Jorge Durand
El reporte de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sigue bajando desde que se diera el chantaje de los aranceles. Está en niveles ligeramente menores a los de diciembre, cuando asumió la administración de la 4T.
Hay un antes y un después del primero de diciembre de 2018 y otro después del primero de junio de 2019. Primero la puerta se abre y luego se cierra. El resultado de la primera fase fue que a finales de diciembre se contabilizaron 40 mil migrantes en tránsito por México aprehendidos por la patrulla fronteriza y a finales de mayo fueron 140 mil.
El efecto llamada de la política migratoria aperturista había surtido efecto, no sólo en la región, había traspasado fronteras, océanos y continentes. Todos saben que México, no sólo es país de tránsito, sino última nación de tránsito, para llegar a Estados Unidos. Lo que geopolíticamente marca una diferencia muy significativa, que curiosamente el gobierno no tuvo en cuenta.
El después del chantaje de Donald Trump, se concretó con el despliegue de la Guardia Nacional y cerca de 20 mil elementos para proteger la frontera sur, la transversal y la norte, más bien para contener el flujo migratorio que se había propiciado. El resultado se ve con claridad en los números que han ido a la baja de junio a octubre, el flujo se redujo en cerca de 100 mil migrantes en tránsito.
Es obvio que México tuvo que dar marcha atrás y enviar urbi et orbi un mensaje diferente y que se acabaron las visas humanitarias. Pero la conclusión que hay que sacar de esta experiencia es que entre las causas de la migración no sólo están la pobreza, la violencia, las persecuciones y los estados fallidos; también la política migratoria es una causa. Y para ser justos en el análisis, se sumaron la política migratoria mexicana, en cuanto al libre tránsito y la estadunidense, que también es causa directa de la migración familiar e infantil, que puede acceder a refugio y al mismo tiempo cierra el acceso a la migración laboral.
¿Y ahora qué?
Todo parece indicar que la contención llegó para quedarse y que el referente que va a marcar la intensidad de los flujos son las cifras de detenciones fronterizas en Estados Unidos. De manera implícita el gobierno mexicano aceptó que este indicador fuera parte de la negociación del llamado acuerdo migratorio. En septiembre la Patrulla Fronteriza capturó a 40 mil migrantes y el Instituto Nacional de Migración aseguró a 13 mil. En octubre la cifra de detenidos por la patrulla fue de 35 mil lo que indica una clara tendencia a la baja, incluso menor que lo que se pronosticaba en Estados Unidos.
En la actualidad el problema en Estados Unidos radica en el rezago acumulado de juicios pendientes y, en México, se agudiza la situación de los varios miles de migrantes haitianos y extracontinentales varados en Tapachula, en la frontera sur, y los más de 50 mil migrantes solicitantes de refugio regresados de Estados Unidos, de acuerdo con el Protocolo de Protección de migrantes (MPP por sus siglas en inglés).
La situación es grave, especialmente en la frontera norte, con la llegada del invierno y las precarias condiciones en que están los campamentos de solicitantes de asilo retornados. En algunos casos, como en Matamoros, la situación es dramática por la falta de apoyo local de los municipios y el gobierno federal. Propiamente es la OIM la que se encarga de equipar los albergues, cuando esto forma parte de un acuerdo migratorio binacional. Parecería que el gobierno apuesta a que los migrantes se regresen a sus países de origen, de hecho los están trasladando hacia la frontera sur, lo que hipotéticamente dificultaría asistir a las citas en los juzgados. Se trata de una política de desgaste aplicada por Estados Unidos y secundada por México.
Otra fuente de tensión en la frontera son los migrantes que esperan su turno para pasar a una primera audiencia de solicitud de refugio. Son más de 25 mil personas y familias que viven en la incertidumbre, más aún cuando ya se empezó a aplicar el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala. La mayoría de esos migrantes cruzaron por esa nación y se les podría aplicar la norma y simplemente deportarlos a ella. Ya se dio el primer caso con un migrante hondureño, retornado a Guatemala, en calidad de refugiado. Y el fraseo sigue siendo de protección y humanitario, según esto es mejor que reciban refugio cerca de su lugar de origen, sin tomar en cuenta las condiciones de ese país.
Llama la atención que el gobierno haya sido tan generoso, otorgando visas humanitarias, que propiamente eran visas de tránsito y luego se haya mostrado tan reticente y poco generoso con los solicitantes de refugio. Son las organizaciones civiles y religiosas las que están asumiendo con generosidad y entereza una carga que el Estado debía asumir en su totalidad.
La devolución de extranjeros solicitantes de asilo (MPP) fue una graciosa, apresurada e innecesaria concesión del gobierno mexicano, aduciendo razones humanitarias, ahora debe hacerse responsable o deshacer el entuerto.
