Juan Carlos Ruiz Guadalajara
Bajo el argumento de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas a las corporaciones mineras durante el periodo neoliberal, el pasado 11 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que durante su gobierno no se darán nuevas concesiones para la explotación minera. Complementó sus palabras asegurando que las concesiones ya otorgadas se mantendrán y pidió a las empresas mineras lo imposible: que no se destruya el territorio (sic). En pocas palabras, el gozo se fue al pozo, pues frente a la importante decisión presidencial de terminar con la irresponsable entrega del territorio nacional a la destrucción extractivista, ahora tenemos el empoderamiento de los corporativos mineros, nacionales y extranjeros, quienes han interpretado las palabras de AMLO como una bendición a sus depredadores planes, principalmente sus megaproyectos de tajo a cielo abierto. Se esfuman así las esperanzas de que en la autodenominada 4T los pueblos, cuyos territorios fueron criminalmente concesionados a sus espaldas, serían finalmente liberados de la violenta presión que el capital minero ha ejercido sobre ellos.
No sólo eso: en lugar de ser investigadas por sus delitos socioambientales y sancionadas con el retiro de sus concesiones, esas corporaciones, principalmente canadienses y mexicanas, ahora se victimizan y piden a AMLO rectificar. Así lo hicieron en octubre durante la 33 Convención Internacional de Minería que reunió a lo más granado de ese sector, incluyendo a sus adláteres políticos, entre ellos Francisco Quiroga, operador de las mineras en el gabinete de AMLO, además de los gobernadores de Guerrero, Durango, Chihuahua y Zacatecas. Este último llegó al grado de pedir que no se prohíba la exploración minera en áreas naturales protegidas, mientras que Javier Corral se comprometió a concientizar a la población sobre la importancia de la minería, olvidando que Chihuahua se ahoga en sangre anteinauditas expresiones de violencia, incluidas las generadas por los megaproyectos mineros. Confiados en Alfonso Romo, el brazo neoliberal del nuevo gobierno, los empresarios mineros y sus empleados buscan ahora una oportunidad para convencer al Presidente de que todos los daños perpetuos que provoca su actividad, principalmente la destrucción de enormes territorios a partir de la megaminería de tajo a cielo abierto, son un mito. Y ya envalentonados, los corporativos anuncian que para 2021 entrarán en operación cuatro nuevos tajos, incluido uno impulsado por la canadiense Argonaut Gold en el Cerro del Gallo, del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia nacional.
Sin embargo, y sabedores de que el patrimonio ambiental del planeta es asunto de los ciudadanos, los habitantes de diversas comunidades rurales y urbanas de Dolores Hidalgo han organizado la resistencia para impedir que la canadiense imponga con mentiras la destrucción y el saqueo extractivista en su territorio. Al logro de este objetivo se unen cada vez más pobladores de seis municipios aledaños, incluidos San Felipe y San Miguel de Allende, territorios que comparten con Dolores el sobreexplotado acuífero Cuenca de la Independencia, del cual Argonaut Gold pretende extraer para su proyecto, mediante la perforación de siete pozos, un millón y medio de metros cúbicos anuales de agua, de los cuales 85 mil servirían sólo para intentar controlar los polvos en los enormes caminos que se requieren. La proyectada mina destruiría irreversiblemente 500 hectáreas de territorio, dentro de las cuales quedaría ubicado un cráter de un kilómetro de diámetro, así como dos nuevas montañas, una de materia estéril y otra de materiales que serían lixiviados con cientos de toneladas de cianuro mezcladas con millones de litros de agua del acuífero. Esta destrucción se concretaría en tan sólo siete años de vida útil de la mina, dejando tras de sí un ecocidio que impactaría directamente a las comunidades ubicadas en un radio de 50 kilómetros a la redonda del tajo. Y todo para extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo.
Frente a este demencial proyecto que sus promotores califican como benéfico para la humanidad, y ante las mentiras y propaganda que los canadienses y sus empleados mexicanos han desplegado en la zona para confrontar a sus pobladores, muchos de éstos decidieron organizarse para obtener información directa sobre los impactos de los megaproyectos mineros de tajo a cielo abierto. Tras estudiar los datos que Argonaut Gold entregó al gobierno mexicano, un grupo de 90 habitantes de comunidades que serían directamente afectadas viajaron el pasado 9 de noviembre a Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde pudieron ver sin falsedades la destrucción perpetua que criminalmente dejó la canadiense New Gold Minera San Xavier, escenario al que podría quedar reducido el patrimonio biocultural de las futuras generaciones de dolorenses.
Esta visita a lo que se ha comenzado a denominar como el Museo Nacional del Ecocidio fortaleció la convicción de los asistentes para impedir la megaminería de tajo a cielo abierto en su territorio. Si bien los antiguos pueblos originarios de México consideraban al oro como la mierda de los dioses, en la actualidad lo es del capitalismo financiero, por ello, en la cuna de la Patria, los dolorenses y sus aliados están obligados a escribir otra página histórica de verdadera emancipación.
Contra la privatización de las semillas
Silvia Ribeiro *
Está en discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) presentada por el diputado Eraclio Rodríguez, de Morena. Parece un texto dictado por las trasnacionales semilleras, designado, punto por punto, a favorecer sus intereses de lucro, contra la soberanía alimentaria de México. Es una iniciativa con la que pierden todos los agricultores y que además intenta criminalizar las semillas campesinas. Ignora intencionalmente que todas las variedades agrícolas están basadas en las semillas que desarrollaron los campesinos y que, por tanto, cualquier forma de propiedad intelectual sobre ellas es un robo a los bienes comunes, base de la alimentación de la humanidad.
La Red en Defensa del Maíz publicó un posicionamiento que explica por qué esta propuesta debe ser rechazada. El fondo y principal objetivo de esta iniciativa es asegurar la propiedad intelectual de las trasnacionales semilleras ampliando el control oligopólico del mercado por parte de BayerMonsanto, Syngenta, Corteva y las demás grandes empresas semilleras y de transgénicos que dominan casi la totalidad del mercado de semillas comerciales en México. Siendo su objeto proteger y defender los derechos de las empresas trasnacionales semilleras, fomenta la privatización de lo que ha sido un legado colectivo de los pueblos, en especial de las comunidades campesinas y los pueblos originarios (tinyurl.com/wbewhyb).
Actualmente, seis empresas trasnacionales controlan 80 por ciento del mercado de semillas comerciales y agrotóxicos. Las cuatro mayores se repiten en ambos rubros: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (fusión de DuPont y Dow) y BASF. Juntas controlan 70 por ciento de todas las semillas comerciales a escala global y 65.8 por ciento de agrotóxicos. Además, 100 por ciento de semillas transgénicas a escala global. En México, el nivel de oligopolio de estas empresas es aún más alto. (Grupo ETC, 2019, https://tinyurl.com/whw66ur)
En la exposición de motivos de la reforma se afirma que es para promover la productividad del campo. Su lógica es que al garantizar los derechos de propiedad de las empresas sobre las semillas, se podría acceder a las innovaciones. En este caso acceder es un eufemismo de pagar caro por las variedades que las empresas dispongan poner en el mercado y que no se podrán reproducir ni intercambiar. La propuesta prevé que esta ley cubra también a las semillas transgénicas y producto de nuevas biotecnologías.
La iniciativa implica que México adapte su legislación para adherirse a la versión 1991 de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), institución internacional que regula los derechos de obtentor, forma de propiedad intelectual sobre semillas. México es miembro de una versión anterior de la UPOV, pero la versión 91 otorga nuevos privilegios a las empresas, colocando condiciones más restrictivas a agricultores e investigadores para el intercambio y uso de variedades que estén bajo títulos de obtentor.
Las trasnacionales lograron que las normas de UPOV 91 fueran condición en tratados de libre comercio. El gobierno de México, con su habitual entrega de soberanía en estos acuerdos, firmó varios que incluyen esta cláusula: con la Unión Europea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y con Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, éstos dan a México un periodo de cuatro años para adaptar su legislación al respecto. La iniciativa oculta esto y quiere sacar una reforma al vapor, sin considerar salvaguardas ni que México estudie cómo puede desafiar esta absurda obligación que compromete la soberanía alimentaria del país y los derechos indígenas y campesinos de los pueblos, explica la Red en Defensa del Maíz. En muchos sentidos esta iniciativa va más allá de lo que exigen la UPOV 91 o los tratados.
Los que promueven la reforma argumentan que la UPOV sólo aplica a variedades desarrolladas en laboratorio, pero esto es una falacia. La definición de cuáles variedades están cubiertas y si éstas son similares a otras que usan los campesinos, o si un acusador infiere que son derivadas de una variedad que puso bajo título de obtentor, favorecen siempre a los privatizadores. Los requerimientos técnicos y los altos costos hacen inviable que un campesino pueda demostrar legalmente que es su propia semilla, aunque lo sea.
Por ejemplo, en 1999 una empresa estadunidense colocó bajo título de obtentor (y patente) los frijoles amarillos mayocoba o azufrados. El tipo de normas que ahora propone Eraclio Rodríguez permitió que esos frijoles campesinos de uso común fueran privatizados. El supuesto obtentor compró los frijoles en México, luego los plantó, seleccionó en su campo y declaró su innovación, por lo cual obtuvo un título de obtentor y una patente. El Grupo ETC promovió una controversia legal contra este caso absurdo, pero llevó 13 años, hasta que los títulos de propiedad intelectual fueron revertidos. Mientras tanto, la empresa bloqueó por más de una década que 22 mil productores mexicanos pudieran usar esta variedad para exportar (tinyurl.com/wyh7qw3).
Con esta reforma se quiere asegurar que esos monopolios apliquen también en México. Tal como exige la Red en Defensa del Maíz, hay que rechazar esta reforma a la LFVV e impugnar la aberración que implica la UPOV.
* Investigadora del grupo ETC
