Gabriela Rodríguez*
El día de ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tomó la decisión de decretar la alerta por violencia en contra las mujeres en la Ciudad de México.
Desde que ella llegó al gobierno de la ciudad, una de sus prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Instruyó desde entonces a la Secretaría de las Mujeres contratar y capacitar a 166 mujeres abogadas, las cuales se encuentran desde mayo pasado atendiendo en las agencias descentralizadas del Ministerio Público en diversos módulos donde ofrecen asesorías y acompañan a niñas, jóvenes y mujeres adultas para denunciar situaciones de violencia, especialmente agresión sexual y violencia intrafamiliar.
Al apoyar a mujeres en su proceso de denuncia, aumentaron las carpetas de investigación y las detenciones, y lógicamente, se incrementó el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones: entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2019, subieron en 10 por ciento las carpetas de investigación por violación. Con dolor, Claudia Sheinbaum compartió el dato de que en esta ciudad 65 por ciento de los casos de violación ocurre en domicilios, donde se caracteriza al agresor, en 95 por ciento de los casos quien lo comete es un conocido de la víctima.
Con la declaración de alerta por violencia se busca hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y dar mejores resultados; en tal sentido la jefa de Gobierno anunció nuevas medidas:
La próxima semana enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México que cree el Registro Público de Agresores Sexuales con sentencia firme para que todos y todas (en la capital del país) sepamos quiénes son los violadores.
Exhorta al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley que sancionará el acoso y la violencia digital, denominada Ley Olimpia, así como la ley que envió desde hace unos meses para crear el Banco ADN, contra agresores sexuales.
Informó que a partir de 2020 se ampliará el presupuesto para los Centros de Atención Integral para las Mujeres.
Gestionará la profesionalización con certificación de los Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual.
Construirá más Senderos Camina Libre Camina Segura, los cuales incluyen luminarias, alarmas, botones de auxilio y mejoras de la imagen urbana.
Todas esas acciones se suman a cámaras y botón de auxilio que vienen instalándose en calles y en medios del transporte público, la campaña en escuelas: No es costumbre, es violencia, y la que se difunde en medios masivos de comunicación y de transporte #DateCuenta, entre todos paremos la violencia.
Claudia Sheinbaum reconoció que el rostro de desigualdad que persiste entre hombres y mujeres no es tolerable en pleno siglo XXI, y que la violación y los feminicidios son el rostro más vergonzoso de esta desigualdad. Además, compartió su enojo e inconformidad, así como la impotencia que viven tantas mujeres de la capital.
El decreto confirma el compromiso de los entes públicos de su gobierno para redoblar los esfuerzos, de acuerdo con sus atribuciones, con la finalidad de mejorar y ejecutar las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia que sean necesarias para garantizar a las mujeres y las niñas el derecho a una vida libre de violencia.
Pero eso no será todo; además, sienta las bases para superar las ineficiencias señaladas en las 18 entidades federativas donde se ha declarado la alerta de violencia de género, con el fin de aprovechar esta oportunidad para reconstruir este mecanismo, con el fin de que las acciones que se desarrollen en la Ciudad de México marquen nuevas pautas para convertirlo en una medida eficaz, un instrumento que permita que las mujeres y las niñas se sientan libres y seguras.
* Titular de la Secretaría de las Mujeres.
Twitter: Gabrielarodr108
Feministas y pueblos originarios orientan nuestros pasos
Raúl Zibechi
Las calles de Santiago siguen ocupadas por miles de personas que no las abandonan, pese a la represión y tampoco por el pacto firmado entre el gobierno y la oposición para desmovilizar las protestas. Se trata del Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que no garantiza ni la una ni la otra y es una muestra de que los políticos siguen dando la espalda a la población.
El 14 de noviembre todos los partidos, de izquierda y derecha, con excepción del Partido Comunista, rubricaron un acuerdo que prevé que en abril de 2020 se realice un plebiscito donde la población decidirá si quiere una nueva Constitución y si los convencionales serán mitad parlamentarios y mitad electos o si todos deberán ser elegidos. Además exige que haya dos tercios para aprobar los acuerdos.
Por la izquierda, lo firmaron el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Revolución Democrática y el Frente Amplio, del cual se fugaron decenas de dirigentes que consideraron que es contrario en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en las calles de Chile (https://bit.ly/2KBPmgV).
Como está sucediendo en los principales conflictos en toda América Latina, han sido las feministas y los pueblos originarios los que han nombrado los hechos de forma más clara y contundente.
Un comunicado de la Coordinadora Feminista 8M rechaza la impunidad y asegura: este acuerdo salva de su propia crisis a un gobierno criminal que ha gobernado con las manos manchadas de sangre. Achaca al presidente Sebastián Piñera muertes, mutilaciones, violencia política sexual, torturas, secuestros y desapariciones.
Aseguran las feministas que la convocatoria de una constituyente en estas condiciones es un nuevo Congreso a la medida de los partidos, a la medida de quienes causaron esta crisis y que han administrado la precarización de nuestras vidas (https://bit.ly/35o0vu1). Sostienen que el objetivo final del acuerdo es retirarlas de las calles para convertirnos en espectadores una vez más.
El mundo mapuche se expresó a través de tres organizaciones, por lo menos: la Alianza Territorial Mapuche, el parlamento de Koz Koz y el colectivo informativo Mapuexpress.
Este colectivo hace un recuento de daños provocados por la represión, destacando la violencia sexual y las torturas. Por eso destaca que el acuerdo por la paz fue firmado en el contexto de terrorismo de Estado, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Interior de la dictadura de Pinochet. El riesgo mayor es que las fuerzas político-empresariales que apoyaron la dictadura y se hicieron con la mayoría del Parlamento en democracia terminen siendo las que redacten la nueva Constitución.
El Parlamento Mapuche Koz Koz, conmemora con ese nombre el histórico encuentro que las comunidades mapuche sostuvieron en la zona de Panguipulli (provincia de Valdivia) poco después de finalizar la guerra de ocupación militar chilena del territorio. Su comunicado asegura que el acuerdo apuesta a la desmovilización y aleja la posibilidad de cambios reales (https://bit.ly/2qt4zKv).
Valora que se trataría de confundir al movimiento social, ya que sólo busca crear una base para seguir usurpando el poder. La Alianza Territorial, por su parte, llama a construir una asamblea de naciones y movimientos, que puede ser similar al parlamento indígena y popular del Ecuador, ya que se propone como un espacio de articulación permanente entre organizaciones sociales (https://bit.ly/2ramG7S).
A mi modo de ver, la irrupción de pueblos originarios y feministas está modificando la vieja cultura política con mayor profundidad que cualquier debate ideológico. El impacto es altísimo y no es fácil de medir. Una pista nos la ofrece que la bandera mapuche sea la más ondeada en las manifestaciones y que ya nadie acepte depender de estructuras organizativas jerárquicas, ni se doblegue ante caudillos.
Las mujeres antipatriarcales y los pueblos indígenas nos enseñan el valor de los liderazgos colectivos, rechazando a los caciques de izquierda, a los partidos y al vanguardismo.
La prioridad para las personas organizadas y movilizadas es la construcción de espacios propios y seguros, con relaciones cara a cara, de confianza mutua, lo que resulta de mayor importancia que programas abstractos que tienen poca utilidad, ya que cuando llega el momento de ponerlos en acción, esos mismos caudillos que los redactaron los hacen a un lado. Los cabildos abiertos van en esa dirección.
Como lo enseñan las intervenciones de Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, María Galindo y Mujeres Creando, así como sectores de la Conaie y de las mujeres ecuatorianas, aparece un rechazo explícito a la cultura macho-vanguardista de colocar todas las fuerzas para aniquilar al enemigo.
Desde el alzamiento zapatista debatimos si para cambiar el mundo hay que ocupar el Estado. Ellas corrieron el debate. Está naciendo un modo antipatriarcal y anticolonial de hacer política.
