Sesión en la Cámara de Diputados. Foto Roberto García/ archivo
Ciudad de México. El gobierno federal podrá invocar razones de seguridad nacional para suspender permisos otorgados a particulares para el procesamiento de gas natural, importación y manejo de petrolíferos e hidrocarburos, así como almacenamiento y comercialización de estos insumos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, remitida este viernes por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
“Resulta necesario que el Estado como garante de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional cuente con los mecanismos adecuados para que la Sener y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, dijo en la exposición de motivos.
La iniciativa adiciona el artículo 59 bis, el cual propone que Sener o la CRE suspendan los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos.
Con el fin de no afectar a los usuarios, autoriza a la autoridad que haya emitido el permiso de administrar y operar al permisionario, lo cual incluye emplear al mismo personal o contratar a otro operador.
El permisionario tendrá derecho a que se termine la suspensión cuando demuestre que las causas de la suspensión fueron subsanadas o erradicadas, salvo cuando el origen sea un acto ilícito.
La reforma al artículo 57 propone la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de instalaciones privadas, con el fin de “garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.”
La modificación del artículo 51 señala que los permisos se otorgarán a Pemex, otras empresas estatales y particulares, siempre y cuando demuestren que cuentan con instalaciones y equipos adecuados, condiciones que garanticen la continuidad de la actividad y la capacidad de almacenamiento que determina la Sener.
Los permisos serán resueltos en 90 días por la CRE o la Sener, de no contar con respuesta, se entenderá como una negativa.
En su exposición de motivos el Ejecutivo recordó que se busca perseguir y sancionar a los expendedores de hidrocarburos que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias al derecho y con fines de lucro económico al margen de la ley.
En ese sentido, indicó que se busca combatir el robo de combustibles que causó pérdidas por 66.3 millones de pesos en 2018, así como prácticas de expendedores que utilizan software para reducir el volumen del combustible que compran los usuarios, pues además se permite que las gasolineras despachan hasta 1.4 por ciento menos por cada litro.
Agregó que por esas malas prácticas generan ganancias a las gasolineras por 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
El ejecutivo señaló que la reforma energética, realizada en el periodo neoliberal, causó un “grave daño causado al sector energético nacional”, pues el país dejó de contar con un monopolio estatal que refinaba, importaba, transportaba y comercializaba tanto la gasolina como el diesel, para pasar a un libre mercado.
La tarde de ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados turno la incitativa a la Comisión de Energía para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto para su opinión.
Ramses Pech, analista del sector energético, comentó, que la iniciativa “deja a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos”.
Agregó que se corre el riesgo de crear incertidumbre y un paro de inversiones dando a pie a no cumplir con la política de almacenamiento en corto plazo.
La IP ha dejado de pagar $471 mil millones por electricidad desde 2013
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada Sábado 27 de marzo de 2021, p. 4
Los subsidios a la iniciativa privada, derivados de la reforma energética aprobada en 2013, representan hasta ahora 471 mil 200 millones de pesos, monto con el cual podríamos hacer 10 rondas de vacunación Covid a toda la población mexicana, dijo Miguel Reyes, director de CFE Energía.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional precisó que, de ese monto, 209 mil millones son subsidios en la diferencia entre compra a grandes empresas y venta a usuarios.
Además, 60 mil 200 millones son apoyos gubernamentales por no despacho de centrales privadas, 29 mil millones por la transmisión, 21 mil por respaldo, 52 mil 500 por tarifa creciente en la venta de energía a la empresa pública, 88 mil millones de riesgo cambiario y 11 mil 500 de “riesgo inflacionario.
En una contrarréplica a empresas, difundió detalles de los subsidios que reciben compañías como Iberdrola, Bimbo, Walmart y Oxxo, que tan sólo en 2020 representaron –por no pagar la red de transmisión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de producir energía– mil 100 millones de pesos.
Mientras un hogar paga 2.3 pesos por cada kilowatt/hora (kW h), Bimbo paga un peso, Walmart eroga 1.1 y Oxxo 1.2, indicó Reyes.
El consumo promedio de electricidad de un Oxxo es de 7 mil 807 kW h, por lo cual paga 14 mil 052 pesos, de acuerdo con datos de su propietaria, Fomento Económico Mexicano (Femsa), y el subsidio asciende a 26 mil 544 pesos, refutó la CFE, mientras otras tiendas de conveniencia (Extra, Mambo y Círculo K) pagan 24 mil 202, sin subsidios, y las de abarrotes (local en hogar, igualmente sin apoyo gubernamental) 40 mil 596 pesos.
Además, la CFE únicamente recupera 60 por ciento del costo total de energía producida por Iberdrola en el sistema eólico porque al llevarla a la población le debe poner subsidio, explicó el funcionario.
Reyes señaló que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión este año (e impugnada ante el Poder Judicial) tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos en contra del pueblo, para atajar la privatización del sector al eliminar subsidios a grandes corporaciones y poner piso parejo, así como garantizar el no aumento de las tarifas de luz para la población en general.
En los elementos que afectan a la CFE, mencionó las sociedades de autoabasto que generan un mercado paralelo de electricidad, no sólo para autoconsumo, sino la adhesión de accionistas simulados inscritos a esa sociedad con un peso o cinco dólares, lo cual genera competencia desleal y presumiblemente estructuras perversas de trasnacionales al trasladar utilidades a otros países. En esa situación están, entre otros, 27 grandes corporativos, como Kimberly Clark, que consumen la mitad de la electricidad de poco más de 70 mil socios.
Además, una estructura tarifaria que subsidia con recursos públicos a esas empresas de energía, a partir del no pago de la transmisión/distribución a CFE.
