Además, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra realizó una dura crítica a su propia recomendación emitida el 28 de noviembre de 2018, pues un análisis de dicho documento reveló que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos, además de que revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Entre las múltiples falencias del texto, presentado cuando Luis Raúl González Pérez dirigía al organismo, se encuentran recomendaciones poco contundentes y notoriamente desproporcionadas a la gravedad de las violaciones a autoridades que tuvieron una participación relevante en los sucesos, como la Sedena, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, así como la Fiscalía del Estado de Guerrero.
En este sentido, los puntos recomendatorios a la Sedena no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, pese a su papel protagónico en la Noche de Iguala.
Además, ni siquiera se incluyó en la recomendación a autoridades acerca de cuyo involucramiento existen elementos de prueba, como los ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano. Para colmo, aunque el documento se presentó más de cuatro años después de los acontecimientos, su redacción ignoró a las víctimas y pasó por alto sus derechos, llegando al extremo de estigmatizarlas al vincularlas con el crimen organizado.
La doble falla institucional de la Sedena y la CNDH se erigió, entonces, en un obstáculo más para el esclarecimiento de lo realmente ocurrido a los jóvenes normalistas, el principal de los cuales ha sido la fabricación de una verdad histórica por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En efecto, la invención de un relato insostenible, la siembra de evidencias para proporcionarle un sustento espurio, las reiteradas violaciones al debido proceso que han vuelto jurídicamente inservibles partes sustantivas de la investigación, y el tiempo que todo esto ha dado a los responsables para ocultar o destruir pruebas, se convirtieron en los facilitadores centrales de la impunidad y la denegación de la justicia que hasta hoy caracterizan al caso más emblemático de violación de los derechos humanos en el México de las décadas recientes.
La suma de estos errores vuelve inevitable hablar de una falla del Estado mexicano en su conjunto, y constituye una omisión de tal magnitud que no puede explicarse sin una voluntad expresa de encubrimiento: es imposible que tantas instituciones hayan fallado de manera tan grave y a lo largo de tanto tiempo sin una concertación para mantener lo ocurrido tras un velo de opacidad.
A tal concertación delictiva es a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido como el pacto de silencio en torno al caso Ayotzinapa, un pacto que existe no sólo entre los criminales detenidos y procesados, sino entre una serie de instituciones, incluida la que debió velar por los derechos de las víctimas.
La Sedena ocultó información sobre el caso Ayotzinapa: CNDH
Los militares jugaron un papel protagónico y esa información no se entregó, revela
▲ La CNDH consideró que se afectó a los estudiantes al ligarlos al crimen organizado. La imagen corresponde a enero pasado.Foto José Antonio López
De la Redacción
Periódico La Jornada Viernes 26 de marzo de 2021, p. 3
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó información sobre el rol que jugaron sus elementos en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también se negó a entregársela a las autoridades, lo que significa una falta grave.
El organismo anunció también que revisará su recomendación 15/VG2018, relacionada con el caso Iguala, por considerar que ese documento revictimiza a los estudiantes y sus familias al vincularlos con el crimen organizado, y no cumple con los estándares internacionales, al no contemplar la búsqueda en vida de los jóvenes.
En un pronunciamiento, la CNDH recordó que la mencionada recomendación fue emitida el 28 de noviembre de 2018, tras una investigación que estuvo a cargo de la Oficina Especial para el Caso Iguala –entonces dirigida por José Trinidad Larrieta–, la cual fue extinguida el 29 de enero de 2020, por instrucciones de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.
La CNDH enfatizó que, tras realizar un estudio minucioso de dicho texto (elaborado durante el periodo de Luis Raúl González Pérez), concluyó que éste no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Además de revictimizar a los jóvenes y sus familias, en el documento se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes, sin considerar las violaciones graves de derechos humanos que sufrió un gran número de estudiantes de ese plantel.
Con ello, la citada recomendación “revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, de entonces y a la fecha, tanto de la normal Raúl Isidro Burgos, como de todas las normales rurales.
En lo que se refiere a la participación del Ejército, la CNDH consideró que los puntos recomendatorios a la Sedena no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados.
Lo anterior, pese a que dichos soldados tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos atribuibles a los elementos castrenses.
La CNDH agregó: los elementos probatorios que integran el expediente de queja ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y que no obstante esto, se les dirigieron recomendaciones poco contundentes, como las hechas a la Sedena, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero.
