López Obrador estuvo acompañado en su conferencia de prensa matutina por su homólogo Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, país que cuenta con las mayores reservas de litio del mundo. En su intervención, Arce recordó que el control de los recursos naturales es un tema estratégico y afirmó que el dominio sobre el mineral referido fue el objetivo económico detrás del golpe de Estado que en noviembre de 2019 obligó al ex presidente Evo Morales y varios miembros de su gabinete –incluido el propio Arce Catacora– a exiliarse en México.
Se ha vuelto una noción ampliamente reconocida que el litio es uno de los recursos fundamentales para la economía de las próximas décadas y que está llamado a jugar un papel semejante al que tuvo el petróleo durante el siglo XX. Su importancia deriva de que, con la tecnología actual, resulta insustituible en laproducción de sistemas de almacenamiento de energía, que a su vez son condición indispensable para el avance de las llamadas energías limpias. Cabe recordar que éstas –en especial la solar y la eólica– padecen significativos problemas de intermitencia; es decir, que su productividad depende de condiciones meteorológicas fuera del control humano y por ello su aprovechamiento eléctrico aislado requiere almacenar lo producido en baterías que ofrezcan un respaldo durante las caídas de generación, o bien, cuando están integradas a la red pública, sistemas de generación convencionales de respaldo. La otra gran aplicación de las baterías de litio, bien conocida por el público, se encuentra en la provisión de energía para todo tipo de dispositivos móviles, desde teléfonos hasta automóviles eléctricos.
Es claro, pues, que el manejo de este mineral altamente estratégico no puede librarse a la arbitrariedad del mercado mundial, sino que debe sujetarse a mecanismos de regulación que garanticen su contribución al desarrollo industrial y tecnológico tanto de las zonas donde se encuentran los yacimientos como del conjunto del país, a la soberanía energética de la nación y al bienestar integral de los mexicanos.
Como ya sugirió el presidente López Obrador, el desafío residirá en hallar la fórmula para establecer un marco regulatorio virtuoso en un contexto en que 35 de 36 proyectos existentes para la producción de litio a nivel nacional están en manos de compañías extranjeras y en el que, además, debe evitarse dar pretexto a que los intereses corporativos monten campañas de golpeteo jurídico como la que tiene lugar contra la Ley de la Industria Eléctrica.
¿A quién sirve un Poder Judicial faccioso?
Abraham Nuncio
Un revés a la defensa estratégica de nuestra soberanía energética es el que se ha derivado del fallo –primero el provisional y luego el definitivo– del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ampara a varias empresas contra la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica. A la Secretaría de Energía no le ha quedado otra opción que la de acatarlo. Falta ver hasta dónde prosperan sus impugnaciones y lo que finalmente resuelva la Suprema Corte de Justicia.
La suspensión provisional de ese juez, y luego la definitiva, favorecen a los grandes empresarios nacionales y trasnacionales que interpusieron una andanada de amparos para mantener los contratos de privilegios extraordinarios otorgados por gobiernos anteriores contra la nación y de los usuarios domésticos, industriales y comerciales. Estos usuarios pueden quedar expuestos, en ciertas contingencias críticas, como en el reciente frente frío de febrero, a que sea el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda, el que les otorgue el servicio eléctrico y no una entidad pública que debe regirse por el interés común.
El juez Gómez Fierro respondió a la demanda empresarial sobre la autonomía que el Poder Judicial debe mantener frente a los otros poderes de la (media) Unión.
Históricamente, y ahora no fue excepción, ese poder ha respondido, en lo fundamental, al interés de los empresarios sin el menor asomo de autonomía. Una sistemática postura clasista, y por tanto facciosa, que es preciso desenmascarar.
Al decretarse que los fondos de ahorros para el retiro de los trabajadores de IMSS e Issste podían ser administrados por empresas financieras –las famosas Afore– tales ahorros quedaron sujetos a las veleidades del mercado. La nueva legislación fue cuestionada por organizaciones de los trabajadores. Unas y otros interpusieron numerosos amparos. Los juzgadores desecharon todas y cada una de las demandas de tal recurso.
Entre 1992 y 2013, los gobiernos de PRI y PAN concesionaron bajo cuerda la generación de energía eléctrica a diversas empresas, pese a que la participación de particulares estaba expresamente prohibida en la Constitución. Al cabo, la reforma de Peña legalizaría el ilícito. Ninguna autoridad se opuso a la violación constitucional.
El defraudador en gran escala, Carlos Cabal Peniche, presentado por Carlos Salinas de Gortari en el foro de Davos como un empresario modelo, logró –de sus maniobras– que un juez de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitiera una resolución en la que se establecía que los fondos depositados por él en un fideicomiso constituido en Banca Unión, antes de 1994, le debían ser devueltos; ya con intereses superaban 3 mil millones de pesos con cargo al Ipab.
Al margen del proceso judicial correspondiente, a ese juez no se le investigó. Como si la corrupción sistémica de los gobiernos de PRI y PAN hubiera dejado impolutos a los jueces. Algo en lo que aún debe profundizarse.
Las sustracciones de Cabal Peniche sirvieron para hacerse autopréstamos, financiar sus empresas y también para fondear al PRI en su campaña electoral de 1994.
Hoy vuelve a ser objeto de discusión el Fobaproa, cuyo rescate representa a la fecha, según los cálculos de López Obrador, 2 billones de pesos: cantidad que debieran pagar los beneficiados y no, como ocurre, los pequeños deudores y contribuyentes en general. ¿El Poder Judicial señaló la inconstitucionalidad del Fobaproa? Hoy mismo, ¿no debiera pensarse en la creación de un poder constitucional para evitar que el aparato judicial voltee para otro lado cuando se viola nuestra carta fundamental?
Ante la iniciativa del titular del Ejecutivo de regular la subcontratación laboral o outsourcing, como se le conoce, varias organizaciones de trabajadores acudieron al juicio de amparo para evitar que alguna resolución judicial pudiera trastocarla. Todos los amparos fueron desechados.
Es válido mencionar la carta que envió a La Jornada (21/3/21) la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla), capítulo México.
La derecha en América Latina, afirman, representa los intereses del gran capital nacional y extranjero. Esta fuerza política ha encontrado, con el apoyo de un enorme despliegue mediático, ciertos nichos jurídicos para invalidar las políticas públicas de gobiernos identificados con la izquierda y, aun, defenestrarlos. Señalan los casos de Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador. Un denso tufo que en México se ha percibido desde el inicio del gobierno de la 4T y cuyo subrayado lo hemos visto en torno al outsourcing y ahora a la Ley de la Industria Eléctrica.
Finalmente, la Sepla advierte de esa práctica oligárquica contra la soberanía nacional y llama a defender la que entrañan nuestros recursos estratégicos frente a la corrupción judicial. Es para escuchar este llamamiento.
