Autor: Martin Esparza
Pretextando la división de Poderes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminaron por convertirse, en las 3 últimas décadas, en oficiosos defensores del poder económico, pisoteando la Constitución y los derechos de millones de trabajadores, campesinos y gente humilde que acudieron a tocar las puertas del Máximo Tribunal sin resultado alguno.
Ahora sus integrantes cierran filas tratando de proteger a un juez que ha otorgado un amparo generalizado a las empresas trasnacionales en contra de la Reforma a la Ley Eléctrica del presidente López Obrador y aprobada por el Congreso.
La lista de compañías extranjeras que están viendo afectados sus intereses por la nueva ley es larga. Y entre estas destaca la hispana Iberdrola que contrató con abultados sueldos en euros al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a su secretaria de Energía, Georgina Kesell, en pago por los permisos de generación y los contratos leoninos de compra de energía otorgados en su sexenio.
Era de esperarse que la Corte busque protegerlas, como lo vino haciendo en los pasados 2 sexenios cuando desoyó los reclamos de justicia de los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), despedidos de manera autoritaria e ilegal por Calderón, como también de los trabajadores de Mexicana de Aviación y la declaración como inexistentes de las huelgas de los mineros, contra cuyo dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, los gobiernos panistas emprendieron una feroz persecución que llevó al exilio al ahora senador.
Al paso del tiempo resulta imposible no establecer un parangón entre los ministros de hoy con los que en 1938 pusieron en su sitio a las petroleras extranjeras, en apoyo a la nacionalización de la industria petrolera del general Cárdenas. Dóciles y convenencieros, sus miembros han vivido sumergido en una burbuja de privilegios que les han impedido medir la realidad social del país y las devastadoras consecuencias de sus fallos en contra de la población mayoritaria.
Indígenas y campesinos de infinidad de comunidades del país se quedaron esperando un amparo que les protegiera de los despojos cometidos en sus tierras y entornos por las multinacionales. El actual presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, deliberó en buen parte de estas decisiones contrarias a las mayorías.
Con los gobiernos panistas, los ministros resultaron los más caros e incompetentes defensores de oficio del país. Una de sus tantas vesanias la cometieron en septiembre del 2011 cuando Calderón les ordenó acatar los dictados del entonces Papa Benedicto XVI, para apoyar las leyes antiaborto en los estados de Baja California Norte y San Luis Potosí, alentando la retrógrada medida en otras entidades como Guanajuato, donde los panistas se apresuraron a encarcelar a las mujeres que, aún por salvar su vida, se practicaran un legrado.
Sin el menor recato, el obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías externó públicamente que fue una llamada del Sumo Pontífice lo que inclinó la balanza de estos ministros en favor de la medieval ley. Cientos de mujeres se vieron en riesgo de ir a la cárcel por el hecho de decidir sobre sus cuerpos.
Vamos a otra de las infamias en el breve recuentos de las cuentas pendientes de los ministros con el país: en julio del 2013, los integrantes de la Corte rechazaron la demanda de justicia de la clase trabajadora en los más de 3 millones de amparos presentados contra la Reforma Laboral aprobada a finales del sexenio de Felipe Calderón y que legalizó, entre otros atropellos a la estabilidad laboral, la figura del outsourcing que ahora el jefe del Ejecutivo busca sea revertida en el Congreso.
Con uno de sus tantos dictámenes hecho sobre las rodillas, se negaron a escuchar el pedimento de justicia que de forma abrumadora exigían los obreros del país. Un año después, en marzo del 2014, campesinos acudieron a la Corte solicitando amparos contra la pretensión de la Comisión Federal (CFE), de embargarles sus parcelas alegando adeudos por 50, 60 y hasta 100 millones de pesos por el uso de energía eléctrica en sus sistemas de bombeo.
Injustos e ilegales cobros que a juicio de los ministros debían ser antes liquidados si es que los afectados deseaban ser beneficiados con un amparo. La decisión del máximo tribunal coartó el derecho de los usuarios a defenderse de los constantes abusos, dejando en manos de los voraces representantes legales de la CFE tanto a los agricultores del país como a millones de usuarios afectados con los cobros ilegales.
¿Ya olvidó el hoy presidente de la Corte la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro?
¿Qué puede argumentar en favor de la protección a jueces que actúan de manera oficioso contra los intereses nacionales, cuando fue parte de la aberración jurídica para proteger la obligación de Calderón Hinojosa a asumirse en la figura de la CFE, como patrón sustituto del SME?
Recordemos al ministro presidente aquella sesión del 30 de enero del 2013 cuando la Segunda Sala de la Corte echó atrás el falló de los magistrados del Segundo Tribunal en Materia del Trabajo del Primer Circuito del 13 de septiembre del 2012, cuando determinó que Felipe Calderón debía devolver sus empleos a los electricistas del SME a través de la CFE, empresa que había asumido el control de la atención y suministro a los usuarios de la zona centro del país, tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.
El talante de Lelo de Larrea y sus compañeros en el Alto Tribunal fue siempre de sumisión a los dictados de los presidentes en turno; el asunto es que las leyes que ahora envía al Congreso el presidente López Obrador están afectando al poder al que siempre han servido: el poder del dinero. Por eso, ahora invocan a la autonomía del Poder Judicial cuando saben perfectamente que esto no es más que una hueca frase cliché, viniendo de aquellos que en las últimas décadas han pisoteado en incontables ocasiones a la Constitución.
En 1938, el pueblo de México salió a las calles a apoyar las medidas nacionalistas del presidente Cárdenas que con el apoyo de las mayorías logró expulsar del país a las compañías petroleras; hoy que están de regreso esas trasnacionales y se niegan a acatar las nuevas reglas, el Jefe del Ejecutivo está en su derecho de convocan a la ciudadanía a movilizarse en defensa de nuestros recursos energéticos para recuperar el petróleo, el gas y la electricidad.
Los trabajadores y el pueblo entero, estamos listos para sumarnos y desenmascarar a estos integrantes del Cártel de la Toga y el Birrete que tantos destrozos sociales han hecho con sus manipulados fallos.
Argumentos para litigar contra reforma eléctrica, similares a los de la Corte en caso del “Decreto Nahle”
- marzo 22, 2021
CONTRALÍNEA
Los argumentos con los cuales la iniciativa privada está litigando en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son similares a los que esgrimió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional –conocida como el Decreto Nahle porque fue promovida por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García–, revela un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Trabajadores cerca de generadores de energía sobre un poste
Recuerda que el pasado 3 de febrero, la Corte anuló 22 elementos del Decreto –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020– por ir en contra de la transición a energías renovables y violar el derecho a la libre competencia, al supuestamente dar ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ahora, organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y el BBVA Research, pero también la iniciativa privada que ha buscado ampararse, argumentan exactamente lo mismo: que la reforma a la LIE incumple acuerdos internacionales en materia comercial y ambiental, reduce la competencia en el sector y beneficia a la CFE al cambiar el orden de prioridad en la generación de energía.
El análisis Reacciones ante la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, elaborado por el IBD, también apunta que a esas voces se ha unido la Comisión Federal de Competencia Económica, que hace eco de los mismos argumentos.
Asimismo, indica que según esos puntos de vista, la reforma traería mayores costos por la generación de energía, daño al medio ambiente, mayor incertidumbre comercial, menor inversión, la posibilidad de mayores subsidios a la CFE y deterioro de las finanzas públicas nacionales.
Dicha iniciativa de ley fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, tras su aprobación en el Congreso, publicada el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, según el diario El Economista van más de 30 juicios de amparo por parte de la iniciativa privada y, en algunos de ellos, ya se ha concedido suspensión de sus efectos.
