Como las principales diferencias entre la estrategia de seguridad actual y la desplegada por sus antecesores, López Obrador recordó que hoy el énfasis se encuentra en las causas del fenómeno delictivo y no en el uso indiscriminado de la fuerza, una política absurda y contraproducente que convirtió al país en un campo de guerra. El otro gran pilar de este esfuerzo lo constituye la lucha contra la corrupción, específicamente en el esfuerzo por romper los vínculos entre autoridades y delincuencia.
Sin duda, la estrategia puesta en marcha en diciembre de 2018 representa un cambio positivo e ineludible con respecto a la política de guerra desatada por Felipe Calderón y continuada, con matices, por su sucesor inmediato. Ese belicismo irracional no sólo no tuvo efecto alguno en el control del crimen organizado, sino que exacerbó la violencia, llevándola a una escala inimaginable hasta entonces, que ensangrentó al país y generó impactos desastrosos que la ciudadanía padece hasta hoy.
Sin embargo, el viraje emprendido por la Cuarta Transformación se ha mostrado insuficiente para entregar los resultados que la sociedad espera y merece, es decir, la recuperación plena de la seguridad física y patrimonial. Señalarlo no implica un llamado a abandonar los esfuerzos en curso: está claro que en dos años no pueden revertirse tres décadas de precarización laboral, marginación, deterioro rampante de la calidad de vida, abandono del campo, éxodo rural, desempleo y desigualdad, saldos del anterior modelo económico que trajeron consigo una profunda erosión de los principios éticos y un desgarramiento visible del tejido social. En esas tres décadas, el traslado de la lógica neoliberal a la delincuencia –la maximización de ganancias por encima de cualquier otra consideración– hizo que se volviera cotidiano lo que antes era impensable; que se normalizara lo escandaloso e inadmisible.
Con todo, lo declarado ayer por el Presidente deja claro que la estrategia debe afinarse porque, si bien está fundada en el principio correcto (priorizar el combate a las causas sociales, económicas y culturales de la delincuencia), amplias regiones del país siguen padeciendo el acoso delictivo, la violencia, la inseguridad y, en suma, la ruptura del Estado de derecho. En este sentido, parece adecuado intensificar la lucha contra la corrupción, pues sin el contubernio entre autoridades y delincuentes no se explica la persistencia de la criminalidad. Ello deberá completarse con la articulación de tres factores que parecen transitar vías paralelas: la política social, a cargo de la Secretaría del Bienestar, la política de construcción de la paz asignada a la Secretaría de Gobernación y la estrategia policial, que recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en la Guardia Nacional.
La coordinación de eso tres frentes es de obvia necesidad: el primero no sólo es el que en última instancia acabará con la violencia; también puede ser un elemento preventivo que evite el auge de la inseguridad y la delincuencia en las comunidades. El segundo debe acelerar la regeneración del tejido social, de la mano con la puesta en marcha de una auténtica procuración de justicia. El tercero de ellos, que en circunstancias ideales debe ser el recurso final, en las condiciones presentes se convierte inevitablemente en el primero, y al aplicarse de manera aislada no resuelve el problema, sino que deja intactas las raíces de la violencia. En suma, el ajuste pertinente de la estrategia de seguridad pasa, entre otras medidas, por coordinar la política de bienestar, la de construcción de la paz y la estrategia policial.
México SA
Justicia laboral, prófuga // Informalidad a galope
Carlos Fernández-Vega
Entró en vigor la primera etapa del nuevo modelo laboral (de entrada, en ocho estados de la República), el cual, dijo el presidente López Obrador, representa un cambio profundo, estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial e implicará mayor énfasis en la conciliación entre las partes y la democratización sindical, todo ello en el marco de los acuerdos del T-MEC.
Bien, pero como lo advierte la Rayuela jornalera de ayer, no será tan novedoso ni tan justo el modelo de relación laboral si las mismas manos mueven la cuna, es decir, se puede cambiar la ley, pero nada nuevo sucederá si no cambian los operadores y el conflicto de intereses intrafamiliar no se corrige.
Pero si de justicia laboral se trata –en su más amplio concepto–, lo primero a resolver es el desastre que en esta materia dejaron los gobiernos neoliberales, porque dañaron estructuralmente al mercado del trabajo en el país al aplicar como política pública el desplome salarial (alrededor de 80 por ciento de pérdida real de poder adquisitivo), los salarios de hambre, el outsourcing y la informalidad.
Como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Industrial (IDIC), el desarrollo social y económico del país depende de la salud de su mercado laboral. Sin empleo formal bien remunerado no se puede construir un Estado de bienestar. No debe soslayarse que la precarización del mercado laboral inhibe el fortalecimiento del mercado interno: ningún país puede aspirar al desarrollo sin contar con sólidas capacidades productivas endógenas que se traduzcan en un vigoroso consumo privado. Para lograrlo se requiere revertir la precarización del mercado laboral.
El IDIC advierte que ante la carencia de información sobre el número de personas ocupadas por nivel de salario y acceso a los servicios de seguridad social durante el segundo y tercer trimestre del año, pero tomando en consideración la dinámica de las tasas complementarias publicadas por el Inegi y que las estadísticas disponibles hasta el primer trimestre de 2020 mostraban la precarización estructural que el mercado laboral había enfrentado durante las dos décadas previas, se puede inferir que uno de los desafíos más relevantes para México es generar una estrategia de crecimiento económico basado en mayor inversión que permita crear empleo formal bien remunerado.
Y para lograr lo anterior en nada ayuda la crisis por la pandemia: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada días atrás por el Inegi, en el tercer trimestre de 2020 (en comparación con el mismo periodo de 2019) se observó la disminución de 3.6 millones de personas en la población económicamente activa, lo que equivale a una contracción de 6.3 por ciento.
La caída del empleo en los micronegocios muestra la debilidad de la economía informal: su actividad productiva no es pertinente para enfrentar una realidad delineada por el Covid-19. Además, el mayor incremento en la informalidad laboral se registra en Chiapas, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, de tal forma que la precarización del mercado laboral se exacerbó en los estados de la República con mayores restricciones económicas y sociales.
Las rebanadas del pastel
El presidente López Obrador anunciaría hoy el nombramiento del nuevo director general del IPN o la ratificación del actual (representante del grupo neoliberal que se hizo de la institución desde los gobiernos panistas). Entre los aspirantes destaca el académico Marco Antonio Flores, comprometido a manejar con transparencia y rendición de cuentas el dinero del pueblo… De plano, la estupidez de Donald Trump y su pandilla no tiene límite: ahora acusa a Hugo Chávez–quien, sin duda, regresó del más allá para hacer el chanchullo– de manipular las elecciones gringas del pasado 3 de noviembre y “coordinar un sistema de votación y un software” para que Joe Biden resultara vencedor, al tiempo que detectó la influencia masiva del dinero comunista de Venezuela, Cuba y China en los comicios. ¡Qué cosa!
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