Pese a que el proyecto de reforma laboral que busca regular la subcontratación se aprobó por unanimidad en comisiones del Senado, la discusión de la iniciativa fue pospuesta hasta febrero por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, encabezada por Ricardo Monreal Ávila. Las cúpulas empresariales aplaudieron el congelamiento de la reforma, mientras el senador Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de la misma y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo denunció como un producto de las presiones, amenazas y chantajes del sector privado. De acuerdo con el también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, al presionar para que se posponga la discusión de la iniciativa, los empresarios buscan ganar tiempo para utilizar a sus abogados, amigos y cómplices para el cabildeo.
Detrás de estas desavenencias en la cámara alta se encuentra el hecho de que el denominado outsourcing (consistente en que un trabajador se encuentra formalmente contratado por un empleador distinto de aquel para el que en realidad labora) es una práctica que se ha extendido de manera explosiva en las décadas recientes y que resulta profundamente nociva para los derechos laborales del personal empleado bajo este esquema, no por algún error en su aplicación, sino porque se encuentra expresamente diseñada para este propósito. En efecto, cuando un empleador recurre a un proveedor de servicios de outsourcing busca recortar sus costos a expensas de los derechos más elementales de los trabajadores, con lo que genera inseguridad, incertidumbre y una visible precarización de las mayorías que tiene como grotesca contrapartida las enormes fortunas amasadas por las empresas dedicadas a esta actividad.
Para colmo, las operaciones de subcontratación suponen un quebranto acumulado de 500 mil millones de pesos para el erario, toda vez que el esquema facilita eludir los pagos correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como emitir facturas falsas mediante las cuales se evaden responsabilidades fiscales.
En este escenario, la posposición del debate de la reforma laboral, y las subsiguientes declaraciones del senador Gómez Urrutia, indican que ya se encuentra en curso un intenso cabildeo por parte de los beneficiarios del outsourcing, es decir, tanto las empresas que contratan estos servicios como aquéllas que los ofrecen –cuyos dueños son en ocasiones los mismos, dato revelador del grado de simulación que implica esta práctica–. Es imperativo recalcar que, aunque el cabildeo sea una actividad legal, es sumamente ilegítima en la medida en que representa una distorsión de la democracia (en este caso, del ejercicio legislativo) en beneficio de los grandes intereses corporativos poseedores de la capacidad financiera para contratar cabilderos y traficar influencias.
Ante lo expuesto, resulta evidente la urgencia de regular esta práctica que en la actualidad ha cobrado dimensiones y modalidades francamente escandalosas, en particular en lo que se refiere a su uso por parte de las instituciones públicas.
Esto obliga a una última consideración, a saber, que para restringir la subcontratación existe una vía legislativa que debe transitarse, pero también una vía administrativa de igual importancia: la prohibición de que las entidades públicas contraten servicios de outsourcing, y de que al menos en este sector se restituya el auténtico sentido de la relación patronal-laboral, conformada por la responsabilidad y el compromiso recíprocos.
