Activistas y representantes de los trabajadores de empresas maquiladoras ubicadas en Baja California, protestaron ayer en contra del gobierno de la entidad por permitir la reapertura de plantas industriales mediante una reclasificación de sus actividades como presuntamente esenciales. En un manifiesto dado a conocer por distintas organizaciones, denunciaron como criminal la decisión del gobernador, Jaime Bonilla, cuya administración sostuvo que los trabajadores están más seguros dentro de las empresas, y, asimismo, denunciaron que los dueños de las fábricas anteponen sus ganancias a las vidas de los empleados.
Tijuana, ciudad fronteriza donde laboran 232 mil de las 332 mil 533 personas adscritas a la industria manufacturera de Baja California, se ha vuelto un caso tristemente emblemático, debido a que la ciudad acapara 153 de las 223 muertes producidas por la enfermedad Covid-19 hasta el pasado 30 de abril en la entidad, lo cual la convierte en la zona más afectada dentro del estado que ocupa el segundo lugar en número de muertes y el tercero en contagios a escala nacional. En Ciudad Juárez, otro de los grandes centros manufactureros del norte del de la República, los trabajadores denuncian que al menos 25 personas que laboraban en las maquilas han muerto a causa del coronavirus.
Desde inicios del mes pasado, los trabajadores han denunciado la negativa de decenas de empresas a cumplir con las medidas dispuestas por las autoridades federales para frenar la propagación de la pandemia, así como la inacción o incluso la connivencia de autoridades de distintos niveles al permitir que las plantas continúen abiertas. Entre las prácticas registradas en compañías de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y otras ciudades del norte del país, se encuentra el obligar a los obreros a ejercer sus labores en condiciones que violan cualquier protocolo de prevención: desde la ausencia flagrante de la sana distancia necesaria para reducir el riesgo de contagio, hasta la negativa a permitir el lavado de manos o a proporcionar insumos de protección personal. También se ha señalado que algunas plantas se niegan a cerrar, incluso cuando existen casos comprobados de contagio entre sus trabajadores que han producido muertes entre los mismos, pese a que semanas antes habían alertado a los patrones sobre los riesgos, e incluso se ha despedido al personal que se atreve a denunciar la situación.
En suma, ante la crisis sanitaria que enfrenta la nación, algunas de las empresas maquiladoras han hecho gala de una irresponsabilidad temeraria y una notoria falta de consideración por el bienestar de sus trabajadores, muchos de los cuales ya enfrentaban condiciones adversas antes de la pandemia: como es sabido, la industria maquiladora es un modelo de negocio basado en atraer procesos de manufactura con el perverso incentivo de una reducción de costos lograda a expensas de la precarización laboral, las altas tasas de explotación y los bajos salarios.
Cabe esperar que las autoridades de todos los niveles dejen atrás cualquier actitud omisa y, en cambio, cumplan con su deber de proteger las vidas de los centenares de miles de empleados que se encuentran expuestos al contagio en estas plantas. Asimismo, las autoridades en materia laboral deben impedir represalias por parte de los patrones contra quienes han exigido el respeto a su derecho a la vida y la salud.
México SA
México, en el sótano salarial // Competitividad neoliberal
Carlos Fernández-Vega
A lo largo de los años la Cepal ha subrayado uno de los grandes problemas de México: el salario mínimo que allí se paga es el menor de todo América Latina, el más bajo de los países de la OCDE y con un poder adquisitivo muy lejano a las necesidades de la población que lo recibe, dada la constante pérdida real que se acumuló en las últimas cuatro décadas.
En el gobierno de López Obrador se han registrado dos aumentos sustanciales al mini ingreso, pero, aunque se avanza, falta recorrer un largo camino para que la recuperación del poder adquisitivo real del salario mínimo sea equiparable –y sólo eso– al de 40 años atrás.
Durante el periodo neoliberal, gobierno y empresarios –el primero descaradamente al servicio de los segundos– cacarearon la altísima competitividad laboral de nuestro país, la cual resultaba muy atractiva para la llegada de inversión foránea. En los hechos, esa altísima competitividad laboral no fue otra cosa que salarios miserables para los trabajadores mexicanos, constante incumplimiento (con el aval gubernamental) de la Ley Federal del Trabajo, evasión de pagos a los organismos de seguridad social y crecimiento exponencial del outsourcing (legalizado por el comandante Borolas, práctica ahora defendida a capa y espada por Luisa María Alcalde y Ricardo Monreal), entre otras gracias.
Pues bien, a la OCDE le tomó seis sexenios (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto) reconocer que México no sólo es el país con los salarios más bajos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sino donde es más barato para los empleadores contratar una vez sumados impuestos y retribuciones a la seguridad social ( La Jornada, Dora Villanueva).
La información publicada por La Jornada detalla que “en el informe Tax wages la OCDE expone que los 14 mil 187 dólares que gana en promedio un trabajador formal en México están lejos de la media de 47 mil 855 de la región y también se despegan de Chile –el país que le hace segunda como el más bajo en cuanto a remuneraciones–, que paga 24 mil 160 dólares anuales. En las antípodas, los salarios promedio en Suiza alcanzan 79 mil 38 dólares al año, casi cinco veces el salario en México. Y entre los principales socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá, el ingreso medio es de 57 mil 55 y 45 mil 813 dólares, respectivamente”.
En cuanto al costo laboral, continúa la información jornalera, también el de México es el más bajo en la región: asciende a 15 mil 839 dólares, una vez que se suman los impuestos sobre la renta y sobre la nómina, así como las contribuciones a la seguridad social que hacen empleados y empleadores. En Chile, también el más cercano a México en este rubro, es de 24 mil 160 dólares, mientras el promedio de la región alcanza 55 mil 587 dólares.
Lenta, pero segura, la OCDE final y milagrosamente entendió el enorme costo social de la política salarial imperante en el periodo neoliberal y ahora intenta expiar culpas (toda vez que en los seis gobiernos de la temporada aplaudió las decisiones gubernamentales y las prácticas empresariales en la materia) al reconocer (lo que hizo la Cepal desde hace muchos años) que México está en el sótano.
Y el tardío reconocimiento de que en materia laboral México se mantiene en situación extremadamente endeble sólo involucra al empleo formal (en el que apenas se ocupa uno de cada tres mexicanos en edad y condición de laborar), porque el balance del sector informal es verdaderamente escalofriante, producto, también, de la moderna política sectorial de los neoliberales.
Así, todos los ahorros laborales (competitividad, le llamaban) que seis gobiernos procuraron a los empresarios abarataron tanto la mano de obra –con el tremendo impacto en el nivel de pobreza que ello implicó– que México sobresale por ser el país que peor paga y trata a sus trabajadores. ¡Qué logro!
Las rebanadas del pastel
Mariposas amarillas y un fuerte aplauso para despedir al querido caifán mayor Óscar Chávez, con el deseo de que su tumba siempre huela a primavera.
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