Recién se aprobaron reformas legales para concretar la extinción de 109 fideicomisos existentes en el andamiaje administrativo y legal del país. Curiosamente el desmantelamiento de éstos no fue homogéneo, pues muchos relacionados con ámbitos de seguridad o de incumbencia militar, como con la compra de armamento, no fueron ni siquiera mencionados como susceptibles de ser modificados para obtener recursos y enfrentar la crisis que acarrea la pandemia por Covid-19. La discusión legislativa al respecto resultó ser particularmente interesante a fin de entender un poco mejor la compleja tarea de la construcción de consensos en el Congreso, en un momento significativo de la vida pública y política de la nación, aunque también para entenderla mejor entre la diversidad de actores que se manifestaron a favor y en contra de esas reformas, que al final aprobaron los legisladores.
Comenzaré diciendo que llama poderosamente la atención la ausencia de una deliberación más profunda por parte de algunos grupos en el Congreso. Hasta cierto punto, la discusión se partidizó, dejando incluso de lado la centralidad del debate; es decir, la obligación del Estado de no violentar principios de derechos humanos, como el de progresividad y el de no regresividad, así como el que se tiene a la buena gestión de los recursos públicos y a contar con fondos suficientes para recibir atención adecuada por parte del Estado, buscando cumplir así las obligaciones en materia de derechos humanos.
No puedo omitir mencionar que entre los fideicomisos que más generaron indignación por su desaparición se cuentan el del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como el correspondiente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de donde se toman recursos para brindar atención a miles de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.
Sobre éstos, además de lo relacionado con cultura, ciencia y tecnología, hubo sólidos pronunciamientos llamando a evitar el atentar directamente contra los derechos de personas y grupos que se verían afectados. Sin duda muchas de esas peticiones partían de la necesidad de garantizar fondos públicos suficientes para apoyar a miles de personas afectadas por la violencia, dada la crisis de derechos humanos que enfrenta México.
Si bien es cierto que para algunos actores resultaba oportuna la propuesta de eliminar esos fideicomisos, también es verdad que se escuchó con fuerza por parte de otros actores su valoración sobre la oportunidad de mantener algunos de los 109 fideicomisos en discusión, siempre con la obligación formal de fortalecer la buena gestión de éstos, la mejora en sus reglas de operación y administración, además de la adecuada vigilancia y rendición de cuentas sobre del destino final de esos recursos públicos.
Sin embargo, se entendió erróneamente que las propuestas, incluso de algunas agrupaciones sociales, se inclinaban todas por acabar parejo con estas figuras jurídicas y administrativas. Vale la pena destacar que en el caso de los recursos administrados en fideicomisos en materia de defensores, periodistas o atención a víctimas, se trataba ni más ni menos que de conquistas que grupos de personas afectadas en sus derechos, así como organizaciones sociales, habían logrado con muchos años de esfuerzo.
Por ello, ahora la disputa es por conservar derechos ganados a través de procesos organizativos de víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos. Dados los resultados en la arena legislativa, resulta por lo mismo primordial que se abra un diálogo efectivo para conocer directamente, de voz de las instituciones obligadas, como la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público, qué garantías darán para que existan los recursos debidamente etiquetados y asegurados para atender a los grupos que han señalado que el Estado les deja en desprotección, por causa de la eliminación de esos fideicomisos.
Para tal diálogo, debe evitarse la visión asistencialista que se ha pretendido dar a la solicitud de recursos de las víctimas, periodistas o defensores, pues en realidad no es un tema de asistencialismo, sino de derechos. Hoy sabemos que esos recursos, que se destinan a su atención, son también condiciones y medios por los cuales se posibilita a estos grupos para que sigan en sus procesos de exigencia y trabajo por la verdad, la justicia y la reparación, coadyuvando con propuestas por la no repetición de los hechos violatorios que padecieron.
Este intento de diálogo estratégico, junto con cualquier otra acción que impulsen los grupos que se ven agraviados, tendría que dar como resultado centrar el debate acerca de que para garantizar los derechos humanos no debe existir techo presupuestario, como lo ha dicho el mismo Presidente. Si no es así, se incurre en el incumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales.
La mexicanización
Fabrizio Mejía Madrid
En 1876 Estados Unidos tuvo que lidiar con la idea de tener dos presidentes. El demócrata Samuel J. Tilden y el republicano Rutherford B. Hayes se enfrentaron a la primera jornada electoral tras la Guerra Civil con métodos fraudulentos, presión para que los recién liberados esclavos no votaran, y un ejército de abogados que proponían que la elección no la decidieran los ciudadanos sino las cámaras de representantes: en una, dominaban los demócratas; en la otra, los republicanos.
Tilden había ganado el voto popular impidiendo que votaran los negros y Hayes decía que, si se descontaban los estados fraudulentos, entre ellos, la Louisiana, él ganaba el Colegio Electoral. Sumidos en los escándalos de corrupción del presidente Ulyses Grant, con el crecimiento del Ku Klux Klan en los antiguos estados confederados, gobernadores y legislaturas dobles en Texas, Alabama, Louisiana y Arkansas, Estados Unidos temía volver a la guerra interna. A eso le llamaron desde, los periódicos de la época, la mexicanización.
The Nation lo explicaba así: En México existe una disposición de ánimo para convertir los conflictos políticos en armados. Desde el caos de su propia reconstrucción, los estadunidenses vieron sorprendidos el apoyo de los conservadores mexicanos al imperio de Maximiliano, y le asignaron a Benito Juárez el título de uno de los dos caballeros que defenderán al continente de las monarquías europeas; el otro, era Abraham Lincoln.
En los días de la crisis de los dos presidentes, a Nueva Orléans llegó exiliado Sebastián Lerdo de Tejada, a quien Porfirio Díaz le había dado un golpe de Estado. Demócratas y republicanos hicieron de él una analogía fantasiosa: Díaz era Tilden o era Hayes, dependiendo de a quien se le atribuía el uso de la ilegalidad para favorecer su posición partidista.
Los liberales de Juárez, se decía en diarios como los de Baltimore, podían ser los republicanos de Lincoln o los demócratas de Thomas Jefferson. Y el hecho de que las disputas políticas volvieran al camino de las armas hizo que se hablara de una disparatada mexicanización del propio México.
Por los trabajos de Mark Wahlgren Summers y Gregory Downs sabemos que la mexicanización fue utilizada por los partidos en pugna para construir dos ideas que funcionaron como parte del imaginario de Estados Unidos durante el siglo que le siguió. Por un lado, el carácter excepcional de la democracia estadunidense como opuesta al caos de las armas en México y en casi toda América Latina, a las monarquías europeas y, más tarde, a la emergencia anarquista y socialista. Y, por otro, la idea de que era inconcebible que Estados Unidos pudiera generar otra guerra interior, además de la Civil. El pensamiento binario –sólo dos partidos o, a nivel global, la forma de vida norteamericana contra las demás– le ha servido a la idea de una América elegida, designada como garante de la libertad de comercio y los procesos democráticos. Sin embargo, hoy el espectáculo penoso de un sistema en que se puede elegir un Presidente aun cuando pierda el voto popular, hace de la supuesta excepcionalidad un recordatorio de que los estadunidenses tienen los mismos problemas que los demás sistemas.
Lo que los hace no-norteamericanos es lo que los rige: el voto restringido por razones de raza, las campañas como instrumentos de las corporaciones que las financian, la imposibilidad de que existan más de dos opciones para procesar todos los conflictos que genera su sociedad cada vez más desigual.
Sin asombro y un poco agobiados, hemos visto como la derecha mexicana usa hoy la otra cara de las analogías fantasiosas: Trump o Biden pueden ser similares a López Obrador o al fraude del Instituto Electoral que permitió la llegada de Felipe Calderón. Este tipo de comparaciones forzadas dicen más de quienes las profieren que sobre la realidad.
Walter Benjamin las analizó como un desdichado remplazo de las argumentaciones: son intercambiables, desdiferenciadas y arbitrarias. Se lamentó de la pobreza de las comparaciones al perderse la dignidad del nombrar: Cada personaje, cada cosa y cada situación puede significar cualquier otra. Esta posibilidad emite un juicio devastador, pero justo, sobre el mundo ignorante al definirlo como un mundo en el cual apenas importa el detalle. Cuando se pierde la integridad y el decoro por nombrar las cosas y personas del mundo, todo es intercambiable y, por lo tanto, el sentido deja de importarnos. Las palabras se usan como armas para desacreditar y descartar sin comprender; sin respetar nuestra facultad única de nombrar.
Aquella vez que la mexicanización de Estados Unidos se usó para tratar de simplificar al absurdo un camino inconcebible para Estados Unidos –el de otra guerra interna–, los intercambios se impusieron: una comisión de mayoría republicana decidió por un voto que la elección de Hayes había sido legal, a cambio de que a los demócratas se les permitiera gobernar Louisiana y Carolina del Sur, donde habían hecho fraude.
Antes de esa transacción, ambos partidos habían formado milicias paramilitares para imponerse por la fuerza. Conjurada la guerra, los demócratas inconformes compararon una vez más a México con sus angustias: mientras los heroicos juaristas de México persiguieron al usurpador Maximiliano de Austria, los norteamericanos permitimos cobardemente que se nos impusiera el fraude. La comparación, una vez más, ignoró a tal grado la integridad de los detalles, que hoy sigue siendo tan inútil como ayer.
