza liberal Sonia Sotomayor le dijo al abogado del Departamento de Justicia Michael Huston: "Si nos pide que encontremos la mejor lectura del estatuto, debemos atenernos a sus términos: Esas personas han sido admitidas".
A los extranjeros se les puede conceder el Estatus de Protección Temporal si una crisis humanitaria en su país de origen, como una catástrofe natural o un conflicto armado, haría inseguro su regreso. Hay unas 400.000 personas en Estados Unidos con estatus de protección, que evita la deportación y les permite trabajar legalmente.
El caso se refiere a José Sánchez y Sonia González, que viven en Nueva Jersey. Tienen cuatro hijos, el menor de los cuales nació en Estados Unidos.
La pareja entró ilegalmente en el país en dos ocasiones: en 1997 y 1998. Tras una serie de terremotos en 2001, Estados Unidos designó a El Salvador como cubierto por el programa de Estatus de Protección Temporal.
La pareja recibió protección bajo el programa ese mismo año, pero los funcionarios estadounidenses rechazaron sus solicitudes de tarjetas de residencia en 2014 porque no habían sido admitidos legalmente.
Además de El Salvador, otros 10 países tienen este tipo de designaciones: Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.
Con información de Reuters
