Aunque, afortunadamente, tanto el mandatario electo como quienes lo acompañaban salieron ilesos del atentado, éste supone una alarmante escalada en el despliegue de violencia con que la derecha andina reaccionó a su aplastante derrota electoral el pasado 18 de octubre. Si tal ha sido el recurso de la oligarquía y de los sectores sociales a los que ha logrado movilizar, es porque su postura se encuentra en una absoluta orfandad de argumentos: la denuncia de fraude contra el candidato del MAS resulta risible, no sólo por el amplísimo margen entre el triunfador y su más cercano rival –de 26 puntos porcentuales– sino porque el aparato de recepción y conteo de los votos se encuentra en manos del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, el cual mantiene una hostilidad delictiva contra Arce y su partido.
Además de ser repudiable en sí mismo, este clima de parálisis de la actividad económica e intimidación contra los militantes del MAS, replica al que precedió al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. No puede olvidarse que hace un año los mismos sectores que hoy desconocen el incontestable triunfo de Luis Arce emprendieron el desquiciamiento de la vida cotidiana en las principales urbes del país y condujeron una serie de atentados contra los domicilios y las familias de funcionarios del depuesto presidente Evo Morales, quien acababa de conseguir su relección con más de 10 puntos de ventaja sobre Carlos Mesa (el candidato de la derecha neoliberal, nuevamente vapuleado por Arce). Tampoco debe perderse de vista que esas movilizaciones, claramente signadas por el más execrable racismo, fueron usadas como pretexto por las cúpulas militar y policial para romper la institucionalidad y perpetrar el componente castrense del golpe contra Morales.
En suma, se repite un patrón de comportamiento en que las derechas recurren a expedientes inadmisibles en su incapacidad para aceptar la realidad política inaugurada con el triunfo de Evo Morales en las elecciones de 2005: una en la cual las mayorías sociales apuestan por un proyecto de nación soberana, que construye su propio camino –con aciertos y errores– al margen de los dictados de Washington y sus personeros locales. Una realidad en la que la prepotencia de los oligarcas ya no puede atropellar la dignidad de las mayorías.
Cabe esperar que estos grupos violentos sean neutralizados por la movilización popular que mantuvo en pie el proyecto masista durante este año del gobierno de facto, y que creó las posibilidades para el contundente triunfo del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Como señaló el secretario general de la Central Obrera Boliviana –confederación sindical que resguardará la toma de protesta de Luis Arce– la derecha debe aceptar su derrota, cesar en sus ofensas al pueblo boliviano y poner fin a la discriminación y el racismo que han sido sus señas históricas.
Bolivia: potencia plebeya y tensiones futuras
Katu Arkonada
El MAS-IPSP obtuvo en las elecciones pasadas 3 millones 394 mil 52 de votos, 55.11 por ciento del padrón electoral, con lo cual superó en ocho puntos y más de medio millón de votos los resultados de 2019. Por otro lado, Carlos Mesa obtuvo ocho puntos menos (pasó de 36.51 a 28.83 por ciento) y casi medio millón de sufragios menos que en 2019 (un millón 775 mil 953).
No hay una traslación de votos exacta entre Carlos Mesa y Luis Arce, pero es cuanto menos curioso que de un hipotético fraude para ganar con toda la maquinaria del Estado a su favor en 2019, el MAS logre muchos más votos un año después en medio de un golpe de Estado y represión contra el proceso de cambio.
Si analizamos los sufragios departamento por departamento, la mayoría del aumento del voto viene de tres regiones, La Paz, Cochabamba y Oruro, la región andina y valles, donde se concentra la identidad aymara y quechua, el núcleo duro del proceso de cambio, el movimiento indígena-originario-campesino.
En Santa Cruz el MAS fue segunda fuerza, pero es de destacar la voluntad de Camacho para mantener su candidatura cuando ya habían declinado los golpistas Tuto Quiroga o Jeanine Áñez para dejarle el camino libre a Mesa. Este elemento fue determinante para impedir una candidatura de unidad, dándole la victoria en primera vuelta a Luis Arce y David Choquehuanca, pero al mismo tiempo le ha permitido consolidar una bancada propia que le instaura como principal fuerza en Santa Cruz, frente a las élites tradicionales encarnadas en los demócratas de Rubén Costas (que hasta el golpe de Estado venían pactando con el MAS de Evo), y que le proyectan en el objetivo de construir una fuerza política nacional.
Son tres los motivos que llevaron a la que probablemente es la primera vez en la historia que un golpe de Estado ha sido derrotado en las urnas en el plazo de 12 meses.
En primer lugar, la mala gestión golpista. Así como durante 2019 y especialmente entre la elección del 20 de octubre y el golpe el 10 de noviembre la gestión gubernamental de la crisis fue mala, una vez que tomaron el poder, los golpistas no supieron gestionar el Estado. Quisieron, de manera apresurada y torpe, entregar los recursos naturales y privatizar todo lo que pudieran, para terminar reprimiendo y asesinando a quienes protestaban, y robando de manera burda el dinero público, incluso el destinado a la compra de respiradores para enfrentar la pandemia. La cercanía con las elecciones estadunidenses provocó que el eje ordenador de la política opositora transformada en gobierno, la embajada de Estados Unidos, soltara la dirección provocando el caos interno.
En segundo lugar, la mala gestión de la economía, no únicamente fruto de la crisis por la pandemia: la caída de 11 por ciento del producto interno bruto y el aumento del desempleo, que pasó de 4 a 30 por ciento, hizo que la clase media urbana, que mediante la movilización justificó el golpe de Estado en 2019, pasara en 2020 a no votar por Mesa e incluso, en menor porcentaje, a votar por el MAS.
Y, finalmente, como elemento más importante, la potencia plebeya desplegada en la década de los 90 mediante marchas indígenas en defensa del territorio y de los 2000 en defensa de los recursos naturales, que se había replegado durante los primeros meses de golpe y represión, volvió a tomar las calles logrando que los golpistas dieran marcha atrás en su intención de posponer las elecciones hasta 2021, provocando una insurrección en las urnas.
El escenario no será sencillo, a partir de ahora Luis Arce tendrá que recuperar la economía haciendo equilibrios para gobernar entre dos fuerzas enfrentadas que representan el proceso de cambio boliviano. Por un lado, el ex canciller y actual vicepresidente David Choquehuanca, quien probablemente comience a mirar desde ahora a 2025, con control, ya sin invitados de la clase media, de una buena parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también va a presidir. Por otro, Evo Morales que vuelve a Bolivia como jefe político del MAS-IPSP, y que ha mantenido la comunicación y el control sobre buena parte de los cuadros intermedios del proceso, además de tener estrecha relación con el nuevo presidente del Senado, el politólogo y dirigente campesino Andrónico Rodríguez, quechua del Trópico de Cochabamba, la base cocalera de Evo.
El movimiento indígena-originario-campesino va a ser fundamental para sustentar, y empujar hacia la izquierda al nuevo gobierno de Luis Arce, quien va a tener que apoyarse permanentemente en David Choquehuanca y Evo Morales para impulsar los cambios que se necesiten hacer.
Entre ellos, es fundamental no sólo recuperar la economía e impulsar los cambios pendientes del proceso en materia de salud, educación o reforma de la justicia, sino también construir un sistema de medio público, no golpistas y una estructura de formación política en defensa del proceso de cambio, sin dejar de pensar en una reforma de la policía y fuerzas armadas que elimine de una vez por todas sus pulsiones golpistas.
Y todo ello, después de encarcelar a los responsables materiales e intelectuales del golpe de Estado.
A las hermanas y hermanos caídos en Senkata, Sacaba, Pedregal, Río Abajo y Betanzos; a todos los compañeros y compañeras que tuvieron que dejar sus casas e irse al exilio o refugiarse en embajadas, con el deseo que se haga justicia.
