Siempre que un cobarde se siente acosado distribuye al aire amenazas que sabe que no podrá cumplir y da manotazos que se pierden en el viento.
Siempre que un sicópata se siente amenazado reacciona mostrándose aún más desequilibrado.
Es exactamente esa la actitud del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro; cada vez más aislado, trata de mostrarse poderoso.
Frente a la pandemia que ya afectó a casi 14 millones de habitantes y mató a casi 400 mil, y ante la falta de coordinación nacional para actuar e impedir que sigan muriendo más de 3 mil brasileños cada día, Bolsonaro perdió parte sustancial de la aceptación que tenía en las clases más elevadas.
Hace pocas semanas 500 de los más expresivos empresarios, agentes financieros y economistas firmaron un manifiesto con duras críticas a él y a su gobierno. Los sectores de la clase media que lo respaldaban, a su vez, también se alejan, en parte por la masiva pérdida de vidas, por el colapso que amenaza las redes de salud y por la creciente crisis económica.
Las clases más populares padecen, además de los efectos de la economía, de algo que había sido extirpado en tiempos de Lula da Silva: el hambre. Si Lula sacó el país del mapa mundial del hambre, estudios recientes indican que ahora 59.8 por ciento de los brasileños –125 millones 600 mil personas– no tuvieron, desde el inicio de la pandemia, alimentos en cantidad y calidad recomendadas. Y que para 44 por ciento de ellas la carne desapareció de sus mesas.
Acosado cada día más desde el último trimestre del año pasado, Bolsonaro aceptó lo que había jurado no hacer jamás: buscar apoyo en el Congreso, del grupo de partidos de derecha conocido como centrazo. Son diputados y senadores que se aliaron, a cambio de puestos y presupuestos, a todos –literalmente a todos– los gobiernos desde el regreso de la democracia en 1985, luego de 21 años de dictadura militar.
Ocurre que ese tipo de alianza no es fiable. Basta con recordar lo sufrido en 2016 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, fue depuesta en el Congreso con votos de sus hasta entonces aliados, incluso de quienes habían integrado su gobierno.
Son partidos que no se venden: se alquilan. Y que cambian de actitud según las conveniencias ocasionales.
Ahora mismo el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, determinó que se instaure, en el Senado, una comisión destinada a investigar la conducta del gobierno durante la pandemia. Todos los desastres causados por el entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, serán blanco de la comisión. Sí, llevado a fondo, el trabajo de la comisión seguramente será un flechazo al corazón, no solo del general, sino del mismo presidente.
A Bolsonaro no le queda otra que intentar comprar más respaldo.
El Supremo Tribunal Federal, a propósito, dejó claro de toda claridad que actuará con rigor extremo para cohibir –con evidente retraso– los reiterados excesos que Bolsonaro intenta llevar a cabo.
Recientemente determinó que se investiguen supuestas vinculaciones del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, con minerías e invasores de tierras públicas en la Amazonia, que sufre la peor devastación en décadas. Frío, metódico y de gran eficacia, Salles no hace más que seguir de manera estricta lo determinado por Jair Bolsonaro.
La reciente crisis provocada con las fuerzas armadas dejó claro que el presidente brasileño no contará con respaldo para cumplir sus amenazas de golpe de Estado. Los más de 6 mil uniformados, muchos de ellos activos, esparcidos por todos los rincones del gobierno, de ministerios y secretarías nacionales a autarquías y empresas públicas, no cuentan con la simpatía de los altos mandos de las fuerzas armadas.
Hasta el vicepresidente, el general reformado Hamilton Mourão, viene cada vez más expresando declaraciones frontalmente críticas a iniciativas –o la constante inercia– tanto del gobierno cuanto de Bolsonaro.
A todas esas señales que indican el creciente aislamiento del mandatario ultraderechista, hay que sumar otro aspecto que significa una clara presión sobre Jair Bolsonaro, principalmente con los ojos puestos en las elecciones del año que viene: la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo.
A cada nuevo sondeo de opinión pública realizado crece más y más el porcentaje de los electores que declaran su voto por el ex presidente.
La perspectiva cada vez más clara es que el aislamiento de Bolsonaro no dejará de crecer. Y también su agresividad y sus amenazas en que menos gente cree cada día que pasa.
Remesas: alivio oportuno
Como se ha vuelto habitual, en 2020 las remesas que los migrantes mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias fijaron un nuevo récord, al registrar una cifra sin precedente de 40 mil millones de dólares, 20 por ciento más que en 2019. La tendencia alcista se mantiene: en el primer trimestre de 2021 el incremento fue de 20 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento sostenido resulta incluso más sorprendente si se considera que, en el punto más crítico del confinamiento por la pandemia, un millón 997 mil de los 6 millones 772 mil mexicanos que trabajan en ese país perdieron sus empleos.
Uno de los aspectos más significativos de este esfuerzo adicional realizado por los connacionales que laboran al norte del río Bravo es su concentración en las zonas donde su apoyo resulta más urgente. Así queda reflejado en los datos del Banco de México, según los cuales los 10 municipios más pobres de la nación –todos ellos ubicados en Oaxaca y Chiapas– vieron un aumento de hasta 600 por ciento en el monto de las remesas: así ocurrió en Santa María Zaniza, Oaxaca, donde estos recursos pasaron de 30 mil a 210 mil dólares entre 2019 y 2020.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sin el apoyo de las remesas México habría padecido un aumento de hasta 15 por ciento de la pobreza en los hogares a consecuencia del impacto económico del coronavirus. Para familias como las que habitan en los municipios referidos, ese 15 por ciento de empeoramiento significa nada menos que de una línea de vida o muerte, ya que en dichas comunidades 95 por ciento de la población vive con menos de 1.9 dólares diarios, un nivel que ya representa pobreza extrema. En este contexto, incluso los exiguos (en comparación con el monto total de las remesas) 2 millones de dólares que han llegado a los municipios de mayor marginación, llevaron un alivio inestimable a miles de personas.
La solidaridad de los mexicanos que debieron dejar atrás sus lugares de origen para buscar en Estados Unidos su sustento y el de los suyos contrasta con la mezquindad y el egoísmo con que manejan sus fortunas los mexicanos más ricos: apenas el mes pasado, este diario informó que los connacionales se convirtieron en los cuatro mayores compradores de bienes inmuebles en la región del sur de Florida, donde invirtieron 420 millones de dólares en sólo un año; asimismo, se ha dado cuenta de que entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, ciudadanos y empresas mexicanas depositaron 21 mil 740 millones de dólares en bancos estadunidenses.
Así, mientras millones de trabajadores que residen en Estados Unidos se esfuerzan todos los días para apoyar a sus seres queridos en México, un puñado de millonarios que tiene en sus manos los capitales para detonar el crecimiento en el país, prefiere especular en el mercado inmobiliario o mantener su dinero en bóvedas, una asimetría que mueve a reflexionar en torno a la profunda injusticia e irracionalidad del modelo económico vigente.
