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Foto/AFP
Ciudad de México, 14 de marzo .-- El Estado mexicano mantiene bajo resguardo a decenas de menores migrantes no acompañados que intentan llegar a Estados Unidos a fin de garantizar su seguridad y bienestar. Se les mantiene en espacios operados por los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de donde se pueden retirar si así lo desean, y no en estaciones migratorias.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) señalaron además que el gobierno de México mantiene conversaciones con el de Estados Unidos y a nivel regional para lograr la reunificación familiar de las niñas, los niños y los adolescentes que han migrado solos y que por ahora están en nuestro país.
“Las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados constituyen un grupo altamente vulnerable. Es la obligación moral y legal del Estado mexicano velar por su seguridad y garantizar su bienestar”, indicaron las dependencias.
Añadieron que cuando se conoce de casos de menores en situación de migración, acompañados o no, el Instituto Nacional de Migración los canaliza a los DIF (municipales, estatales o federal), y al mismo tiempo notifica a las Procuradurías de Protección de la Niñez (también de cualquiera de los tres órdenes de gobierno), “a fin de proteger el interés superior de las personas menores de edad, observando, si es el caso, el principio de unidad familiar”.
Este proceso, mencionaron la SRE y la SG, además de garantizar que la decisión sobre la situación migratoria de los menores se basará en el principio internacional del interés superior de la niñez, también permite que estos niños, niñas y adolescentes ya no estén expuestos o en peligro ante los riesgos que implica la condición de migración.
Fuentes de la autoridad migratoria indicaron a este diario que no hay ningún menor retenido en estaciones migratorias del país, sino que se encuentran en lugares dependientes del DIF o albergues, a la espera que las Procuradurías de Protección a la Infancia definan la situación en cada caso. Agregaron que de elegirlo así, los niños son libres de dejar estos espacios.
En enero se aprobaron reformas a la ley de migración que impide al INM detener a menores de edad en contexto migratorio, por lo que deben ser canalizados al DIF.
Pese a que el gobierno de Joe Biden ha insistido que no es momento de migrar, pues la frontera entre su país y México se encuentra cerrada, y ha pedido paciencia para comenzar con un proceso migratorio seguro, regulado y ordenado, los flujos han crecido de enero a la fecha, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Incluso, es de recordar que la semana pasada se reportó que autoridades migratorias mantuvieron detenidos a más de 3 mil 200 niños y adolescentes en centros migratorios por más de las 72 horas reglamentarias. Esto, a causa de que miles de personas han tomado la travesía migrante.
La SRE y la SG señalaron este domingo en su comunicado conjunto que “conscientes de las diversas causas que orillan a los menores de edad a migrar, el gobierno de México ha fortalecido los cimientos de nuestro sistema migratorio para proteger, resguardar y garantizar los derechos de la niñez en todo momento”.
Agregaron que se mantienen conversaciones con autoridades estadunidenses y a nivel regional “para lograr la reunificación familiar de las y los menores, así como para que el proceso migratorio con ese objetivo suceda en los países de origen de los menores, de tal forma que se garanticen sus derechos humanos”.
Perdió su empleo la mitad de migrantes en México y CA
Dora Villanueva
Periódico La Jornada Martes 16 de marzo de 2021, p. 14
La pandemia ha afectado de forma diferenciada a los trabajadores migrantes internacionales, los cuales suelen ser más vulnerables debido a su inserción laboral precaria, el menor acceso a los sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo como aquellas con las que cuentan en su país de origen, la discriminación, la exclusión legal y el desconocimiento de procedimientos administrativos, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En los primeros meses de los brotes de Covid-19 en México y Centroamérica, 51 por ciento de los trabajadores migrantes perdieron sus empleos, muestra el Panorama Social 2021. Entre los que se mantuvieron ocupados, 41 por ciento resintieron una reducción en su salario como trabajador remunerado; 5 por ciento no recibieron pago; 7 por ciento tuvieron una reducción en su ingreso al ser trabajadores independientes y los demás no vieron una afectación en sus ingresos, muestra el documento citado.
En suma, entre los que mantuvieron sus empleos 53 por ciento sufrieron una reducción de sus ingresos laborales o no recibieron pagos a causa de la pandemia. Eso, entre quienes retuvieron un espacio en el mercado laboral, ya que sólo 20 por ciento del total de la población migrante tenía algún empleo y 71 por ciento era asalariada.
Además, 44 por ciento de quienes se mantuvieron con algún trabajo tuvieron un recorte en el número de horas trabajadas, 26 por ciento no se vieron afectados, 20 por ciento pasó a teletrabajar y otro 10 por ciento aumentaron el número de horas trabajadas, se detalla en el reporte.
Bajo dicho contexto, 21 por ciento de la población migrante en Centroamérica y México contempla retornar a su país de origen, muestra una encuesta sobre el impacto de la pandemia llevada a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y consignada por la Cepal.
La principal razón para regresar es la falta de ingresos y el alto costo de la vida en el país de destino, esto en 50 por ciento de las personas consultadas, seguida por un cambio de opinión sobre el proyecto migratorio para 32 por ciento y el desempleo para 18 por ciento.
La Cepal subrayó que el trabajo es el principal mecanismo para promover la igualdad y constituye un eslabón fundamental para la inclusión social, dado que genera la mayor parte del ingreso de los hogares de la región. Sin embargo, la pandemia ha significado un gran retroceso en varios indicadores laborales. La crisis, en una región ya de por sí muy desigual, tiene un gran potencial para incrementar la desigualdad, al profundizar las brechas y la vulnerabilidad que ya se constataban en el mundo del trabajo y en el acceso a la protección social antes de la crisis, advirtió.
