Investigación policial contra los hijos del presidente brasileño provoca diferencias con el aún ministro de Justicia y Seguridad
▲ Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad de Brasil (en imagen de archivo), quien cuenta con un índice de aprobación mayor al del presidente Jair Bolsonaro, presentó ayer su dimisión.Foto Afp
Eric Nepomuceno
Especial Para La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 24 de abril de 2020, p. 27
Río De Janeiro. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, provocó ayer otra turbulencia de consecuencias imprevisibles, en el día en que se reportaron 407 muertos por coronavirus en apenas 24 horas y la cifra de casos confirmados rozó 50 mil.
Otro dato preocupante es que en Brasil el número de muertes se duplica a velocidad superior a lo observado en España en el auge de la crisis sanitaria.
En ese escenario, con la acelerada debilitación de su superministro de Economía, Paulo Guedes, y el cese del titular de Salud Henrique Mandetta, el gobierno del presidente neofascista emite nuevas señales de derretimiento.
Ha sido en tal cuadro de tensión que Sergio Moro, el integrante más popular del gobierno, con un índice de aprobación que es casi el doble de la del presidente, presentó ayer su renuncia al puesto de ministro de Justicia y Seguridad.
Hasta entrada la noche en Brasil seguía el impasse con los generales que rodean a Bolsonaro –y que en muchos aspectos asumieron el control de la crisis– que trataban de hacer lo posible para que Moro permanezca en el gobierno.
El esfuerzo era para lograr que el cambio pretendido por el presidente del comando general de la Policía Federal se diera con la aprobación (y haciendo como si fuera iniciativa suya) del ministro.
Hay una razón para que Bolsonaro insista en alejar Mauricio Aleixo, hombre de confianza de Moro, del puesto de director general de la Policía Federal, que en Brasil tiene un papel similar al de la FBI en Estados Unidos: las investigaciones autorizadas por la justicia y que involucran a dos de los tres hijos del presidente.
Con relación a Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, lo que se investiga es la contratación de amigos y parientes de éstos para puestos en su despacho cuando era diputado estatal, cuyos sueldos cobraba él.
A su vez, Carlos Bolsonaro, concejal municipal en Río, quien tiene despacho en el palacio presidencial, es investigado por comandar una enorme red de robots, especie de milicia digital que no sólo esparce miles de noticias falsas, sino que convoca a manifestaciones que pugnan por un golpe que logre el cierre del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
Por estos días Jair Bolsonaro se ha visto cada vez más cercado por el cuarteto de militares de alta jerarquía con despacho en el palacio presidencial.
La impresión que hay en Brasil es que ellos son los que administran el cuadro nacional, mientras el presidente, siempre por la vía de las redes sociales, trata de mostrar autoridad.
Una eventual salida del gobierno de Sergio Moro –el juez que con base en manipulación y parcialidad logró encarcelar al ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y asegurar la victoria de Bolsonaro–, significará el derretimiento de la imagen de Bolsonaro junto con lo que le queda de respaldo popular. Y su eventual permanencia, significará un desgaste de su capital político.
Bolsonaro ya no podrá decir, como le gusta: aquí, mando yo.
La crisis en Brasil no tiene otra tendencia que agravarse.
ONU: la pandemia se convierte en crisis de derechos humanos
Guterres denuncia desigualdades
Los gobiernos, obligados a mitigar efectos del Covid-19
Ap, Afp y Sputnik
Periódico La Jornada
Viernes 24 de abril de 2020, p. 28
Nueva York. La pandemia por el Covid-19 es una crisis humana que se está convirtiendo en una de derechos humanos, afirmó ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.
En un mensaje transmitido en video, el jefe de la ONU denunció discriminación en la prestación de servicios públicos para combatir la propagación del nuevo coronavirus, y señaló las desigualdades que impiden el acceso a éstos.
Además, indicó en un informe, la pandemia ha tenido efectos desproporcionados en algunas comunidades y señaló al auge del discurso de odio, ataques a grupos vulnerables y el riesgo de agresivas respuestas de seguridad que socavan la respuesta sanitaria.
Guterres advirtió que con un creciente etnonacionalismo, populismo, autoritarismo y una reacción contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede ofrecer un pretexto para adoptar medidas represivas con propósitos no relacionados con la pandemia.
El secretario general hizo en febrero un llamado a la acción, en el cual pidió a gobiernos, empresas y ciudadanos que ayuden a renovar y reavivar los derechos humanos en todo el planeta. Entonces trazó un plan de siete puntos que incluye preocupaciones sobre cambio climático, conflictos y represión.
Como mencioné entonces, los derechos humanos no pueden ser algo secundario en momentos de crisis, y ahora enfrentamos la más grande en generaciones, a escala internacional.
El secretario general ya había anunciado que publicaría un reporte sobre cómo los derechos humanos deben guiar la respuesta al virus y la recuperación de la pandemia. Ni en sus declaraciones ni en el informe se identificaba a ningún país o actor responsable de violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos, afirmó, deben ser transparentes, reactivos y responsables de sus actos. La libertad de prensa, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el espacio civil son esenciales, insistió.
Según el reporte, los gobiernos también deben adoptar medidas para mitigar los peores efectos del Covid-19 sobre los empleos, los medios de vida, la vida familiar y el acceso a servicios básicos.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que el informe exige el levantamiento de las sanciones unilaterales en medio de la pandemia, y resaltó que el texto señala que los países sujetos a sanciones han enfrentado dificultades de acceso a medicinas, asistencia médica y equipos de protección personal.
En otro orden, en la ciudad de Coblenza, Alemania, comenzó un juicio a dos presuntos miembros de los servicios de inteligencia sirios, el primero en el mundo por torturas imputadas al gobierno de Bashar al Assad. Ambos, en detención provisional desde su arresto el 12 de febrero de 2019, huyeron de su país y luego fueron a Alemania, donde solicitaron asilo, como han hecho miles de sirios desde 2011, cuando empezó la guerra en el país.
