El exhorto de Guadarrama, respaldado por el canciller Marcelo Ebrard, constituye un fuerte llamado de atención ante el consuetudinario injerencismo de la actual dirigencia de la OEA. Como este diario ha reseñado puntualmente, en el mandato de Almagro este organismo regional se ha extralimitado en sus funciones, no para procurar soluciones positivas a los asuntos de sus miembros, sino para fortalecer a las derechas del continente, legitimar golpes de Estado, imponer la agenda de Washington en la región, emprender campañas de desestabilización contra gobiernos soberanos y descarrilar procesos democráticos.
Almagro suele hablar en nombre de la democracia, pero tal pretensión contrasta con la orientación de sus palabras y sus actos a alentar y fortalecer el aventurerismo antidemocrático de las derechas continentales, como ha quedado exhibido en el caso boliviano. En octubre pasado, el gobierno mexicano fue contundente al denunciar en la Asamblea General de la OEA que, durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019, la secretaría general de la organización utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió, proceso que a la postre generó una crisis social en ese país y derivó en el golpe de Estado que obligó a Evo Morales a dimitir para evitar un mayor derramamiento de sangre.
Como señaló entonces la representación mexicana, este proceder deslegitimó las misiones de observación electoral, generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia y creó un entorno internacional de confrontación.
Con esos antecedentes es claro que en tanto Almagro siga al frente de la OEA, el organismo panamericano continuará traicionando sus principios fundacionales explícitos y continuará atada al papel de instrumento de la política exterior estadunidense. Por ello, la remoción de este funcionario impresentable debería ser el primer paso a seguir para los gobiernos latinoamericanos comprometidos con la democracia y los principios de soberanía y autodeterminación.
Más allá de condenar las simas de sumisión a los dictados de Washington que han caracterizado a la gestión de Almagro, es necesario plantearse el cierre definitivo de un organismo que, por su origen y su estructura, resulta intrínsecamente estéril para cualquier propósito distinto a la promoción de los intereses estadunidenses y el golpeteo contra gobiernos soberanos. En este sentido, es urgente apostar por la reactivación de instancias regionales autónomas, como las creadas durante el ciclo de gobiernos progresistas de la década antepasada, de las cuales la mencionada Celac es un ejemplo central.
México SA
Gómez Fierro, protector de trasnacionales // Otorga más suspensiones contra la LIE
Carlos Fernández-Vega
Mientras son peras o manzanas, en espera de que, a petición del presidente López Obrador, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inicie, si existen elementos, una averiguación sobre la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, éste no deja de otorgar suspensiones provisionales a empresas privadas contra las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.
Como si de arrojar confeti se tratara, Gómez Fierro por aquí y allá concede suspensiones provisionales en beneficio de las empresas particulares –mayoritariamente extranjeras– dedicadas a la generación de energía eléctrica, acción que va en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, y como lleva prisa sólo ayer favoreció a 13 consorcios privados.
Aunque las empresas beneficiadas por Gómez Fierro aparentemente son mexicanas, en realidad los dueños son consorcios españoles, franceses y estadunidenses que se niegan a que les cambien las reglas del juego (sobre todo los contratos leoninos y los subsidios del Estado) fijadas por el régimen neoliberal. Y después los que dicen procurar e impartir justicia se quejan amargamente por el raquítico nivel de confianza y credibilidad que en ellos tiene la ciudadanía.
¿Cuánto tiempo tomará la investigación de Gómez Fierro (si existen elementos, desde luego)? Quién sabe, aunque el resultado es predecible, algo así como el de Virgilio Andrade cuando desde la oficina principal de la Secretaría de la Función Pública descubrió que todo fue legal y transparente en el asunto de la casa blanca de La Gaviota y Enrique Peña Nieto.
Por cierto, otro personaje que como procuradora general de la República (relevo de Jesús Murillo Karam) y secretaria de la Función Pública (sucesora de Virgilio Andrade) de Peña Nieto nunca descubrió ni investigó (y miren que sobraba tela de dónde cortar), Arely Gómez González, es la actual contralora del Poder Judicial de la Federación, de tal suerte, que si internamente llegan a revisar las finanzas de Gómez Fierro, la maga de nueva cuenta hará su truco preferido: nada por aquí, nada por allá.
En vía de mientras, tarde lo que tarde la investigación (si existen elementos), el juez del confeti no dejará de proteger a los consorcios privados dedicados a la generación de energía eléctrica (quienes en el México neoliberal encontraron su paraíso), aún a sabiendas del daño que le provoca a la nación.
Ante tal panorama, nunca está de más recordar la información divulgada por los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (la mala de la película, según Gómez Fierro): de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía (privados), el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios e inflación, bajo despacho y tarifas crecientes. Sólo por subsidios a los PIE se erogan 249 mil 606 millones, y de este monto 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca; un pequeño grupo de particulares se han hecho inmensamente rico con los contratos obtenidos al amparo de la reforma energética del sexenio pasado; Iberdrola comete fraudes, no paga por el uso de la red y obtiene contratos mediante empresas fantasmas; si se aprueba la reforma del presidente López Obrador se acabarán los subsidios a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar hasta 20-30 por ciento, en beneficio del pueblo mexicano.
El mercado eléctrico en el país está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué, si en España tienes un margen de utilidad del 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; se ha hecho un cálculo general de que la CFE ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos (AMLO dixit).
Pero, como le enseñó el maestro, Gómez Fierro ni los ve ni los oye.
Las rebanadas del pastel
Otra de jueces imparciales y autónomos: el góber precioso Mario Marín Torres obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho, con lo que nada raro sería que en breve salga de la cárcel.
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