Las historias mejor conocidas del Estado plurinacional de Bolivia tuvieron lugar en la región del altiplano y valles andinos (450 mil 569 kilómetros cuadrados, 8.5 millones de habitantes). Y las menos conocidas en la región oriental de la llamada Media Luna (648 mil kilómetros cuadrados, 3.5 millones de habitantes).
Los nueve departamentos bolivianos han padecido, literalmente, los traumas históricos de una sociedad partida. En los del Altiplano predomina el espíritu democrático, y en los de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni), el espíritu retrógrado. Regiones que cargan con lecturas disímiles en torno a las nociones de Estado, soberanía y nación.
En términos relativos, la historia política de Santa Cruz de la Sierra empezó a mediados del siglo pasado. En 1950 el departamento representaba apenas 3 por ciento del PIB del país. Y hoy, con base en la actividad agropecuaria, forestal, minera y de hidrocarburos, más de 30 por ciento.
El ubérrimo territorio cruceño ocupa una superficie levemente menor que la de Alemania (y una población 54 veces inferior) y su potencia económica condiciona a toda Bolivia: 26 por ciento de las exportaciones globales, 60 de las no tradicionales, 70 de las agroexportaciones, y más de 70 por ciento de los alimentos.
Una economía relativamente próspera, pero en manos de oligarquías que heredaron “siglos de prejuicios, intolerancia, eugenesia, endogamia institucional y un ethos feudal y caciquista que siempre miró con desdén a ‘los indios’ […] convencida de estar en un país que le pertenece, y que nunca renunció al separatismo” (Guillermo Delgado P., Memoria, número 235, México, abril/mayo 2009).
Por otro lado, la codicia del capitalismo internacional siempre miró a Bolivia con atención. Por ejemplo, el 2 de marzo de 1959, la revista estadunidense Time publicó una crónica en la que proponía la polonización del país andino amazónico. Esto es, desaparecerlo, desmembrarlo y borrarlo del mapa para ser dividido entre sus vecinos.
Tono levemente similar al empleado en 1977-78 por varios medios estadunidenses, proponiendo a Bolivia como un posible destino para los africanos blancos de Sudáfrica, Rodesia y Namibia. Corrían los años del dictador Hugo Bánzer, y una compañía apócrifa llamada Anglo Bolivian Cattle Co (con dirección en Vermont) ofrecía tierras baldías para su venta, tasando 2.4 hectáreas de tierra del oriente boliviano, en 18 dólares ( Financial Times, 8/2/77; Wall Street Journal, 3/6/76, y The New York Times, 14/12/74).
Bolivia tiene una larga experiencia en esto de perder territorio a manos de los vecinos más fuertes o del accionar mediático de las corporaciones trasnacionales. Nació a la vida independiente con 3 millones de kilómetros cuadrados, y en la actualidad cuenta con poco más de un millón. En la Guerra del Pacífico o del salitre, Chile la dejó sin mar (1879-84); en la del Acre o del caucho Brasil la despojó de 254 mil kilómetros cuadrados (1899-1903), y en la del Chaco (1932-35) perdió 100 mil a manos de Paraguay.
El autonomismo torcidamente entendido, y los mitos racistas de la cruceñidad han sido parte del arsenal separatista lunático. En mayo de 2008, las autoridades de la región organizaron por su cuenta una consulta autonomista. Previo a ella pobladores andinos que habitan en Santa Cruz, Pando y Beni (además de Sucre) fueron brutal y selectivamente asaltados por hordas que vestían camisas negras y usaban la esvástica como emblema.
El sí en favor de la autonomía regional fue aprobado por 85.6 por ciento en la ciudad capital de Santa Cruz. El gobierno de Evo calificó de ilegal la consulta y, para aliviar la tensión, puso en juego su mandato convocando a un referendo revocatorio. Evo fue plebiscitado con más 67 por ciento de los votos.
De un lado, júbilo popular con el triunfo reciente del Movimiento al Socialismo (MAS) y el retorno de Evo a su patria. Y, por el otro, sería suicida subestimar, a estas alturas, el irredento odio racial que subyace en vastos sectores de la sociedad boliviana, los de la Media Luna, en particular.
“Este triunfo lo vivo con conciencia de pueblo, porque con el pueblo no se juega…”, expresó el joven Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, al conocer que en los comicios del 18 de octubre el MAS había cosechado 55.11 por ciento de la votación (3 millones, 397 mil votos).
Y en el polo opuesto, Luis Fernando Camacho, líder fascista y flamante senador por Santa Cruz, quien, crucifijo en mano, leyó un mensaje amenazador tras los resultados obtenidos por su partido, Creemos (14 por ciento, 862 mil 186 votos): No permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido por levantarse contra la tiranía (sic).
El golpismo boliviano no descansa. Luego de la victoria del MAS, Orlando Gutiérrez fue atacado por una patota fascista y días después falleció en un hospital de La Paz, a causa de los golpes recibidos. Hombre clave en el apoyo de la Confederación Obrera de Bolivia (COB) al MAS, Orlando sonaba para ministro de Trabajo del presidente Luis Arce Catacora.
G-20: egoísmo, pobreza y desprecio a la vida
Francisco Colmenares
Hoy, después de un año, la extraña enfermedad, como fue el diagnóstico ante el primer caso de Covid-19 en la provincia china de Wuhan, la pandemia se ha extendido a todo el planeta y rebasa la cifra de 57 millones de contagiados y casi un millón 400 mil fallecimientos. En aquellos países que presumen ser los más ricos del mundo, agrupados en el G-20, con 66 por ciento de la población mundial y alrededor de 85 por ciento del producto bruto mundial, se concentra también la mayor tragedia a causa del Covid-19 con 72 por ciento del total de la población contagiada y 74 por ciento del total de fallecimientos en el mundo.
Tres olas se distinguen en la propagación de esta pandemia. La primera abarcó principalmente a las economías de los principales países capitalistas; a finales de mayo de 2020, las tres cuartas partes de los contagiados en el mundo se localizaban en países integrantes del G-20. La segunda, cuando los principales países capitalistas de Europa buscaban recuperar su normalidad, se concentró por su magnitud y dinamismo en dos economías emergentes, con niveles de pobreza y desigualdad más grandes del mundo: Brasil e India. En la actual, la tercera ola, la propagación se ha intensificado en Estados Unidos y en países del continente europeo.
Después de culparse como responsables de esta pandemia los gobiernos de Estados Unidos y China, cada uno, al igual que algunos de los principales gobiernos capitalistas del G-20, como Rusia e Inglaterra, se volcaron, sin coordinación, a emprender acciones para detener la propagación de la pandemia y desarrollar investigación para producir una vacuna. Sin vacuna disponible todavía por ningún país, sin la protección necesaria y con el argumento de que la inactividad laboral puede ocasionar estragos económicos y de hambre mayores a la pandemia, como esgrimieron Donald Trump y Jair Bolsonaro, la mayoría de los gobiernos del G-20 aceptaron reabrir las actividades económicas.
Los resultados están a la vista. Del promedio de 600 mil personas contagiadas por día a escala mundial, desde la segunda semana de noviembre, 80 por ciento ya les corresponde a las naciones integrantes del G-20, de las cuales 10 presentan cifras de contagio acumuladas por arriba de un millón de habitantes, como es el caso de México, hasta 11 millones 500 mil, como es el caso de Estados Unidos.
La mayor propagación y efectos dañinos de la pandemia del Covid-19 se ha concentrado en la población trabajadora y más pobre del planeta. La protección, los sistemas e infraestructura para la salud, con algunas excepciones como China, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Cuba, evidenciaron una fragilidad extraordinaria y, en muchos casos, en repetidas ocasiones, como está sucediendo nuevamente en España y Francia, han sido desbordados por la magnitud de la demanda. Los apoyos que se han brindado por algunos países como China, Rusia y Japón, no fueron parte de un plan ni de medidas de una estrategia unida para hacer frente a esta crisis sanitaria que azota a la población mundial.
La incompetencia, soberbia, ignorancia, desprecio al conocimiento científico y a la vida humana requiere de otros gobiernos y foros de coordinación. Cancelar el confinamiento no debe ser disyuntiva entre el dinero y la vida. Reincorporarse al trabajo para millones de trabajadores o mantenerse en él como trabajador por su cuenta o informal, en las condiciones actuales en que el virus está por doquier y embozado, significa arriesgar la vida.
Frente a la demanda del capital para reiniciar las actividades laborales, la opción debe ser la vida, no el dinero. Más aún, debe pugnarse por establecer sistemas impositivos donde se concentra la riqueza y hay dinero, en el gran capital; garantizar el empleo permanente; prohibir el outsourcing; establecer seguro de desempleo; protección a los migrantes; prohibir y cancelar todas las decisiones de bloqueo o boicot económico, como los que aplica Estados Unidos contra Venezuela, Cuba, Irán, Siria; establecer acuerdos estatales de coordinación y cooperación científica en materia de salud, alimentación y medio ambiente, y garantizar el suministro gratuito y universal de la vacuna contra el Covid-19.
Vivimos tiempos extraordinarios de crisis y rebeldía. Pugnemos desde México y en todos los foros, como el G-20, para que nuestra experiencia no se quede anclada en la simulación o en la visión que anticipó Walter Benjamin en 1933: En la gran pobreza que ha cobrado rostro de nuevo y tan exacto y perfilado como el de los mendigos en la Edad Media (Walter Benjamin, Experiencia y pobreza, 1933).
